Auto AP2176-2018/51134 de mayo 30 de 2018

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA DE CASACIÓN PENAL

Rad.: 51.134

Magistrada Ponente:

Dra. Patricia Salazar Cuéllar

AP2176-2018

Acta 171

(Legis considera conveniente que los datos de las partes y testigos, sean suprimidos por las iniciales de nombres y apellidos y en los números de cédulas reemplazados por XXX, con el propósito de proteger los derechos contemplados en el artículo 15 de la Constitución Política)

Bogotá, D.C., treinta de mayo de dos mil dieciocho.

Vistos

Correspondería emitir concepto sobre la solicitud de extradición del ciudadano colombiano P.L.Z.N. —desmovilizado de las FARC sometido al sistema integral de verdad, justicia, reparación y no repetición (SIVJRNR)— elevada por el Gobierno de los Estados Unidos de América, pero la sala advierte que, en razón de la competencia prevalente de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), en concordancia con la garantía de no extradición que cobija a los integrantes de dicha organización por conductas cometidas con anterioridad a la firma del Acuerdo final para la terminación del conflicto armado, la actuación debe ser remitida a la sección de revisión de la JEP, a fin de que verifique si los hechos que fundamentan el pedido de extradición corresponden a conductas objeto del SIVJRNR.

Antecedentes

1. Mediante nota verbal Nº 2944 del 18 de noviembre de 2011, el Gobierno de los Estados Unidos de América, por conducto de su Embajada en Colombia, solicitó al Ministerio de Relaciones Exteriores la detención preventiva con fines de extradición de P.L.Z.N., ciudadano colombiano requerido para comparecer a juicio por delitos federales de narcóticos, de conformidad con la acusación Nº 11- Crim-837, dictada el 29 de septiembre de 2011, por la Corte Distrital de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York(1).

2. Con fundamento en lo anterior, la Fiscalía General de la Nación, mediante resolución del 23 de noviembre de 2011, ordenó la captura del prenombrado ciudadano(2). A la fecha, no se tiene conocimiento de que la aprehensión se haya materializado.

3. Mediante nota verbal Nº 1289 del 17 de agosto de 2017(3), la Embajada de los Estados Unidos de América formalizó el requerimiento de extradición del señor Z.N., aportando la documentación pertinente para el trámite(4).

4. El Ministerio de Relaciones Exteriores conceptuó que para el caso “(…) se encuentran vigentes para las Partes (...) la Convención de Naciones Unidas contra el tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias psicotrópicas, suscrita en Viena el 20 de diciembre de 1988, (…)” y que, en los aspectos no regulados por la Convención, se debe tener en consideración lo establecido en los arts. 491 y 496 de la Ley 906 de 2004 (CPP)(5).

5. El mencionado ministerio remitió el expediente a la Corte Suprema de Justicia para que adelantara el trámite a su cargo.

6. Recibido el expediente en esta corporación, por medio de auto del 11 de septiembre de 2017, se requirió a P.L.Z.N. para que designara apoderado, pero al no contar con dirección de ubicación del requerido, se designó defensora pública. En proveído del 19 de septiembre subsiguiente, se le reconoció personería a aquella para actuar y se ordenó correr el traslado contemplado en el art. 500 del CPP para presentar pruebas(6).

7. Dentro del término antes señalado, la defensora y la representante del Ministerio Público solicitaron pruebas(7).

8. A través de auto del 6 de diciembre de 2017, por existir evidencia de que el solicitado pertenecía a las FARC-EP, la sala requirió al Alto Comisionado para la Paz para que informara si, en efecto, aquel figura como integrante de esa organización en el listado suministrado por sus representantes al Gobierno Nacional(8). Así mismo, se consultó a la JEP si el solicitado se sometió al SIVJRNR.

8.1. La asesora jurídica de la oficina del Alto Comisionado para la Paz informó que, después de verificada la base de datos de la lista de los miembros certificados de las FARC-EP, se emitió la Resolución 11 del 5 de junio de 2017, mediante la cual se aceptó a P.L.Z.N. como integrante de dicha organización delincuencial(9).

8.2. A su turno, la secretaria general y judicial de la JEP puso de presente que el solicitado allegó solicitud de sometimiento a dicha jurisdicción, la cual fue asignada a la Sala de Amnistía e Indulto.

9. Agotada la fase probatoria del trámite, se corrió el traslado previsto en el art. 500 inc. 3 del CPP, para que los intervinientes presentaran alegatos, lo que en efecto realizaron la delegada del Ministerio Público y la defensora pública.

Consideraciones

El artículo 35 de la Constitución preceptúa que la extradición se podrá solicitar, conceder u ofrecer de acuerdo con los tratados públicos y, en su defecto, con la ley, al tiempo que no procederá por delitos políticos.

Respecto de los ciudadanos colombianos por nacimiento, prosigue la norma, la extradición se concederá por delitos cometidos en el exterior, considerados como tales en la legislación penal colombiana, por hechos cometidos con posterioridad al 17 de diciembre de 1997.

A su vez, el artículo transitorio 19 del Acto Legislativo 01 del 4 de abril de 2017 señala:

No se podrá conceder la extradición ni tomar medidas de aseguramiento con fines de extradición respecto de hechos o conductas objeto de este sistema y en particular de la Jurisdicción Especial para la Paz, ocasionados u ocurridos durante el conflicto armado interno o con ocasión de este hasta la finalización del mismo, trátese de delitos amnistiables o de delitos no amnistiables, y en especial por ningún delito político, de rebelión o conexo con los anteriores, ya hubieran sido cometidos dentro o fuera de Colombia” respecto de “todos los integrantes de las FARC-EP y (…) personas acusadas de formar parte de dicha organización, por cualquier conducta realizada con anterioridad a la firma del acuerdo final, para aquellas personas que se sometan al SIVJRNR.

De lo anterior se sigue que, como lo ha expuesto la sala (CSJ CP142-2017, Rad. 50.220), existen determinadas prohibiciones constitucionales para la extradición de ciudadanos involucrados en el conflicto armado interno, cuando haya cesado su actividad criminal en virtud de un acuerdo de paz. En ese entendido, no es posible conceder tal mecanismo de cooperación judicial internacional respecto de los integrantes de las FARC-EP que hayan cometido conductas delictivas dentro o fuera de Colombia con anterioridad a la firma del Acuerdo final de paz, siempre que se sometan al SIVJRNR y esté acreditada su pertenencia a esa organización.

Esta última prohibición, constitucionalizada mediante el Acto Legislativo 01 de 2017, es producto del “Acuerdo final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera”, suscrito el 24 de noviembre de 2016 por el Presidente de la República y el Comandante del Estado Mayor de las FARC-EP, se enmarca dentro del propósito de poner fin a un conflicto armado de más de medio siglo a efectos de materializar el derecho a la paz como bien supremo de todos los colombianos.

Desde el acuerdo mismo se estableció que “la JEP es una jurisdicción especial que ejerce funciones judiciales de manera autónoma y preferente sobre los asuntos de su competencia (…) Entrará en vigor en los términos establecidos en el Acuerdo final y se aplicará únicamente a conductas cometidas con anterioridad a su entrada en vigor”. En esa dirección, también se lee en el Acuerdo de paz, “todas las actuaciones en el componente de justicia, de conformidad con las reglas aplicables a la Jurisdicción Especial para la Paz, respetarán los derechos fundamentales del debido proceso”.

Uno de los componentes del debido proceso, por supuesto, es el principio del juez natural, acorde con el cual nadie podrá ser juzgado sino ante juez o tribunal competente y con observancia de las formas propias de cada juicio (Constitución, art. 29, inc. 2).

En desarrollo de los anteriores postulados, el art. 5º transitorio del Acto Legislativo 01 de 2017 establece que la JEP conocerá, de manera preferente sobre todas las demás jurisdicciones y de forma exclusiva, de las conductas cometidas con anterioridad al 1º de diciembre de 2016, por causa, con ocasión o en relación directa o indirecta con el conflicto armado, por quienes participaron en el mismo. Entre varios de sus objetivos, de acuerdo con la norma, se destacan los de contribuir a una paz estable y duradera, mediante la adopción de decisiones que otorguen plena seguridad jurídica a quienes participaron de manera directa o indirecta en el conflicto armado interno.

Respecto de los combatientes de los grupos armados al margen de la ley, también clarifica el aparte normativo en cuestión, el componente de justicia del sistema solo se aplicará a quienes suscriban un acuerdo final de paz con el Gobierno Nacional. La pertenencia al grupo rebelde será determinada, previa entrega de listados por dicho grupo tras la llegada a las zonas veredales transitorias de normalización y a los puntos transitorios de normalización, a través de un delegado expresamente designado para ello.

Ese componente de justicia, puntualiza el art. 6º transitorio, prevalecerá sobre las actuaciones penales, disciplinarias o administrativas derivadas de conductas cometidas con ocasión, por causa o en relación directa o indirecta con el conflicto armado, al absorber la competencia exclusiva sobre dichas conductas.

2. Pues bien, de la anterior reseña normativa es dable extractar, de cara al asunto bajo examen, dos aspectos fundamentales: por una parte, que la garantía del debido proceso, aplicable a los ex integrantes de las FARC desmovilizados en virtud del Acuerdo de paz, implica el absoluto respeto de las formas propias de los procedimientos dispuestos para su rendición judicial de cuentas; por otra, que siempre y cuando se den los requisitos de rigor, aquellos están cobijados por una garantía de no extradición por delitos cometidos en el marco del conflicto con anterioridad a su sometimiento a la legalidad.

Conjugados tales asertos, para la sala es claro, entonces, que en virtud de la competencia prevalente, preferente, absorbente y exclusiva de la JEP, las solicitudes de extradición que recargan sobre ex integrantes de las FARC, desmovilizados en virtud del Acuerdo de paz y que se hayan acogido a la JEP, han de ser conocidas por esa jurisdicción especial. Solo ella es la habilitada constitucional y legalmente para calificar y constatar si se dan los presupuestos materiales para afirmar su competencia, a la luz de tres factores: i) en razón de la materia —delitos cometidos antes del 24 de noviembre de 2016(10), en el marco del conflicto—; ii) el personal —por integrantes de las FARC desmovilizados en razón del Acuerdo de paz que hagan parte de los listados oficiales y que se hayan sometido a la JEP— y iii) en razón del tiempo —por hechos ocurridos con anterioridad a la firma del Acuerdo—.

Estando en vigor las normas traídas a colación, así como funcionando efectivamente la Jurisdicción Especial para la Paz, la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia carece de competencia para calificar tales factores(11). Tanto así que, inclusive, cuando se alega respecto de un integrante de las FARC-EP o de una persona acusada de ser integrante de dicha organización, que la conducta atribuida en la solicitud de extradición hubiere ocurrido por fuera del marco temporal que activa la competencia de la JEP, es la Sección de Revisión de ese tribunal especial la competente para evaluar lo pertinente, a fin de determinar la fecha precisa de realización de la conducta punible y, de esa manera, decidir el procedimiento apropiado (art. 19 transitorio inc. 1 del Acto Legislativo 01 de 2017(12)).

En ese entendido, sin entrar a calificar de ninguna manera los aludidos factores que activan la competencia de la JEP, en el presente trámite saltan a la vista elementos fácticos indicativos de que el juez natural para continuar conociendo del pedido de extradición es la JEP, como quiera que i) la acusación del país extranjero informa de la pertenencia del requerido a las FARC-EP, al tiempo que ii) aquel no solo figura en los listados oficiales entregados al Gobierno por los representantes de dicha guerrilla, sino que, como lo pudo constatar la sala, se encuentra sometido a la JEP, por lo que solo puede ser esta quien determine si la garantía de no extradición es aplicable, atendiendo a la fecha de ocurrencia de los hechos —con anterioridad o posterioridad a la firma del Acuerdo de paz— y si aquellos se relacionan o no con el conflicto armado.

2.1. En efecto, la acusación Nº 11-Crim-837, dictada el 29 de septiembre de 2011, por la Corte Distrital de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York(13), señala:

1. Desde aproximadamente 1985, hasta e incluso el presente, en Colombia y en otros lugares, P.L.Z.N., alias “E.I.”, alias “E.C.”, el acusado, y otros conocidos y desconocidos, ilícita e intencionalmente y a sabiendas se combinaron, conspiraron, se confederaron, y concertaron juntos y entre ellos para violar las leyes de narcóticos de los Estados Unidos.

2. Era parte y objeto del concierto para delinquir que P.L.Z.N., alias “E.I.”, alias “E.C.”, el acusado, y otros conocidos y desconocidos distribuían y distribuyeron a los Estados Unidos, desde un lugar fuera del país, una sustancia controlada, a saber, cinco kilogramos y más de mezclas y sustancias con contenido detectable de cocaína en contravención de las secciones 812, 952, y 960 (a) (1) y (b) (1) (A) del título 21 del Código de los Estados Unidos.

Adicionalmente, en apoyo de dicha acusación, se allegó la declaración de J.E.S., agente especial de Administración para el Control de Drogas (DEA), quien indicó:

La investigación ha revelado que entre aproximadamente 1985 y 2011, Z. fue miembro y líder de una organización narcotraficante que operaba desde el Frente Sexto de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, conocidas más comúnmente por sigla en español, “FARC”. En esa calidad, Z. fue responsable de la fabricación y luego importación de grandes cantidades de cocaína a los Estados Unidos.

La investigación reveló que Z. era el jefe de finanzas del Frente Sexto de las FARC. Las funciones de Z. en esta organización narcotraficante incluían la supervisión de la fabricación y distribución de miles de kilogramos de cocaína en laboratorios ubicados en la selva de Colombia [...](14).

2.2. De otro lado, la oficina del Alto Comisionado para la Paz comunicó que:

[...] después de verificada la base de datos de la lista de los miembros certificados de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Ejército Popular) —FARC-EP—, certifica que acreditó de buena fe y en atención al principio de confianza legítima al señor P.L.Z.N., identificado con cédula de ciudadanía Nº XXXXXXXX, mediante Resolución 11 del 5 de junio de 2017, aceptando su nombre en el listado como miembro integrante de las FARC-EP(14).

Mientras que la secretaria general-judicial de la JEP informó a la Corte que el 30 de abril de 2018 P.L.Z.N. allegó a esa jurisdicción escrito de sometimiento, por lo que su caso fue asignado el 4 de mayo a la Sala de Amnistía e Indulto para resolver sobre el particular(15).

3. Por consiguiente, dada la falta de competencia para continuar con el trámite de extradición, se remitirá la actuación a la Sección de Revisión de la JEP, pues es esa jurisdicción especial la que ha de constatar y calificar si los hechos que motivan el pedido de extradición se cometieron en el marco del conflicto armado, con anterioridad a la firma del Acuerdo de paz. De la respuesta que se de (sic) a ello depende que la solicitud de extradición deba ser resuelta por la JEP o haya de regresar a la jurisdicción ordinaria.

En mérito de lo expuesto, la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia

RESUELVE:

Disponer el envío inmediato de las diligencias a la sección de Revisión de la Jurisdicción Especial para la Paz, para los fines previstos en la parte motiva de esta decisión.

Comuníquese esta determinación al solicitado, a su defensora, al Ministerio Público, al Fiscal General de la Nación y al Ministerio de Justicia y del Derecho.

Comuníquese y cúmplase.

Magistrados: Luis Antonio Hernández Barbosa—José Francisco Acuña Vizcaya—José Luis Barceló Camacho—Fernando Alberto Castro Caballero—Eugenio Fernández Carlier—Eyder Patiño Cabrera—Patricia Salazar Cuéllar—Luis Guillermo Salazar Otero.

Nubia Yolanda Nova García, Secretaria.

1 Carpeta Ministerio de Justicia y del Derecho. Fl. 7 y ss.

2 Ibid. Fl. 12 y ss.

3 Ibid. Fl. 23 y ss.

4 Se allegaron con la solicitud de extradición: (i) Nota verbal 2948 del 18 de noviembre de 2011; (ii) Nota verbal 1289 del 17 de agosto de 2017; (iii) Copia de la acusación Nº 11-Crim- 837, dictada el 29 de septiembre de 2011, por la Corte Distrital de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York; iv) Traducción de las disposiciones aplicables al caso, esto es, título 21, secciones 952 (a), 959 (a) (b)(1,2) (c), 960 (a) (1,3) (b) (1B), del Código de los Estados Unidos; v) Orden de aprehensión emitida por la Corte en mención, contra P.L.Z.N.; (vi) Declaraciones juradas de A.N.R. y J.E.S., Fiscal Auxiliar de los Estados Unidos Distrito Sur de Nueva York y Agente Especial de la Administración para el Control de Drogas (DEA), respectivamente; (vii) Copia de tarjeta de preparación de la cédula de ciudadanía Nº XXXXXXXX expedida por la Registraduria Nacional del Estado Civil a nombre de P.L.Z.N.

5 Fl. 15 ibídem.

6 Fls. 6 y 12, cdno. de la Corte.

7 FL. 17 y ss. ibídem.

8 Fl. 29 y ss. ib.

9 Fl. 83 y su ib.

10 Fecha en la cual se firmó el Acuerdo final para la paz.

11 Si bien mediante CP142-2017, Rad. 50.220 la sala conceptuó desfavorablemente en relación con la solicitud de extradición de un ex integrante de las FARC, en aplicación de la garantía constitucional de no extradición, ello tuvo lugar cuando aún la JEP no había entrado a operar.

12 “ART. TRANS. 19.—Sobre la extradición. No se podrá conceder la extradición ni tomar medidas de aseguramiento con fines de extradición respecto de hechos o conductas objeto de este Sistema y en particular de la Jurisdicción Especial para la Paz, ocasionados u ocurridos durante el conflicto armado interno o con ocasión de este hasta la finalización del mismo, trátese de delitos amnistiables o de delitos no amnistiables, y en especial por ningún delito político, de rebelión o conexo con los anteriores, ya hubieran sido cometidos dentro o fuera de Colombia.

Dicha garantía de no extradición alcanza a todos los integrantes de las FARC-EP y a personas acusadas de formar parte de dicha organización, por cualquier conducta realizada con anterioridad a la firma del acuerdo final, para aquellas personas que se sometan al SJVJRNR (…).

13 Fl. 94 y ss. de la carpeta.

14 Fl. 100 y ss. de la carpeta.

14 (sic) Fl. 83 y ss. cdno. de la Corte.

15 Fl. 122 ídem.