Sentencia AP1871-2017 de marzo 22 de 2017 

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA DE CASACIÓN PENAL

Magistrado Ponente:

Dr. Gustavo Enrique Malo Fernández

AP1871-2017

Radicación 49.929

Acta 90

Bogotá, D. C., veintidós de marzo de dos mil diecisiete.

Asunto

Define la Corte la competencia para conocer la solicitud de libertad condicionada que dentro del trámite de Justicia y Paz presentó el postulado G.C.F., quien advierte haber pertenecido al grupo guerrillero Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia FARC EP y llevar más de 11 años privado de la libertad, situación por la que, aduce, es acreedor al beneficio contemplado en el artículo 35 de la Ley 1820 de 2016, expedida dentro del Procedimiento Legislativo Especial Para la Paz.

Antecedentes 

1. De la escasa información obrante en el expediente se tiene que, en contra de G.C.F. se adelanta proceso de Justicia y Paz, al interior del cual se le formuló imputación y resolvió situación jurídica.

2. La Fiscalía xxx de la Dirección Nacional de Análisis y Contexto radicó solicitud de adición de postulados —entre ellos del mencionado—, en condición de desmovilizados de las FARC-EP, con el fin de que se adjunte a la petición de audiencia concentrada de formulación y aceptación de cargos que cursa en la Sala de Conocimiento del Tribunal de Justicia y Paz de Bogotá.

3. El 12 de enero de 2017, el postulado solicitó libertad condicionada, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 35 de la Ley 1820 de 2016(1).

4. Inicialmente, la petición fue repartida al Magistrado de Conocimiento de la Sala de Justicia y Paz de Bogotá, doctor Á.F.M.G., quien adujo no ser competente para resolver, pues, de la información allegada determinó que aún no había acusación, por tanto, ordenó que el escrito fuera repartido entre los magistrados de control de garantías(2).

5. El asunto fue asignado al magistrado J.M.B.P.(3) quien también advirtió falta de competencia, en atención a lo dispuesto en el literal a) del artículo 11 del Decreto 277 de 2017, según el cual, ante la existencia de escrito de acusación, la solicitud de petición condicionada debe ser resuelta por su homólogo de Conocimiento y, ordenó se envíe al magistrado Á.F.M.G.

6. Por último, el doctor M.G.(4) también afirmó su incompetencia, pues, aunque existe solicitud de audiencia concentrada por parte de la Fiscalía frente a C.F., lo cierto es que se encuentra pendiente de resolver la solicitud de adición efectuada por ese mismo funcionario, para sumar dicho proceso al que ya se adelanta en el juicio respecto de otros postulados, por lo que, sostuvo, el magistrado J.M.B.P. debe resolver la petición, motivo por el cual «plantea el conflicto de reparto».

7. La carpeta fue enviada a la presidencia de la Sala de Justicia y Paz, en cabeza de la magistrada A.V.M., quien advirtió, en auto del 10 de marzo hogaño(5), que lo discutido no corresponde, en estricto sentido, a este instituto, sino al «conflicto de competencias» regulado en el artículo 54 de la Ley 906 de 2004, motivo suficiente para que ahora conozca del debate la Corte.

Consideraciones 

1. De conformidad con el artículo 32 ordinal 4º de la Ley 906 de 2004, a la Corte Suprema de Justicia le corresponde definir la competencia en los siguientes eventos (CSJ AP, 10 oct. 2006, Rad. 26.201):

(…) 1. Cuando la declaratoria de incompetencia se produzca dentro de actuación en la que el acusado tenga fuero constitucional o fuero legal.

2. Cuando la declaratoria de incompetencia proviene de un tribunal superior o la autoridad que así lo hace, es decir un juzgado cualquiera, señala que el competente es un tribunal.

3. Cuando la declaratoria de incompetencia provenga de un juzgado penal del circuito especializado, penal del circuito o penal municipal, que manifiesta que el competente es un juzgado que pertenece a otro distrito judicial.

1.1. En el presente asunto, se consolida la situación prevista en el numeral 2º, por cuanto el magistrado de la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Bogotá con funciones de conocimiento, considera que su homólogo de control de garantías, es el funcionario llamado a resolver la petición de libertad condicionada formulada por el postulado G.C.F.

1.2. Si bien, la Ley 975 de 2005, no regula el trámite del conflicto de competencias, de tiempo atrás la Sala ha determinado que, en atención al principio de complementariedad expresa que remite a lo que sobre el tema diseña la Ley 906 de 2004, el tópico se discute bajo la égida del artículo 54 de esta normatividad.

2. La Sala reiterará los planteamientos expuestos en proveído CSJ AP, 16 mar. 2017, rad 49912, al interior del cual se estableció el funcionario que debe conocer la petición de libertad condicionada (de conformidad con lo establecido en la Ley 1820 de 2016 y el Decreto 277 de 2017), cuando se ha presentado escrito de acusación en contra del postulado que la solicitó:

(…) Es por ello que al regular la que allí se denomina Libertad Condicionada, el Decreto 277 de 2017 solo tomó en consideración los procesos en curso bajo la égida de las leyes 600 de 2000, 906 de 2004 y 1098 de 2006 —en torno de los cuales especificó el procedimiento que habría de darse a la solicitud—, pasando por alto el trámite propio de Justicia y Paz (independientemente de que efectivamente los vinculados a esta puedan o no acceder a los beneficios de la Ley 1820 de 2016, tema que no corresponde dilucidar aquí a la Corte).

Sin embargo, ello no es óbice para que el asunto tenga adecuada respuesta, visto que, precisamente, la Ley 975 de 2005 expresamente remite para lo que allí no se encuentre estipulado, entre otros referentes normativos, al trámite de la Ley 906 de 2004.

Y si ello es así, verificado que el Decreto 277 de 2017, expresamente delimita cómo debe resolverse la solicitud de libertad condicionada al interior del proceso propio de la Ley 906 de 2004, nada obsta para que ello se traslade al procedimiento de Justicia y Paz, entre otras razones, porque esta no consagra un trámite ajeno a las etapas propias de aquel o que en sí mismo evidencie algún tipo de incompatibilidad imposible de conciliar.

De esta manera, está claro que en la Ley 975 de 2005, se encuentran diferenciadas dos etapas fundamentales, la una de investigación, imputación y definición de situación jurídica, o meramente instructiva, que se resuelve en sus aristas fundamentales por un Magistrado de Control de Garantías en audiencias preliminares; y la otra, propiamente de juzgamiento, que comienza con el escrito de acusación presentado por la Fiscalía ante los magistrados de conocimiento.

A este efecto, el artículo 11, del Decreto 277 de 2017, que regula el “Procedimiento de acceso a la libertad condicionada en caso de procesados que han cumplido cuando menos cinco (5) años de privación efectiva de la libertad…”, estatuye un “Procedimiento para las actuaciones sometidas a las leyes 906 de 2004 y 1098 de 2006” , en curso del cual, de conformidad con el tercer inciso del literal b), “La audiencia se realizará ante el juez de conocimiento, si en el proceso a disposición del cual se encuentra el peticionario de la libertad condicionada ha sido radicado el escrito de acusación o está en etapa de juzgamiento” (las negrillas no corresponden al original).

En la carpeta se ha certificado, sin que se ponga en tela de juicio, que efectivamente en lo que atañe al proceso de Justicia y Paz adelantado en contra de W.B., ya fue radicado escrito de acusación.

En concreto, el oficio expedido por el Secretario de la Sala de Justicia y Paz del Tribunal de Bogotá, detalla que se comunicó con la Fiscal del caso y esta precisó que efectivamente había solicitado al Magistrado Álvaro Moncayo Guzmán, adicionar al trámite que en el juicio adelantaba su despacho, la acusación surtida en contra de W.B., la cual efectivamente allegó por escrito.

En estas circunstancias, no se puede dudar que se cumple la exigencia del decreto 277 tantas veces citado, para que la solicitud del postulado sea resuelta por el magistrado de conocimiento, evidente como se hace, repetimos, que efectivamente ha sido presentado escrito de acusación.

Incluso, el magistrado de conocimiento en conflicto, acepta que el dicho escrito ha sido radicado, solo que, dice, no puede asumir conocimiento de la solicitud de libertad condicionada porque está pendiente de resolución la solicitud de adición o acumulación de la Fiscalía.

Para la Sala es claro que el argumento aducido por el magistrado de conocimiento resulta carente de fundamento de cara a su manifestado apartamiento del asunto, pues, ante la claridad y contundencia de la norma que les asigna competencia a los funcionarios de conocimiento, no puede servir de excusa la tardanza en resolver la solicitud de adición del proceso que ya se adelanta en su despacho, cuando no se discute que directamente a él se le presentó el nuevo escrito de acusación y las decisiones —máxime una de tan perentoria respuesta como la de libertad en examen— se han de tomar de conformidad con el momento procesal en curso.

3. Atendiendo lo señalado, como en este caso, la Fiscalía General de la Nación presentó escrito de acusación contra G.C.F.(6) ante el magistrado Á.F.M.G., es a éste funcionario a quien le asiste competencia para pronunciarse sobre la petición de libertad condicionada sin que la omisión en resolver la solicitud de adición frente a un proceso que ya se adelanta en su despacho sea un argumento viable para apartarlo del conocimiento, pues, «la única forma de retrotraer el asunto a la fase instructiva, para efectos de que del tema de la libertad se ocupe un magistrado de garantías, es a partir del retiro del escrito de acusación por parte de la Fiscalía o con ocasión de la declaratoria de nulidad, circunstancias, ambas, que distan mucho de haber ocurrido» CSJ AP, 16 mar. 2017, rad 49912.

Son estos los motivos que llevan a la Corte a concluir que la competencia para conocer el presente trámite, radica en el despacho del magistrado de la Sala de Conocimiento del Tribunal de Justicia y Paz de Bogotá, doctor Á.F.M.G., a donde se devolverá el expediente.

En mérito a lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal,

RESUELVE:

Primero. Declarar que el conocimiento para conocer de la solicitud de libertad condicionada impetrada por el postulado G.C.F., corresponde al magistrado de conocimiento de la Sala de Justicia y Paz de Bogotá, Dr. Á.F.M.G., en consideración a las motivaciones plasmadas en el cuerpo del presente proveído.

Segundo. Informar esta decisión a todos los intervinientes en este trámite procesal.

Tercero. Advertir que contra esta decisión no procede recurso alguno.

Comuníquese y cúmplase.

Magistrados: Eugenio Fernández CarlierJosé Francisco Acuña VizcayaJosé Luis Barceló CamachoFernando Alberto Castro CaballeroLuis Antonio Hernández Barbosa—Enrique Malo Fernández—Eyder Patiño Cabrera—Patricia Salazar Cuéllar—Luis Guillermo Salazar Otero.

Nubia Yolanda Nova García, Secretaria

1 Folios 1 a 4 ibidem

2 Folios 8 a 10 ibidem

3 Folios 21 a 22 ibidem

4 Folios 24 a 25 ibidem

5 Folios 27 a 28 ibidem

6 Folio 20 ibidem