Auto AP2438-2015 de mayo 11 de 2015

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

SALA DE CASACIÓN PENAL

AP2438-2015

Radicación 45952

(Aprobado Acta 164)

Magistrado Ponente:

Dr. Luis Guillermo Salazar Otero

Bogotá, D.C., once de mayo de dos mil quince.

(Legis considera conveniente que los datos de (partes, terceros o intervinientes, etc.) sean suprimidos por las iniciales del nombre y apellido o XXX según el caso, con el propósito de proteger los derechos contemplados en el artículo 15 de la Constitución Política).

EXTRACTOS: «Consideraciones de la Corte

1. De conformidad con lo señalado en los artículos 32, numeral 4º y 54 de la Ley 906 de 2004, esta Sala es competente para conocer de la definición de competencia originada en la petición de la defensora del inculpado Ó.A.O.S., en atención a que la defensora reclama que el presente asunto sea remitido al Juzgado Penal del Circuito Especializado XXX de XXX, al estimar la incompetencia del Juzgado Sexto Penal del Circuito de XXX, es decir, se trata de una eventualidad que involucra Juzgados de diferente Distrito Judicial.

2. El artículo 54 del Estatuto Procesal Penal de 2004 regula el trámite del incidente de definición de competencia señalando que “…cuando el juez ante el cual se haya presentado la acusación manifieste su incompetencia, así lo hará saber a las partes en la misma audiencia y remitirá el asunto inmediatamente al funcionario que deba definirla, quien en el término improrrogable de tres (3) días decidirá de plano. Igual procedimiento se aplicará cuando se trate de lo previsto en el artículo 286 de este código y cuando la incompetencia la proponga la defensa…”.

En tales condiciones, procede inicialmente señalar que tratándose del fenómeno de definición de competencia, existe un procedimiento especial regulado en las disposiciones ya citadas, de modo que no había lugar a que el Juez ante el cual se postuló emitiera una decisión sobre el particular, como tampoco tenía cabida que habilitara la posibilidad de intervención de las partes para que expresaran su opinión en torno al asunto, y menos que concediera el recurso de apelación interpuesto por la defensa contra el citado pronunciamiento, ya que lo procedente en esa hipótesis era “…remitir el asunto inmediatamente al funcionario que deba definirla…”, para que resolviera la cuestión “…de plano…”.

Las mencionadas circunstancias ponen de manifiesto que la dinámica con la cual se adelantó la definición de competencia fue errada, pese a lo cual tal dislate no tiene la entidad de desquiciar la estructura del proceso ni de conculcar las garantías del implicado, en cuanto finalmente dicha falencia se suplió con el envío del expediente a la Corte por parte del Tribunal Superior de XXX.

3. Ahora bien, en torno al punto sobre el cual versa la discusión, esto es determinar la autoridad encargada de conocer de la etapa de juzgamiento en el presente asunto, la Sala ya ha tenido oportunidad de examinar el alcance de los Acuerdos PSAA07-4082 de junio 22 de 2007, PSAA08-4443 del 14 de enero de 2008, PSAA08-4924 de junio de 2008, PSAA08-4959 de julio 11 de 2008, PSAA09-6093 de julio 14 de 2008, y PSAA10-7011 de 2010 emitidos por el Consejo Superior de la Judicatura; mediante los cuales creó los Juzgados de Descongestión del “Programa XXX”, motivo por el cual para definir el asunto, resulta procedente reiterar la argumentación expuesta en providencia del 20 de abril de 2012, Radicado 38058, en cuanto sostuvo que:

“…Ahora bien, dada la creciente preocupación nacional e internacional por los homicidios cometidos contra líderes sindicales, el Consejo Superior de la Judicatura a fin de evitar la impunidad en estos casos, expidió los Acuerdos PSAA07-4082 de junio 22 de 2007, PSAA08-4443 del 14 de enero de 2008, PSAA08-4924 de junio de 2008, PSAA08-4959 de julio 11 de 2008, PSAA09-6093 de julio 14 de 2008, y PSAA10-7011 de 2010; mediante los cuales creó los juzgados de descongestión del “Programa XXX”, inspirados en el objetivo de concentrar los procesos penales relacionados con estas clases de víctimas, en la ciudad de XXX.

Si bien es cierto no existe evidencia de que el homicidio que se investiga se haya realizado con ocasión de la militancia de la víctima en el sindicato de “SINTRAMBIENTE”, también es claro que tal situación no resulta relevante para efectos de la asignación de la competencia al Juzgado Penal del Circuito Especializado de XXX “Programa XXX”; conclusión que se desprende de los siguientes numerales del primero de los citados acuerdos, lo cual se repite textualmente en los demás:

“ART. 5º—Los juzgados de descongestión creados por los artículos 1º y 2º de este Acuerdo, conocerán exclusivamente del trámite y fallo de los procesos penales relacionados con los homicidios y otros actos de violencia contra dirigentes sindicales y sindicalistas, que se encuentren en curso en los diferentes despachos judiciales del territorio nacional.

ART. 6º—Las sentencias que pongan fin a los procesos deberán ser proferidas y suscritas por los jueces de descongestión.

Los jueces de descongestión enviarán los procesos fallados a los Juzgados de origen, para que realicen la notificación de la correspondiente sentencia y resuelvan sobre la procedencia de los recursos que se interpongan.

ART. 7º—Los juzgados Penales del Circuito y Penales de Circuito Especializados de todos los distritos judiciales elaborarán una lista de los procesos penales relacionados con los homicidios y otros actos de violencia contra dirigentes sindicales y sindicalistas, que deben enviar a sus homólogos de descongestión, con la siguiente información: juzgado de origen, código de identificación del proceso o número de radicación según corresponda de conformidad con el Acuerdo 201 de 1997, e identificación completa de los sujetos procesales”.

Ya la Corte ha manifestado que no se requiere que el móvil del homicidio sea la pertenencia de la víctima a una organización sindical para que se active la competencia de los jueces del “Programa XXX”, siendo suficiente que se acredite dentro del proceso su calidad de líder sindical(1):

“Medida adoptada conforme a la facultad atribuida en el artículo 63 del Estatuto Orgánico de la Administración de Justicia —Ley 270 de 1996, que se refiera a que “en caso de congestión de los Despachos Judiciales podrá regular la forma como las Corporaciones pueden redistribuir los asuntos que tengan para fallo entre los Tribunales y Despachos Judiciales que se encuentre al día (...)”, e igualmente, “podrá crear, con carácter transitorio cargos de jueces o magistrados sustanciadores o de fallo, de acuerdo con la ley de presupuesto”.

De lo que se desprende que en uso de facultades legales, el Consejo Superior de la Judicatura adoptó medidas de obligatorio cumplimiento sobre el conocimiento de ciertos asuntos, en este particular caso, de procesos en los cuales los sujetos pasivos de la conducta punible ostentan una calidad especial ser dirigentes sindicales o sindicalistas, excluyendo de igual manera el factor territorial, pues confiere a estos Juzgados competencia a nivel nacional.

Ahora bien, de lo anterior se concluye que el conocimiento de los procesos que la norma de descongestión prevé está dado por la pertenencia de la víctima a una organización sindical, ya sea en calidad de dirigente o como afiliado, sin que ello signifique que el motivo delictivo sea en razón de ello, por una sencilla razón: cuando este requisito se requiere la ley expresamente así lo menciona(2) no debiendo en consecuencia el juez extralimitarse al valorar el contenido normativo de la ley o lo que haga sus veces, pues conforme a las reglas de interpretación cuando el sentido de la norma sea claro no se desatenderá su tenor literal so pretexto de consultar su espíritu(3).

En consecuencia, si el Acuerdo no precisa el motivo del delito para adjudicar la competencia a determinada autoridad, mal podría extenderse ese requisito por la vía judicial, más aún cuando de lo que se trata es de descongestionar los despachos judiciales del país, sin mudar de manera alguna la competencia entre los juzgados penales del circuito y los del circuito especializado, a quienes se les han atribuido competencias específicas dentro de la legislación penal.

Por lo anterior, no resulta cierta la apreciación de los Magistrados del Tribunal Superior de XXX al afirmar que se requiere que el móvil del ilícito sea la condición de dirigente sindical o sindicalista, pues ello solo sería así bajo el supuesto que la competencia se le esté asignando al Juzgado especializado —en el primer caso—, quien con fundamento en la agravante reglada en el numeral 10 del artículo 104 del Código Penal y en concordancia con el numeral 2º del artículo 35 de la Ley 906 de 2004, sería el competente para conocer del asunto, pues es allí donde se materializa la distribución de competencia funcional en razón a la naturaleza del delito, que si bien no se especificó en el Acuerdo del Consejo Superior de la Judicatura, por disposición legal está llamado a operar.

De lo anterior resulta claro, entonces, que cuando los delitos sean cometidos en razón de la calidad de dirigente sindical —lo cual constituye una agravante bajo las normas penales colombianas— será el juez penal del circuito especializado el competente para conocer de la actuación, mientras que por competencia residual, en aquellos asuntos en donde ello no constituya el móvil o no concurra la calidad de dirigente pero sí la de miembro de un sindicato, será el juez penal del circuito de descongestión OIT, el que de acuerdo con las medidas de descongestión deberá dictar el correspondiente fallo…”.

4. En tales condiciones, ninguna incertidumbre se presenta respecto a que la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura, en ejercicio de las facultades atribuidas por el artículo 63 de la Ley Estatutaria Administración de Justicia, modificado por el artículo 15 de la Ley 1285 de 2009, expidió el Acuerdo PSAA08-4959 de julio 11 de 2008, a través del cual asignó por descongestión a los Juzgados Décimo y Once Penales de Circuito Especializado de XXX y XXX del Circuito de la misma ciudad, el conocimiento exclusivo del trámite y fallo de los procesos penales relacionados con “… los homicidios y otros actos de violencia contra dirigentes sindicales y sindicalistas, que se encuentren en curso en los diferentes despachos judiciales del territorio nacional…”.

Se desprende de lo anterior que corresponde a dichos despachos judiciales exclusivamente el conocimiento de los procesos en los que los sujetos pasivos de las conductas punibles sean u ostenten la calidad especial de ser dirigentes sindicales o afiliados a un sindicato, sin que en aparte alguno de la norma se haga referencia a que también serán de su competencia aquellas actuaciones en que sea el acusado quien ostenta la calidad de sindicalista.

En consecuencia, si el Acuerdo no menciona como eventualidad para adjudicar la competencia a los jueces del “Programa XXX” el hecho que el imputado ostente la calidad de sindicalista, mal podría extenderse ese requisito por vía de interpretación judicial.

Así las cosas, no resultan de recibo las apreciaciones de la abogada del imputado Ó.A.O.S., en cuanto afirma que por tener su representado la condición de dirigente sindical, el conocimiento del proceso le corresponde al Juzgado Penal del Circuito Especializado XXX de XXX, toda vez que, acorde con el criterio uniforme y reiterado de la Sala, lo que determina la competencia de estos Despachos Judiciales es la pertenencia del sujeto pasivo del ilícito a una agremiación sindical, circunstancia que no se presenta en esta oportunidad, pues el mencionado O.S. no tiene la calidad de víctima en este asunto sino la de procesado.

Desacertada se aprecia entonces la interpretación que de los Acuerdos relacionados con la competencia de los Jueces del “Programa XXX” realiza la defensora, pues no se puede perder de vista que para efectos de determinar el funcionario competente, es necesario tener en cuenta las específicas regulaciones del ordenamiento jurídico procesal en torno al tema, sin que sea viable en consecuencia acudir a la analogía, eventualidad que podrá poner en riesgo la seguridad jurídica en torno al Juez Natural.

5. Por lo anterior, se concluye que el conocimiento del presente asunto corresponde al Juzgado Sexto Penal del Circuito con Funciones de Conocimiento de XXX, a donde se enviará el diligenciamiento a fin de que se continúe con el trámite dispuesto por el legislador.

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal,

RESUELVE:

DECLARAR que la competencia para conocer de este proceso corresponde al Juzgado Sexto Penal del Circuito con Funciones de Conocimiento de XXX, a donde se remitirá el expediente.

Contra esta decisión no procede ningún recurso.

Comuníquese y cúmplase.»

1 Definición de competencia de 6 de marzo de 2008, radicado 29280; ratificado mediante autos de 22 de mayo de 2008 radicado 29833, 19 de enero de 2011 radicado 35640 y 2 de marzo de 2011, radicado 35929.

2 Por ejemplo cuando consagra las causales de agravación.

3 Artículo 27 Código Civil Colombiano.