Auto AP2385-2017/48431 de abril 5 de 2017

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA DE CASACIÓN PENAL

AP 2385-2017

Radicación 48431

Magistrado Ponente

Dr. Luis Antonio Hernández Barbosa

(Aprobado Acta Nº 102)

(Legis considera conveniente que los datos de las partes y testigos, sean suprimidos por las iniciales de nombres y apellidos y en los números de cédulas reemplazados por XXX, con el propósito de proteger los derechos contemplados en el artículo 15 de la Constitución Política)

Bogotá, D. C., cinco de abril de dos mil diecisiete.

VISTOS:

Se pronuncia la Sala sobre la petición de la defensora de E... de J... P... F..., orientada a que se remita el proceso al Juez de primer grado, para estar en condiciones de solicitar la libertad condicionada de su asistido.

La petición

Afirmó la peticionaria que su representado fue acusado y condenado en las instancias por los delitos de rebelión y exacción o contribuciones arbitrarias y ha estado privado de su libertad por más de 5 años, de manera que según lo establecido en la Ley 1820 de 2016 y el Decreto 277 de 2017, tiene derecho a la libertad condicionada, “la cual no ha podido sustentarse por la defensa y resolverse por el juez competente por encontrarse el proceso ante su despacho”. Entonces, solicitó remitir el proceso al funcionario de primer grado para los fines de su competencia.

Antecedentes

A través de agente encubierto e interceptaciones telefónicas se estableció que entre enero y marzo de 2010, Y... E... M... J... y E... de J... P... F..., quienes pertenecían a la estructura de apoyo del frente 34 de las Farc, recibieron contribuciones que dicha organización armada ilegal exigía arbitrariamente a diferentes comerciantes del municipio de Urrao, bajo amenazas de atentar contra su familia y sus establecimientos.

En audiencias independientes realizadas el 28 de febrero y el 1º de marzo de 2010 se impartió legalización a su captura, la Fiscalía les imputó la comisión de los delitos de rebelión y exacción o contribuciones arbitrarias y les fue impuesta medida de aseguramiento de detención preventiva en establecimiento carcelario.

El defensor de E... M... impugnó la imposición de la medida de aseguramiento y el Juzgado 23 Penal del Circuito de Medellín la revocó el 28 de febrero de 2012, disponiendo su libertad inmediata.

Presentado el escrito de acusación, el 5 de julio de 2012 se realizó la correspondiente audiencia, en la cual la Fiscalía insistió en la comisión de los delitos mencionados.

Una vez surtida la fase del juicio, el Juzgado Primero Penal del Circuito de Antioquia profirió fallo el 8 de septiembre de 2014, condenando a los procesados a 120 meses de prisión, multa de 799.99 salarios mínimos legales mensuales e inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas por el mismo lapso de la pena privativa de libertad, como autores de los delitos objeto de acusación. Les negó la condena de ejecución condicional y la prisión domiciliaria.

La defensa impugnó la sentencia y el Tribunal Superior de Antioquia la confirmó a través del fallo recurrido en casación, expedido el 19 de abril de 2016.

Consideraciones de la Sala(1) 

A través del procedimiento legislativo especial para la paz, establecido en el artículo 1º transitorio del Acto Legislativo 01 de 2016, el Congreso de la República expidió la Ley 1820 de 2016, cuyo objeto es el de regular las amnistías e indultos por delitos políticos y conexos, así como implementar tratamientos penales especiales diferenciados.

Con relación a quienes hayan sido condenados, procesados o investigados por pertenecer o colaborar con las Farc, el artículo 15 de la citada legislación establece la amnistía de iure por los “delitos políticos de rebelión, sedición, asonada, conspiración y seducción, usurpación y retención ilegal de mando y los delitos conexos con estos” de conformidad con los parámetros señalados en la misma ley.

La competencia para disponer la amnistía de iure radica en el Juez de Conocimiento a instancia de la Fiscalía General de la Nación (artículo 19-2 de la Ley 1820 de 2016), “previa solicitud del interesado, de la defensa, del Ministerio Público o de oficio” (artículo 8-a-1 del Decreto 277 de 2017), o en el juez de ejecución de penas, según se trate de personas procesadas o condenadas.

El Decreto 277 de 2017 tiene por objeto regular la amnistía de iure para “las personas privadas de la libertad por delitos políticos y delitos conexos con estos, así como el régimen de libertades condicionales para los supuestos del artículo 35 de la Ley 1820 de 2016”. Dicha amnistía comporta la libertad inmediata, en el primer evento señalado en el párrafo anterior por preclusión o cesación del procedimiento derivada de la extinción de las acciones penal y civil de acuerdo con el estatuto procesal aplicable. En el segundo, por la extinción de las penas principales y accesorias (artículos 34 de la Ley 1820 de 2016, 5º y 9º del Decreto 277 de 2017).

En los casos de amnistías que no sean de iure para miembros o colaboradores de las Farc, la decisión corresponde a la Sala de Amnistía e Indulto de la Jurisdicción Especial para la Paz, “siempre que los delitos hubieran sido cometidos antes de la entrada en vigor del Acuerdo Final de Paz, así como respecto de las conductas amnistiables estrechamente vinculadas al proceso de dejación de armas” (artículo 22 de la Ley 1820 de 2016), según los criterios de conexidad señalados en el artículo 23 de la misma ley.

No obstante, pueden acceder a la “libertad condicionada” los miembros de las Farc procesados que figuren en los listados entregados y verificados por el Gobierno Nacional, cuando hayan cumplido al menos 5 años de privación de libertad y la medida de aseguramiento hubiese sido adoptada por delitos respecto de los que no se otorga la amnistía de iure (artículo 11 del Decreto 277 de 2017).

También se dispondrá la “libertad condicionada” para quienes se encuentren en los supuestos previstos en los artículos 17 de la Ley 1820 de 2016 y 6º del Decreto 277 de 2017, que sólo aplican a miembros o colaboradores de las Farc, así como para los que hubiesen solicitado la amnistía y esta resulte desestimada, “siempre que las conductas descritas en las providencias de que trata los anteriores supuestos se hayan iniciado con anterioridad a la firma del acuerdo final, la persona haya cumplido al menos 5 años de privación de la libertad por estos hechos y la medida de aseguramiento haya sido adoptada por delitos respecto de los que no se otorga la amnistía de iure o a los que se otorga la amnistía de iure cuando la solicitud (…) haya sido rechazada” (artículo 11 del Decreto 277 de 2017).

En los asuntos adelantados por la Ley 906 de 2004, como ocurre en este asunto, la competencia para decidir sobre la “libertad condicionada” reglada en el referido Decreto y en el artículo 35 de la Ley 1820 de 2016, fue conferida tanto al Juez de Control de Garantías como al de Conocimiento, dependiendo de si el trámite se encuentra en indagación o investigación, o en juzgamiento, respectivamente.

En tal caso, “la persona interesada solicitará la libertad condicionada de que trata el artículo 35 de la Ley 1820 de 2016 y las disposiciones anteriores, por sí misma o a través de la defensa, a cualquiera de los fiscales delegados que en su caso tengan asignados asuntos en los cuales el interesado esté afectado con medida de aseguramiento privativa de libertad” (artículo 11-a-1 del Decreto 277 de 2017).

Corresponde al Fiscal solicitar la “programación de la audiencia de libertad” que se realizará ante el juez de conocimiento (artículo 11-a-2-b del Decreto 277 de 2017).

Realizadas las anteriores precisiones, encuentra la Corte que en este asunto E... P... F... permanece privado de su libertad, mientras que E... M... J… se encuentra libre, una vez el Juzgado 23 Penal del Circuito de Medellín decidió el 28 de febrero de 2012 revocar la medida de aseguramiento impuesta.

Ahora, como la peticionaria manifestó que P… F… tiene derecho a la libertad condicionada, “la cual no ha podido sustentarse por la defensa y resolverse por el juez competente por encontrarse el proceso ante su despacho” y por ello solicitó remitir la actuación al funcionario de primer grado para los fines de su competencia, encuentra la Corte que no es procedente acceder a la demanda, pues conforme a las normas citadas, la petición de libertad condicionada debe dirigirse a la Fiscalía, la cual, tras el trámite pertinente, tiene la carga de pedir la programación de la audiencia de libertad, acompañando “los soportes correspondientes, salvo que dichos soportes se encuentren en poder de la oficina judicial” (artículo 11-a-2-b del Decreto 277 de 2017).

Se advierte, para finalizar, que la solicitud y trámite de la libertad condicionada, como de cualquiera otra no asociada al Decreto 277 de 2017, no traduce la cesación de la actuación como para que la Corte proceda en casos así a remitir el proceso al despacho judicial competente para resolverla.

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal,

RESUELVE:

1. NEGAR la solicitud de envío del proceso al juez de conocimiento.

2. INFORMAR esta decisión a la peticionaria.

Cúmplase.

Magistrados: Eugenio Fernández Carlier—José Francisco Acuña Vizcaya—José Luis Barceló Camacho—Fernando Alberto Castro Caballero—Luis Antonio Hernández Barbosa—Gustavo Enrique Malo Fernández—Eyder Patiño Cabrera—Patricia Salazar Cuéllar—Luis Guillermo Salazar Otero.

Nubia Yolanda Nova García, Secretaria.

1 Cfr. CSJ AP, 15 mar. 2017. Rad. 45750.