Sentencia AP2677-2016 de mayo 4 de 2016

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

SALA DE CASACIÓN PENAL

Magistrado ponente:

Dr. Luis Antonio Hernández Barbosa

AP2677-2016

Radicación 47933

(Aprobado Acta141)

Bogotá, D.C., cuatro de mayo de dos mil dieciséis.

EXTRACTOS: «Consideraciones de la Corte:

1. Según se desprende del artículo 58 A de la Ley 906 de 2004, modificado por el canon 83 de la Ley 1395 de 2010, la Sala está facultada para pronunciarse sobre el presente impedimento, dado que fue planteado por magistrados de un Tribunal Superior y rechazado por otros integrantes del mismo.

Constituye criterio reiterado de la Sala de Casación Penal que la finalidad del instituto en mención es garantizar que los funcionarios judiciales obren con estricto apego a los principios de imparcialidad y objetividad, de tal suerte que si cualquier factor puede afectar su buen juicio y transparencia se erige en motivo suficiente para separarlos del conocimiento del asunto (Cfr. CSJ AP, 13 Ago. 2014, Rad. 44362, entre muchos otros).

2. La causal de impedimento invocada por los magistrados de la Sala de Decisión Penal del Tribunal Superior de Bogotá está prevista en el numeral 6º del artículo 56 de la Ley 906 de 2004, en los siguientes términos:

«Que el funcionario haya dictado la providencia de cuya revisión se trata, o hubiere participado dentro del proceso…».

Respecto del referido motivo impeditivo esta Sala de Casación ha sostenido que no toda actuación previa en el proceso es razón suficiente para separar al funcionario de su conocimiento, sino aquella con capacidad de comprometer su criterio respecto de un asunto que posteriormente deba entrar a resolver y que, por ende, perturba su imparcialidad y ponderación.

Entonces, la participación dentro del proceso no debe asumirse en sentido literal en cuanto es preciso que esa intervención, para adquirir un efecto trascendente acorde con los fines de la norma, tenga la aptitud suficiente para comprometer la ecuanimidad y la rectitud del funcionario, de modo que su actividad dentro del proceso debió ser esencial, de fondo, sustancial, trascendente, y no simplemente formal (CSJ AP, 30 nov. 2006, rad. 26485; CSJ AP, 4 dic. 2013, rad. 29581y AP, 17 jun. 2015, rad. 46167 entre otras).

3. En el presente caso los magistrados Alberto Poveda Perdomo y Ramiro Riaño Riaño actuaron inicialmente como jueces de segunda instancia al desatar la apelación interpuesta contra la decisión del 20 de noviembre de 2015, emitida por el Juzgado 4º Penal del Circuito Especializado, mediante la cual se improbó el preacuerdo suscrito con el acusado José Auli López Chacón, por vulneración del principio de legalidad dada la indebida tasación de la pena conforme a la dosimetría dispuesta para el concurso de delitos en el artículo 31 de la Ley 599 de 2000, oportunidad en la cual señalaron que además de los argumentos expuestos, lo acordado se debía improbar, porque «de los elementos materiales probatorios y evidencia física no emerge circunstancia alguna que permita inferir las condiciones de marginalidad, ignorancia o extrema pobreza que predica la Fiscalía, por tanto no es posible proporcionar atenuantes en aras de llegar a un acuerdo, sin que se encuentren fundamento fáctico y probatorio en la actuación».

Igualmente, destacaron en su decisión que «una empresa criminal como la descrita en la acusación no la organizan personas en situación de marginalidad sino potentadas del crimen», y finalizaron calificando la labor de la Fiscalía como ligera y apresurada, por cuanto el preacuerdo no consultaba la realidad fáctica.

A partir de lo expuesto, ahora los mencionados funcionarios aducen que se encuentran dentro del supuesto de hecho de la causal de impedimento invocada, para conocer por vía de apelación sobre el nuevo acuerdo improbado.

Considera la Sala, en primer lugar, que la participación que tuvieron los magistrados cuando conocieron del primer preacuerdo entre las partes no tiene incidencia directa en la decisión ahora sometida a su examen, pues si bien realizaron en esa oportunidad señalamientos frente a la falta de correspondencia de la imputación fáctica con la jurídica, para concluir que no estaba plenamente demostrada la situación de marginalidad, ignorancia o extrema pobreza objeto de acuerdo, lo cierto es que no se ocuparon de analizar la vulneración del artículo 352 de la Ley 906 de 2004, acerca del reconocimiento de la circunstancia de marginalidad al cotejarla con la rebaja punitiva dispuesta por el legislador cuando el preacuerdo tiene lugar después de la presentación de la acusación, que corresponde al problema jurídico advertido por la primera instancia en el nuevo acuerdo.

4. Pero esa circunstancia, que sería suficiente para deducir que no está comprometida la imparcialidad de los magistrados Poveda Perdomo y Riaño Riaño, no es sin embargo la explicación llamada a sustentar la negativa a admitir que se encuentran impedidos para resolver el recurso de apelación interpuesto contra el auto del 4 de marzo de 2016, proferido por el Juzgado 4º Penal del Circuito Especializado de Bogotá.

El argumento en el cual se fundamenta la Sala para concluir que esos funcionarios no se encuentran impedidos para resolver la apelación en contra del auto por el cual se improbó el acuerdo entre la Fiscalía y los procesados López Chacón y Murcia Sierra, tiene que ver con la lógica misma de como se encuentra construido el sistema de justicia premial en la Ley 906 de 2004. Si los preacuerdos entre las partes están sometidos a control judicial, ello no puede significar que cuando un Juez imprueba uno en un caso determinado, quede impedido para pronunciarse en relación con otro en el mismo asunto. Lo deseable, por el contrario, es que si ya el funcionario, a través de su decisión precedente, le hizo saber a las partes las razones para no ratificar el arreglo, éstas procedan a incorporarle los ajustes pertinentes y a presentarlo de nuevo, naturalmente en caso de persistir en él.

Ese entendimiento, que igual aplica frente al control judicial de los allanamientos, evita que las partes, ante la desaprobación judicial de un preacuerdo, vayan de Juez en Juez hasta conseguir que alguno lo autorice.

5. El anterior criterio que adopta la Sala, aplica igualmente frente a eventos en los que ante un funcionario judicial que se negó a decretar la preclusión de la investigación en una actuación determinada, se presenta nuevamente a su consideración –en primera o segunda instancia— una discusión vinculada a la misma pretensión. Esto quiere decir que el Juez que negó en una oportunidad anterior la preclusión, no se encuentra impedido para volver a conocer de una nueva solicitud en el mismo sentido. Y que tampoco lo está el despacho judicial de segunda instancia que confirmó la improcedencia de la preclusión, para resolver la apelación de una nueva decisión adversa a la medida de terminación del proceso.

Lo precedente no se opone al numeral 14 del artículo 56 de la Ley 906 de 2004 por la sencilla razón de que esta disposición consagra como causal de impedimento, “para conocer el juicio en su fondo”, haber negado la solicitud de preclusión. El Juez que no accede a decretar esa determinación, en consecuencia, queda inhabilitado para el trámite de la etapa del juzgamiento. Nunca para pronunciarse en relación con una petición de preclusión tras haberse negado previamente en el mismo caso a declararla.

Así las cosas, la Sala recoge la decisión contraria a la tesis anterior, consignada en el auto del 11 de febrero de 2015 (impedimento 45280), en la cual se definió que se encontraban impedidos para conocer del recurso de apelación interpuesto contra el auto que negó una solicitud de preclusión a dos Magistrados del Tribunal Superior de Bogotá, por la circunstancia de haberse pronunciado antes en la misma actuación respecto de una determinación similar. Este nuevo criterio jurisprudencial, que es conforme a la ley, imposibilita —como en el caso de las decisiones judiciales mediante las cuales no se aprueban los preacuerdos—, que cuando una petición de preclusión ha sido negada se vaya a un nuevo juez —y a otros— en busca de que finalmente alguien la comparta.

6. Es inadmisible como circunstancia de impedimento, en conclusión, que los Magistrados Poveda Perdomo y Riaño Riaño del Tribunal Superior de Bogotá hubieran conocido antes en el mismo proceso, por razón de sus funciones, de la apelación interpuesta contra la determinación de no aprobar un preacuerdo anterior entre las partes. Por tanto, deberán resolver la alzada puesta a su consideración.

En virtud de lo expuesto, la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia,

RESUELVE:

1. Declarar infundado el impedimento manifestado por los Magistrados del Tribunal Superior de Bogotá Alberto Poveda Perdomo y Ramiro Riaño Riaño.

2. Devolver inmediatamente las diligencias al tribunal de origen.

Contra esta decisión no proceden recursos.

Cúmplase».

1 CSJ Sala de Decisión de Tutela 1 Radicado 84228.