Sentencia AP2485-2017 de abril 19 de 2017

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA DE CASACIÓN PENAL

Magistrado Ponente:

Eugenio Fernández Carlier

AP2485-2017

Rad.: 49486

(Aprobado mediante Acta Nº 110)

Bogotá, D.C., diecinueve (19) de abril de dos mil diecisiete (2017).

Procede la Corte a resolver acerca de la petición de pruebas formulada por el representante del Ministerio Público y la defensa del ciudadano boliviano M. A. R. L., reclamado en extradición por el Gobierno del Estado Plurinacional de Bolivia.

NOTA: Legis considera conveniente que los nombres y apellidos de las partes y los terceros sean reemplazados por sus iniciales y los datos por xxx, con el fin de proteger los derechos contemplados en el artículo 15 de la Constitución Política de Colombia.

ANTECEDENTES

1. Mediante Notas Verbales GM-DGAJ-UAJI-Cs-2043/2016(1) y MRC Nº 050/16(2), complementadas a través de las MRC 052/16(3) y MRC 053/16 de 17, 18, 19 y 22 de agosto de 2016, respectivamente, el Estado Plurinacional de Bolivia, por conducto de su Embajada en Colombia, solicitó al Ministerio de Relaciones Exteriores la detención preventiva con fines de extradición del ciudadano boliviano M. A. R. L., requerido por el Tribunal Séptimo de Sentencia de Santa Cruz, para responder dentro de la causa Nº de IANUS 701199201201119, que se le sigue por los presuntos delitos de «uso indebido de influencias y organización criminal», previstos y sancionados por la Ley Nº 1768 de 10 de marzo de 1998, del Código Penal Boliviano.

2. En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 509 de la Ley 906 de 2004, la Fiscalía General de la Nación, en la Resolución de 22 de agosto de 2016(4), decretó la captura con fines de extradición de M. A. R. L., quien había sido detenido por miembros de la Policía Nacional en las instalaciones del Aeropuerto Alfonso Bonilla Aragón de la ciudad de Cali, el 15 del mismo mes y año(5), con fundamento en la Circular Roja de Interpol Nº A-635/1-2013 de 31 de enero de 2013(6).

3. Con Nota Verbal Nº MRC-085-16 de 5 de diciembre de 2016(7), la Embajada del Estado Plurinacional de Bolivia formalizó la solicitud de extradición del ciudadano M. A. R. L., aportando la documentación que la sustenta.

4. La Cancillería mediante Oficio Nº 2971 de 7 de diciembre de 2016(8) remitió el diligenciamiento a la Oficina de Asuntos Internacionales del Ministerio de Justicia y del Derecho, señalando que los tratados aplicables para el caso, son:

1. El “Acuerdo sobre extradición”, adoptado en Caracas, el 18 de julio de 1911.

2. La “Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción”. En ese sentido, el artículo 44, numeral 4º del precitado trato dispone lo siguiente. [...].

3. La “Convención Interamericana contra la Corrupción” adoptada en Caracas, el 29 de marzo de 1962. La citada convención establece en su artículo XIII, numeral 2º lo siguiente: [...].

5. El Ministerio de Justicia y del Derecho consideró completo el expediente y lo remitió a esta corporación, a través del Oficio Nº OFI16-0033874-OAI-1100 de 14 de diciembre de 2016, transcribiendo el concepto emitido por su homólogo de relaciones exteriores.

6. La Sala, en decisión de fecha 7 de febrero de 2017, reconoció personería para actuar al defensor público del requerido, así como dispuso surtir el traslado previsto en el artículo 500 de la Ley 906 de 2004(9), para la solicitud de pruebas.

7. Al respecto, la defensa luego de hacer referencia al procedimiento de captura del requerido y citar algunas decisiones de los tribunales del Estado Plurinacional de Bolivia (Sentencia constitucional 0662/2013 y acción de libertad de la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia), donde, a su juicio, se han aceptado graves violaciones de derechos humanos de las personas que se investigan en la presunta red de corrupción de la que se dice hacía parte R. L., así como a la falta de garantías judiciales para su defensa en la citado diligenciamiento y lo precisado por la Corte Constitucional y organismos internacionales respecto del derecho a la no devolución de los requeridos en extradición cuando haya presunción fundada de que su vida corre peligro, solicitó la práctica de las siguientes pruebas:

i) Oficiar al Estado Plurinacional de Bolivia para que remitan copias auténticas e integrales de la sentencia constitucional plurinacional con radicado 0662/2013 de 31 de mayo de 2013, de la acción de libertad instaurada por los señores I. G., D. E. R. L. y F. R. T., entre otros, y del acta de la audiencia que se llevó a cabo el 11 de abril de 2014 dentro de dicho trámite.

ii) Testimonio de la sargento G. P., directora encargada de la Interpol Pereira «para que acredite sobre el conocimiento o no de las autoridades sobre los fallos de tutela que predican la orden expresa de no devolución del señor R.».

iii) Declaración del Viceministro de Relaciones Exteriores Dr. Francisco Echeverri Lara «para que certifique si la institución tenía o no conocimiento de la prohibición de devolución y si tomó las medidas correspondientes para evitar la captura del señor A. R.».

iv) Llevar a cabo video conferencia con los señores J. T. R. y C. Á. O. O., abogados en su momento del requerido «quienes pueden dar declaración sobre las formas en que pudieron o no ejercer el derecho de defensa y litigio».

v) Testimonio de la psiquiatra tratante del solicitado, Dra. Karen Estrella Benavidez «para que acredite las condiciones mentales que padeció o padece el señor A. R., así como explicar el origen de sus cuadros clínicos.».

vi) Solicitó tener como prueba documental copia de la declaración del Dr. Freddy Felipe Fernández Paniagua, ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, «quien denunció el impedimento por partes de agentes estatales al ejercicio de la abogacía, puesto que ante la exigencia de hablar con su cliente, para la concreción de su defensa, fue detenido y brutalmente golpeado.», y el material periodístico que da cuenta del reportaje y seguimiento que hicieron diferentes medios de comunicación en Bolivia respecto de las graves violaciones a los derechos humanos y torturas.

8. Por su parte, la Procuradora Tercera Delegada para la Casación Penal requirió solicitar al Ministerio de Relaciones Exteriores información respecto el pronunciamiento que ha realizado sobre la condición de «Refugiado» de M. A. R. L., en cumplimiento al fallo de tutela emitido por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali de 13 de diciembre de 2013, confirmado por la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia el 20 de febrero de 2014, remitiendo copia de los actos administrativos expedidos en tal sentido, por cuanto a su existencia queda supeditado el concepto que se deba emitir en el presente caso.

CONSIDERACIONES DE LA CORTE

1. El contenido y alcance del concepto que le corresponde emitir a la Corte dentro del trámite de extradición, acorde con doctrina de la Sala sentada conforme al texto del artículo 502 de la Ley 906 de 2004, está estrictamente orientado a constatar la validez formal de la documentación presentada, la plena identidad del solicitado, el principio de la doble incriminación, la equivalencia de la providencia proferida en el extranjero y el cumplimiento de lo previsto en los tratados públicos cuando a ello hay lugar.

2. En el presente caso se siguen las pautas de la Ley 906 de 2004 por cuanto los hechos que sustentan la petición de extradición acaecieron en vigencia de esa normatividad, no obstante lo cual, así mismo se consultan las exigencias previstas en el acuerdo sobre extradición suscrito en Caracas el 18 de julio de 1911, por ser el tratado aplicable al caso, según lo conceptuó el Ministerio de Relaciones Exteriores.

3. El Acuerdo Bolivariano sobre Extradición, celebrado entre la República de Colombia y varios países americanos, entre ellos, el Estado Plurinacional de Bolivia, prevé que cada uno de los Estados signatarios, «...convienen en entregarse mutuamente, de acuerdo con lo que se estipula en este Acuerdo, los individuos que procesados o condenados por las autoridades judiciales de cada uno cualquiera de los Estados contratantes, como autores, cómplices o encubridores de alguno o algunos de los crímenes o delitos especificados en el artículo 2, dentro de la jurisdicción de una de las partes contratantes, busquen asilo o se encuentren dentro del territorio de una de ellas. Para que la extradición se efectúe es preciso que las pruebas de la infracción sean tales, que las leyes del lugar donde se encuentren el prófugo o enjuiciado justificaría su detención o sometimiento a juicio, si la comisión, tentativa o frustración del crimen o delito se hubiese verificado en él».

Por su parte, el artículo IV indica que «no se acordará la extradición» por delitos políticos y el canon V preceptúa que tampoco se acordará la extradición en los siguientes casos:

a) Si con arreglo a las leyes de uno u otro Estado no excede de seis meses de privación de libertad el máximum de la pena aplicable a la participación que se imputa a la persona reclamada, en el hecho por el cual se solicita la extradición.

b) Cuando según las leyes del Estado al cual se dirige la solicitud, hubiere prescrito la acción o la pena a que estaba sujeto el enjuiciado o condenado.

c) Si el individuo cuya extradición se solicita ha sido ya juzgado y puesto en libertad o ha cumplido su pena, o si los hechos imputados han sido objeto de una amnistía o de un indulto”.

De otro lado, el artículo VI dispone que la solicitud de extradición «deberá hacerse precisamente por la vía diplomática» y el canon VIII regula lo concerniente a los requisitos de la solicitud de extradición, a propósito de lo cual señala:

La solicitud de extradición deberá estar acompañada de la sentencia condenatoria si el prófugo hubiese sido juzgado y condenado; o del auto de detención dictado por el tribunal competente, con la designación exacta del delito o crimen que lo motivaren, y de la fecha de su perpetración, así como de las declaraciones u otras pruebas en virtud de las cuales se hubiere dictado dicho auto, en caso de que el fugitivo sólo estuviere procesado.

Estos documentos se presentarán originales o en copia, debidamente autenticada, y a ellos se agregará una copia del texto de la ley aplicable al caso, y en cuanto sea posible, las señas de la persona reclamada.

La extradición de los prófugos, en virtud de las estipulaciones de este tratado, se verificará de conformidad con las leyes de extradición del Estado al cual se haga la demanda.

En ningún caso tendrá efecto la extradición si el hecho similar no es punible por la ley de la Nación requerida.

En ese orden, son aspectos a constatar con miras a emitir concepto sobre la solicitud de extradición presentada por el Estado Plurinacional de Bolivia los requisitos siguientes:

a) Que la solicitud de extradición se haya formulado por vía diplomática, acompañada, cuando se trate de imputados procesados, de copia auténtica del auto de detención emanado de juez competente, con designación del delito por el cual se procede y sus circunstancias, así como las pruebas que le sirven de fundamento y aquellos preceptos sobre prescripción. b) Que las pruebas fundamento de la medida detentiva en el Estado requirente puedan sustentar similar figura en el requerido. c) Que el hecho por el cual se solicita la extradición tenga como delito una pena mínima superior a seis meses de privación de la libertad en ambos Estados. d) Que la acción penal o la pena no se encuentre prescrita acorde con el estado requerido. e) Que el individuo solicitado no haya cumplido la condena o haya sido amnistiado o indultado en el país de comisión de la conducta. f) Que no se trate de delito político o conexo.

4. De otra parte, el art. 139 de la Ley 906 de 2004 dispone el deber de rechazar de plano los «actos que sean manifiestamente inconducentes, impertinentes o superfluos», al tiempo que el artículo 359 ibídem dispone «la exclusión, rechazo o inadmisibilidad de los medios de prueba que, de conformidad con las reglas establecidas en este código, resulten inadmisibles, impertinentes, inútiles, repetitivos o encaminados a probar hechos notorios o que por otro motivo no requieran prueba».

5. Precisados los parámetros bajo los cuales corresponde adelantar la actividad probatoria en el trámite de extradición, resultan impertinentes las postulaciones del apoderado de M. A. R. L., pues no guardan relación con los elementos que la Corte debe examinar al momento de emitir concepto, por lo que se denegarán.

En efecto, las pruebas solicitadas así como los documentos aportados para ser tenidos en cuenta como tales -las referidas en los literales i, iv, v y vi- tienen como propósito demostrar la afectación grave de derechos humanos de las personas que se investigan en la presunta red de corrupción de la que se dice hacía parte R. L., así como a la falta de garantías judiciales para su defensa en la citado diligenciamiento por parte de las autoridades Bolivianas, aspectos abiertamente improcedentes, pues no se refiere a ninguno de los temas que por mandato del artículo 502 de la Ley 906 de 2004 y el Acuerdo sobre Extradición suscrito en Caracas el 18 de julio de 1911, debe corroborar la Corporación dentro del trámite de extradición.

Se reitera, la competencia de la Corte Suprema de Justicia en materia de extradición no es discrecional, vale decir, que no depende del querer o liberalidad de la corporación adentrarse en el estudio de situaciones de hecho, probatorias, circunstancias específicas de los delitos endilgados al ciudadano requerido; ni especular acerca de si es o no conveniente la entrega al gobierno extranjero; sino que, por el contrario, la competencia de la corporación viene demarcada específicamente por el artículo 502 del Código de Procedimiento Penal, Ley 906 de 2004, que establece los únicos fundamentos del concepto —favorable o desfavorable— de extradición.

Esos fundamentos no son distintos de la validez formal de la documentación presentada, la demostración plena de la identidad del solicitado, el principio de la doble incriminación, la equivalencia de la providencia dictada en el extranjero y, aquellos consagrados en el Acuerdo sobre extradición, adoptado en Caracas, el 18 de julio de 1911.

Lo anterior no significa, sin embargo, que para la sistemática normativa colombiana sea intrascendente las presuntas conductas lesivas a los derechos humanos y la falta de garantías judiciales para la defensa del requerido por parte de las autoridades extranjeras, pues precisamente la Corte, en el concepto que emite cuando éste es favorable, solicita al Gobierno Nacional a través del Presidente de la República, como jefe de gobierno encargado de dirigir o controlar las relaciones internacionales, que condicione la extradición a la protección de los derechos fundamentales que le son inherentes al requerido —numeral 2º del artículo 189 de la Constitución Política—.

En efecto, al momento de conceptuarse favorablemente un pedido de extradición, el Gobierno Nacional está en la obligación así sea un ciudadano extranjero(10) de supeditar su entrega de la persona solicitada, a que no pueda ser en ningún caso juzgada por hechos anteriores ni distintos a los que la motivan, a que no sea sometida a desaparición forzada, torturas, tratos o penas crueles, inhumanas o degradantes, destierro, prisión perpetua o confiscación.

Del mismo modo, le corresponde condicionar la entrega del solicitado, a que se le respeten todas las garantías debidas, en concreto a: tener acceso a un proceso público sin dilaciones injustificadas, se presuma su inocencia, cuente con un defensor designado por él o por el Estado, se le conceda el tiempo y los medios adecuados para preparar la defensa, pueda presentar pruebas y controvertir las que se alleguen en su contra, su situación de privación de la libertad se desarrolle en condiciones dignas, la pena que eventualmente se le imponga no trascienda de su persona y tenga la finalidad esencial de reforma y adaptación social, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 9º, 10 y 11 de la Declaración Universal de Derechos Humanos y 9º, 10, 14 y 15 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, incluso se asegure que el Estado requirente le garantice sus derechos a la salud y la vida, ofreciéndole la referida rehabilitación y los tratamientos médicos que demanden sus padecimientos(11).

En ese contexto, es ante el Gobierno Nacional que se deben presentar todas y cada una de las pretensiones aludidas por la defensa respecto de la vulneración de garantías fundamentales, en tanto, finalmente es a éste a quien le competente sopesar la conveniencia de conceder o no la extradición.

Consideraciones similares deben argumentarse frente a escuchar en declaración a la sargento de la Policía Nacional Gloria Perdomo, directora encargada de la Interpol Pereira y al Viceministro de Relaciones Exteriores Dr. Francisco Echeverri Lara, en tanto hacen referencia es al procedimiento de captura, el cual según puede advertirse de los elementos de prueba allegados al presente trámite, se llevó a cabo conforme a los parámetros legales establecidos para el efecto.

Además, los fallos de tutela emitidos por la Sala de Casación Civil de esta corporación y el Tribunal Superior de Cali, y en los que considera la defensa, se dispuso que el requerido no podría ser devuelto a su país de origen, ya obran en la actuación.

Con apoyo en las anteriores precisiones, la Sala negará la totalidad de las pruebas incoadas por la defensa, en consecuencia, se ordena por Secretaría la devolución de los documentos allegados.

6. Igual decisión se adoptara frente a la pretensión de la Representante del Ministerio Público, como quiera que la calidad o no de refugiado del requerido en extradición si bien podría de alguna manera llegar a incidir en el trámite administrativo de extradición, ello lo será una vez la Sala emita el respectivo concepto y en caso de que éste sea favorable, pues de conformidad con las convenciones sobre asilo suscritas en el ámbito interamericano(12), los Gobiernos conservan la potestad para denegar la solicitud de extradición de una persona a la cual le hayan concedido tal refugio, por tanto, será al Ejecutivo a quien le corresponderá esclarecer y tomar la determinación que estime conveniente frente a tal situación.

7. La Corte no observa necesidad de evacuar pruebas de oficio.

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal,

RESUELVE

1. NO ACCEDER a la práctica de las pruebas solicitadas por la defensa del requerido M. A. R. L. y representante del Ministerio Público, por las razones expuestas.

2. No se decretan pruebas de oficio.

Notifíquese y Cúmplase

Magistrados: Eugenio Fernández Carlier, Presidente—José Francisco Acuña Vizcaya—José Luis Barceló Camacho—Fernando Alberto Castro Caballero—Luis Antonio Hernández Barbosa—Gustavo Enrique Malo Fernández—Eyder Patiño Cabrera—Patricia Salazar Cuéllar—Luis Guillermo Salazar Otero.

Nubia Yolanda Nova García, Secretaria.

1 Fl. 97, carpeta adjunta.

2 Fl. 96, carpeta adjunta.

3 Fl. 153, ibídem.

4 Fl. 2-9, ibídem.

5 Fls. 13 y ss., ibídem.

6 Fls. 23-24, ibídem.

7 Fl. 164, ibídem.

8 Fl. 162, ibídem.

9 Fl. 12, ibídem.

10 CSJ CP, 12 oct. 2016, Rad. 48527; CSJ CP, 9 nov. 2016, Rad. 47718.

11 En el mismo sentido, CSJ CP, 10 ago. 2005, rad. 23013; CSJ CP, 31 jul. 2009, rad. 30329; CSJ CP, 16 nov. 2010, rad. 32238; y CSJ CP, 29 ago. 2012, rad. 38722.

12 Tratado de Derecho Penal Internacional (1889); Convención de La Habana (1928); Convención de Montevideo (1933); Tratado de Montevideo (1939) y Convención de Caracas (1954).