Sentencia AP234-2017 de enero 25 de 2017

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA DE CASACIÓN PENAL

AP234-2017

Radicación N° 48127

(Aprobado acta Nº 017)

Magistrado Ponente:

Dr. José Luis Barceló Camacho 

Bogotá, D.C., veinticinco de enero de dos mil diecisiete.

Procede la Sala a verificar los requisitos de admisibilidad de la demanda de casación presentada por la defensora de V.M.L.R.

Hechos

Fueron expuestos en la actuación de la siguiente manera:

“El día 4 de junio de 2014, a las 9:20 horas, en la vía pública, carrera 20 con calle 19 del municipio de Luruaco, agentes de la policía le solicitaron una requisa al señor V.M.L.R., quien conducía una motocicleta de placas TEJ 41C y en el interior del casco, debajo del forro que trae por dentro, encontraron tres bolsas plásticas prensadas las cuales contenían en su interior una sustancia con color y características similares a la base de coca que arrojaron peso neto de 440 gramos y positivo para cocaína y sus derivados”.

Antecedentes 

1. El 5 de junio de 2014, ante el Juzgado Promiscuo Municipal de Luruaco (Atlántico), se legalizó la captura de L.R. y se le formuló imputación a título de autor del delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes (artículo 376 del Código Penal), cargo que no aceptó, imponiéndosele medida de aseguramiento consistente en detención domiciliaria.(1)

2. El 14 de septiembre de 2015, ante el Juzgado Tercero Promiscuo del Circuito de Sabanalarga y previo a la instalación de la audiencia de formulación de acusación, el mencionado manifestó su deseo de allanarse a los cargos. De este modo, dicho despacho, después de verificar que esa aceptación fue libre, voluntaria y espontánea, dictó sentencia el 21 de octubre siguiente a través de la cual le impuso las penas principales de prisión por ochenta y cuatro (84) meses, multa por 108.5 salarios mínimos legales mensuales y la accesoria de inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas por el mismo término de la sanción privativa de la libertad, como autor responsable de la citada conducta punible, concediéndole la prisión domiciliaria.(2)

3. Apelada esta determinación por la Fiscalía, fue modificada por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla -Sala Penal- el 17 de febrero de 2016, en el sentido de revocar la prisión domiciliaria y ordenar el confinamiento carcelario del procesado, confirmando en lo demás el proveído impugnado.(3)

La demanda de casación 

La defensora de V.M.L.R. interpuso el recurso extraordinario para postular un cargo único en contra del fallo de segunda instancia, denunciando la violación directa de la ley sustancial por falta de aplicación de los artículos 314 y 451 de la Ley 906 de 2004, 13 de la Ley 1474 de 2011, 6º del Código Penal y por la aplicación indebida del “artículo 286 de la misma obra”.

Lo anterior, toda vez que, estima, al revocar el ad quem la prisión domiciliaria concedida por el juzgador de primer grado a su prohijado, so pretexto de que el artículo 68 A de la última codificación la excluye cuando se procede por delitos relacionados con el tráfico de estupefacientes, dejó de lado el contenido de otros preceptos, más favorables, en cuanto a su situación. En ese orden, se remite: i) al artículo 451 de la Ley 906 de 2004, que permite otorgar la libertad al acusado privado de la libertad de tener cabida algún subrogado penal, el cual, dice, opera en este caso tratándose “de la prisión domiciliaria” atendiendo el quantum punitivo irrogado, la ausencia de antecedentes de L.R., su arraigo y que se encarga de la manutención de su familia, ii) al artículo 13 de la Ley 1474 del 2011, norma que nadie invoca, como si estuviera (sic) perdida por allá en el cuarto de San Alejo” y que prevé salvedades respecto de la exclusión de beneficios de acudirse al principio de oportunidad o de verificarse preacuerdos y allanamientos, según aconteció en el sub examine, canon aplicable por “analogía” al tenor del artículo 6º del Código Penal y iii) aquella disposición, también deja por fuera de su ámbito las hipótesis de sustitución de detención preventiva contempladas en los numerales 2º, 3º, 4º, y 5º del artículo 314 de la Ley 906 de 2004, lo que, a su juicio, devela que está vigente en concordancia con lo señalado en el parágrafo del artículo 1º de la Ley 1760 del 2015.

Así las cosas, opina, dicha norma emitida para conductas punibles cometidas contra la administración pública tenía que ser considerada en las diligencias, ya que no puede asumirse que consagra un beneficio dirigido de forma exclusiva a los servidores estatales, por ende, solicita casar la sentencia y, en su lugar, se conceda “el mecanismo sustitutivo otorgado en el fallo de primera instancia”.

Consideraciones de la Corte

1. La Sala inadmitirá la demanda allegada. Las razones para ello, son las siguientes:

1.1. El planteamiento a partir del cual la libelista presenta su tesis, a pesar de acertar en la vía de exposición (violación directa por falta de aplicación), resulta equívoco pues obedece a una percepción errónea con relación al alcance del artículo 68 A del Código Penal, al matizarse que este precepto ha sido objeto de múltiples modificaciones después de haber sido incorporado por la Ley 1142 de 2007.

Así, al cotejar la evolución legislativa que ha recaído en el artículo en cuestión, se advierte que fue incluido inicialmente con el fin de excluir subrogados y beneficios “cuando la persona haya sido condenada por delito doloso o preterintencional dentro de los cinco (5) años anteriores”. Con posterioridad, el catálogo de exclusiones se amplió para abarcar además de dicha hipótesis, no solo ilícitos contra la administración pública (Ls. 1453 y 1474/2011), sino otros injustos dentro de los que se encuentra, como lo precisó el tribunal, aquellos vinculados con “el tráfico de estupefacientes y otras infracciones” (L. 1709/2014).

En ese sentido, entonces, debe resaltarse que el artículo 13 de la Ley 1474 del 2011, al que acude la recurrente para soportar su postura, dejó de tener efectos desde el 20 de enero de 2014, fecha en la que entró a regir el artículo 32 de la Ley 1709 del mismo año y en consecuencia, en virtud del principio de legalidad, esta última disposición debía ser considerada por el a quo al instante de cotejar la posible concesión de la prisión domiciliaria, atendiendo que se trataba de la normatividad vigente para la época de comisión de los sucesos que dieron paso al ejercicio de la acción penal.

Por consiguiente, no puede pregonarse la comisión de infracción alguna por el hecho de no tenerse en cuenta el contenido de un precepto que fue retirado del ordenamiento jurídico, ni hay lugar a predicar violación de la ley sustancial por la corrección del yerro por parte del tribunal, lo que ocurrió ante la inconformidad fundada que en este aspecto manifestó la Fiscalía a través del recurso de apelación.

1.2. De otro lado, se indica en el libelo que era viable examinar en este asunto la procedencia del principio de favorabilidad, no obstante, se deja de considerar que ello supone la sucesión, tránsito o coexistencia de dos o más leyes con efectos sustanciales en el tiempo siempre y cuando alguna de ellas en algún momento haya regido en la actuación (Cfr. CSJ AP, 20 Nov 2013, Rad. 42111), lo que no ocurre en este caso, descartándose así, por contera, la hipotética analogía deprecada por la demandante.

De igual manera, es latente la confusión de la censora en lo atinente a la definición que presenta de los subrogados penales, porque estos los constituyen en esencia la suspensión condicional de la ejecución de la pena y la libertad condicional, por tratarse de alternativas al cumplimiento intramural de la condena impuesta luego de agotarse un proceso como es debido, noción que no es extensiva a la prisión domiciliaria en tanto la misma acarrea restricción física en la residencia del sentenciado.(4)

En esa secuencia, resulta equívoco afirmar que en el trámite era aplicable: i) el artículo 451 de la Ley 906 de 2004, ya que este se refiere a la procedencia de la libertad del acusado una vez se emite el sentido del fallo de tener cabida la concesión de un subrogado penal, lo que, como se vio, no se configura, ii) el 314 ibídem, al relacionar este canon circunstancias taxativas respecto de las cuales no se acreditó que L.R. se encontrare en una de ellas y iii) mucho menos el artículo 1º de la Ley 1760 de 2015, al estar vinculado este precepto con el término máximo de las medidas de aseguramiento privativas de la libertad.

1.3. Por último, valga anotar que el reproche, al aludir a la aplicación indebida de la ley sustancial, hace mención del artículo 286 del Código Penal, consagratorio del delito de falsedad ideológica en documento público, sin que se avizore cuál es el vínculo de este ilícito con los acontecimientos por los que cursaron las diligencias.

2. En suma, al partir la demanda de presupuestos equívocos con respecto al presunto vicio que denuncia es ostensible su inadecuado desarrollo, lo que conduce, según se anticipó, a que sea inadmitida. De igual modo, al no advertirse la necesidad de abordar de oficio su estudio con el objeto de corregir alguna violación a las garantías fundamentales, ni percibirse de su contexto que se precise de un fallo para cumplir con alguna de las finalidades del recurso (artículo 184 de la Ley 906 de 2004).

3. Por último, debe recordarse que frente a esta decisión procede el mecanismo de insistencia, de acuerdo con los lineamientos señalados en la providencia del 12 de diciembre de 2005, proferida en el radicado 24322.

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal,

RESUELVE:

INADMITIR la demanda de casación presentada por la defensora de V.M.L.R.

Contra esta decisión procede el mecanismo de insistencia

Cópiese, comuníquese y cúmplase

Magistrados: Eugenio Fernández CarlierJosé Francisco Acuña VizcayaJosé Luis Barceló CamachoFernando Alberto Castro CaballeroLuis Antonio Hernández BarbosaGustavo Enrique Malo FernándezEyder Patiño CabreraPatricia Salazar CuéllarLuis Guillermo Salazar Otero.

Nubia Yolanda Nova García, Secretaria

1 Cfr. Folio 25 cuaderno Fiscalía

2 Cfr. Fl. 32 cuaderno juicio

3 Cfr. Fl. 13 cuaderno Tribunal

4 Sobre el alcance de los subrogados penales puede consultarse, entre otros, la sentencia C-679 de 1998 de la Corte Constitucional