Auto AP2495-2015/45386 de mayo 6 de 2015

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

SALA DE CASACIÓN PENAL

AP2495-2015

Rad.: 45386

Magistrado Ponente

Dr. Luis Guillermo Salazar Otero

(Aprobado Acta Nº 159)

Bogotá, D. C., seis de mayo de dos mil quince.

EXTRACTOS: Consideraciones de la Sala

De conformidad con lo previsto en el artículo 26, inciso 2º, de la Ley 975 del 2005, en armonía con la preceptuado en el artículo 32, numeral 3º de la Ley 906 de 2004, la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia es competente para pronunciarse de fondo en el asunto sometido a examen, en tanto se trata de una decisión de primera instancia emitida por un tribunal superior, para cuyo fin se ocupará de los aspectos objeto de impugnación extendiéndose a aquellos que resulten inescindiblemente vinculados.

Inicialmente es necesario recordar que en el curso del trámite del recurso que ahora se resuelve, la defensa de R.M.I.A. mediante escrito del pasado 6 de abril del año en curso, allegó ante esta corporación “prueba sobreviniente” sobre la demora en la atención médica requerida por su representado en el establecimiento carcelario.

En relación con dicho planteamiento, aclara la Sala que en el trámite de la apelación no existe una etapa probatoria y; además, que no es a la segunda instancia a quien corresponde analizar los elementos de juicio sobrevinientes referentes a la situación del procesado, sino que compete al magistrado de control de garantías apreciar los nuevos medios de convicción y adoptar la decisión que estime ajustada a derecho, la cual, si fuere el caso, tendrá control en segunda instancia por la Sala de Casación Penal.

Lo anterior por cuanto la finalidad del recurso ordinario de apelación propuesto no es otra que la de analizar los razonamientos y los precisos elementos de convicción que condujeron al a quo a adoptar la decisión impugnada y por consiguiente, no es admisible que el juzgador de segundo grado considere otros elementos de juicio distintos a aquellos en que se fundamentó el auto recurrido.

Así las cosas, no es de recibo que el impugnante traiga ante la corporación de segundo grado peticiones o apreciaciones probatorias que debe presentar ante el funcionario de primer grado, motivo por el cual los elementos de juicio allegados por el defensor, no serán tenidos en cuenta en esta oportunidad.

De otra parte, la Sala adelanta desde ya su postura en el sentido de que no procede la revocatoria de la determinación impugnada, en cuanto los argumentos del defensor ninguna aptitud tienen para acreditar un dislate en la determinación adoptada por la magistrado de Justicia y Paz.

En efecto, en cuanto al argumento relativo a que el postulado tiene edad superior a 62 años, eventualidad que según el defensor se adecua a la causal de sustitución de la detención preventiva prevista en el numeral 2º del artículo 314 de la Ley 906 de 2004, la corporación ha dejado sentado que dicha circunstancia por sí sola, no es suficiente para conceder la detención en el lugar de domicilio, pues este presupuesto no opera de manera automática, sino que se trata de un beneficio que está sujeto a un juicio de razonabilidad, esto es, que la personalidad del procesado, así como la naturaleza y modalidad del hecho punible imputado hagan aconsejable la reclusión en lugar de residencia.

En el presente evento, es claro que la modalidad de los hechos punibles que se le atribuyen y su gravedad por atentar reiterada y sistemáticamente contra los derechos humanos y el derecho internacional humanitario, cometidos como integrante de un aparato criminal, así como la posición que dentro de ese grupo ilegal ocupaba el hoy procesado, impiden considerar que su edad sea suficiente para justificar su detención en el lugar de domicilio.

Además, el hecho que durante la mayor parte de su vida se haya dedicado al crimen y a la violencia, indica la presencia de una personalidad que pone en evidencia lo improcedente de la sustitución de la medida.

De otra parte, en cuanto a la sustitución de la detención en establecimiento carcelario del postulado I. A. por razones de salud, no se discute que, tal y como acertadamente lo señala el defensor, la causal prevista en el numeral 4º del artículo 314 de la Ley 906 de 2004, aplicable al asunto conforme la remisión establecida en el artículo 62 de la Ley 975 de 2005, obedece a una exigencia de un Estado de derecho que respete la dignidad de las personas, pues, no se compadece sostener que alguien, por grave que sea su delito o condenable su conducta, pueda ser recluido en un establecimiento carcelario cuando ello es incompatible con su vida o salud.

Adicionalmente, los tratados internacionales sobre derechos humanos suscritos por Colombia expresamente diseñan normas que obligan respetar la dignidad humana aún en los casos de personas vinculadas a procesos penales u objeto de reclusión carcelaria.

En tales condiciones, si de acuerdo con las pruebas legalmente practicadas o allegadas se acredita que la persona padece grave enfermedad que es incompatible con la reclusión, ninguna alternativa diferente queda al operador jurídico, que la sustitución de la medida de aseguramiento de detención preventiva en establecimiento carcelario, simplemente porque de negarse ella se incurre no sólo en atentado ostensible contra el principio de dignidad humana, sino que se pone en peligro la vida del recluso y, finalmente, se le somete a un trato cruel, inhumano y degradante.

Sin embargo, en el presente asunto sometido al examen de la Sala, ninguna incertidumbre se presenta respecto a que no se satisfacen las exigencias para entender estructurada la causal referenciada en el numeral 4° del artículo 314 de la Ley 906 de 2004, toda vez que claramente el legislador previó que esa condición de grave enfermedad debe ser establecida por médico oficial, mientras que la decisión del lugar en el cual cumplirá su confinamiento el procesado —residencia, clínica u hospital—, corresponde al juez.

Para el caso concreto, de forma expresa el profesional al servicio del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, después de verificar los antecedentes de salud del recluso y la información ofrecida por el centro carcelario, conceptuó que “… no se encuentran signos de enfermedad orgánica que permitan fundamentar estado grave por enfermedad y por consiguiente que el paciente podrá ser tratado de manera intramural…”.

Esa manifestación pericial no logró ser desvirtuada por ninguna de las partes o intervinientes, quienes tampoco ponen en tela de juicio la situación calamitosa de salud por la que atraviesa R.M.I.A.

Por consiguiente, si el profesional de la salud señalado por el ordenamiento jurídico para dictaminar sobre el asunto presentó su diagnóstico y éste no pudo ser controvertido, necesariamente ha de concluirse que no se satisface en esta oportunidad la exigencia normativa para acceder a la sustitución de la medida de aseguramiento.

Desde luego, se impone advertir a los funcionarios del establecimiento carcelario que deben poner en práctica los mecanismos necesarios para que se preste al procesado la atención que logre enervar los peligros para su salud y se eviten males mayores producto de la enfermedad.

En conclusión, la Corte confirmará la decisión de la magistrada de control de garantías de la Sala de Justicia y Paz de Bogotá, que negó la sustitución de la detención carcelaria por domiciliaria en favor del postulado R.M.I.A.

En mérito de lo expuesto, la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia,

RESUELVE:

1. CONFIRMAR el auto del 9 de febrero de 2015 proferido por la magistrada de control de garantías de la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Bogotá, dentro del proceso seguido contra R.M.I.A.

2. Por Secretaría de la Sala, exhortar a los directivos de la Penitenciaria La Picota, en orden a que cumplan con los requerimientos de salud del postulado R.M.I.A., con la finalidad de evitar mayores complicaciones producto de la enfermedad que padece.

Contra esta decisión no proceden recursos.

Cópiese, notifíquese y cúmplase».