Auto AP2021-2015/44797 de abril 22 de 2015

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

SALA DE CASACIÓN PENAL

Radicación 44.797

Magistrado Ponente

Dr. Eugenio Fernández Carlier

(Aprobado mediante Acta 139)

Bogotá, D. C., veintidós de abril de dos mil quince

EXTRACTOS: «Consideraciones

Competencia

De conformidad con lo previsto en los artículos 26 y 69 de la Ley 975 de 2005, y 32 de la Ley 906 de 2004, esta Sala es competente para decidir sobre el recurso de apelación interpuesto.

Sobre las medidas de secuestro, embargo y disposición del poder dispositivo.

La Corte ha sostenido que el propósito del proceso establecido en la Ley 975 de 2005, como se consigna en el artículo 1º de la misma, es «facilitar los procesos de paz y la reincorporación individual o colectiva a la vida civil de miembros de grupos armados al margen de la ley, garantizando los derechos de las víctimas a la verdad, la justicia y la reparación».

En ese sentido, el artículo 5º ibídem dispone que «el proceso de reconciliación nacional al que dé lugar la presente ley, deberá promover, en todo caso, el derecho de las víctimas a la verdad, la justicia y la reparación y respetar el derecho al debido proceso y las garantías judiciales de los procesado».

A efectos de que las disposiciones transcritas estén revestidas de contenido de realidad, máxime ante la consideración de que el derecho a la reparación que asiste a los perjudicados por el accionar de los grupos armados ilegales tiene verdadero rango constitucional y supraconstitucional(1), el artículo 17A de la Ley 975 de 2005, adicionado por el artículo 15 de la Ley 1592 de 2012, prevé la posibilidad de extinguir el dominio de los bienes «entregados, ofrecidos o denunciados por los postulados para contribuir a la reparación integral de las víctimas», así como de aquellos «identificados por la Fiscalía General de la Nación en el curso de las investigaciones».

De igual manera, el artículo 17B ibídem, adicionado por el artículo 16 de la Ley 1592 de 2012 precitada, que se transcribe en lo pertinente, establece la viabilidad de afectar con medidas cautelares dichos bienes en los siguientes términos:

«Cuando de los elementos materiales probatorios recaudados o de la información legalmente obtenida por la Fiscalía, sea posible inferir la titularidad real o aparente del postulado o del grupo armado organizado al margen de la ley, respecto de los bienes objeto de persecución, el fiscal delegado solicitará al magistrado con funciones de control de garantías la programación de una audiencia preliminar para la solicitud y decisión de medidas cautelares, a la cual deberá convocarse a la Unidad Administrativa Especial para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas Fondo para la Reparación de las Víctimas. En esta audiencia reservada, el fiscal delegado solicitará sin dilación al magistrado adopción de medidas cautelares de embargo, secuestro o suspensión del poder dispositivo sobre los bienes».

Así las cosas, a partir de las disposiciones reseñadas, es posible colegir que la imposición de medidas cautelares procede respecto de los bienes entregados, ofrecidos o denunciados por los postulados para contribuir a la reparación integral de las víctimas, como también sobre aquellos identificados por la Fiscalía General de la Nación en el curso de las investigaciones, siempre que sea posible inferir que su titularidad, real o aparente, corresponde al postulado o al grupo armado al margen de la ley al cual pertenecía.

Lo anterior, desde luego, en el entendido de que dichas propiedades no carezcan de vocación reparadora, esto es, de acuerdo con el artículo 11C de la Ley 975 de 2005, «la aptitud… para reparar de manera efectiva a las víctimas».

Esta última condición, sin embargo y de acuerdo con lo previsto en el parágrafo del artículo 62 del Decreto 3100 de 2013, no debe examinarse respecto de «los bienes inmuebles rurales» ni de aquéllos «solicitados en restitución por la vía prevista en la Ley 1448 de 2011», pues, como lo discernió la Sala en reciente pronunciamiento, «por razones de política legislativa que corresponden al ámbito de libertad de configuración del legislador… se presume su vocación reparadora»(2).

Resta agregar que la afectación de bienes con las medidas de embargo, secuestro y suspensión del poder dispositivo en el marco del proceso de Justicia y Paz procede incluso sobre bienes respecto de los cuales hayan decretado idénticas medidas cautelares en el curso de un trámite de extinción dominio y, de hecho, aquéllas prevalecen sobre estas.

Es así que, al tenor del artículo 17B, parágrafo 4º, de la Ley 975 de 2005, «una vez decretada la medida, el fiscal que conozca del trámite de extinción de dominio declarará la improcedencia de la acción de extinción de dominio sobre este bien y ordenará a la Dirección Nacional de Estupefacientes, o quien haga sus veces, que ponga de manera inmediata el bien a disposición del Fondo para la Reparación de las Víctimas».

De acuerdo con el anterior marco normativo, la Sala examinará el recurso de apelación impetrado.

Para tal efecto, examinará en primer lugar las alegaciones del recurrente que están relacionadas con la totalidad de los bienes objeto de afectación, para después analizar las censuras vinculadas de manera particular con cada uno de los predios.

En relación con la posibilidad de imponer medidas cautelares sobre bienes objeto de extinción de dominio.

El mandatario judicial de Carlos Mario Jiménez Naranjo sostiene que la imposición de medidas cautelares en el marco del proceso de Justicia y Paz sobre bienes respecto de los cuales se adelanta un trámite de extinción del dominio comporta la vulneración del debido proceso preexistente y, con fundamento en esa consideración, se opone entonces a las pretensiones de la Fiscalía.

En ese sentido, la Sala insiste en que es el propio legislador, concretamente, en el artículo 17B de la Ley 975 de 2005, adicionado por el artículo 16 de la Ley 1592 de 2012, el que de manera expresa e inequívoca autoriza la afectación, por parte de los Magistrados con función de control garantías de las Salas de Justicia y Paz de los Tribunales Superiores de Distrito Judicial, de bienes sobre los que pesan medidas cautelares decretadas en el trámite de extinción de dominio previsto en la Ley 793 de 2002.

En efecto, el parágrafo 4° de la disposición en cita prescribe:

«Cuando los bienes entregados, ofrecidos o denunciados por los postulados estén involucrados en un trámite de extinción del derecho de dominio adelantado en el marco de la Ley 793 de 2002, el fiscal delegado de Justicia y Paz solicitará la medida cautelar sobre el bien. Una vez decretada la medida, el fiscal que conozca del trámite de extinción de dominio declarará la improcedencia de la acción de extinción de dominio sobre este bien y ordenará a la Dirección Nacional de Estupefacientes, o quien haga sus veces, que ponga de manera inmediata el bien a disposición del Fondo para la Reparación de las Víctimas. En este caso, de conformidad con lo establecido en el artículo 11C, los bienes sin vocación reparadora no podrán ingresar al Fondo para la Reparación de las Víctimas».

Claro, entonces, que la existencia de gravámenes sobre los bienes cuya afectación pretende la Fiscalía en esta sede no supone la imposibilidad de acceder a lo solicitado, como tampoco la vulneración de los derechos de quienes se consideren perjudicados como consecuencia de la determinación adoptada.

Además, el trámite previsto en la Ley 795 de 2005 para la solicitud e imposición de las medidas cautelares contempla la posibilidad de que los «terceros que se consideren de buena fe exenta de culpa con derechos sobre los bienes cautelados» se opongan a la solicitud mediante el ejercicio del incidente establecido en el artículo 17C ibídem, en desarrollo del cual aquéllos tienen la posibilidad de aportar las pruebas que estimen necesarias para lograr el levantamiento de las medidas decretadas.

En ese orden, no puede sostenerse que el procedimiento dispuesto en la Ley de Justicia y Paz se ofrezca arbitrario, como tampoco que por esa vía resulten cercenados o limitados los derechos fundamentales de quienes se consideran perjudicados por las determinaciones adoptadas.

Ahora bien, el recurrente alude, como soporte de su argumentación, al auto de agosto 3 de 2011, radicación 36.563, en el que esta Corporación sostuvo que «si el proceso para la extinción del derecho de dominio fue iniciado con antelación a la postulación de los acusados para su sometimiento al trámite de justicia y paz, es claro que ha de estarse a los resultados de aquella vía, como que la misma respeta los cánones del debido proceso preexistente».

Ese criterio, sin embargo, no es aplicable al asunto que ahora se examina.

Ciertamente, asiste razón a la Fiscal al sostener, en la intervención como no recurrente, que esa providencia fue proferida en vigencia del texto original de la Ley 975 de 2005, en el que no se regulaba el trámite de la imposición de medidas cautelares sobre los bienes de los postulados.

No obstante, con la modificación introducida a ese compendio normativo mediante la Ley 1592 de 2012 y según quedó visto en precedencia, se autorizó de manera expresa la afectación de bienes cuya titularidad real o aparente corresponda al postulado, incluso de aquéllos que han sido cautelados en el trámite de que trata la Ley 793 de 2002.

Tanto es así que, en estos eventos, al tenor del artículo 16 de esa codificación, que adicionó el artículo 17B a la Ley de Justicia y Paz, corresponde al Fiscal encargado de la extinción de dominio declarar la improcedencia de esa acción y ordenar que los bienes sean puestos a disposición del Fondo para la Reparación a las Víctimas.

De otro lado, el apoderado judicial de Carlos Mario Jiménez Naranjo soslaya que al criterio plasmado en la providencia citada subyace la preocupación por evitar que «los procesos de extinción del derecho de dominio…se surtan de manera paralela con el de justicia y paz»; situación que queda de plano descartada en la Ley 1592 de 2012, pues, se insiste, de accederse a la imposición de las medidas cautelares, deberá declararse la improcedencia de la acción establecida en la Ley 793 de 2002.

Incluso de admitirse, sólo en gracia de discusión, que la jurisprudencia invocada es aplicable al presente asunto a pesar del cambio normativo aludido, lo cierto es que el apelante pasa por alto que, de acuerdo con el criterio allí sostenido, debe darse prelación al trámite de extinción del dominio ordinario sobre el de Justicia y Paz sólo si el primero «fue iniciado con antelación a la postulación de los acusados para su sometimiento al trámite de justicia y paz».

Ese presupuesto no concurre en el caso en examen, como quiera que de la simple revisión de las carpetas contentivas de las diligencias se observa que la postulación de Carlos mario jiménez naranjo se perfeccionó el 15 de agosto de 2006 (f. 1, c. 1), mientras que el proceso de extinción de dominio que se adelanta sobre los bienes, identificado con el radicado 3235, fue iniciado el 3 de septiembre de 2007 (f. 14, c. 1), esto es, más de un año después.

Adicionalmente, la Sala observa que el recurrente no hizo ningún esfuerzo argumentativo por acreditar las razones por las cuales, en su criterio, dar prelación a las medidas cautelares ordenadas en el proceso de Justicia y Paz sobre las ordenadas en el proceso de extinción de dominio supone, en el caso concreto y no de manera genérica y abstracta, la afectación del derecho al debido proceso de su representado.

Así, aunque en la sustentación de la alzada sostuvo que debe respetarse el procedimiento anterior porque allí se garantizan el debate y la controversia probatoria, no explicó por qué esos derechos resultan menoscabados en el procedimiento previsto en la Ley 975 de 2005.

En suma, la Sala no encuentra razones para afirmar que la determinación recurrida, en cuanto impuso medidas cautelares sobre bienes que son objeto de extinción del dominio, comporta la vulneración del debido proceso, por lo tanto, las alegaciones que en este sentido elevó el opugnador deberán desestimarse.

Sobre las dificultades en la administración de los bienes encargados al Fondo para la Reparación a las Víctimas.

Con similar orientación argumentativa, el apelante alega que el Fondo para la Reparación a las Víctimas ha incurrido en ostensibles fallas en la administración de los bienes a su cuidado que han dado lugar a que varios de ellos se pierdan, extravíen o deterioren.

Por ende, considera que debe permitirse que la situación jurídica de los predios sea decidida en el trámite de extinción de dominio y no deben decretarse las medidas cautelares reclamadas en esta sede.

Ese argumento, que no es jurídico sino de conveniencia, carece absolutamente de relevancia en la resolución de la alzada, como quiera que, de acuerdo con el artículo 230 de la Carta Política, «los jueces, en sus providencias, sólo están sometidos al imperio de la ley».

En ese orden, a efectos de establecer la viabilidad de imponer las medidas cautelares sobre los bienes presentados por la Fiscalía, no corresponde a los juzgadores evaluar la utilidad o bondad de esa determinación, sino discernir la satisfacción de los requisitos establecidos para dicho efecto en el artículo 17B de la Ley 975 de 2005.

En consecuencia, a efectos de controvertir la decisión recurrida, el apelante debe derruir los fundamentos fácticos, probatorios y jurídicos que le dan soporte, no mediante apreciaciones personales atinentes al provecho o perjuicio que reporta la decisión, sino mediante consideraciones de orden jurídico vinculadas con el asunto que se debate.

En todo caso, el recurrente ni siquiera acreditó la realidad de las alegaciones elevadas en este ámbito, en cuyo soporte no allegó ningún elemento probatorio que permita tenerlas por ciertas, de modo que se trata en últimas de apreciaciones personales del mandatario judicial del postulado.

Tampoco desde esta perspectiva, entonces, la Sala encuentra razones para revocar el auto de primera instancia.

En cuanto a los predios afectados en concreto

El recurrente censura la decisión de primera instancia con soporte en tres argumentos que conviene presentar de manera discriminada.

i) Sostiene, en relación con los bienes cuya titularidad aparece registrada a nombre de León Darío Isaza Villegas, que la afectación de los mismos está soportada únicamente en la circunstancia de que el profesional del derecho que lo representa en los trámites de extinción de dominio es el mismo que en el presente asunto funge como mandatario de Carlos mario jiménez naranjo.

Agrega que la labor investigativa de la Fiscalía fue precaria y que Isaza Villegas fue citado a una entrevista días antes de la realización de la audiencia preliminar, de manera precipitada para hacer parecer inverosímil su dicho.

ii) Manifiesta, en punto a los predios registrados a nombre de Rosa Edelmira Luna Córdoba, que ésta, contrariamente a la comprensión de la a quo, sí demostró tener la capacidad económica para adquirirlos con recursos propios, tanto así, que el 11 de diciembre de 2009 fue favorecida con la preclusión de la investigación que se le seguía, radicada 5591, como posible autora de los delitos relaciones con narcotráfico y concierto para delinquir.

Por igual razón considera que no deben concederse las medidas cautelares sobre los bienes que Luna Córdoba transfirió a su hijo Andrés Felipe Carrillo Luna, pues fueron adquiridas de manera lícita y enajenadas a aquél para garantizar su sostenimiento futuro, en tanto se trata de un joven con algún tipo de discapacidad.

iii) En lo que tiene que ver con los restantes predios, alega que la imposición de las medidas cautelares se fundamentó únicamente en conjeturas y suposiciones que no fueron acreditadas.

En ese sentido, indica que la prueba de los vínculos de parentesco entre el postulado y los propietarios de los bienes no resulta suficiente para sustentar una medida de esa naturaleza.

Sintetizados así los argumentos que fundamentan la alzada, la Sala se ocupa seguidamente de examinarlos.

1. Los bienes registrados a nombre de León Darío Isaza Villegas

1.1 De acuerdo con la presentación efectuada por la Fiscalía, son cinco los predios que aparecen registrados a nombre de León Darío Isaza Villegas y que comparten una misma situación de hecho, en concreto, las fincas i) “La Guaca”, identificada con matrícula inmobiliaria 290 – 31982; ii) “El Pajui”, identificado con matrícula inmobiliaria 290 – 31363; iii) “La Margarita”, identificado con matrícula 209 -12065; iv) “La Meseta”, con matrícula 290 - 34334 y v) el lote de terreno identificado con matrícula 290 – 37898, todos ellos ubicados en Pereira.

A efectos de acreditar que la titularidad real de esos predios pertenece a Carlos Mario Jiménez Naranjo la peticionaria alegó que esos inmuebles fueron adquiridos, cuando todavía era menor de edad, por Andrés Felipe Carrillo Luna, hijo de Rosa Edelmira Luna Córdoba, quien es la compañera sentimental del postulado.

De igual modo, precisó que fueron posteriormente enajenados a Isaza Villegas, quien, aunque no tiene vinculación conocida con las A.U.C., fue entrevistado y no estuvo en capacidad de ofrecer explicaciones creíbles y coherentes sobre la forma y las razones por las cuales adquirió esas propiedades.

Agregó que un indicio adicional sobre la titularidad real de las fincas es que el nombrado Isaza Villegas es representado en los procesos de extinción de dominio por el mismo profesional del derecho que en este asunto representa los intereses de Carlos Mario Jiménez Naranjo.

1.2 Como soporte de esas alegaciones, la Fiscalía aportó los siguientes medios de conocimiento:

A) Certificados de libertad y tradición, en los que se observa que los bienes son propiedad de Isaza Villegas, quien los adquirió de Carrillo Luna (f. 8, c. 12; f. 9, c. 13; f. 10, c. 14; f. 8, c. 15; f. 9, c. 16).

B) Copia de la escritura pública No. 1550 de junio 3 de 2003, por medio de la cual Carrillo Luna, a través de agente oficioso, compró los inmuebles de Fabio Tamayo Betancurt y Blanca Nidia García Ospina por valor de $467.140.000 (f. 11, c. 12).

C) Copia de la escritura pública No. 2406 de febrero 28 de 2007, a través de la cual Carrillo Luna vendió los bienes a Isaza Villegas, por un precio total de $550.000.000 (f. 23, c. 12).

D) Registro civil de nacimiento de Carrillo Luna, donde se observa que nació el 25 de mayo de 1986, hijo de Rosa Edelmira Luna Córdoba (f. 69, c. 12).

E) Registro civil de matrimonio de Rosa Edelmira Luna Córdoba, en el que consta que contrajo nupcias con Carlos Mario Jiménez Naranjo el 10 de mayo de 2000 (f. 60, c. 12).

F) Declaración juramentada rendida por Isaza Villegas el 17 de septiembre de 2014, en la que éste fue indagado sobre las condiciones de la compra de los predios.

Dijo, en esa oportunidad, ser abogado litigante. Señaló que sólo declara renta desde que adquirió los bienes, pues antes de ello no «le daban los topes para declarar». Explicó que los adquirió a través de un comisionista a quien identificó como Aníbal García, sin datos de contacto, por valor de $680.000.000, de los cuales sólo pagó $280.000.000 – en efectivo - pues las fincas fueron embargadas por la Fiscalía.

Aseveró que sólo ha ido a los predios una vez, antes de comprarlos, pues como no terminó de pagar el precio pactado, las mismas no le fueron materialmente entregadas. De igual manera, que los recursos para celebrar el negocio los adquirió en parte de ahorros propios y en parte de préstamos efectuados por distintas personas, los cuales garantizó con títulos valores.

Concluyó que el abogado Francisco Salazar es quien lo representa en el proceso de extinción de dominio que se adelanta sobre los bienes, como también que sus honorarios son pagados por Carrillo Luna (fs. 92 a 96, c. 12).

G) Declaración rendida por Rosa Edelmira Luna Córdoba el 17 de abril de 2007, en la que explicó que sus recursos provienen de actividades comerciales propias y lícitas, como también que sus hijos han ganado en dos ocasiones la lotería del Quindío.

Adujo que convivió con Carlos Mario Jiménez Naranjo desde 1989 hasta 2001, fecha en la que tuvo conocimiento de su vinculación con las A.U.C., y admitió que la sociedad conyugal entre ellos sigue vigente (fs. 100 a 104, c. 12).

1.3 Se advierte de entrada que, contrariamente a lo alegado por el apelante, la pretensión de la Fiscalía sobre las fincas registradas a nombre de Isaza Villegas no se soportan exclusivamente en el hecho de que el apoderado de aquél sea el mismo abogado que representa a Carlos Mario Jiménez Naranjo.

Por el contrario, fueron aportados varios medios de prueba que sustentan los argumentos de la peticionaria, los cuales fueron valorados por la a quo y el recurrente no controvirtió.

Ciertamente, el apelante no cuestionó las conclusiones del despacho en cuanto coligió que a partir de esos medios de prueba es posible inferir que la titularidad real del predio corresponde a Carlos Mario Jiménez Naranjo.

Tampoco cuestionó las inferencias efectuadas por la Fiscalía en el sentido de que las explicaciones otorgadas por Isaza Villegas en punto a las condiciones del negocio y la forma en que adquirió los predios no son satisfactorias y llevan a inferir que no los obtuvo para sí con recursos propios.

Nada dijo sobre las explicaciones rendidas por Luna Córdoba respecto del origen de sus bienes, ni cuestionó la conclusión según la cual fue ella misma quien, con recursos provenientes de Carlos Mario Jiménez Naranjo, adquirió las fincas para registrarlas a nombre de su hijo.

Lo que es más, el opugnador no cuestiona el fundamento probatorio de la determinación en cuanto se conoció que la sociedad conyugal entre Luna Córdoba y el postulado se encontraba vigente para el momento en que aquélla rindió declaración.

En síntesis, el apoderado del incriminado no atacó los fundamentos probatorios, fácticos ni jurídicos de la determinación, sino que se limitó a aseverar, en contravía de la realidad procesal, que la misma se soporta en un único hecho indicador.

1.4 Dicho lo anterior, la Sala encuentra que asistió razón a la juzgadora al imponer las medidas cautelares reclamadas sobre los inmuebles registrados a nombre de Isaza Villegas, pues las pruebas allegadas por la Fiscalía demuestran, cuando menos en el grado de inferencia exigido en el artículo 17B de la Ley 795 de 2005, que los mismos pertenecen en realidad a CArlos Mario Jiménez Naranjo.

Ciertamente, el propietario aparente admitió no haber ejercido actos de posesión y dominio sobre los terrenos y, aunque atribuyó esa situación a que los mismos no le fueron entregados, en la escritura de compraventa se consigna que en la misma fecha en que ésta se suscribió, se llevó a cabo la entrega material de los predios (f. 25, c. 12).

A lo anterior se suma que el propio Isaza Villegas admitió carecer de la capacidad económica para comprar las fincas, pues dijo que antes de su adquisición no declaraba renta y sostuvo que, aunque ejerce la profesión de abogado, se sostiene económicamente «con los bienes de Pereira» (f. 92, c. 12); explicación que entra en contradicción con su propio dicho según el cual las fincas nunca fueron puestas a su disposición y no las explota.

Desde luego, la valoración de las manifestaciones de Isaza Villegas no puede estar determinada por la fecha en que fueron acopiadas ni la manera “apresurada” en la que supuestamente se obtuvieron, pues ello nada tiene que ver con su contenido ni con la apreciación que se haga de ellas en contexto con el restante acervo probatorio.

En suma, los medios cognoscitivos aludidos en precedencia llevan a inferir que Isaza Villegas nunca se hizo, en realidad, a la propiedad de los inmuebles.

La relación de los predios con CArlos Mario Jiménez Naranjo se constata al observarse que los mismos fueron adquiridos por el hijo de su esposa cuando tenía 17 años de edad, por un precio considerable; situación permisiva de inferir que los recursos provinieron de la progenitora, quien para entonces estaba casada con el postulado y tenía sociedad conyugal vigente con él.

Así las cosas, a juicio de la Sala se encuentran satisfechos los requisitos probatorios mínimos exigidos para mantener la imposición de las medidas cautelares, de modo que en este punto la decisión recurrida será confirmada.

2. Los bienes registrados a nombre de Rosa Edelmira Luna Córdoba.

Fueron presentados por la Fiscalía como bienes registrados a nombre de la esposa de CArlos Mario Jiménez Naranjo el lote urbano ubicado en la carrera 42 No. 34 – 15 de Medellín, identificado con matrícula 001 – 161858, y la hacienda “San Carlos”, identificada con matrícula inmobiliaria 015 – 3055, ubicada en Tarazá.

En desarrollo de la solicitud de afectación del primer predio, la Fiscalía argumentó que entre Luna Córdoba y CArlos Mario Jiménez Naranjo, según lo admitió aquélla, todavía subsiste la sociedad conyugal y adquirieron bienes conjuntamente.

Así mismo, que aunque la nombrada intentó justificar el origen de su fortuna aduciendo que realiza negocios lícitos, lo cierto es que sus explicaciones no son satisfactorias porque el crecimiento de su patrimonio ha sido totalmente desproporcionado, de modo que, aunque es posible que algunas de sus propiedades tengan origen legal, es claro que otras fueron adquiridas con recursos del postulado.

En relación con la hacienda “San Carlos”, la peticionaria explicó que fue comprada por Luna Córdoba del propio Carlos Mario Jiménez Naranjo, lo que permite inferir que el bien no ha salido del dominio de éste, pues entre ellos aún existe sociedad conyugal.

2.1 La Fiscalía aportó, como soporte de esas alegaciones, los siguientes medios de prueba:

A) Certificados de libertad y tradición en donde consta que el primer predio pertenece formalmente a Luna Córdoba y a sus hijos Andrés Felipe y Paula Andrea Luna Carrillo, mientras que el segundo es propiedad de aquélla (f. 12, c. 5; f. 7, c. 7).

B) Escritura pública No. 6075 de 29 de septiembre de 2000, por medio de la cual Luna Córdoba compró de CArlos Mario Jiménez Naranjo la hacienda “San Carlos” (f. 14, c. 7).

C) Registro civil de matrimonio de Rosa Edelmira Luna Córdoba, en el que consta que contrajo nupcias con CArlos Mario Jiménez Naranjo el 10 de mayo de 2000 (f. 54, c. 5).

D) Registros civiles de nacimiento de Andrés Felipe y Paula Andrea Carrillo Luna, que acreditan su parentesco en primer grado con Luna Córdoba (fs. 56 y 58, c. 5).

E) Declaración rendida por Rosa Edelmira Luna Córdoba el 17 de abril de 2007, cuyo contenido fue reseñado por la Sala en precedencia.

F) Entrevista rendida el 18 de junio de 2014 por Israel Antonio García, quien, según se conoció, ocupa actualmente la hacienda “San Carlos”.

El nombrado afirmó que se encuentra allí en razón del contrato de arriendo celebrado con «un señor Luis», quien «según (le) dijeron es el administrador de las fincas de alias Macaco» (fs. 82 a 84, c. 7).

2.3 A juicio de la Sala, los elementos de conocimiento aportados por la Fiscalía satisfacen la carga probatoria exigida en el artículo 17B de la Ley 975 de 2005 para acreditar que la titularidad real de los bienes corresponde a CArlos Mario Jiménez Naranjo y, por lo mismo, para afectarlos con las medidas cautelares de embargo, secuestro y suspensión del poder dispositivo.

De una parte, porque la propia Luna Córdoba admitió que sostiene aún sociedad conyugal con el postulado, de modo que es claro que existe entre ellos una comunión de bienes; conclusión que se afianza al constatarse que la nombrada admitió que adquirieron conjuntamente algunas propiedades.

Además, la Corte, a diferencia del apelante, no encuentra satisfactorias las explicaciones de Luna Córdoba sobre el origen de su fortuna, pues aunque dijo haberse dedicado desde el año 1.978 al comercio de «motores fuera de borda» y tener ingresos mensuales de $130.000.000, el medro de su patrimonio es irrazonable, al punto que el lote urbano ubicado en la carrera 42 No. 34 – 15 de Medellín – sólo uno de varios que dijo tener - está avaluado, según consta en informe de investigador de campo de 18 de julio de 2014, en $13.600.000 (f. 105, c. 5).

De otra parte, se observa que buena parte de las inversiones que Luna Córdoba admitió haber realizado y sus actividades comerciales se materializaron en el período de convivencia con CARLOS MARIO JIMÉNEZ NARANJO, iniciado, según la declarante, en 1987. Tanto es así, que la declarante afirmó haber empezado a declarar renta en 1.990 – tres años después de su unión con el postulado – aun cuando dijo haberse dedicado exitosamente al comercio desde 1.978.

Lo anterior demuestra que buena parte del incremento patrimonial de Luna Córdoba se dio de manera contemporánea a la vinculación con el incriminado, lo que demuestra, al menos a modo de inferencia, que estuvo determinado las actividades criminales de este último.

Se observan además contradicciones relevantes en las explicaciones de Luna Córdoba, pues aunque dijo que su patrimonio asciende a $2.700.000.000, sólo los bienes presentados en este asunto que figuran a su nombre están avaluados en aproximadamente $14.000.000.000 (f. 105, c. 5; f. 105, c. 7).

De otra parte y en lo que tiene que ver con la Hacienda “San Carlos”, que fue vendida por CARLOS MARIO JIMÉNEZ NARANJO a Luna Córdoba, es claro que esa transacción, aunque comporta el desplazamiento aparente o formal de la propiedad hacia aquélla, no implicó la verdadera cesión del derecho de dominio, pues el negocio se celebró en el año 2000, fecha para la cual ya habían contraído matrimonio y sostenían una comunidad de bienes que, como ya se indicó, aún subsiste.

Resta agregar que la preclusión decretada a favor de Luna Córdoba en la investigación que se le seguía como posible autora de los delitos de tráfico de estupefacientes y concierto para delinquir no enerva la inferencia sobre la titularidad real de los predios.

En primer lugar, porque nada tiene que ver su responsabilidad penal con las consideraciones que sustentan la imposición de las medidas cautelares, las cuales no están referidas a su posible participación en la comisión de delitos, sino a la vinculación de sus propiedades con CARLOS MARIO JIMÉNEZ NARANJO y las A.U.C.

De otra, porque en todo caso la existencia de esa decisión favorable a Luna Córdoba no fue demostrada por el interesado, quien simplemente afirmó realidad pero no aportó ningún medio de conocimiento que dé cuenta de ella.

En síntesis, acreditada la exigencia probatoria establecida en el artículo 17B de la Ley 975 de 2005 sobre la titularidad real de los inmuebles, la decisión recurrida será también confirmada en este punto.

3. En relación con los restantes predios.

El apelante aduce que las medidas cautelares sobre los otros predios fueron impuestas con soporte en especulaciones y conjeturas que no fueron demostradas por la Fiscalía, pues la actividad investigativa de ésta se limitó a demostrar vínculos de parentesco entre CARLOS MARIO JIMÉNEZ NARANJO y los propietarios de los inmuebles.

En esa comprensión, la Sala examina seguidamente si le asiste razón en ello al recurrente o si, por el contrario, fueron acreditadas las exigencias normativas previstas en el artículo 17B de la Ley 975 de 2005 para decretar las medidas cautelares reclamadas en el presente asunto.

3.1. El inmueble urbano registrado a nombre de Juan Carlos Jiménez Luna.

Fue afectado con medidas cautelares el predio urbano identificado con matrícula inmobiliaria 001 – 316493, ubicado en el municipio de Medellín.

La Fiscalía explicó que ese bien aparece registrado a nombre de Juan Carlos Jiménez Luna, hijo de CArlos Mario Jiménez Naranjo y Rosa Edelmira Luna Córdoba, quien lo adquirió de Luis Alberto Rojas Mesa por $906.000.000 cuando tenía 10 años de edad.

Adujo que el elevado valor de la transacción y la precaria edad de Jiménez Luna para entonces permiten colegir que los recursos utilizados para ello no eran propios sino del postulado, máxime que Luis Alberto Rojas Mesa, en otras ocasiones, ha fungido como intermediario para comprar bienes a nombre de otros miembros del grupo familiar de aquél.

3.1.2. Los medios de prueba que soportan la solicitud de la Fiscalía son los siguientes:

A) Certificado de libertad y tradición, mediante el cual se acredita que el propietario del bien es Juan Carlos Jiménez Luna, quien lo compró de Luis Alberto Rojas Mesa (f. 10, c. 1).

B) Escritura pública 2077 de 28 de febrero de 2005, que contiene ese negocio (f. 9, c.1).

C) Registro civil de nacimiento de Jiménez Luna, donde consta que es hijo de CArlos Mario Jiménez Naranjo y Rosa Edelmira Luna Córdoba, como también que nació el 27 de abril de 1994 (f. 62, c. 1).

D) Varios documentos en los que consta que Roberto Jiménez Escobar y Carmen Liliana Pérez Giraldo, hermano y cuñada del postulado, adquirieron un inmueble ubicado en el municipio de Caucasia y pidieron que el mismo fuera registrado a nombre de Luis Alberto Rojas Mesa (fs. 57 a 59, c. 1).

3.1.3. Se advierte de entrada que no le asiste razón al recurrente al afirmar que la inferencia de titularidad del predio se fundamentó exclusivamente en el vínculo de parentesco existente entre el propietario y CArlos Mario Jiménez Naranjo, pues fueron aportados otros medios de conocimiento que la sustentan.

De todas maneras, ocurre que en relación con este predio sí resulta suficiente la comprobación de que el dueño aparente es su hijo, quien lo adquirió por una importante suma de dinero cuando apenas alcanzaba 10 años de edad, para inferir que el verdadero dueño del bien es el postulado, pues no de otra forma se explica el origen de los recursos utilizados por el menor para celebrar el negocio.

A fortalecer esa inferencia concurre el indicio, demostrado en las diligencias, de que quien vendió a Jiménez Luna el terreno ha intervenido en otras negociaciones con miembros del núcleo familiar de CARLOS MARIO JIMÉNEZ NARANJO; situación que en sí misma resultaría insuficiente para fundamentar la imposición de las medidas, pero que valorada en contexto con las restantes pruebas aportadas permite colegir que aquél es el real titular del mismo.

En ese orden, la Sala encuentra que la decisión de la a quo en tanto impuso las medidas cautelares sobre este predio es acertada y debe entonces ser confirmada.

3.2. El apartamento 307 del edificio “Jardín de los Laureles”. El parqueadero 270 y el depósito 199 de esa edificación.

La Fiscalía pidió y obtuvo de la a quo la afectación del apartamento 307 del edificio “Jardín de los Laureles”, identificado con matrícula 001 – 774251, ubicado en Medellín, así como del parqueadero 270 y el depósito 199 de ese edificio, identificados con matrículas 001 – 769656 y 001 – 774315, respectivamente.

Adujo, en soporte de esa solicitud, que dichos bienes pertenecen a Roberto Jiménez Naranjo, hermano del postulado.

Indicó que la vinculación de los bienes de aquél con su hermano CARLOS MARIO JIMÉNEZ NARANJO se hace evidente al constatarse que le fue conferido por un poder general para la administración de sus propiedades, pero además, que el desmovilizado Sena Pico, en declaración rendida el 16 de junio de 2014, aseveró que participaba activamente en el manejo de los bienes del Bloque Central Bolívar.

3.2.2. Como pruebas para sustentar esas afirmaciones la Fiscalía presentó las siguientes:

A) Certificado de libertad y tradición en el que consta que Roberto Jiménez Naranjo es el propietario de los bienes (f. 8, c. 2; f. 8, c. 3 f. 8, c. 4).

B) Escritura 2763 de noviembre 21 de 2007, por medio de la cual CArlos Mario Jiménez Naranjo confirió poder general a Roberto Jiménez Naranjo y otros para administrar sus bienes y manejar todas sus propiedades (f. 51, c. 2).

C) Nota periodística publicada en la revista Semana en la que se alude a los vínculos de Roberto Jiménez Naranjo con las A.U.C.

D) Grabación de la declaración rendida por el desmovilizado Sena Pico el 16 de junio de 2014, en la que señaló a Roberto Jiménez Naranjo como una de las personas encargadas del manejo legal de las propiedades del Bloque Central Bolívar.

3.2.3. La Sala estima que el hecho de que CArlos Mario Jiménez Naranjo haya conferido poder a Roberto Jiménez Naranjo no significa que sea el verdadero propietario de los bienes afectados con medidas cautelares en esta sede.

Lo anterior, pues dicho poder fue otorgado con posterioridad a la compra que Roberto Jiménez Naranjo hizo de los predios, perfeccionada, según se observa en el certificado de libertad y tradición, el 31 de agosto de 2004. Además, la condición de apoderado del postulado no permite inferir que todos los bienes registrados a nombre de Roberto Jiménez Naranjo pertenezcan a aquél.

Tampoco la nota periodística aportada lleva a sostener que Roberto Jiménez Naranjo tenía vínculos con la organización criminal que comandaba su hermano, pues se trata de una pieza de información noticiosa no comprobada que carece de mérito suasorio suficiente para sustentar una conclusión de esa naturaleza.

No obstante, lo dicho por Sena Pico en el sentido de que Roberto Jiménez Naranjo fungía como administrador de los bienes de la organización sí lleva a inferir que la titularidad de los predios corresponde en realidad a CArlos Mario Jiménez Naranjo o, cuando menos, a miembros de las A.U.C.

Ello se debe, de una parte, a que el nombrado Sena Pico hacía parte de la estructura delincuencial y, en tal condición, tiene conocimiento personal sobre los hechos relatados. De otra, a que el contenido de su declaración no fue controvertido por la defensa del postulado ni se ofrecieron argumentos o medios de prueba que conduzcan a restarle credibilidad.

Las consideraciones precedentes resultan suficientes para confirmar en este punto el auto de primera instancia.

3.3. El predio denominado “Lote 1”.

Se trata del bien inmueble identificado con matrícula inmobiliaria 015 – 15769, ubicado en el municipio de Tarazá, propiedad de la sociedad Casa del Ganadero S.A.

La Fiscalía adujo que los miembros de la junta directiva de esa sociedad son desmovilizados o pertenecen al grupo familiar de CARLOS MARIO JIMÉNEZ NARANJO, lo que permite inferir que la titularidad real del bien pertenece a aquél o a integrantes de las A.U.C.

3.2.1. En sustento de las alegaciones aportó:

A) Certificado de libertad y tradición donde consta que la propiedad del bien está registrada a nombre de la sociedad Casa del Ganadero S.A. (f. 6, c. 6).

B) Certificado de existencia y representación legal de esa persona jurídica, en el que se observa que son miembros de la junta directiva, entre otros, Rosa Edelmira Luna Córdoba, Jairo Humberto Velásquez López, al tiempo que como revisor fiscal se desempeña Álvaro Javier Ossa Ayala (fs. 36 y siguientes, c. 6).

C) Hoja de vida de Justicia y Paz de Jairo Humberto Velásquez López, en la que se aprecia que se desmovilizó del Bloque Central Bolívar de las A.U.C. el 12 de diciembre de 2005 (f. 41).

D) Documento en el que se observa la inclusión de Álvaro Javier Ossa Ayala en la lista de personas bloqueadas comúnmente denominada “Lista Clinton” (f. 42, c. 6).

E) Declaración rendida por Rosa Edelmira Luna Córdoba el 17 de abril de 2007, de contenido ya esbozado.

3.2.2. La Sala estima que la decisión de la a quo en este punto fue acertada, pues, contrariamente a lo sostenido por el apelante, la inferencia sobre la titularidad real del bien no está fundamentada exclusivamente en la relación de parentesco con CArlos Mario Jiménez Naranjo, sino en varios medios de conocimiento que permiten llegar a esa conclusión.

Ciertamente, que uno de los miembros de la junta directiva de la sociedad perteneciera a la organización criminal que lideraba el postulado constituye un hecho indicador relevante que apunta a construir la inferencia sobre la propiedad real del bien.

Igual ocurre con la participación de Luna Córdoba, esposa del incriminado, en la conformación y dirección de la sociedad, pues como ya se dijo, aquélla aún sostiene una relación conyugal con aquél y las explicaciones sobre el incremento de su fortuna no se ofrecen satisfactorias.

La inclusión de Ossa Ayala en la “Lista Clinton” no constituye un indicio particularmente relevante, pues se desconocen las razones por las que se encuentra en esa situación, pero tampoco enerva la inferencia construida por la a quo.

En todo caso, en el certificado de existencia y representación legal se observa que la empresa Casa del Ganadero S.A. fue constituida el 27 de mayo de 2002; información parcialmente ratificada por Luna Córdoba, quien sostuvo que «fue comenzada en el 2000 con trescientos cincuenta millones de pesos». Lo relevante, en cualquier caso y con independencia de la divergencia en las fechas, es que para entonces la nombrada sostenía una relación de pareja con CArlos Mario Jiménez Naranjo, en razón de la cual se perfeccionó la unidad de bienes que aún persiste.

Así, el apelante no ofrece argumentos que convenzan a la Sala sobre el desacierto de la decisión de primera instancia, que por lo mismo será confirmada en este aspecto.

3.4. El inmueble “San Felipe”.

El inmueble denominado “San Felipe”, ubicado en Tarazá e identificado con matrícula inmobiliaria 015 – 31662, fue igualmente afectado con las medidas cautelares reclamadas.

La Fiscalía alegó que ese bien está registrado a nombre de Mario Jiménez Escobar, padre del postulado, de quien afirmó que si bien no tiene vínculos comprobados con las A.U.C., es claro que no tiene independencia patrimonial respecto de su hijo.

Lo anterior, pues en anteriores ocasiones se ha beneficiado de la explotación de propiedades adquiridas por personas vinculadas al Bloque Central Bolívar y, además, no se opuso ni siquiera a la iniciación del trámite de extinción de dominio que se adelanta sobre ese inmueble.

Agregó que la persona que actualmente ocupa el predio no explicó satisfactoriamente las razones por las cuales se encuentra allí y ejerce la tenencia sobre el mismo.

3.4.1. En sustento de las afirmaciones aportó:

A) Certificado de libertad y tradición que acredita que el propietario registrado es Mario Jiménez Escobar (f. 6, c. 8).

B) Escritura pública No. 156 de mayo 26 de 1997, contentiva de la compraventa celebrada entre Jiménez Escobar y Álvaro Rafael Parra Colón (f. 8, c. 8).

C) Registro civil de nacimiento de CArlos Mario Jiménez Naranjo, a través del cual se acredita que su padre es Mario Jiménez Escobar (f. 36, c. 8).

D) Entrevista rendida el 18 de junio – no se precisa el año – por Elena Prisco Marulanda, actual tenedora del bien.

La nombrada dijo haberlo ocupado por seis años, luego de que el anterior ocupante, «Juan Ruiz», le vendiera «el surtido» por un valor de $15.000.000.

Afirmó que no conoce a ninguna de las personas que aparecen en el certificado de libertad y tradición, entre ellas, Mario Jiménez Escobar (fs. 39 y 40, c. 8).

E) Documentos en los que consta que el canon de arrendamiento correspondiente al predio adquirido en Caucasia por Luis Alberto Rojas Mesa como intermediario de Roberto Jiménez Naranjo y Carmen Liliana Pérez Giraldo era recibido por Mario Jiménez Escobar (fs. 57 y 58, c. 8).

F) Emplazamiento publicado por la Fiscalía 13 de la Unidad de Extinción de Dominio en el proceso radicado 3235 E.D., mediante el cual se cita, entre otros, a Mario Jiménez Escobar para que comparezca a la actuación y ejerza el derecho de contradicción (f. 59, c. 8).

3.4.2. La Sala estima que no le asiste razón al apelante al sostener que no existen elementos de conocimiento suficientes para inferir que la titularidad real del mismo corresponde a CARLOS MARIO JIMÉNEZ NARANJO o a miembros de las A.U.C.

La Fiscalía aportó elementos cognoscitivos a partir de los cuales se tiene acreditado que Mario Jiménez Escobar ha usufructuado, en otras ocasiones, bienes de propiedad de su hijo Roberto Jiménez Naranjo, de quien, como ya se indicó, la Fiscalía acreditó que tenía vínculos con la organización criminal que lideraba el postulado.

Así, puede inferirse, como lo sostiene la Fiscalía, que entre Jiménez Escobar y algunos miembros del Bloque Central Bolívar no existe verdaderamente independencia económica.

A soportar esa conclusión concurre lo dicho por la actual tenedora del feudo, Elena Prisco Marulanda, quien fue incapaz de ofrecer explicaciones satisfactorias sobre las razones de hecho y de derecho por las cuales lo ocupa. Su dicho, además, permite afirmar que el propietario inscrito no ha ejercido actos de señor y dueño sobre la propiedad y no lo explota.

La defensa alegó que ello se debe a que Mario Jiménez Escobar falleció un año después de haber comprado el bien, pero esa aseveración contraviene el acervo probatorio que obra en la carpeta contentiva de las diligencias.

En efecto, la adquisición del bien se materializó el 24 de junio de 1997 mediante el registro de la escritura pública de compraventa (f. 6, c. 8) y se cuenta con la comunicación dirigida por Alberto Rojas Mesa a una funcionaria del Banco Santander, fechada 14 de junio de 2005, en la que pide que el canon de arrendamiento de un inmueble sea consignado a Mario Jiménez Escobar (f. 58, c. 8).

Es claro, entonces, que el nombrado estaba vivo para el año 2005, o lo que es igual, que no falleció en el año inmediatamente siguiente a la compra del predio “San Felipe”. En consecuencia, el omitido ejercicio de actos de señorío sobre el bien no puede atribuirse a su supuesto deceso.

El recurrente también adujo, al oponerse a la imposición de medidas cautelares sobre el inmueble, que Mario Jiménez Escobar se desempeñó durante varios años en el negocio de los productos cárnicos, pero no aportó ninguna prueba para soportar esa afirmación.

Si bien Mario Jiménez Escobar no se opuso al inicio del trámite de extinción de dominio, la Sala estima que ello no constituye un hecho indicador relevante para soportar la imposición de las medidas cautelares, pues ello pudo deberse a razones de distinta índole, pero tampoco debilita la inferencia sobre la titularidad real de la propiedad.

En síntesis, como los medios de conocimiento allegados por la peticionaria resultan suficientes para sostener, al menos en el grado de conocimiento exigido por el artículo 17B de la Ley 795 de 2005, que el predio “San Felipe” pertenece en realidad a CARLOS MARIO JIMÉNEZ NARANJO o a miembros de las A.U.C., el auto de primer grado será confirmado en este punto.

3.5. Apartamento 102 del edificio “La Cascada” y los parqueaderos 23 y 26 de esa edificación.

Finalmente, la Fiscalía pidió la afectación del apartamento 102 del edificio La Cascada, ubicado en Pereira, así como de los parqueaderos 23 y 26 de ese edificio; bienes identificados con los números de matrícula 290 – 82271, 290 – 82264 y 290 – 82267, respectivamente.

Explicó que esos inmuebles están registrados a nombre de María Isabel Jiménez Naranjo, hermana de CArlos Mario Jiménez Naranjo, pero que éste es el verdadero titular de los mismos.

De igual modo, que en el trámite de extinción de dominio que se adelanta sobre esos predios la nombrada indicó que obtuvo los recursos para adquirirlos de un crédito hipotecario y de la venta de un establecimiento de comercio. No obstante, dicho préstamo fue solicitado y aprobado años después de la compra, mientras que el establecimiento de comercio fue enajenado por sólo $500.000.

A lo anterior se suma que la persona que ocupa el apartamento en condición de arrendataria, al ser entrevistada, dijo tener conocimiento de que el bien «había sido de Macaco».

3.5.2. En sustento de lo anterior, la peticionaria aportó las siguientes pruebas:

A) Certificados de libertad y tradición en los que se observa que la propietaria registrada del apartamento y los parqueaderos es María Isabel Jiménez Naranjo (f. 7, c. 9; f. 7, c.10; f. 6, c. 11).

B) Escritura pública de compraventa No. 2045 de mayo 12 de 2003, suscrita por María Isabel Jiménez Naranjo, por valor de $113.938.999 (f. 10, c. 9).

C) Escrito de oposición presentado por el apoderado judicial de María Isabel Jiménez Naranjo ante la Fiscalía 13 de la Unidad de Extinción de Dominio en el proceso seguido sobre estos predios.

En ese documento, el mandatario de la nombrada manifestó que el apartamento fue adquirido con el producto de la actividad laboral lícita de la propietaria y, concretamente, «mediante préstamo bancario» (fs. 55 a 57, c. 9).

D) Escrito de junio de 2006 suscrito por Paola Cifuentes, gerente de la oficina de Pereira del Banco Santander, en donde se informa a María Isabel Jiménez Naranjo que el crédito hipotecario por valor de $200.000.000 que solicitó fue aprobado (fs. 58 a 59, c. 9).

E) Escritura pública No. 2051 de agosto 1 de 2006, contentiva de hipoteca abierta sin límite de cuantía constituida sobre el apartamento y los parqueaderos a favor del Banco Santander (fs. 16 a 25, c. 9).

F) Contrato de compraventa sobre el establecimiento de comercio “Óptica Millenium”, celebrado entre María Isabel Jiménez Naranjo y Luz Marina Estrada el 17 de enero de 2003, por valor de $500.000 (f. 60).

G) Tarjeta de preparación de la cédula de ciudadanía de María Isabel Jiménez Naranjo, demostrativa de que es hija de Mario Jiménez y Olivia Naranjo (f. 64, c. 9).

H) Informe de investigador de campo de 3 de junio de 2014, en el que se alude a la entrevista rendida por Gloria Lucy Sánchez de Díaz, actual arrendataria del apartamento.

Allí se consigna que la nombrada Sánchez Díaz dijo haber celebrado el contrato de arrendamiento con la agencia inmobiliaria “Consorcio Inmobiliario del Eje Cafetero” y admitió «que sí sabía que ese apartamento había sido de Macaco» (fs. 66 a 73, c. 9).

3.5.3 Yerra entonces el apelante al afirmar que la determinación de afectar estos bienes se soporta exclusivamente en el vínculo de parentesco existente entre María Isabel Jiménez Naranjo y el postulado, pues fueron aportados varios medios de conocimiento que la sustentan.

Esos elementos de prueba, en criterio de la Sala, bastan para satisfacer la exigencia probatoria establecida en el artículo 17B de la Ley 975 de 2005, pues a partir de ellos es posible inferir que la titularidad real del predio pertenece a CArlos Mario Jiménez Naranjo.

Ciertamente, fue demostrado que el préstamo con el cual supuestamente fue adquirido el bien se aprobó años después de la compra, como también que el valor de la venta del establecimiento de comercio “Óptica Millenium” fue considerablemente inferior al del apartamento, de $113.938.999.

A las insatisfactorias explicaciones rendidas por María Isabel Jiménez Naranjo se suma lo dicho por la actual arrendataria, quien de manera expresa admitió «que sí sabía que ese apartamento había sido de Macaco».

Así las cosas, en este punto el proveído de primera instancia será también confirmado.

En mérito de lo expuesto, LA SALA DE CASACIÓN PENAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA,

RESUELVE:

1. CONFIRMAR integralmente la providencia recurrida.

2. Contra esta decisión no procede ningún recurso.

Notifíquese y cúmplase.

(1) En ese sentido, sentencia C – 912 de 2013, M.P. María Victoria Calle Correa.

(2) CSJ AP, junio 18 de 2014, Rad. 43660.