Sentencia AP1941 de abril 16 de 2015

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA DE CASACIÓN PENAL

AP1941-2015

Radicación 44.557

(Aprobado mediante Acta 134)

Magistrado Ponente:

Dr. Eugenio Fernández Carlier

Bogotá, D.C., dieciséis de abril de dos mil quince.

EXTRACTOS: «Consideraciones

Competencia 

De conformidad con lo previsto en los artículos 26 y 69 de la Ley 975 de 2005, y 32 de la Ley 906 de 2004, esta Sala es competente para decidir sobre el recurso de apelación interpuesto.

Sobre las medidas de secuestro, embargo y disposición del poder dispositivo. 

La Corte ha sostenido que el propósito del proceso establecido en la Ley 975 de 2005, como se consigna en el artículo 1º de la misma, es «facilitar los procesos de paz y la reincorporación individual o colectiva a la vida civil de miembros de grupos armados al margen de la ley, garantizando los derechos de las víctimas a la verdad, la justicia y la reparación».

En ese sentido, el artículo 5º ibídem dispone que «el proceso de reconciliación nacional al que dé lugar la presente ley, deberá promover, en todo caso, el derecho de las víctimas a la verdad, la justicia y la reparación y respetar el derecho al debido proceso y las garantías judiciales de los procesado».

A efectos de que las disposiciones transcritas estén revestidas de contenido de realidad, máxime ante la consideración de que el derecho a la reparación que asiste a los perjudicados por el accionar de los grupos armados ilegales tiene verdadero rango constitucional y supraconstitucional(1), el artículo 17A de la Ley 975 de 2005, adicionado por el artículo 15 de la Ley 1592 de 2012, prevé la posibilidad de extinguir el dominio de los bienes «entregados, ofrecidos o denunciados por los postulados para contribuir a la reparación integral de las víctimas», así como de aquellos «identificados por la Fiscalía General de la Nación en el curso de las investigaciones».

De igual manera, el artículo 17B ibídem, adicionado por el artículo 16 de la Ley 1592 de 2012 precitada, que se transcribe en lo pertinente, establece la viabilidad de afectar con medidas cautelares dichos bienes en los siguientes términos:

«Cuando de los elementos materiales probatorios recaudados o de la información legalmente obtenida por la Fiscalía, sea posible inferir la titularidad real o aparente del postulado o del grupo armado organizado al margen de la ley, respecto de los bienes objeto de persecución, el fiscal delegado solicitará al magistrado con funciones de control de garantías la programación de una audiencia preliminar para la solicitud y decisión de medidas cautelares, a la cual deberá convocarse a la Unidad Administrativa Especial para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas Fondo para la Reparación de las Víctimas. En esta audiencia reservada, el fiscal delegado solicitará sin dilación al magistrado adopción de medidas cautelares de embargo, secuestro o suspensión del poder dispositivo sobre los bienes».

Así las cosas, a partir de las disposiciones reseñadas, es posible colegir que la imposición de medidas cautelares procede respecto de los bienes entregados, ofrecidos o denunciados por los postulados para contribuir a la reparación integral de las víctimas, como también sobre aquellos identificados por la Fiscalía General de la Nación en el curso de las investigaciones, siempre que sea posible inferir que su titularidad, real o aparente, corresponde al postulado o al grupo armado al margen de la ley al cual pertenecía.

Lo anterior, desde luego, en el entendido de que dichas propiedades no carezcan de vocación reparadora, esto es, de acuerdo con el artículo 11C de la Ley 975 de 2005, «la aptitud… para reparar de manera efectiva a las víctimas».

Esta última condición, sin embargo y de acuerdo con lo previsto en el parágrafo del artículo 62 del Decreto 3100 de 2013, no debe examinarse respecto de «los bienes inmuebles rurales» ni de aquéllos «solicitados en restitución por la vía prevista en la Ley 1448 de 2011», pues, como lo discernió la Sala en reciente pronunciamiento, «por razones de política legislativa que corresponden al ámbito de libertad de configuración del legislador… se presume su vocación reparadora»(2).

Resta agregar que la afectación de bienes con las medidas de embargo, secuestro y suspensión del poder dispositivo en el marco del proceso de Justicia y Paz procede incluso sobre bienes respecto de los cuales hayan decretado idénticas medidas cautelares en el curso de un trámite de extinción de dominio y, de hecho, aquéllas prevalecen sobre estas.

Es así que, al tenor del artículo 17B, parágrafo 4º, de la Ley 975 de 2005, «una vez decretada la medida, el fiscal que conozca del trámite de extinción de dominio declarará la improcedencia de la acción de extinción de dominio sobre este bien y ordenará a la Dirección Nacional de Estupefacientes, o quien haga sus veces, que ponga de manera inmediata el bien a disposición del Fondo para la Reparación de las Víctimas».

En dicho evento, la decisión que imponga las medidas cautelares en el curso del proceso de Justicia y Paz deberá ser comunicada al fiscal encargado del trámite de extinción de dominio, a efectos de que adopte las medidas pertinentes para el levantamiento de los gravámenes impuestos y sea posible efectivizar los ordenados en este ámbito.

De acuerdo con el anterior marco normativo, la Sala examinará de manera separada los recursos de apelación impetrados, no sin antes realizar algunas consideraciones sobre el valor probatorio de los informes de policía judicial, necesarias para la resolución de las alzadas.

Consideración previa. Sobre los informes de policía judicial. 

El apoderado judicial de C.M.J.N. sostuvo que los informes de policía judicial carecen de la connotación de medios de conocimiento y, por lo mismo, no pueden ser valorados a efectos de decidir sobre la viabilidad de afectar los bienes con las medidas cautelares reclamadas.

Ese criterio fue acogido por la funcionaria a quo, que consideró, con fundamento en providencias proferidas por esta corporación en los procesos radicados xxx, xxx, xxx y xxx, que efectivamente dichos documentos no tienen esa naturaleza, sino que constituyen criterios orientadores de la investigación.

Previamente a resolver sobre las impugnaciones impetradas y como quiera que la Fiscalía, en alguna medida, soportó sus pretensiones en información contenida en informes de policía judicial, la Sala debe pronunciarse sobre la controversia aludida.

En tal sentido, lo primero que debe decirse es que las providencias proferidas por la Corte que fueron invocadas por la Magistrada a efectos de sustentar la tesis según la cual dichos informes no tienen la condición de medios de prueba no son aplicables al presente asunto.

Lo anterior, porque las cuatro decisiones referidas por la juzgadora fueron proferidas en trámites adelantados bajo los lineamientos de la Ley 600 de 2000.

En esa codificación, concretamente en el artículo 314, se señala de manera expresa que las exposiciones o entrevistas de personas recogidas por funcionarios de policía judicial en informes «no tendrán valor de testimonio ni de indicios y sólo podrán servir como criterios orientadores de la investigación».

Por el contrario, en la Ley 906 de 2004, que es la aplicable al trámite de Justicia y Paz en los asuntos no regulados en atención al principio de complementariedad consagrado en el artículo 62 de la Ley 975 de 2005(3), no existe una norma que niegue la posibilidad de valorar dichos informes ni les atribuya la condición de «criterios orientadores de la investigación».

De acuerdo con lo anterior, en el ámbito del sistema de enjuiciamiento criminal de tendencia acusatoria, la Sala ha discernido que los medios cognoscitivos se clasifican en cinco categorías, en concreto, «(i) los elementos materiales probatorios y evidencia física, (ii) la información, (iii) el interrogatorio a indiciado, (iv) la aceptación del imputado, y (v) la prueba anticipada»(4) (negrilla fuera del texto).

A su vez, la Corte tiene dicho que «la información comprende los denominados informes de investigador de campo y de investigador de laboratorios, conocidos también como informes policiales e informes periciales…y toda fuente de información legalmente obtenida que no tenga cabida en la definición de elemento material probatorio y evidencia física, como las entrevistas realizadas por policía judicial»(5).

Lo anterior no significa que los informes elaborados por la policía judicial constituyan pruebas, pues estas, al tenor del artículo 16 de la Ley 906 de 2004, son sólo las producidas e incorporadas en forma pública, oral, concentrada y sujeta a confrontación y contradicción ante el juez de conocimiento.

Sin embargo, sí pueden ser valorados y tenidos como medios o elementos cognoscitivos para fines diversos al de discernir la responsabilidad penal de un procesado.

Así y a modo de ejemplo, el artículo 221 de la Ley 906 de 2004 precisa que los motivos fundados exigidos para llevar a cabo una diligencia de registro y allanamiento, esto es, para limitar el derecho fundamental a la intimidad, pueden estar respaldados, entre otras, «en informe de policía judicial».

Ahora, la noción de información legalmente obtenida, en tanto medio cognoscitivo, no es, en modo alguno, extraña a la Ley 975 de 2005.

Ciertamente, el artículo 18 de ese compendio normativo precisa que la imputación de cargos procede «cuando de los elementos materiales probatorios, evidencia física, información legalmente obtenida, o de la versión libre pueda inferirse razonablemente que el desmovilizado es autor o partícipe de uno o varios delitos que se investigan».

De igual manera, procede la adopción de medidas de protección durante el proceso «cuando la publicidad de elementos materiales probatorios, evidencia física o información legalmente obtenida entrañe peligro grave para la seguridad de un testigo o de su familia».

Como si fuera poco, el artículo 17B de la Ley 975 de 2005, adicionado por el artículo 16 de la Ley 1592 de 2012, señala que procede la imposición de medidas cautelares sobre bienes «cuando de los elementos materiales probatorios recaudados o de la información legalmente obtenida por la Fiscalía, sea posible inferir la titularidad real o aparente del postulado o del grupo armado organizado al margen de la ley».

De acuerdo con lo expuesto, se concluye que es posible, en el cometido de establecer la viabilidad de afectar bienes del postulado con las medidas cautelares de embargo, secuestro y suspensión del poder dispositivo, tener en cuenta y valorar los informes de policía judicial allegados por la Fiscalía como soporte de esa pretensión, en tanto constituyen medios cognoscitivos admitidos de manera expresa por el ordenamiento legal que rige el trámite de Justicia y Paz.

El recurso de la Fiscalía. La afectación de los predios denominados “E.l T.”, “L. C.” y “E. D.”. 

La Fiscalía solicitó la imposición de las medidas cautelares de embargo, secuestro y suspensión del poder dispositivo de los inmuebles llamados “E. T.”, “L. C.” y “E. D.”, identificados con números de matrícula 015 – 33129, 015 -43751 y 015 – 43583, respectivamente, ubicados en el municipio de C. , departamento de A.

Los tres predios, según consta en los certificados de libertad y tradición correspondientes, son propiedad de R.A.L.G. (f. 5, c. 8; f. 5, c. 9; f. 5, c. 10).

A efectos de acreditar la satisfacción de los requisitos legales necesarios para acceder a la solicitud y, concretamente, en el cometido de demostrar que la propiedad real de los inmuebles no es de quien aparece registrado como dueño sino de C.M.J.N., la peticionaria presentó dos argumentos principales:

i) Londoño Gómez no dio explicaciones satisfactorias respecto de la manera en que adquirió los bienes ni justificó el origen de los recursos utilizados para ello. Además, las condiciones en las que supuestamente se llevó a cabo la transacción contravienen la lógica ordinaria de los negocios.

Adicionalmente, la visita a los predios reveló que se encuentran físicamente englobados con el denominado “La Alborada”, sobre el cual sí se decretaron las medidas cautelares.

ii) En las resoluciones proferidas en el proceso de extinción de dominio que se adelante sobre el bien se alude a una fuente humana que manifestó que los predios pertenecían a C.M.J.N. y se precisa que L. G. carecía de la capacidad para comprarlos.

1. Pues bien, como elementos de conocimiento que sustentan los argumentos de la Fiscalía, se tienen los siguientes:

A) En primer lugar, la entrevista rendida por L.G. el 24 de noviembre de 2008, en la que éste declaró que adquirió las propiedades «a mediados de diciembre de 2006» con dineros provenientes de ahorros suyos y de su hermano, residenciado en España, luego de que su «jefe», a quien identificó como J. R., le informó que en la región del bajo Cauca «estaban vendiendo unas fincas muy baratas».

En la misma diligencia, el nombrado relató que contactó a «un señor E.», quien como representante de «una sociedad» le vendió los terrenos a un precio de $400.000 por hectárea porque «estaba siendo amenazado».

Precisó, finalmente, que después de celebrada la compraventa, cuyo valor ascendió a $120.000.000 según se desprende de la correspondiente escritura pública (fs. 6 a 9, c. 9), no regresó a los predios, los cuales «están siendo administrados por un señor E.» a quien no le cobran arriendo (fs. 84 y 85, c. 8).

B) De otra parte, se cuenta con la resolución de 9 de marzo de 2009, por medio de la cual la Fiscalía 13 de la Unidad de Extinción de Dominio dio inicio a ese trámite y ordenó la imposición de medidas cautelares, entre otras, sobre las fincas “E. T.”, “E. D.” y “L. C.”.

En esa providencia, el despacho consideró que L. G. carece de la capacidad económica para adquirir esos predios, pues se dedica a «la venta de plásticos en menor escala», y en entrevista manifestó no conocer si quiera los terrenos aludidos, de modo que es posible colegir que la propiedad real de los mismos corresponde a C.M.J.N. (f. 24, c. 8).

C) Fue aportada la resolución de 28 de abril de 2014, por medio de la cual la Fiscalía 1° Delegada ante el Tribunal Superior de Distrito Judicial confirmó la proferida en primera instancia por la Fiscalía 13 de la Unidad de Extinción de Dominio, en cuanto ordenó iniciar el trámite y cautelar las fincas del nombrado L. G. (fs. 87 y siguientes, c. 8).

En ese proveído se consigna que de acuerdo con una fuente humana, el verdadero propietario de esos bienes es el postulado. De igual modo, que el salario de los empleados que allí trabajan es cancelado por la empresa J. S. Ltda., que también paga los sueldos a quienes laboran en la finca “L. A.”.

Se refiere en esa resolución también al informe de policía judicial de 20 de febrero de 2009, en el que se señala que “E. T.” era visitado con frecuencia por C.M.J.N. y su hermano R.J.N. «con el fin de pagar a los trabajadores y pasar revista al ganado que tenían».

A partir de lo anterior, la fiscal coligió que existen elementos de juicio suficientes para vincular los predios con C.M.J.N.

D) Se cuenta con el informe de policía judicial de julio 7 de 2008, elaborado por el subintendente José Alexander Estrada Berrío, en el que consta que “E. T.”, “E. D.” y “L. C.” conforman materialmente un único predio con “L. A.”, como también que los sueldos de unas y otra son pagados por la misma sociedad, esto es, J. S. Ltda (fs.45 a 55, c. 8).

E) Fue aportada también la declaración del desmovilizado S. P., en la que asevera que C. A. M. R., propietario de la finca “L. A.”, fungía como contador y administrador de algunos bienes pertenecientes a C.M.J.N. o a las A.U.C.; así mismo, que sostenía una relación cercana con R.J.N., quien «trabajaba en la parte legal» del Bloque Central Bolívar (CD 1, récord 1:48:50).

F) Por último, se tiene el informe de policía judicial de 11 de febrero de 2014, en el que se observa que L. G. está afiliado al sistema general de seguridad social en salud en calidad de beneficiario de su cónyuge (f. 124, c. 10).

2. Las evidencias relacionadas en los literales A, B, C, D, E y F permiten concluir asertivamente que L. G. No adquirió para sí los predios “E.T.”, “L. D.” y “L. C.” porque su relato no es creíble, no ejerció actos de posesión y dominio y esos bienes están materialmente unidos a “La Alborada”, señalada por S.P. como propiedad de M. R., quien fungía como contador de bienes de C.M.J.N. o las A.U.C.

Pero las pruebas referidas en los literales en mención no permiten tener como fundamentos probatorios para acreditar las medidas solicitadas la resolución de marzo 9 de 2009 proferida por la Fiscalía 13 de la Unidad de Extinción de D., pues en esta providencia no se aporta argumento fáctico y probatorio que ate las premisas de falta de capacidad económica del comprados y de no haber ejercido actos de dominio con la condición de que la propiedad real de los predios es del postulado.

Tampoco la resolución de 28 de abril de 2014 puede probar el dominio real sobre los inmuebles en cabeza de C.M.J.N. por el hecho de que los empleados de las fincas sean pagos por la empresa J. S. Ltda y porque ésta pague los salarios de los trabajadores de “La Alborada”, pues no se ofrece fundamento probatorio para establecer vínculos de esa empresa con las A.U.C. en este proceso. Además, esa premisa entra en contradicción con el informe de policía judicial de febrero 20 de 2009, en el que se indica que los sueldos de los trabajadores de los inmuebles eran pagados por el propio C.M.J.N.

De todas maneras, la Sala debe reiterar que de acuerdo con el artículo 17B de la Ley 975 de 2005, la imposición de medidas cautelares de embargo, secuestro y suspensión del poder dispositivo procede «cuando de los elementos materiales probatorios recaudados o de la información legalmente obtenida por la Fiscalía, sea posible inferir la titularidad real o aparente del postulado o del grupo armado organizado al margen de la ley, respecto de los bienes objeto de persecución».

A su vez, el artículo 275 de la Ley 906 de 2004, aplicable al asunto examen en atención a la remisión establecida en el artículo 62 de la Ley 975 de 2005, señala qué debe entenderse por elemento material probatorio y no atribuye a las providencias judiciales dicha condición. Tampoco tienen, desde luego, la de información legalmente obtenida.

Una sentencia o una resolución proferidas por un juez o un fiscal pueden constituir objeto de prueba, por ejemplo, cuando se debate si una u otro son manifiestamente contrarias a la ley; en ese orden, su existencia puede acreditarse mediante la incorporación de las mismas a modo de evidencia documental.

Lo anterior no significa que las providencias judiciales – no la pieza documental que las contiene - constituyan ni puedan constituir medios de prueba, pues, se insiste, no tienen esa naturaleza.

Entonces, el contenido de las resoluciones mediante las cuales los despachos instructores decidieron dar inicio al trámite de extinción de dominio no son un elemento de juicio capaz de soportar la imposición de las medidas cautelares reclamadas, pues se trata de apreciaciones jurídicas autónomas de los funcionarios, emitidas en el examen de un caso particular con fundamento en el acervo probatorio recaudado en la respectiva actuación y respecto de asuntos que para entonces fueron sometidos a su conocimiento.

3. Así las cosas, a partir del material probatorio aportado por la Fiscalía se desprenden como posibles dos hipótesis. La primera, que fue suficientemente acreditada la titularidad real de los predios “E. T.”, “L. D.” y “L. C.”. La restante, que los medios de conocimiento resultan insuficientes para arribar a esa conclusión.

En criterio de la Sala, se encuentran satisfechas las exigencias demostrativas para acceder a la solicitud de la Fiscalía.

Los supuestos de hecho referidos en los literales D y E, en cuanto a que “E. T.”, “L. D.” y “L. C.” están materialmente unidos a “L. A.” y que S. P. declaró que el propietario de este último feudo era el contador de bienes del Bloque Central Bolívar, constituyen indicios de los que puede inferirse que la propiedad real corresponde a C.M.J.N.

Lo único que debilita esa afirmación es lo referido en el informe de policía judicial de julio 7 de 2008, en el sentido de que los sueldos de los trabajadores de los predios eran pagados por la sociedad J.R. S. Ltda, de la que no tiene información sobre vínculos con el postulado o con la organización criminal que comandaba.

No obstante, puesto en contexto objetivo el material probatorio examinado, a juicio de la Sala, la suma en la cadena de los sucesos que ponen en entredicho la verdad del negocio plateado por L.G. y la relación del precio “La Alborada” con C.M.J.N., así como la adhesión de este a las fincas de “E. T.”, “L. D.” y “L. C.”, permiten dar por acreditada la prueba mínima exigida, eso sí, de carácter indiciario, por el artículo 17B de la Ley 975 de 2005.

Como consecuencia de ello, la Sala revocará el auto de primer grado en cuanto negó la pretensión de la Fiscalía respecto de las fincas “E. T.”, “L. D. ” y “L. C.”.

En su lugar, afectará con las medidas de embargo, secuestro y suspensión del poder dispositivo esos predios; determinación que deberá ser comunicada a la Fiscalía 13 de la Unidad de la Extinción de Dominio, con el objeto de que adelante el trámite dispuesto en el parágrafo 4° del artículo 17B de la Ley 795 de 2005.

El recurso de la defensa de C.M.J.N. 

A efectos de resolver la apelación interpuesta por el apoderado judicial del postulado, la Sala examinará, en primer lugar, la situación de los predios denominados “L. A.”, “L. H.”, “C.”, “E.P.”, “V. M.” y “L. D.” o “D.”, como quiera que están vinculados con una misma persona. Posteriormente y de manera separada, lo atinente al inmueble llamado “L. M.”.

En relación con los predios denominados “L. A.”, “L. H.”, “C.”, “E. P.”, “V. M.” y “L. D.” o “D.”. 

En el examen del recurso impetrado, la Sala debe partir por precisar que C.A.M.R. no es titular del dominio de todos los bienes aludidos, pues respecto de algunos de ellos únicamente adquirió derechos herenciales.

Se observa en los respectivos certificados de libertad y tradición aportados por la Fiscalía a la carpeta contentiva de las diligencias, que Maya Restrepo tiene el dominio completo sobre los predios “L. A.” (f. 6, c. 1), “E. P.” (f. 5, c. 4) y “V.M.” (f. 5, c. 5).

Distinto ocurre con los inmuebles llamados “L.H.” (f. 7, c. 2), “Canaima” (f. 5, c. 3) y “Finca L. D.” (f. 6, c. 6), respecto de los cuales el nombrado obtuvo, mediante «falsa tradición», los derechos sucesorales.

Ello no es obstáculo, sin embargo, para resolver de fondo la alzada, pues el artículo 17B de la Ley 975 de 2005 permite afectar «bienes» cuya titularidad real o aparente corresponda al postulado o al grupo armado ilegal.

A su vez, el artículo 653 del Código Civil indica que «los bienes consisten en cosas corporales o incorporales» y, al tenor del artículo 664 ibídem, «las cosas incorporales son derechos reales o personales».

En ese orden, de mantenerse en este punto la decisión confutada, habrá de tenerse en cuenta que respecto de los predios “L. H.”, “C.” y “L. D. ” las medidas cautelares no recaen sobre las propiedades, de las que no es dueño el nombrado, sino únicamente sobre los derechos sucesorales de los que sí es titular.

Efectuada la precisión anterior, se tienen como elementos de conocimiento aportados por la Fiscalía como soporte del pedido los siguientes:

A) La grabación de la diligencia de versión libre rendida el 16 de junio de 2014 por el postulado J. G. S. P., en la que éste identificó, a través de una fotografía, a M. R., de quien afirmó que se trataba de una persona vinculada con el Bloque Central Bolívar, especialmente cercana a R.J. N., que se encargaba de la contabilidad del grupo y del manejo de algunas de sus propiedades (cd 1, récord 1:48:50).

B) Informe de policía judicial de 11 de diciembre de 2008 elaborado por el subintendente J.A.E.B., en el que se observa que, de acuerdo con la información recaudada por investigadores de la Sijin, M.R. «devengaba un salario mínimo mensual y cada seis meses recibía las utilidades de la empresa ya que es una sociedad familiar…y…a este le entregaban cinco millones aproximadamente» (f. 120, c. 6).

C) Fue allegada la entrevista rendida por M.R. el 17 de noviembre de 2011, en la que dio cuenta de la forma en que adquirió los predios (fs. 52 y 53, c. 1).

Explicó que los compró a través de un comisionista a quien identificó como “C. R.”, como también que el precio total de la negociación fue $500.000.000, de los que pagó $150.000.000, mientras que el saldo restante sería cancelado «a lo que pudiera dar».

Agregó que devenga $30.000.000 mensuales como consecuencia de la comercialización de productos lácteos y admitió, finalmente, que nunca ha ido a los terrenos que compró, de modo que no los conoce.

A partir esos medios de conocimiento, la Sala considera que fue demostrado, en el grado de inferencia exigido por el artículo 17B de la Ley 975 de 2005, que los predios “L. A.”, “L.H.”, “C.”, “E.P.”, “V.M.” y “L. D.” o “D.” pertenecen en realidad a C.M.J.N.

Estas son las razones:

A) El propietario aparente de los bienes, C.A.M.R., fue vinculado expresamente por S. P. con la organización criminal de la que el postulado era comandante.

De manera inequívoca, el desmovilizado identificó mediante una fotografía a M.R. como «una persona cercana a R.J. N., hermano de C.M.J.N., que manejaba gran parte de los bienes de la organización, y que… era contador o manejaba contabilidad en estos temas». De igual manera, expresó que R.J.N. trabajaba para el Bloque Central Bolívar «en la parte legal, lo que era propiedades» (CD 1, récord 1:48:50 y siguientes).

Ahora, el defensor de C.M.J.N. pide que se desestime el mérito probatorio de la declaración de S.P., como quiera que está siendo investigado como posible autor del delito de falso testimonio.

No obstante, son varias las razones por las que esa alegación es insuficiente para derruir el mérito suasorio de ese medio de conocimiento.

En primer lugar, el apelante simplemente aseveró que S.P. está siendo actualmente investigado con fundamento en una noticia periodística, sin aportar ningún elemento de prueba que soporte ese hecho, que entonces aparece desprovisto de asidero probatorio.

De otra parte y como lo ha señalado la Sala en anteriores oportunidades, en criterio al que basta remitirse(6), para controvertir la verosimilitud de un determinado elemento de prueba no basta realizar alusiones abstractas y genéricas a las condiciones personales del deponente, menos aun afirmando simplemente su condición de procesado, condenado o desmovilizado de un grupo armado ilegal.

De todas maneras e incluso de admitirse acreditado, en gracia de discusión, que S.P. ha faltado a la verdad en otras actuaciones de carácter judicial, tampoco por ello resulta posible descartar la credibilidad de lo narrado por aquél en este asunto.

Lo anterior, pues la jurisprudencia de la Sala tiene decantado que la máxima según la cual «quien miente en parte miente en todo», que en últimas es la que subyace a las alegaciones del recurrente, no es admisible ni válida como regla de la experiencia, en razón a que no se ha determinado su vocación de reiteración y universalidad, por un lado, y por el otro, porque la práctica judicial enseña lo contrario, esto es, que no necesariamente el contenido íntegro de lo expresado por el testigo es siempre, y ni siquiera casi siempre, mendaz, cuando se descubre la falacia en alguno de sus apartados»(7).

En ese orden, a efectos de enervar el mérito probatorio de lo dicho por S.P., el apelante estaba compelido a aportar información o evidencia a partir de la cual fuera posible establecer que aquél faltó a la verdad o, cuando menos, que incurrió en contradicciones, imprecisiones o falsedades suficientes para desestimar la verosimilitud de la declaración.

De otra parte, la Sala admite, a partir de la revisión del correspondiente video (cd 1, récord 1:48:50) que la declaración en la que Sena Pico vinculó los bienes objeto de actual análisis con las A.U.C., al menos en cuanto es posible observar en la grabación, no fue rendida bajo la gravedad del juramento.

Tampoco esa circunstancia, sin embargo, conduce a desestimar ese medio de conocimiento, pues el juramento previo no constituye una exigencia legal para su valoración, en tanto no se trata de un testimonio rendido en un juicio público.

B) La declaración de S.P., lejos de insular o única, encuentra soporte en los restantes medios de conocimiento aportados a las diligencias.

En efecto, mediante actividades investigativas, según consta en el informe de policía judicial de 11 de diciembre de 2008, la Fiscalía pudo establecer que M. R. tenía un ingreso mensual de un salario mínimo y participaba anualmente en las utilidades de la empresa “Q. M.”, las cuales ascendían aproximadamente a $5.000.000.

Se conoció igualmente que el nombrado está afiliado al sistema general de seguridad social en salud en calidad de beneficiario desde el 26 de diciembre de 2000 (f. 120, c. 6).

Así las cosas, es obvio que M. R. no tenía la capacidad económica para pagar los predios ni el valor de los derechos herenciales sobre los mismos, el cual, de acuerdo con la entrevista rendida por aquél el 19 de noviembre de 2008, ascendió a $500.000.000 (fs. 52 y 53, c. 1).

C) Ciertamente, las explicaciones ofrecidas por M.R. en entrevista de noviembre 19 de 2008 se ofrecen inverosímiles y concurren a reforzar la inferencia respecto de la verdadera titularidad de los predios registrados a su nombre.

En efecto, surge cuestionable que el nombrado haya adquirido las fincas sin conocerlas, como también que el pago del precio pactado se haya efectuado en efectivo – máxime ante la constatación de su verdadera capacidad económica – mediante cuotas de las cuales «no le entregaban recibos» (fs. 52 y 53, c. 1).

Igualmente implausible parece que el vendedor – de quien por demás M. R. estuvo en imposibilidad de aportar datos de identificación o contacto – haya admitido una modalidad tan desventajosa para completar la cancelación de los predios, especialmente tratándose de un «comisionista».

En síntesis, la Corporación concluye que la Fiscalía aportó medios de conocimiento suficientes para inferir que la propiedad de los predios “L. A.”, “E. P.” y “V. M.”, así como de los derechos sucesorales sobre “L. H.”, “C.” y “F. los D.”, está radicada en un miembro de la estructura criminal otrora comandada por C.M.J.N.

D) Las alegaciones del recurrente en el sentido de que en el presente asunto se pretende «pasar los bienes de un proceso a otro por arte de magia», carecen de fundamento, pues es la propia Ley 975 de 2005, como se esbozó en precedencia, la que de manera expresa permite que en el proceso de Justicia y Paz sean afectados con medidas cautelares bienes respecto de los cuales se adelanta un trámite de extinción de dominio.

Adicionalmente, mientras en el proceso previsto en la Ley 793 de 2002 se busca decretar la pérdida del derecho «a favor del Estado», tal y como se precisa en el artículo 1º de la misma, las medidas cautelares y la extinción del dominio en el marco del trámite de Justicia y Paz tienen como objeto, conforme se sigue de los artículos 11C y siguientes de la Ley 975 de 2005, garantizar la reparación de las víctimas del conflicto armado.

E) El apelante sostiene también, en la sustentación de la inconformidad, en que el auto recurrido debe revocarse porque se soporta en las resoluciones proferidas por los Fiscales en el curso del trámite de extinción de dominio, las cuales no son medios de conocimiento.

La Sala reitera que en ello le asiste razón al representante de C.M.J.N., pues, en efecto, las providencias judiciales no están revestidas de la connotación de medios de prueba.

No obstante, la censura que en ese sentido eleva resulta incomprensible, pues sin dificultad se aprecia que el despacho, al examinar la pretensión de la Fiscalía y acceder a ella, no soportó la decisión en esas providencias, a las que ni siquiera aludió, sino en las entrevistas e informes de policía judicial aportados en el curso de la audiencia reservada.

F) Finalmente, se precisa que, contrariamente a la comprensión del apelante, la imposición de medidas cautelares en el contexto de la ley de Justicia y Paz no comporta la limitación de los derechos fundamentales al debido proceso de los terceros que podrían verse perjudicados con dichos gravámenes, pues de estimarse lesionados con dicha decisión, tienen la posibilidad de incoar el incidente de que trata el artículo 17C de la Ley 975 de 2005, en curso del cual están facultados para aportar pruebas y ejercer la contradicción.

En síntesis, ante la comprobación de la satisfacción de los requisitos legales previstos en el artículo 17B de la Ley 975 de 2005, la Sala confirmará en este punto la providencia recurrida, con la precisión en el sentido de que las medidas cautelares reclamadas sobre los predios “L. H.”, “C.” y “L. D.” no recaen sobre el derecho de dominio, sino sobre los derechos herenciales que fueron adquiridos por M.R.

Sobre la finca “L. M.”. 

El apelante no controvirtió el fundamento probatorio que determinó la afectación de la finca “L. M.”, esto es, la valoración que de la entrevista rendida por Marco Tulio Martínez Regino el 3 de diciembre de 2008 (f. 52, c. 7) efectuó la a quo.

En ese orden, debe entenderse que la inconformidad, en lo que tiene que ver con este predio, está referida exclusivamente a los restantes argumentos exteriorizados en la sustentación conjunta de la alzada, en concreto, que no es posible valorar las resoluciones proferidas en el trámite del proceso de extinción de dominio y que la indemnización de las víctimas del conflicto armado no puede lograrse sacrificando los derechos de los demás ciudadanos, pasando los bienes del proceso de extinción de dominio al de justicia y paz «por arte de magia».

Mientras que lo segundo ya fue objeto de consideración, en relación con lo primero la Sala simplemente debe indicar que la magistrada que resolvió el pedido en primera instancia no aludió, ni aun tangencialmente, a las providencias emitidas al interior del proceso de extinción de dominio ni las tuvo en cuenta como fundamento de la decisión.

De hecho, las descartó aduciendo que no son elementos de conocimiento ni resultan vinculantes en razón del principio de autonomía judicial (cd 5, récord 3:00 y siguientes). En ese entendido, es incomprensible el sentido de la censura elevada en este punto por el opugnador.

Así las cosas, también en lo que respecta a la finca “L. M.”, la decisión confutada deberá confirmarse.

En mérito de lo expuesto, La Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia,

RESUELVE:

1. REVOCAR la providencia objeto de impugnación, en cuanto negó la afectación de los predios “E. T.”, “L. D.” y “L. C.”. En su lugar, IMPONER sobre esos bienes las medidas cautelares de embargo, secuestro y suspensión del poder dispositivo, de conformidad con la parte motiva de esta providencia.

2. COMUNICAR esta determinación a la Fiscalía 13 de la Unidad de Extinción de Dominio, a efectos de que adelante lo trámites previstos en el parágrafo 4° del artículo 17B de la Ley 975 de 2005.

3. CONFIRMAR, en lo restante, el auto objeto de impugnación.

4. Contra esta decisión no procede ningún recurso.

Notifíquese y cúmplase».

 

1 En ese sentido, sentencia C – 912 de 2013, M.P. María Victoria Calle Correa.

2 CSJ AP, junio 18 de 2014, Rad. 43660.

3 Entre otros, CSJ AP, 9 de febrero de 2009, M.P. José Leonidas Bustos Martínez.

4 CSJ AP, 15 de octubre de 2008, Rad. 29.626. Reiterado en CSJ AP, 28 de noviembre de 2012, Rad. 39222.

5 Ibídem.

6 CSJ SP, 14 de agosto de 2013, Rad. 37.915.

7 CSJ SP, 11 de abril de 2007, Rad. 23.593. Reiterada en SP