Auto AP2489-2018 de junio 20 de 2018

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA DE CASACIÓN PENAL

Magistrado Ponente:

Luis Antonio Hernández Barbosa

AP2489-2018

Rad.: 52915

Acta 200

Bogotá, D.C., veinte (20) de junio de dos mil dieciocho (2018).

Legis considera conveniente que los datos de partes, terceros o intervinientes, etc., sean suprimidos por las iniciales del nombre y apellido o XXX según el caso, con el propósito de proteger los derechos contemplados en el artículo 15 de la Constitución Política

I. VISTOS

Resuelve la Sala lo pertinente en relación con la definición de competencia suscitada por el defensor de A. N. G., procesado por el delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes.

II. ANTECEDENTES

2. Fácticos.

2.1. En virtud de lo contenido en el expediente, se tiene que el 15 de abril de 2014, a las 9:30 horas aproximadamente, tropas del Batallón Pichincha del Ejército Nacional, en puesto de control en la vía que conduce del Municipio de Suárez a la vereda Betulia (Cauca), detuvieron e inspeccionaron una camioneta, en la cual, en su parte trasera, encontraron 8 paquetes contentivos de sustancia sólida con olor característico a estupefaciente. Del mencionado vehículo descendieron 4 personas, entre ellas A. N. G., quien aprovechando un descuido de las autoridades se arrojó por un precipicio y escapó del lugar. La experticia PIPH a la sustancia incautada arrojó positivo para cocaína, en cantidad de 56.085,9 gramos.

3(sic). Procesales.

3.1. El 6 de octubre de 2016, el Juzgado Quinto Penal Municipal con Función de Control de Garantías de Popayán ordenó la captura del A. N. G.

3.2. El 15 de junio de 2017, ante el Juzgado Segundo Penal Municipal con Función de Control de Garantías de Tumaco (Nariño) se llevó a cabo audiencia de legalización de la aprehensión física, formulación de imputación e imposición de medida de aseguramiento. El procesado no aceptó los cargos formulados por la Fiscalía por la conducta de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes. Seguidamente, le fue impuesta medida de detención preventiva en establecimiento carcelario.

3.3. El 19 de julio de 2017, el apoderado de A. N. G. solicitó el traslado de su defendido a una Zona Transitoria de Normalización Veredal (ZTNV) o, en su defecto, libertad condicionada, conforme lo establecido en la Ley 1820 de 2016, en el marco de la Justicia Especial para la Paz.

3.4. El siguiente 30 de agosto, el Juzgado Primero Penal Ambulante con Función de Control de Garantías de Popayán negó la libertad condicionada y, como a partir del «1º de agosto» de esa misma anualidad dejaron de existir las ZTNV, asimiló dicha figura a los Espacios Territoriales de Capacitación y Reincorporación (ETCR), consagrados en el Decreto 1274 de 2017, disponiendo el traslado del implicado a la señalada área.

3.5. El 12 de octubre de 2017, la Fiscalía Tercera Especializada de Popayán radicó escrito de acusación ante el centro de servicios administrativos de esa ciudad, correspondiendo el asunto al Juzgado Primero Penal del Circuito Especializado de la capital del Departamento del Cauca, quien dispuso fijar la respectiva audiencia para el 16 de febrero de 2018.

3.6. El 18 de octubre de 2017, el procesado N. G., a través de apoderado, solicitó, con base en la Ley 1820 de 2016 al juzgado de conocimiento libertad condicionada, siendo negada mediante interlocutorio del 25 de idénticos mes y año, tras considerar que «de los EMP, no es posible establecer que el susodicho procedió bajo órdenes o como integrante del grupo subversivo FARC-EP, sino que actuó bajo sus propias prerrogativas sin que ello encaje en los presupuestos» exigidos en la aludida normatividad; determinación que no fue apelada por el interesado.

3.7. En virtud de la solicitud elevada por el subdirector de gestión legal de la Agencia para la Reincorporación y la Normalización, consistente en que «se estudie la posibilidad de otorgar la libertad condicional» a N. G., el Juzgado Primero Penal del Circuito Especializado de Popayán, mediante auto del 7 de febrero de 2018, negó, nuevamente, la referida postulación y revocó el traslado a un ETCR que había sido reconocido previamente por el Juzgado Primero Penal Ambulante con Función de Control de Garantías de esa misma territorialidad, tras considerar que:

[H]asta el momento no es posible establecer que la conducta del señor A. N. G., fue desplegada con ocasión o en desarrollo del conflicto armado en beneficio de las FARC, además que, si bien está acreditada su condición de rebelde, no es dable obviar el factor personal de los artículos 11 y 12 de la Ley 1820 de 2016, porque no está acreditado que el punible de “tráfico, fabricación o porte de estupefacientes” sea conexo con el delito político. 

3.8. La decisión en comento fue impugnada verticalmente y confirmada por la Sala Penal del Tribunal Superior de Popayán, mediante proveído de 26 de febrero de 2018, con similares argumentos a los esbozados por el a quo.

3.9. El 16 de febrero de 2018, al inicio de la audiencia de formulación de acusación, el apoderado de A. N. G. manifestó que el implicado fue certificado y acreditado como miembro integrante de las FARC-EP, por lo cual debe ser procesado por la Jurisdicción Especial para la Paz, conforme los artículos 5º del Acto Legislativo 01 de 2017, 17 y 23 de la Ley 1820 de 2016. Por ende, solicitó el envío de la carpeta a dicha autoridad.

3.10. El titular del Juzgado Primero Penal del Circuito Especializado de Popayán, además de reiterar argumentos transcritos, expresó que los acompañantes del encausado, capturados por los mismos hechos, fueron judicializados sin alegar en momento alguno que su actuar tenía relación con las FARC-EP. Por consiguiente, declaró su competencia para conocer del proceso.

A renglón seguido, consideró que lo propuesto por el citado abogado fue «un conflicto de competencia entre diferentes jurisdicciones», motivo por el cual dispuso el envío de la actuación a la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, para lo de su cargo.

3.11. El 11 de abril de 2018, la Corporación en comento decidió «ABSTENERSE DE RESOLVER LA DEFINICIÓN DE COMPETENCIA propuesta por la defensa de A. N. G., ante el Juez Primero Penal del Circuito Especializado con Funciones de Conocimiento, con la JURISDICCIÓN ESPECIAL PARA LA PAZ»; y, en consecuencia, dispuso «REMITIR el expediente al juez primero penal del circuito especializado con funciones de conocimiento», tras considerar que:

[A]l no existir los (sic) presupuestos (sic) para que surja conflicto de jurisdicciones [disputa entre el funcionario que conoce el caso y otro u otros acerca de quién deba conocer el asunto] sino por el contrario estar en presencia de una impugnación de competencia y el evidenciar esta Sala que se hace necesario darle aplicabilidad al artículo 54 del Código de Procedimiento Penal en concordancia con el artículo 341 ibídem modificado por el artículo 99 de la Ley 1395 de 2010.

3.12. Posteriormente, el titular del Juzgado Primero Penal del Circuito Especializado con Función de Conocimiento de la capital del Departamento del Cauca, a través de proveído del «nueve (09) de mayo de dos mil catorce (2014) (sic)», ordenó enviar la actuación a la Sala Penal del Tribunal Superior de Popayán, en cumplimiento a lo dispuesto por la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura.

3.13. El 23 de mayo de 2018, la Sala Penal del Tribunal Superior de Popayán resolvió «ABSTENERSE de emitir pronunciamiento de fondo sobre la “impugnación de competencia” elevada por el defensor del señor A. N. G., para definir la competencia entre la jurisdicción ordinaria y la jurisdicción especial para la paz»; y, en su orden, dispuso «REMITIR la actuación a la Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia para lo de su cargo», tras considerar que:

6.1. Con todo lo anterior, esta corporación es competente para resolver la “impugnación de competencia” entre los jueces del circuito (y especialización) del mismo distrito, o municipales de diferentes circuitos de conformidad con los artículos 54 y 341 de la Ley 906 de 2004, que no (sic) para establecer el competente entre la jurisdicción ordinaria (...) y la jurisdicción especial para la paz (sic) (...), en tanto dicha función está en cabeza del Consejo Superior de la Judicatura, Sala Jurisdiccional Disciplinaria (...), hasta tanto se posesionen los miembros de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial. 

No obstante lo anterior, como de conformidad con el artículo 18 de la Ley 270 de 1996 (...), los conflictos de competencia “en cualquier otro evento” corresponden a la Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia, esta magistratura se abstendrá de emitir pronunciamiento de fondo sobre la “impugnación de competencia” elevada por el defensor del señor A. N. G., para definir la competencia entre la jurisdicción ordinaria y la jurisdicción especial para la paz (sic), y en consecuencia remitirá lo actuado a la Corte Suprema de Justicia, Sala Plena, para que resuelva de conformidad. 

3.14. En virtud de lo anterior, la carpeta se recibió en Secretaría de la Sala de Casación Civil y de allí, el 1º de junio de 2018, se envió a la Secretaría General de esta corporación.

3.15. El 5 siguiente, la última dependencia remitió la actuación a la Secretaría de la Sala de Casación Penal, al considerar que estaba pendiente de resolver la definición de competencia propuesta.

IV. CONSIDERACIONES DE LA CORTE

1. En el presente asunto, el problema jurídico a resolver se contrae a determinar si la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia podría resolver de fondo el aparente conflicto de jurisdicciones esbozado por el defensor de A. N. G., acusado por el delito de tráfico de estupefacientes; en tanto la defensa sostiene que se trata de un militante de las FARC y que, por ende, el asunto corresponde a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP).

2. Se recuerda que A. N. G. fue capturado, imputado y acusado por un delito de tráfico de estupefacientes cometido, al parecer, sin relación inmediata con la militancia en el grupo armado ilegal FARC-EP.

Por dicha razón, el Juzgado Primero Penal del Circuito Especializado de Popayán y la Sala Penal del Tribunal Superior de la misma ciudad le negaron la libertad condicionada, en los términos de la Ley 1820 de 2016, «Por medio de la cual se dictan disposiciones sobre amnistía, indulto y tratamientos penales especiales y otras disposiciones».

3. Inconforme con tal determinación, en la audiencia de acusación, el defensor explicó que N. G. fue certificado como integrante de las FARC-EP; y, por ello, solicitó el envío de la carpeta a la JEP, para que sea procesado en el marco de la justicia transicional para la paz.

4. El Juez Primero Penal del Circuito Especializado de Popayán, tras insistir en sus propios argumentos para negar la libertad condicionada invocada a favor de N. G., y añadir que sus compañeros de causa, los cuales fueron condenados por dicho reato, no alegaron que tal conducta representaba beneficio alguno para las FARC-EP o que fue ejecutada con ocasión del conflicto interno armado, ratificó que sí era competente para conocer el proceso que actualmente se adelanta por tráfico de estupefacientes.

Sin embargo, el mismo funcionario judicial estimó que el defensor había planteado «un conflicto de competencia entre diferentes jurisdicciones»; y, por ello, envió el asunto a la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura.

5. La referida Corporación entendió que no convergían los elementos de un conflicto de jurisdicciones; sino que se trataba, aparentemente, de un «conflicto de competencias» que debería resolverse según lo dispuesto en el artículo 54 del Código de Procedimiento Penal (L. 906/2004).

Por ello, devolvió el expediente al Juzgado Primero Penal del Circuito Especializado de Popayán; y dicho funcionario, a su vez, lo remitió al Tribunal Superior del mismo Distrito, quien sostuvo que el problema de competencia suscitado era de aquellos eventos innominados, cuya definición corresponde a la Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia, según lo previsto en el artículo 18 de la Ley 270 de 1996 (Estatutaria de la Administración de Justicia).

Eso explica que el expediente haya sido enviado a esta corporación.

6. En el anterior contexto, en criterio de la Sala de Casación Penal, no se ha constituido propiamente una impugnación de competencia que deba definirse como lo disponen los artículos 54 y siguientes del Código de Procedimiento Penal (L. 906/2004); ni se ha suscitado aún un conflicto de jurisdicciones, de aquellos que debería resolver la Corte Constitucional, por involucrar a la JEP.

7. No se trata de una impugnación de competencia porque en ningún momento la defensa de A. N. G. ha manifestado que el delito de narcotráfico que se le atribuye no sea de conocimiento del Juez Penal del Circuito Especializado de Popayán; y menos ha sugerido, siquiera, que deba asumir un funcionario distinto perteneciente a la jurisdicción ordinaria.

8. Es claro que la defensa se propone sustraer el conocimiento del asunto de la jurisdicción ordinaria y radicarlo en cabeza de la JEP. Aun así, tampoco es viable colegir que se haya trabado un conflicto de jurisdicciones, por las siguientes razones:

8.1. El Juez Primero Penal del Circuito Especializado de Popayán y la Sala Penal del Tribunal Superior de ese distrito, se declararon competentes, debido a que, en principio, nada indica que el tráfico de estupefacientes investigado se atribuya a N. G., en tanto miembro de las FARC y con ocasión del conflicto interno armado.

8.2. Si ello es así, bastaba la decisión de aquellas autoridades, expresada en providencias formalmente expedidas en las dos instancias, para que conservaran la competencia y siguieran adelante con el trámite procesal.

De no ser así, cualquier implicado podría desviar o paralizar el avance de la justicia, con sólo afirmar su pertenencia al grupo armado ilegal inmerso en el proceso de paz; y la petición de que el expediente sea enviado a la JEP.

8.3. Por su supuesto, el implicado directamente o a través de su defensor tiene derecho a postular sus pretensiones destinadas a obtener los beneficios previstos en la Ley 1820 de 2016. Eso no lo desconoce la Corte Suprema de Justicia.

Empero, en casos como el presente, donde los jueces de la jurisdicción ordinaria ya expresaron que la competencia radica en ellos mismos, se incurrió en el contrasentido de impulsar el aparente conflicto de jurisdicciones sin una opinión en contrario de la JEP.

8.4. Así las cosas, el proceso penal que actualmente cursa en contra de A. N. G., debe seguir su trámite normal en el Juzgado Primero Penal del Circuito Especializado de Popayán, bajo la sistemática acusatoria establecida en la Ley 906 de 2004.

8.5. Desde luego que si el implicado y su defensor persisten en la búsqueda de los beneficios que podrían derivar de la Ley 1820 de 2016, les corresponde solicitar su ingreso a la Jurisdicción Especial para la Paz.

8.6. Si la JEP, en tal hipótesis, acepta los planteamientos y solicita la remisión del expediente que actualmente tramita la jurisdicción ordinaria, podrían ocurrir dos situaciones:

8.6.1. Que el Juez Primero Penal del Circuito Especializado de Popayán comparta los puntos de vista de la JEP. En tal caso, declinará la competencia y enviará la actuación a la JEP, sin que haya lugar al trámite de impugnación de competencia ni a conflicto de jurisdicciones.

8.6.2. Que el Juez Primero Penal del Circuito Especializado de Popayán no comparta las apreciaciones de la JEP. En ese evento trabaría un conflicto positivo de jurisdicciones, que deberá ser decidido por la Corte Constitucional, acorde con las previsiones normativas que regulan las singularidades excepcionales que podrían suscitarse en la dinámica del proceso de paz.

9. Así las cosas, la Sala de Casación Penal se abstendrá de emitir un pronunciamiento de fondo, atinente a la competencia de las distintas jurisdicciones; y, en lugar de ello, devolverá el expediente al Juzgado Primero Penal del Circuito Especializado de Popayán, para que continúe el trámite del proceso penal actualmente en curso contra A. N. G.

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal,

V. RESUELVE

Abstenerse de emitir un pronunciamiento de fondo, atinente a la competencia de las distintas jurisdicciones; y, en lugar de ello, devolver el expediente al Juzgado Primero Penal del Circuito Especializado de Popayán, para que continúe el trámite del proceso penal actualmente en curso contra A. N. G.

Contra esta decisión no procede recurso alguno.

Cópiese, comuníquese y cúmplase.

Magistrados: Luis Antonio Hernández Barbosa—José Francisco Acuña Vizcaya—José Luis Barceló Camacho—Fernando Alberto Castro Caballero—Eugenio Fernández Carlier—Eyder Patiño Cabrera—Patricia Salazar Cuéllar—Luis Guillermo Salazar Otero.

Nubia Yolanda Nova García, Secretaria.