Auto AP1896 -2015/44779 de abril 16 de 2015

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA DE CASACIÓN PENAL

Rad.: 44779

(Aprobado Acta 134)

AP 1896-2015

Magistrada Ponente:

Dra. Patricia Salazar Cuéllar

Bogotá D.C., dieciséis de abril de dos mil quince.

EXTRACTOS: «Consideraciones de la Sala

1. Es cierto que la Corte, en el pronunciamiento CSJ SP, 13 abr. 2011, rad. 35946, admitió la posibilidad de aplicar el artículo 42 de la Ley 600 de 2000 a casos tramitados por la Ley 906 de 2004.

Esa disposición establece:

“En los delitos que admiten desistimiento, en los de homicidio culposo y lesiones personales culposas cuando no concurra alguna de las circunstancias de agravación punitiva consagradas en los artículos 110 y 121 del Código Penal, en los de lesiones personales dolosas con secuelas transitorias, en los delitos contra los derechos de autor y en los procesos por los delitos contra el patrimonio económico, la acción penal se extinguirá para todos los sindicados cuando cualquiera repare integralmente el daño ocasionado.

Se exceptúan los delitos de hurto calificado, extorsión, violación a los derechos morales de autor, defraudación a los derechos patrimoniales de autor y violación a sus mecanismos de protección”.

Claramente se trata de una norma inaplicable en el evento examinado. El hurto calificado por el cual se dictó sentencia condenatoria a los acusados, en primer lugar, no está catalogado como querellable en el artículo 74 de la Ley 906 de 2004, por la cual se ha gobernado la presente actuación. Dicha conducta punible, adicionalmente, con independencia de su cuantía, fue expresamente excluida por el legislador de la posibilidad de extinción de la acción penal por indemnización integral.

No hay lugar, entonces, a declarar la cesación de procedimiento solicitada.

2. Tampoco es procedente la disminución punitiva consagrada en el artículo 269 del Código Penal. Aunque de conformidad con lo manifestado por la víctima, se le repararon en su integridad los perjuicios ocasionados con el delito, es evidente que ello no sucedió antes de dictarse la sentencia de primera instancia, que es el límite previsto por la disposición legal para acceder a la rebaja “de la mitad a las tres cuartas partes” de las penas.

3. Estima la Sala, por último, que carece de competencia para pronunciarse en relación con la entrega del título de depósito judicial 400100004158546, constituido por Sandra Patricia Rivera Ávila el 25 de julio de 2013 por $9.900.000 y el cual hizo parte del acuerdo entre los procesados y la víctima. Esa solicitud debe formularla la parte interesada ante el Juzgado de primera instancia.

En virtud de lo expuesto, la Sala de casación penal de la Corte Suprema de Justicia,

RESUELVE:

1. NEGAR las peticiones de cesación de procedimiento por indemnización integral (L. 600/2000, art. 42) y de rebaja de pena por reparación de los daños causados con el delito (C.P., art. 269), realizadas conjuntamente por la víctima, los procesados y sus apoderados.

2. ABSTENERSE de decidir la solicitud de entrega del título de depósito judicial 400100004158546, presentada por Erika Galindo Ayala. La misma debe realizarla ante el juzgado de primera instancia.

3.Una vez en firme esta determinación vuelva la actuación al despacho de la magistrada ponente para lo pertinente.

En contra de esta decisión procede el recurso de reposición.

Notifíquese y cúmplase».