Auto AP2005-2015 de abril 22 de 2015

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

SALA DE CASACIÓN PENAL

AP2005-2015

Rad.: 45361

Magistrado Ponente

Dr. Gustavo Enrique Malo Fernández

Aprobado Acta Nº 139

Bogotá, D. C., veintidós de abril de dos mil quince.

EXTRACTOS: «Consideraciones

La Sala de Casación Penal de la Corte, tiene plena competencia para pronunciarse de fondo en el asunto sometido a examen, en tanto, se trata de una decisión de primera instancia obra de un tribunal superior (L. 600/2000, art. 75-3 y L. 906/2004, art. 32-3). Junto con ello, respecto de las decisiones de las salas de justicia y paz, esa legitimidad deviene directamente de lo estipulado en el artículo 26 de la Ley 975 de 2005.

Previo a abordar el examen de fondo de las cuestiones problemáticas planteadas por los apelantes, estima necesario precisar la Corte, por virtud de lo alegado en calidad de no impugnante por el fiscal del caso, que el recurso presentado por la representante de la Unidad de Restitución de Tierras, no será considerado aquí, dado que, se recuerda, el mismo fue negado por la magistrada de control de garantías, y si bien, la funcionaria acudió al mecanismo de queja, después desistió de este, cuando se hallaba a estudio de la Corte su solicitud.

De igual manera, entiende la Sala que si dentro del incidente de restitución se llamó a los interesados y fue aceptada la actuación de todos quienes intervinieron en las sucesivas transacciones operadas respecto del bien desde el mismo momento en que dijo el solicitante se materializó el despojo, no puede ahora la judicatura defraudar sus expectativas asumiendo que no se trata, en estricto sentido, de terceros adquirentes de buena fe, o que su pretensión fue satisfecha cuando se ordenó el pago de compensación, tal cual aduce el fiscal, pues, basta verificar la participación activa en las sucesivas negociaciones reportadas sobre el lote reclamado, para advertir cómo su legitimidad radica precisamente en la necesidad, expresada durante sus alegaciones y aporte de pruebas en curso del incidente y por ocasión del recurso, de que se verifique acorde con la legalidad la actuación negocial, no solo porque ello representa constatación de su buena fe, sino en el cometido de evitar eventuales reclamaciones futuras en caso de deshacerse todos esos contratos y sus efectos.

Desde luego que no haber participado en el primigenio contrato, no desnaturaliza la legitimidad en la intervención de todos los adquirentes sucesivos del predio; mucho menos, si el argumento planteado por el fiscal se limita a advertir que no tienen ellos por qué conocer cómo se materializó dicha compraventa.

Y, por la misma vía, tampoco emerge argumento suficiente el que se haya ordenado compensar al último de los propietarios registrados, la Sociedad Inmobiliaria Franco, para significarla carente de interés en la propuesta de apelación, evidente como se hace que de obtener eco su pretensión —encaminada a determinar legal la inicial negociación y, por ende, vigentes todos los actos contractuales realizados hasta hoy respecto del lote—, seguiría en poder del bien, en cuanto propietario indiscutido.

Hecha la precisión formal, debe significar la Sala que no se hace necesario abordar individualmente las apelaciones presentadas por todos quienes adquirieron el bien, en tanto, no solo se nutren de similares argumentos y sustento probatorio, sino que se hermanan en la misma pretensión: que se declare improcedente la restitución reclamada por Edgardo Manuel Barros.

Ahora bien, para entrar de lleno en el motivo de impugnación, la Corte destaca la manera amplia en que el a quo determinó el aspecto normativo que regula el tópico, en particular la confluencia que en el trámite y resolución de la solicitud de restitución, comportan las leyes 1448 de 2011 y 1592 de 2012, esta última complementaria de la Ley 975 de 2005.

No se duda, así, que el procedimiento incidental a través de la intervención del magistrado de control de garantías, acorde con lo disciplinado en el artículo 17 C de la Ley 975 de 2005, es el adecuado para tramitar la solicitud de quien se dice víctima, ni que este se halla imbuido por las presunciones contempladas en el artículo 77 de la Ley 1448 de 2011.

Lo anotado, porque el 13 de junio de 2012, la magistrada de justicia y paz impuso la medida cautelar de suspensión del poder dispositivo, respecto del bien objeto de reclamación, esto es, con antelación a la vigencia de la Ley 1592 de 2012, expedida el 3 de diciembre de ese año.

Y, contempla el artículo 38 de la citada ley:

Trámite excepcional de restitución de tierras en el marco de la Ley 975 de 2005. Si a la entrada en vigencia de la presente ley, existiere medida cautelar sobre un bien con ocasión de una solicitud u ofrecimiento de restitución en el marco del procedimiento de la Ley 975 de 2005. La autoridad judicial competente continuará el trámite en el marco de dicho procedimiento. En los demás casos se observará lo dispuesto en la Ley 1448 de 2011.

Así mismo, el artículo 39 ibídem, después de relacionar objeto de incidente a cargo de la magistratura de control de garantías, la solicitud de restitución, determina en su inciso tercero:

Durante el trámite del incidente que se surtirá para la restitución de bienes despojados o abandonados forzosamente, se podrán aplicar las presunciones de despojo previstas en el artículo 77 de la Ley 1448 de 2011, aunque los predios no se encuentren inscritos en el registro de tierras despojadas y abandonadas forzosamente…

Es bajo este presupuesto normativo que anunció el tribunal, por la magistrada de garantías, resolver la cuestión planteada.

En primer lugar, al efecto, reseñó que no se duda de la calidad de víctima del solicitante, dado que este acudió ante la Fiscalía General de la Nación el 12 de octubre de 2011 y allí denunció expresamente el despojo de que se le hizo objeto en el año 2002, destacándose cómo la condición de desplazamiento, acorde con lo contemplado en la ley y la evaluación que de ella hace la Corte Constitucional, no reclama demostrar un clima de violencia generalizada, dado que en el ámbito privado pueden materializarse amenazar suficientes para obligar la entrega.

Después sostuvo que en sede de Justicia y Paz, conforme lo referido por la Corte en su jurisprudencia, no solo es preciso acreditar la calidad de víctima, sino el nexo causal entre el daño y las actividades del postulado o del grupo al cual perteneció este. Debe probarse en primer término, así, el despojo, desplazamiento o abandono por ocasión de la actividad del postulado o el grupo al que perteneció, y después aplicar las presunciones del artículo 77 de la Ley 1448 de 2011.

En estricto sentido, el fallador determinó demostrado el despojo a través de lo dicho por los postulados —que determinó válido en atención a cumplir con las exigencias formales— y lo relatado por el solicitante. También, acotó, lo expresado por Lumar Parra guarda “coherencia con los hechos descritos por el ente acusador y los expuestos por el solicitante”.

A renglón seguido, aplicó la presunción dispuesta en el literal e del numeral 2º del artículo 77 de la Ley 1448 de 2011, atinente a que no se haya podido desvirtuar la ausencia de consentimiento en el negocio.

Y, respecto de la actividad de los opositores, apenas referenció que estos dirigieron su argumentación a atacar la existencia de violencia generalizada en la región, pero pasaron por alto que los actos intimidatorios fueron focalizados directamente en el reclamante.

Así descrito lo que de análisis probatorio realizó el tribunal, no puede la Corte más que compartir los argumentos comunes de los apelantes en lo que toca con la ostensible vulneración del debido proceso inserta en esa tan precaria motivación, pues, es evidente que allí ninguna valoración probatoria fue realizada, limitándose el a quo a relacionar las pruebas que en su sentir conforman la existencia del hecho victimizante, sin verificar sus afirmaciones referidas a que son coincidentes entre sí o suficientes para demostrar el punto focal de discusión, en auténtica petición de principio, ajena a la racionalidad y razonabilidad que se exige de la decisión judicial.

Cuando menos de clara estirpe facilista se ofrece ese examen acrítico que apenas se limita a escoger determinados medios de prueba para soportar en ellos la decisión, sin siquiera aventurar la credibilidad o sustento del contenido del medio suasorio, ni mucho menos efectuar análisis conjunto o de confrontación con otros elementos probatorios que los contradicen.

Es que, apenas como ejemplo, si a la foliatura se arrimó la explicación entregada por Hugo León Baena, quien dice completamente legal la transacción realizada con el solicitante, ofreciendo elementos de sustento, lo menos que puede esperarse es que se analice esa manifestación, así fuese para desvirtuarla.

No porque se trate de un proceso de justicia transicional, el juzgador está relevado de verificar el contenido y efecto de la prueba en su conjunto, pues, de ninguna manera la existencia de presunciones legales implica asumir como cierto lo que ni siquiera tiene trazos de verdad, ni lo discutido corresponde a un mero formalismo que reclama, como parece entenderlo el a quo, simple constatación de validez.

Es cierto, y así lo ha plasmado la Sala en sus decisiones, que los postulados de verdad, justicia y reparación insertos en el núcleo finalístico de la Ley 975 de 2005, implican una necesaria flexibilización del material probatorio, visto el contexto en el que delitos graves fueron cometidos.

Pero, la Corte jamás ha significado que las atestaciones de los desmovilizados o el contenido de los medios suasorios arrimados, deba ser asumido como cierto por sí mismo, o pueda dejarse de lado su valoración dentro de los postulados que signan la sana crítica, pues, cuando menos, en tratándose de confesiones, ellas deben comportar componentes de credibilidad y, en lo posible, contrastarse con otros elementos de prueba.

Por lo demás, si incluso en el trámite central del Proceso de Justicia y Paz, en el cual por lo general no existe controversia o un profundo contenido adversarial, dado que se trata de una construcción colectiva de la verdad, como también lo ha afirmado la Sala, se exige de mínimos de valoración probatoria; desde luego que una tal necesidad se demanda de mayor acento obligacional en casos del tenor del examinado aquí, donde efectivamente existen posiciones contrarias y lo decidido implica, ni más ni menos, trasladar, por decisión judicial, la propiedad y posesión de un bien de alto valor.

En este sentido, no puede asumir la Sala que lo desarrollado argumentalmente por la primera instancia comporta adecuada o suficiente motivación probatoria, cuando, no solo se escoge una ínfima parte de lo arrimado probatoriamente, sino que de manera automática se dice creíble o coincidente lo dicho por esas pruebas, sin siquiera ocuparse de su contenido amplio o establecer consonancias entre sí.

No es verdad, así mismo, que los opositores no presentasen elementos de juicio válidos o adecuados para soportar su tesis contraria al despojo, cuando es lo cierto que en la foliatura se verifica la existencia de un cuaderno exclusivamente ocupado en arrimar esas pruebas.

Es cierto, como pregonan al unísono los apelantes, que nunca se examinó el contenido de dichos documentos, pero también, que de las muchas pruebas recogidas por la Fiscalía, no se verificaron todas y tampoco se evaluaron críticamente.

Ahora, si precisamente en el asunto examinado la condición de víctima del solicitante no surge autónoma o anterior a su reclamo, sino directamente vinculada con este, bien poco representa, en punto de presunciones, partir de su reconocimiento como tal, en tanto, huelga referir, una y otra condiciones —víctima y reclamante— confluyen en la necesidad de su demostración.

Dice la primera instancia, para comenzar con el examen de los fundamentos de la decisión atacada, que los opositores se limitaron a argumentar la inexistencia de un clima de violencia generalizado en la región donde se halla ubicado el bien, pero desconocieron que la intimidación operó personal respecto de Edgardo Barros, a quien amenazaron de muerte para obtener el despojo.

Nada dijo la magistrada de garantías, sin embargo, de la certificación presentada por la Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución de Tierras Despojadas, en la cual advierte varias cosas:

— Que el departamento del Atlántico no se incluyó en las 12 zonas donde se advierte despojo o abandono de tierras, dado que la información obtenida verifica que “se ha constituido en un departamento mayormente receptor de población desplazada y despojada pero de regiones vecinas más no constitutivo de despojo y abandono”.

— Que se reportaron solicitudes de restitución por despojo en algunas regiones del Atlántico, pero respecto de Puerto Colombia “no tenemos ningún caso reportado de despojo y abandono”. Y,

— Que “La situación descrita por el reclamante Edgardo Barrios (sic) en la cual manifiesta haber sido víctima de un despojo material y jurídico por heredar una deuda ajena no guarda correspondencia con la dinámica del apoderamiento de las tierras por parte de los grupos armados al margen de la ley que se han reconocido en los casos presentados conocidos y analizados hasta el momento”.

Desde luego que esa información no obliga desechar de entrada la existencia de lo alegado por el reclamante, pero sí establece un marco de especialidad (ni en el departamento, ni en el municipio y ni siquiera dentro del modus operandi, existe registro de un tal comportamiento por parte de los grupos armados) que obliga examinar con especial cuidado la denuncia, ante su absoluta falta de atinencia con lo conocido.

Y, si se llega a lo dicho por los postulados al respecto, que según el a quo se ve corroborado por el solicitante y el testigo Lumar Parra, no se ofrece mejor el diagnóstico en torno de sostener que este fue un caso sui generis efectivamente sucedido.

Todo lo contrario, desde la misma génesis de lo relatado se evidencia altamente sospechoso el caso, pues, para ponerlo en términos del afectado y quienes lo respaldan con sus dichos, sin que se tenga claro por qué o la necesidad de recurrir a ellos, presuntamente se unieron varios frentes de las Autodefensas, incluso con radio de acción completamente diferente al departamento del Atlántico uno de ellos, para exigir de Edgardo Manuel Barros Redondo, en una tercería bastante curiosa, pagar lo que no pago quien fue obligado a pagar lo que otro dejó de cumplir con el paramilitarismo.

Ese galimatías obedece a que, según lo inicialmente relatado por Lumar Parra, sin más intervino en una discusión ajena en la cual se exigía a un amigo suyo —al que no fue capaz de ubicar y cuyo paradero se desconoce— pagar determinada deuda (tampoco se tiene claro su monto u origen), razón por la que, sin mayor explicación, los cobradores le exigieron a él responder por ese pago, pero dado que, a su vez, no tenía manera de cubrir el dinero, recurrió al aval de Edgardo Barros, quien lo respaldaría con un terreno de su propiedad; y, por último, como hubo de abandonar el país por la imposibilidad de acceder a lo exigido, los paramilitares obligaron a Barros Redondo a escriturar el Lote 4B en favor de uno de los suyos.

Ampliamente los recurrentes, sobre el particular, destacaron las enormes contradicciones en que incurren los atestantes, de las cuales, apenas como ejemplo trascendente, la Sala destaca, en primer lugar, las versiones disímiles que ofrecen Lumar Parra y Edgardo Barros, en tanto, el primero significa que en las amenazas y constreñimiento sobre la víctima tuvo un papel preponderante el adquirente del bien, Hugo León Baena, al paso que Barros Redondo, lo significa completamente ajeno a dicho proceder, al punto que solo supo de él porque le fue entregada una boleta en la que se registraba el nombre de la persona a la que debía escriturar el lote.

Además, ni siquiera se tiene claro cómo intervinieron los dos desmovilizados, dado que en la denuncia instaurada el 12 de octubre de 2011, así como en la ampliación del 8 de noviembre siguiente, Edgardo Barros Redondo referenció como presentes cuando se hizo la amenaza y se exigió la firma de la escritura de compraventa, a Lumar Parra, Arturo, Carlos Julio Jaramillo y Johnny Acosta Garizábalo, sin relacionar para nada a Robinson Alfonso Forero Henríquez —el otro postulado—, aunque ya después, en deponencia del 17 de julio de 2012, cambia de versión para decir que quienes lo amenazaron fueron únicamente Acosta Garizábalo y “otra persona que en ese momento no sabía el nombre y después me enteré que se llama Robinson Forero”.

Por la misma vía de indeterminación en el compromiso que pudo tener en los hechos el postulado Robinson Forero Henríquez, este relata que acudió a la oficina de Barros Redondo, junto con Acosta Garizábalo, quien se encargó de proferir la amenaza.

En contrario, Johnny Acosta Garizábalo sostiene que a la entrevista en la oficina de Edgardo Barros acudió con Wilson, alias El Soldado y alias El Ingeniero.

Tan amplia confusión, desde luego, no puede obedecer a olvido o confusión —mucho menos si cerca de diez años después de los hechos los postulados recuerdan con precisión el lugar donde se hallaba la oficina de Edgardo Barros—, sino a un muy ostensible deseo por acompasar con sus dichos la narración del solicitante, solo que los detalles no fueron aprendidos.

Es por ello que se verifican completamente dirigidas las declaraciones surtidas por ellos y Lumar Parra.

En efecto, mírese cómo en un comienzo de la exposición rendida el 5 de octubre de 2012, Lumar Alonso Parra González señala: “yo sabía que Edgardo tenía un lote y yo para buscar tiempo haber (sic) si me encontraba a Claro Durán, fui y le dije a Edgardo que me mostrara el que yo se los iba a negociar, y fuimos con El Ingeniero, Arturo y Hugo Bahena al lote en Puerto Colombia, los mostré y yo les dije que esos lotes iba a tratar de negociarlos para entregárselos a ellos…”.

No obstante, pese a la claridad de lo dicho (que efectivamente acudió donde Edgardo Barros Redondo a pedirle que le mostrara el lote y luego fue con este y los supuestos paramilitares a observarlo), ya después, a pregunta expresa del funcionario, modifica lo anotado para observar que: “… Edgardo no tenía conocimiento de que yo iba a mostrar esos lotes a esos tipos para ganar tiempo, para ese momento yo no le había contado lo que había pasado con Claro y los tipos”. Añade que le contó a Barros Redondo lo ocurrido con la garantía ofrecida por él a las Autodefensas, tiempo después de que su amigo recibió las amenazas en la oficina y firmó los documentos de venta.

Y si fuese verdad esto último, no se explica por qué más adelante asevera que sí estuvo con los integrantes del grupo paramilitar (Arturo, El Ingeniero y Hugo Baena) en la oficina de Edgardo Barros: “Sí, pero ellos se quedaron afuera de la oficina, Edgardo no creo que los haya visto”.

En este mismo sentido, si el declarante afirma que nunca estuvo presente cuando se amenazó a Edgardo Barros (debió abandonar la región ante la imposibilidad de responder por la deuda ajena) y solo supo de lo ocurrido con la venta tiempo después, por informaciones de sus familiares y la llamada que le hizo Barros, resulta completamente incomprensible que apenas a los dos días de haberse firmado la escritura de compraventa, aparezca protocolizada en la misma notaría una promesa de compraventa del mismo bien, firmada por ambos.

Apenas natural, ante tan evidente desarmonía, que al aceptar la suscripción de la promesa de compraventa, Lumar Alonso Parra diga “no me acuerdo la fecha”, para referirse al momento de elaboración del documento en cuestión; o que —pese a haber afirmado que no se encontraba en Barranquilla y fue tiempo después que supo lo ocurrido con las amenazas proferidas contra Edgardo—, a pregunta expresa del interrogador (“Usted intervino en el momento en que el señor Edgardo tuvo que firmar la escritura del predio”), respondiera: “Sinceramente no me acuerdo”.

Dejando de lado la evidente manipulación que de su testimonio hizo Lumar Parra, con contrasentidos internos insalvables, se ofrece completamente absurdo que precisamente el hecho puntual que gobernó la desafección patrimonial no sea recordado por el declarante, pero no tenga él dificultades en rememorar datos precisos de aspectos secundarios.

Y, mayor el desatino, que borra la veracidad de todo lo dicho al inicio respecto a su ajenidad con las amenazas y la consecuente firma de la compraventa por parte de Barros Redondo, cuando después, al advertirle el interrogador que Hugo Baena lo dijo presente en ese acto notarial, responde: “Si tuve que haber ido porque ese lote fue puesto a nombre mío y yo le hice traspaso a ellos, Yo creo que sí tuve que haber estado allí”.

Huelga anotar que del estudio de los certificados de registro y tradición del inmueble, así como de los demás documentos allegados al plenario, se verifica que Lumar Parra Gonzáles jamás aparece como propietario, ni mucho menos, realizando cualquier tipo de traspaso del inmueble.

En claro desmentido de lo dicho por Lumar Parra, en declaración del 17 de julio de 2012, Edgardo Barros Redondo sostiene que el 18 de mayo de 2002, recibió llamada telefónica de aquel, quien le pidió ir a mostrar los lotes de su propiedad (del declarante) a unas personas con las cuales tenía problemas “… llegó a mi oficina con dos señores, que se hicieron llamar el uno Arturo, y el otro, Carlos Julio Jaramilloa, (sic) que después supe que era el llamado ingeniero de las AUC del interior del país. Yo accedí a mostrar el lote, fuimos se los mostré los miramos…”.

Afirma, más adelante, que después volvieron los sujetos, sin Lumar, que se hallaba desaparecido, conminándolo a cumplir con la deuda de Claro Durán; a los días llegaron Acosta Garizábalo y Robinson Forero, exigiéndole firmar las escrituras del lote. Previo a firmar las escrituras, sostiene, se reunió con Lumar Parra para que hiciera un compromiso de pago.

Tan disímiles explicaciones (la Corte no estima necesario ahondar en las contradicciones que encierra cada narración de los hechos efectuada por Edgardo Barros), resultan suficientes para poner en entredicho esa que dice negociación ilícita el reclamante.

Desde luego, no puede obviar la Sala referirse a la forma en que rinde su declaración Johnny Acosta Garizábalo, no solo porque en todo contraría lo expuesto por Edgardo Barros y Lumar Parra, sino en atención a que su declaración va modificándose paulatinamente, hasta desnaturalizar lo dicho al inicio.

Es así como en la indagatoria del 7 de marzo de 2013, comienza por afirmar que sólo una vez acudió a la oficina de Edgardo Barros, acompañado de alias El Loco, Ronald Cogollo, apodado Chupi, y Gabriel Berrío (evidentemente no menciona a Robinson Forero y señala a personas nunca relacionadas por Edgardo Barros o Lumar Parra).

Afirma que la razón de acudir a amenazar a Barros Redondo, estribó en que “este señor le debía dinero a la gente del bloque capital, y no les quería pagar y a mí me tocó llegar hasta la oficina de él, que quedaba en la calle 72 o 74, ahí llegué yo y le dejé una razón, que pagara el dinero o si no lo matábamos a él o a un hijo…”.

De destacar, en lo transcrito, que el postulado directamente señala a Edgardo Barros como el deudor y que la exigencia consiste en pagar un dinero.

Sin embargo, más adelante, en evidente pregunta sugestiva, se le menciona por el interrogador “Diga si usted en algún momento le dijo a Edgardo Barros, que a usted lo habían enviado, más concretamente Moncho para que le firmara a Arturo y al Ingeniero, una documentación con relación a unos lotes, que quería que le firmara para responder por una deuda que le debía Lumar Parra, Qué tiene que decir al respecto. CONTESTÓ: efectivamente a sí fue”.

Lamentable, por decir lo menos, que a una declaración en esta forma rendida se le otorgue por el a quo completa credibilidad, cuando es ostensible que lo manifestado conocer por el postulado dista mucho de lo que señalan el reclamante y su amigo, y es solo con ocasión del libreto entregado por el entrevistador que trata de acomodar sus dichos.

Junto con lo anotado, en la declaración rendida el 17 de julio de 2012, Edgardo Barros Redondo advierte que fue tanta la presión y premura en la firma del contrato, que incluso ello lo perjudicó en una supuesta conciliación que adelantaba con los propietarios anteriores, respecto de una posesión que detentaba él sobre esos lotes.

Pese a ello, en la foliatura figura anexa “Acta de compromiso suscrita entre los señores Ramón Padilla - Edgardo Barros con el señor Eduardo Urube (sic) Blanco”, suscrita por estos el 27 de febrero de 2002 (3 meses antes de la compraventa en examen), en la Notaría Sexta de Barranquilla, donde expresamente se significa que a Edgardo Barros le será entregado el Lote 4B, en pago de su posesión.

Y ello fue precisamente lo que se plasmó en la escritura pública 966 suscrita el 27 de mayo de 2002, en la cual se entregó a Edgardo Barros el Lote 4B.

Desde luego que en las transacciones citadas no se ve cómo pudo afectarse al solicitante respecto de una conciliación ya realizada y formalizada desde febrero de 2002.

En fin, que una adecuada auscultación de los testimonios rendidos por el solicitante, su amigo Lumar Parra y los postulados —sin siquiera hacerse exhaustiva, como lo consignan los apelantes—, advierte serias e indefendibles contradicciones sobre aspectos fundamentales, que necesariamente obligan poner en entredicho la tesis del constreñimiento que nutre la petición de devolución del lote.

Pero, además, por fuera de lo dicho se alzan otros factores que ratifican con mayor vigor la enorme sospecha que pesa sobre lo denunciado por el reclamante.

Así, nada explica, si de verdad fue obligado a firmar la venta del Lote 4B, que dos días después Edgardo Manuel Barros Redondo, prometa en venta a Lumar Alonso Parra González, el mismo bien, sin que haya podido ofrecer explicación satisfactoria al respecto.

En la foliatura reposa la copia del documento en cuestión, incluso reconocido en su confección y firma por Edgardo Barros Redondo, y allí se lee que este promete en venta a Lumar Alonso Parra González, el Lote 4B, por la suma de novecientos cincuenta millones de pesos.

Extrañamente, a pesar de que la promesa se protocolizó el 29 de mayo de 2002, como reposa en el sello de reconocimiento de firmas allí estampado, en su cláusula cuarta se lee que la escritura formal de compraventa se debe realizar dos días antes, vale decir, el 27de mayo de 2002, en la misma notaría.

Más curioso aún que en el parágrafo del documento (que registra letra diferente, cabe agregar), se anote la posibilidad de que la compraventa se haga a nombre de Hugo León Baena Herrera.

El solicitante informó en declaración surtida el 12 de octubre de 2012 en la Fiscalía de Justicia y Paz, que ante las amenazas de los miembros de grupos paramilitares “… alrededor del 18 de mayo. Programamos entonces la promesa de compraventa y se estipuló que las escrituras se firmarían el 27 de mayo del 2002 en la Notaría Sexta de Barranquilla…”.

Ninguna constancia documental se ha presentado respecto de esa supuesta promesa firmada el 18 de mayo, pero en contrario, se verifica firmada el 29 de mayo de 2002, una similar con Lumar Parra.

Desmentida la afirmación del solicitante, no puede pasarse por alto, en punto de examinar algún tipo de interés turbio o ilegal, cómo esa promesa posterior fue utilizada por Edgardo Barros Redondo para incoar en el año 2003, proceso en el juzgado civil del circuito de Barranquilla, en contra de Lumar Parra y Hugo León Baena, pero no, como podría pensarse, por algún vicio en el consentimiento producto del presunto constreñimiento, sino alegando simulación.

Entonces, no solo se desvirtúa lo afirmado por el reclamante, sino que se verifica inexplicable que pudiera firmarse una promesa de compraventa dos días después de haberse efectivamente vendido el bien y que, a la par, con ese documento se inicie un proceso civil por simulación, en el que, también de forma curiosa, de entrada se allana a las pretensiones del demandante, el demandado Lumar Parra.

Y, ya entrados en el tema de las frecuentes intervenciones judiciales del solicitante, no puede pasarse por alto cómo, además de la demanda en cita, promovida apenas un año después de realizado el negocio de compraventa, el 22 de agosto de 2011, precisamente veinte días después de que el Juzgado Octavo Civil del Circuito, desatendiera su pretensión de simulación en el contrato, acude a la Fiscalía, pero no para denunciar las amenazas operadas con el ánimo de conminarlo a signar el contrato de compraventa, sino en procura de dar a conocer el supuesto incumplimiento del mismo y las distintas transacciones posteriores realizadas sobre el bien, que entiende defraudatorias.

Empero, el 12 de octubre siguiente, también ante la Fiscalía, asevera que mintió en su atestación anterior ante el ente investigador y ahora sí relata el constreñimiento de que, dice, se le hizo objeto para obligarlo a vender el inmueble.

Cuando al solicitante se le ha interrogado por los motivos para omitir poner en conocimiento de las autoridades, de inmediato, el hecho constrictor, asevera él que calló durante cerca de diez años por temor a retaliaciones de las Autodefensas.

Sin embargo, como lo advierten los apelantes, no es posible atender a tan pueril explicación si en cuanta se tiene que apenas un año después de materializado el acto, presentó demanda civil encaminada a recuperar el lote, en la que detalló en calidad de demandado a Hugo León Baena Herrera, quien, supuestamente, pertenece a los grupos paramilitares y en nombre de estos adquirió el bien.

Huelga anotar que si la demanda civil tiene como demandado al paramilitar —comprador— y busca deshacer el negocio de venta, tendría los mismos efectos nefastos que denunciarlo penalmente o advertir como causa de la anulación del negocio la fuerza.

Algo similar debe decirse en torno de lo denunciado penalmente el 22 de agosto de 2011, evidente que sindica de un delito al comprador Baena Herrera y tiene como fin la restitución del bien, pero tampoco referencia el constreñimiento.

Es obvio que si los grupos de Autodefensa obligaron a Edgardo Barros, vía amenazas de muerte, a que escriturara en nombre de uno de los suyos el lote, y ello fue suficiente para doblegar su voluntad, el mismo tipo de admonición mortal debería haberlo compelido a abstenerse de reclamar la devolución del bien por la vía civil.

Y si no tuvo ese efecto residual, entonces nada impedía que de entrada alegara ante la jurisdicción civil la existencia del vicio en el consentimiento, en lugar de hacer uso de una bastante sospechosa promesa firmada después del negocio jurídico que determinó el traspaso de la propiedad. Y mayor del desatino, cuando varios años después —coincidiendo con la expedición del fallo civil que desatiende sus pretensiones—, denuncia penalmente al comprador, pero no por el delito que supuestamente ejecutó, sino por otro inexistente.

Lo anotado en precedencia, representa cabal auscultación de la prueba presentada por el solicitante, obviada en su examen crítico por la magistratura de primera instancia.

Pero además, advierte la Sala que efectivamente los opositores allegaron documentación y declaraciones que controvierten la condición de afectado del solicitante, así sea por la vía indirecta de referenciar el comportamiento y antecedentes del comprador, Hugo León Baena Herrera.

Sobre este particular, al expediente se anexó su declaración, en la cual dice apegado a la legalidad el negocio de adquisición del lote, en el que intervino como intermediario Lumar Parra, y vendedor Edgardo Barros.

Detalló, así mismo, que se ocupa como funcionario público al servicio de la Contraloría de Itagüí —fue también empleado de la oficina de tránsito— y que ha diversificado su actividad con la compra y venta de bienes.

Esas afirmaciones fueron soportadas con las correspondientes certificaciones laborales y declaraciones de renta.

Además, se obtuvieron certificaciones de diferentes entes estatales encargados de consignar información acerca de desmovilizados y personas pertenecientes a grupos paramilitares, en las que se verifica que el nombre de Hugo León Baena Herrera, no figura en sus bancos de datos.

En contrapartida, la Fiscalía nunca allegó prueba documental o testimonial que registre la pertenencia del comprador en alguna de estas agrupaciones, así fuese en estructuras externas o de apoyo.

De esta manera, la única información que se tiene de la presunta pertenencia de Baena Herrera a grupos de Autodefensas, reposa en lo dicho, sin mayor precisión o delimitación de ámbito geográfico, tipo de actividad o mando, por Lumar Parra, quien apenas relaciona el hecho escueto.

Esto es, de Hugo León Baena, se pregona su adscripción al paramilitarismo solo porque un declarante dice que era el encargado de recibir el bien a nombre del Bloque Capital, y que se hallaba a órdenes de uno de sus jefes.

Sin embargo, desnaturalizada, por su evidente preparación y mendacidad, la atestación de Lumar Parra, nada dentro del plenario permite sostener, así fuese por vía inferencial, que Baena Herrera efectivamente integraba dichas facciones criminales; máxime cuando, se reitera, la prueba allegada demuestra que se trata de un servidor público carente de antecedentes o señalamientos delictuosos.

Precisamente, aunque no es posible definir a partir de informes de prensa que el solicitante y Lumar Parra, posean antecedentes penales, si de lo que se trata es de asumir el examen de los elementos que permiten inferir adecuado o no el negocio, de ninguna manera podía soslayar la magistrada de control de garantías, que el comprador se registra, con prueba eficiente, persona de bien, al tanto que pudo ponerse en entredicho similar condición de Edgardo Barros y su testigo de ratificación Lumar Parra, ambos vinculados por delitos de narcotráfico en Venezuela y los Estados Unidos, en atribución penal jamás investigada por la Fiscalía, que se contentó con asumir ciertas las afirmaciones del solicitante.

Incluso, si de utilización de grupos armados se trata, en la audiencia de pruebas se presentó Alberto Nicolás Palacio Hernández, relatando cómo hasta el lote se llegó el reclamante, acompañado de personas armadas (presentó fotografía que lo corrobora) y causó daños al portón de ingreso.

No es necesario detallar a profundidad los documentos que consignan las actividades realizadas por el comprador para fungir como señor y dueño del bien, ni la forma en que realizó el negocio de venta a Ángel Custodio Sánchez, en tanto, se trata de circunstancias objetivas que no han sido puestas en tela de juicio e incluso se aceptan, en lo que corresponde a las negociaciones posteriores del bien, como actuaciones de buena fe exenta de culpa a cargo de los sucesivos adquirentes.

Para la Corte, conforme el análisis probatorio realizado en precedencia, la solicitud de restitución presentada por Edgardo Barros, adolece de profundas falencias que impiden determinarlo efectivamente víctima y, mucho menos, asumir que de verdad fue objeto de despojo del inmueble pretendido.

En suma, el indispensable análisis probatorio que reclama la definición del incidente propuesto, conduce a determinar carente de soporte la pretensión restitutoria, pues, lejos de demostrarse, se controvierte la existencia de constreñimiento o amenazas que condujeran a la firma del documento que transfirió la propiedad del Lote 4B, cuya venta el 27 de mayo de 2002, en estas circunstancias, ha de asumirse legítima y, por ende, también las demás negociaciones posteriores.

Acorde con lo anotado, se revocará la decisión de la magistratura de control de garantías fechada el 16 de diciembre de 2014, y en su lugar se negará la restitución del inmueble deprecada por Edgardo Manuel Barros Redondo. A su turno, se levantará la medida cautelar de suspensión del poder dispositivo, tomada en audiencia del 12 de junio de 2012 por la magistrada de control de garantías, quien se encargará de expedir los oficios necesarios para el efecto.

Cuestión final

La Corte observa con preocupación la manera en que, reiterativamente, se viene utilizando la condición jurídica de los postulados al trámite de Justicia y Paz, en particular, la consecuencia punitiva máxima de 8 años, con independencia del número de delitos confesados por los desmovilizados o su gravedad, para fines protervos, al punto que es lugar común la presentación de demandas de revisión en las cuales los vinculados al proceso transicional admiten conductas de todo tenor, en reemplazo de quienes ya fueron condenados como responsables de las mismas.

Para el caso concreto, las muy evidentes contradicciones y equívocos en que incurren los postulados —quienes incluso dicen no conocerlos o no recordarlos cuando se les piden detalles necesarios—, lamentablemente pasados por alto por la Fiscalía y la magistratura a quo, advierten de su mendacidad y, a tono con lo que se viene exponiendo, de la utilización que al parecer se hace de su condición para fines ilegales.

Por ello, se conmina a la Fiscalía de Justicia y Paz encargada del asunto, para que verifique lo sucedido y, de advertirse intención proterva en su actuar, adelante lo necesario a fin de desvincularlos del trámite transicional.

En similar sentido, habrá de compulsarse copia de lo pertinente para que se investiguen los delitos que pudieron ejecutar Edgardo Manuel Barros Redondo y Lumar Parra González, con ocasión de su intervención en el trámite incidental que ahora se resuelve en segunda instancia.

En mérito de lo expuesto, la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia,

RESUELVE:

1. REVOCAR en su totalidad el auto del 16 de diciembre de 2014, proferido por la Magistrada de Control de Garantías de la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Barranquilla, dentro del incidente de restitución seguido por Edgardo Manuel Barros Redondo.

En consecuencia, se DEJAN SIN EFECTO la declaración de inexistencia del negocio jurídico efectuado el 27 de mayo de 2002, entre el reclamante Edgardo Manuel Barros Redondo y Hugo León Baena, así como las nulidades absolutas decretadas respecto de las negociaciones subsiguientes, las órdenes de cancelación de las escrituras públicas respectivas y la declaratoria de nulidad de las sentencias civiles ejecutoriadas proferidas el 3 de agosto de 2011 y el 7 de noviembre 2012, por el juzgado Octavo Civil del Circuito y la Sala Civil del tribunal de Barranquilla, respectivamente.

2. NEGAR la solicitud de restitución del Lote 4B ubicado en el municipio de Puerto Colombia, presentada por Edgardo Manuel Barros Redondo.

3. LEVANTAR la medida cautelar de suspensión del poder dispositivo del inmueble, dispuesta por la Magistrada de Control de Garantías en auto del 13 de junio de 2012.

Acorde con ello, la magistrada de control de garantías se encargará de enviar los oficios correspondientes a la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Barranquilla.

4. Compulsar copias de las piezas procesales pertinentes para que se investigue penalmente a Edgardo Manuel Barros Redondo, Lumar Parra González, Johnny Rafael Acosta Garizábalo y Róbinson Alfonso Forero Henríquez, por los delitos en que pudieron incurrir con ocasión del trámite incidental y las declaraciones allí surtidas; así mismo, el Fiscal que sigue el trámite de justicia y paz debe verificar si los dos últimos, postulados dentro de este, han cumplido con su obligación de decir la verdad, para efectos de desvincularlos del mismo.

Contra esta decisión no proceden recursos.

Cópiese, notifíquese y cúmplase».