Sentencia AP1902-2015 de abril 16 de 2015

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA DE CASACIÓN PENAL

Magistrado Ponente:

Dr. José Luis Barceló Camacho

AP1902-2015

Rad.: 45507

Aprobado acta 134

Bogotá, D.C., dieciséis de abril de dos mil quince.

Extractos: «Consideraciones de la Corte.

1. Al tenor de lo dispuesto en los artículos 75, numeral 7º, de la Ley 600 de 2000 y 38, parágrafo, de la Ley 906 de 2004, la Corte Suprema de Justicia es competente para resolver el recurso de apelación propuesto por el apoderado del sentenciado, toda vez que la acción penal fue ejercida contra un Representante a la Cámara, quien fue sentenciado en única instancia por esta Corporación.

2. En relación con la impugnación interpuesta, debe recordarse que el instituto de la acumulación jurídica de penas se encuentra definido en el artículo 470 de la Ley 600 de 2000, norma de la cual esta Corporación pacíficamente ha venido reiterando que dicha acumulación procede (i) en caso de conductas que siendo conexas se hubieren fallado independientemente y (ii) cuando se hubieren proferido varias sentencias en diferentes procesos; al tiempo que no son acumulables, (i) las sentencias cometidas con posterioridad al proferimiento de la sentencia de primera o única instancia, (ii) sentencias ya ejecutadas con excepciones y (iii) sentencias impuestas por conductas cometidas durante el tiempo que la persona estuviere privada de la libertad. (CSJ, providencia de febrero 18/2005, rad.18.911).

Asimismo, se ha precisado que cumplidos los presupuestos para la acumulación jurídica de penas, el mismo texto por integración normativa para efectos de dosificar la pena, remite al artículo 31 del Código Penal que regula el concurso de conductas punibles, lógicamente en su parte pertinente, por cuanto la suma jurídica no habrá de hacerse sobre las conductas punibles individualmente imputadas al condenado en los procesos objeto de acumulación, sino sobre las penas dosificadas en la forma y términos en que se haya dispuesto en las sentencias.

Por manera que para establecer la pena más grave de las sentencias objeto de acumulación, solo se hace necesario un simple ejercicio de comparación matemático entre las de igual naturaleza para saber cuál es la más grave y sobre la cual podrá aumentarse hasta en otro tanto, sin que fuere superior a la suma aritmética.

Si bien la ley otorga al juzgador el poder discrecional de aumentar la pena más grave de la forma indicada, ese incremento no se hace en abstracto o de manera caprichosa, por cuanto el mismo debe tener fundamento en la clase de delito cuya pena va a ser acumulada, en tanto lo que evalúa el Juez es el comportamiento que fue objeto de reproche sancionatorio, luego la adición punitiva necesariamente debe tener como referentes el delito cometido, las circunstancias en que se produjo y las condiciones personales de su autor.

Entonces, la pena que debe fijarse al momento de la acumulación jurídica se deduce, por remisión, de los fundamentos jurídicos y fácticos de la sentencia que va a ser unificada, sin acudir al sistema de cuartos como equivocadamente lo plantea el recurrente, toda vez que las conductas además de haber sido debidamente dosificadas en la sentencia, el objeto de la acumulación es que varias sentencias se conviertan en una, única e indivisible, en la cual se fija una pena razonable y dentro de los límites normativos.

La norma de los cuartos era aplicable cuando se trata de individualizar la sanción al momento de proferirse la sentencia, y ello se respetó en el presente evento, pero para efectos de la acumulación sólo se debe acudir al artículo 31 del Código Penal.

Por ello, al confrontar los anteriores presupuestos con los razonamientos expuestos en la decisión atacada y los fundamentos de la impugnación, se advierte que, aunque el a quo no expuso en extenso los motivos tenidos en cuenta para efectos de la adición punitiva en virtud de la sentencia acumulada, sí enumeró los componentes para tal fin, tales como la personalidad del condenado, daño a la comunidad, integración a la sociedad, reincidencia y principios de la pena, para concluir que de la impuesta en la primera sentencia —54 meses 18 días—, se tomarían 45 meses y 15 días, para aumentarla a la pena mayor —72 meses—.

Ese incremento resulta a todas luces proporcional, pues no puede olvidarse, menos pasarse por alto en virtud de la acumulación jurídica de penas, que la sanción impuesta lo fue por un comportamiento que para el derecho penal es de suma gravedad, en tanto fue ejecutado por un servidor público que, aprovechando la investidura que tenía como congresista, pretendió sacar provecho económico en la contratación que se realizaba en el departamento del Guainía.

Precisamente, entre otros aspectos, se consignó en la sentencia que “… las circunstancias en que se cometió la conducta reprochada denotan una gravedad de proporciones deleznables, en la medida en que el ex Congresista pervirtió sus funciones constitucionales para intervenir activamente en la ejecución del contrato para el mejoramiento de la vía Huesitos Puerto Caribe, y no precisamente para buscar el beneficio de la comunidad del Guainía, traicionando así la confianza depositada en él a través del voto que, por dos lustros le permitió acceder a un escaño en el Congreso.”, razonamientos que, por sometimiento a la sentencia anticipada, llevaron a la reducción del 35% de la pena, por cuanto resultaba inadmisible aplicar el máximo en virtud de las calidades especiales en que se ejecutó la conducta por el condenado.

En tal sentido, el aumento punitivo aplicado por el a quo al momento de graduar la pena en virtud de la acumulación jurídica de las mismas, resulta proporcional frente al delito de concusión por el cual fue condenado el excongresista, en tanto su comportamiento afectó sensiblemente la administración pública y generó desconfianza en sus electores y en general al país, sin que resulte acertado otorgar la misma fracción concedida por esta Corporación en la acumulación de penas decretada en la providencia AP2284-2014 (Rad. 43474) del 30 de abril de 2014, por cuanto las circunstancias en que se produjeron el hecho y el delito son diferentes.

Por tanto, la incidencia del comportamiento carcelario del sentenciado resaltado por el impugnante, la redención de pena por trabajo y estudio, el beneficio de 72 horas que disfruta, por tratarse de hechos y circunstancias posteriores a la fase del juzgamiento propiamente dicho, no operan en ese momento, pues tiene reservada su influencia en el momento en que se discute la concesión de la libertad condicional o los restantes beneficios previstos en la ley para las personas que descuentan pena, por tal razón se confirmará la graduación punitiva realizada por el Juez 4º de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de esta ciudad, al momento de decretar la acumulación jurídica de penas.

3. No obstante, se hace necesario llamar la atención al a quo para que al momento de resolver solicitudes similares, tenga en cuenta que las sentencias pueden contemplar varias penas principales y accesorias sobre las cuales debe haber pronunciamiento al momento de acumularlas jurídicamente, ya que resultan de igual importancia la pena de prisión como la multa o las penas privativas de otros derechos (art. 43 del C.P.).

Lo anterior por cuanto de la multa no hubo pronunciamiento y sobre la inhabilitación para el ejercicio de derechos u funciones públicas, se limitó a indicar: “dejando incólume la accesoria de interdicción de derechos y funciones públicas”, sin precisar el tiempo, presupuesto que resulta de vital importancia frente a la suspensión de los derechos políticos que actualmente están vigentes.

Por tanto, una vez retorne el proceso, el a quo debe proceder de conformidad, generando la oportunidad de ejercer el derecho de contradicción sobre tal decisión y la posibilidad de la segunda instancia.

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema De Justicia, Sala De Casación Penal,

RESUELVE

1. CONFIRMAR el auto del 15 de septiembre de 2014 proferido por el Juzgado 4º de Ejecución de Penas de esta ciudad, mediante el cual decretó la acumulación jurídica de penas impuestas en las sentencias proferidas por esta Corporación dentro de los procesos 36134 y 27198, por las razones antes expuestas.

2. El a quo debe pronunciarse sobre los aspectos relacionados en la parte motiva de la presente decisión.

Notifíquese y cúmplase».