Auto 39960 de mayo 21 de 2014

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

SALA DE CASACIÓN PENAL

Radicado 39960

AP2747-2014

Aprobado acta 153

Magistrada Ponente:

Dra. Patricia Salazar Cuellar

Bogotá, D.C., veintiuno de mayo de dos mil catorce

EXTRACTOS: « Consideraciones

La Sala de Casación Penal de la Corte, es competente para resolver los recursos de apelación contra las decisiones adoptadas en primera instancia por los tribunales superiores (L. 600/2000, art. 75-3 y L. 906/2004, art. 32-3) y en el caso concreto, de la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Bogotá, conforme lo dispone el artículo 26 de la Ley 975 de 2005.

Para los efectos propios de la decisión que compete a la Corte adoptar en este asunto, de utilidad resulta precisar que en consideración a la naturaleza especial de la Ley 975 de 2005 o de justicia y paz, inspirada en un modelo de justicia restaurativa(6), la Sala ha señalado que se trata de un cuerpo normativo sui generis, encausado hacia la obtención de la paz nacional, para lo cual sacrifica caros principios reconocidos por el derecho penal de corte democrático, como los de proporcionalidad e igualdad, porque, en resumidas cuentas, se termina por otorgar a quienes a ella se acojan una pena alternativa significativamente inferior a la contemplada para las demás conductas delictivas cometidas por personas que no pertenecen a los grupos armados organizados al margen de la ley, aunque, como contrapartida, se hace especial énfasis en los derechos de las víctimas a acceder a la verdad de lo sucedido, a que se haga justicia y se les brinde reparación efectiva, procurando además, asegurar las garantías de preservación de la memoria histórica de los hechos que les condujeron a esa condición y de no repetición, como de manera prolija lo ilustra la Corte Constitucional a través de la Sentencia C-370 de 2006.

El modelo de justicia transicional colombiano, implica el abandono de ciertos paradigmas y conceptos tradicionales en la interpretación y aplicación de las normas que conforman el sistema jurídico convencional de solución de los diversos conflictos sociales, para dar paso a una nueva propuesta de reconciliación que facilite el proceso de paz y la reincorporación individual o colectiva a la vida civil de los miembros de los grupos armados al margen de la ley.

En este propósito, la justicia transicional ha sido entendida por la doctrina y la jurisprudencia constitucional como una institución jurídica que se ocupa de procesos mediante los cuales se realizan transformaciones radicales a una sociedad, que se encuentra en conflicto o post conflicto, con miras a lograr el fin primordial de la paz. Desde esa perspectiva, se deriva que las situaciones presentadas en busca de la paz y la justicia deben considerarse equitativamente sobre las condiciones de posibilidad de un proceso transicional, según lo dicho por la Corte Constitucional en Sentencia C-771 de 2011, “pues ignorarlas equivale a desconocer el inmenso peso que tienen las particularidades del contexto político en el éxito o fracaso de un proceso de ese tipo”.

De igual forma, al enfrentar en este modelo de justicia, la tensión suscitada entre la adecuada proporción de justicia y la obtención y preservación de la paz, en el marco de una transición, muy difícil resulta su balanceo, al extremo de que se llegue a expresar “tanta justicia como la paz lo permita”, lo que denota la trascendental importancia de la finalidad básica de la transición, pues según lo señalado por el tribunal constitucional en la sentencia citada, es “condición indispensable para la convivencia social y la subsistencia de un Estado de derecho, pues solo las circunstancias de cada caso concreto y las relaciones de poder que existen en una sociedad en un momento histórico dado podrán determinar si se debe renunciar a la justicia, a cuánto de justicia y bajo qué condiciones para conservar la paz”.

De manera que la interpretación de las disposiciones legales de este novedoso sistema de justicia, se deberá efectuar de conformidad con los principios y valores constitucionales y los tratados internacionales ratificados por Colombia que propenden por acabar con el conflicto armado y la violencia en aras de alcanzar el derecho a la paz, sin que ello involucre generar un clima de impunidad, al contrario, lograr el enjuiciamiento y la sanción de los responsables de las graves violaciones a los derechos humanos y al derecho internacional humanitario, así como la reparación a las víctimas de tales afectaciones mediante el esclarecimiento de la verdad.

Sin embargo, esa nueva hermenéutica debe conciliarse necesariamente con el respeto al debido proceso, a la luz de lo señalado por el artículo 29 de la Carta Política, bajo el entendimiento de que la Ley 975 de 2005 o de Justicia y paz, así lo preserva, al igual que con los demás derechos fundamentales, como se infiere del artículo 2º de la citada ley.

En este caso, el objeto del recurso de apelación y lo que aquí decide la Sala, por su especial importancia, atañe a la viabilidad de legalizar o excluir del trámite de justicia transicional actividades relacionadas con delitos de concierto para delinquir agravado, narcotráfico, enriquecimiento ilícito y lavado de activos, entre otros, a quien demostrado está, pertenece a un grupo de autodefensas y ha sido postulado para los beneficios de la ley de justicia y paz.

En esta labor, la Corte se encuentra limitada en su estudio al objeto de la impugnación y a los aspectos inescindiblemente ligados a ella.

Por lo tanto, acorde con los planteamientos de los recurrentes, los temas de controversia, se contraen a los siguientes:

1. Naturaleza de los delitos atribuidos a Miguel Ángel Mejía Múnera y su condición particular dentro del trámite de justicia y paz.

La Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Bogotá, en la decisión cuestionada no legalizó los cargos formulados por los delitos de concierto para delinquir agravado (período 1996 a 2000), tráfico de estupefacientes, enriquecimiento ilícito y lavado de activos, al postulado Mejía Múnera.

Respecto del primer delito advirtió el Tribunal que el mismo no lo ejecutó por virtud o con ocasión de la pertenencia del postulado a las AUC.

Y, en relación con los otros, señaló el a quo que tales comportamientos no pueden ser legalizados en razón a su ajenidad con la naturaleza y finalidades del trámite de justicia y paz.

Sobre el particular, debe iniciar la Corte por señalar que su jurisprudencia ya tiene definido cómo la ley de justicia y paz no excluye per se la posibilidad de incluir en este especial procedimiento cualquier delito, siempre y cuando el postulado cumpla con las condiciones generales y especiales de elegibilidad previstas en la ley.

En efecto, el ámbito de aplicación de la justicia transicional se concreta a lograr el enjuiciamiento y sanción, en los términos establecidos en la Ley 975 de 2005, de los responsables de las graves violaciones a los derechos humanos y el derecho internacional humanitario y delitos conexos, así como de la reparación a las víctimas de tales afectaciones, con el propósito de contribuir a la reconciliación nacional, lograr la paz y la reincorporación individual o colectiva a la vida civil de los miembros de los grupos armados organizados al margen de la ley que se hubiesen desmovilizado, respecto de los hechos delictivos cometidos durante y con ocasión de la pertenencia a esas organizaciones.

La finalidad indicada se infiere del contenido de los artículos 2º, 10, 16-1, 17, 20 de la Ley 975 de 2 005 y 1, 12 y 13 de la Ley 1592 de 2012, así como el artículo 1º del Decreto 3011 de 2013, al señalar dicha normatividad los temas que conciernen al trámite transicional, siempre y cuando se trate de “hechos delictivos cometidos durante y con ocasión de la pertenencia a esos grupos”, expresiones que no hacen distinción de delitos ni excluye alguno de ellos de la investigación y juzgamiento de esta jurisdicción.

Entonces, la interpretación de las disposiciones de este novedoso sistema de justicia, tanto gramatical como teleológica indica que en justicia y paz es posible abordar cualquier conducta punible, siempre que haya sido cometida por el postulado durante y con ocasión de la pertenencia al grupo armado ilegal. Es decir, desde su ingreso hasta el momento de su desmovilización y en desarrollo del rol asignado al interior de la organización.

Dicho de otra manera, el objetivo de la justicia transicional no se agota en los graves atentados perpetrados contra los derechos humanos y el DIH, porque se extiende a todas las conductas delictivas ejecutadas por los miembros de los grupos organizados al margen de la ley, que hayan sido cometidas en las condiciones y circunstancias señaladas en la ley de justicia y paz.

Ahora bien, los artículos 10-5 y 11-6 de la Ley 975 de 2005, establecen unos presupuestos específicos de elegibilidad para acceder a los beneficios previstos en la ley de justicia y paz, referidas a que el grupo armado organizado al margen de la ley, o el desmovilizado individualmente considerado, no hayan tenido como finalidad el “tráfico de estupefacientes o el enriquecimiento ilícito”.

Por lo tanto, si el grupo ilegal traficó con estupefacientes, o si el desmovilizado tenía asignada esa tarea al interior de la organización como medio de financiación, sin que se haya organizado o concertado con dicha finalidad, no puede privársele de los beneficios de la justicia transicional por incumplimiento de este requisito de elegibilidad.

A este respecto, la Sala en reciente oportunidad al referirse al tema, precisó:

“Para la Corte las normas en cita tienen un sentido natural y obvio que busca evitar tanto que grupos criminales dedicados al narcotráfico haciéndose pasar por autodefensas se desmovilicen colectivamente y obtengan los beneficios de la ley de justicia y paz, como que personas individualmente consideradas, las cuales nunca integraron las agrupaciones armadas al margen de la ley, se camuflen en ellas para “lavar” su ocupación exclusiva en el narcotráfico, al margen de cualquier tipo de vinculación con el ideario de las Autodefensas.

Ello, porque el conocimiento común verificó situaciones en las cuales esas bandas de narcotraficantes buscaron escudarse en una inexistente conformación paramilitar, o mejor, pretendieron dotar de ese cariz a sus agrupaciones en aras de acceder a la pena alternativa; o que personas ajenas al paramilitarismo incluso compraron o buscaron comprar la membresía en alguno de sus frentes, pese a dedicarse exclusivamente al negocio del narcotráfico.

Para ambas circunstancias se establecieron normas similares y por ello el artículo 10-5, contempla, a título de requisito de elegibilidad “para la desmovilización colectiva”, que el grupo no haya sido organizado para el tráfico de drogas o el enriquecimiento ilícito; y, respecto de la persona individualmente considerada, el artículo 11-6, advierte que la actividad de esta no puede tener como finalidad esas conductas.

Desde luego que, como se advierte en la providencia atacada, en reiteración de la postura de la Corte, el que una persona se haya desmovilizado de forma colectiva no implica que solo deba cumplir con los requisitos del artículo 10, pues, a él, individualmente considerado, le es exigible también el piélago de exigencias del artículo 11 siguiente.

De esta forma, por ejemplo, si la desmovilización opera colectiva y se verifica que ese grupo no es de Autodefensas, sino una banda criminal dedicada exclusivamente al narcotráfico, ya de entrada resulta imposible que individualmente considerados, los miembros del mismo puedan acceder al trámite de justicia y paz, por obvias razones.

Y, en el mismo sentido, si la desmovilización es individual, pero la persona pertenecía a una de esas bandas, tampoco puede aspirar a acceder a los beneficios, sin que sea menester determinar cuál fue su actividad dentro de ellas, por una simple relación de continente a contenido.

Ello, empero, no conduce a la interpretación asumida por el a quo en la decisión atacada, pues, del contenido de las normas examinadas, y tampoco de la filosofía que anima el proceso especial o los principios rectores insertos en él, jamás se extracta que a la persona dedicada exclusivamente al tráfico de estupefacientes dentro de las Autodefensas, deba excluírsele del trámite transicional, una vez verificado que el grupo no tenía esa como misión o finalidad.

No puede la Sala compartir esa tesis, dado que no es cierto que respecto de la persona individualmente considerada la norma proscriba específicamente la posibilidad de acceder a los beneficios de justicia y paz, cuando su actividad al interior del grupo se refiere exclusivamente al tráfico de estupefacientes.

El artículo 11.6, no dice eso y tampoco cabe interpretarlo así, como quiera que allí específicamente se alude a un elemento subjetivo inescapable, remitido a que la persona “haya tenido como finalidad el tráfico de estupefacientes o el enriquecimiento ilícito” (las subrayas no corresponden al original).

Si se acepta que el desmovilizado hizo parte orgánica del grupo de Autodefensas, por compartir su ideario y métodos, de ninguna manera puede afirmarse que tuvo él como “finalidad” el tráfico de estupefacientes o el enriquecimiento ilícito, dado que, precisamente, ese fue apenas el medio, dentro del rol que se le atribuyó en la organización, para acceder a los fines o propósitos propios del paramilitarismo.

La manera adecuada y lógica de entender lo expresado por el artículo 11-6, refiere a que lo pretendido es evitar que se beneficien con el trámite de justicia y paz personas ajenas a los grupos de Autodefensas, que lejos de compartir sus idearios o propósitos, se dedicaban al narcotráfico.

Para la Corte es claro que si dentro del grupo de Autodefensas, a determinado miembro de ellas se le encomienda la tarea exclusiva de financiar con labores del narcotráfico sus actividades, no es posible atribuirle esta como finalidad a la persona, pues, emerge obvio, la labor es medio de financiamiento y no fin.

Es por ello que, además, se antoja absurdo a la Sala significar que el grupo armado ilegal sí puede financiar sus operaciones con el narcotráfico —en cuanto medio y no fin de la agrupación— y ello no conduce a estimar incumplido algún requisito de acceso al trámite transicional, de lo cual se sigue que, por ejemplo, los comandantes de esas organizaciones pueden obtener los beneficios insertos en la Ley 975 de 2005; pero que, a la par, la persona encargada dentro del grupo de realizar tal actividad, no puede postularse para el efecto porque en su caso, supuestamente, ese narcotráfico sí es fin y no medio.

Incluso, dentro de la misma teoría del delito la solución del a quo se ofrece paradójica, al punto de conducir al contrasentido de aceptar otorgar amplios beneficios a quien planeó o determinó, en cuanto líder o comandante del grupo, la actividad de narcotráfico, pero negársela a la persona que apenas, las más de las veces cumpliendo esas órdenes o designios, cumplió la tarea encomendada.

Mayor el desatino si se toma en consideración que la tesis del tribunal implica, ni más ni menos, advertir que cuando la persona, miembro orgánico del grupo, únicamente realizó tareas de narcotráfico, debe excluírsele de los beneficios del trámite transicional, pero si además de ello masacró, secuestró, extorsionó, desplazó poblaciones o, en fin, ejecutó delitos de lesa humanidad o contrarios al derecho internacional humanitario, sí tiene derecho a acceder a esas tan amplias prebendas legales” (CSJ AP, feb. 12/2014, Rad. 42686).

Entonces, los artículos 10-5 y 11-6 de la Ley 975 de 2005 lo que buscan es impedir que grupos o personas dedicadas exclusivamente al narcotráfico obtengan los beneficios de justicia y paz, pero no excluyen dicha actividad del ámbito de esta jurisdicción, porque si hubiese sido ese el propósito del legislador, así lo habría indicado de manera expresa en el texto legal, por cuanto, el tema fue objeto de intensos debates en el Congreso de la República.

Precisamente, en reciente decisión (CSJ SP, abr. 30/2014, Rad. 42534) la Sala destacó la preocupación que tuvo el legislador en torno a la posibilidad de que los denominados “narcotraficantes puros”, individual o colectivamente, se infiltraran en el proceso transicional haciéndose pasar por autodefensas, para “lavar” su prontuario criminal, razón por la cual incluyó los mencionados condicionantes. No obstante, los antecedentes legislativos no indican que el espíritu de la ley condujera a excluir la actividad del narcotráfico de la ley de justicia y paz.

Por ello, concluyó en la mencionada sentencia, que el proceso de justicia y paz fue creado no solo para enjuiciar y sancionar a los responsables de graves violaciones a los derechos humanos y al derecho internacional humanitario, sino también, para investigar, juzgar y sancionar todos los hechos delictivos cometidos durante y con ocasión de la pertenencia al grupo armado organizado al margen de la ley, sin perjuicio del criterio de priorización introducido en la Ley 1592 de 2012.

Por lo tanto, en la misma forma en que se destacó en el caso aludido (Rad. 42534), constituye un verdadero desacierto de los tribunales de justicia y paz la negativa a legalizar los cargos de narcotráfico, lavado de activos y enriquecimiento ilícito, agrega ahora la Corte, con fundamento en que en los procesos transicionales adelantados en otros países de América Latina (Argentina, Chile o Perú) no se han investigado delitos comunes, por cuanto, el conflicto colombiano difiere ostensiblemente del suscitado en otros lugares y, además, porque el derecho comparado permite confrontar sistemas normativos pero no constituye mecanismo idóneo para interpretar una norma particular y concreta.

A diferencia de otros estados, dijo la Corte, en Colombia la influencia del narcotráfico en el conflicto interno que sufre la nación es de enorme magnitud, al punto que ha sido llamado “el combustible de la guerra”, por la importancia y los cuantiosos recursos que provee a los distintos actores armados de la guerra, tanto de izquierda como de derecha.

La incidencia y el influjo del narcotráfico en el accionar de las Autodefensas, se reseña con realismo en un estudio sobre el paramilitarismo en Colombia efectuado por la Universidad Pontificia de Salamanca en el año 2008, al concluir que: “Más grave es quizá la penetración del narcotráfico en el conflicto colombiano y el establecimiento de lazos entre él y los paramilitares. Aquél ha posibilitado el auge del paramilitarismo de formas diversas. Como idea sintética y precisa puede decirse que la entrada del narcotráfico en la vida del país produjo un doble efecto: desestructuró a los políticos y al Estado y aglutinó a la delincuencia común y, al dañar al Estado, permitió alianzas de sectores diversos con el narcotráfico que dieron origen a una forma más perversa de paramilitarismo”. Se resalta además, que la guerrilla se nutre igualmente del narcotráfico de diversas maneras y se alía con las mafias cuando le conviene.

La anterior reflexión, para significar que la delincuencia organizada y los distintos actores al margen de la ley, desbordan muchas veces el alcance o la finalidad de las normas a través de las cuales el Estado busca controlar o poner fin al conflicto armado en Colombia, ya sea por la falta de claridad de la ley o por vacíos legislativos que ella misma contiene, ante lo cual, la jurisprudencia esta llamada a suplir tales deficiencias.

Para el caso, ya ha dicho la Corte, que de conformidad con las disposiciones de la Ley 975 de 2005 y los requisitos generales y especiales en ella establecidos, no es posible admitir en justicia y paz a los grupos criminales dedicados exclusivamente al narcotráfico, que haciéndose pasar por autodefensas se desmovilicen colectivamente para obtener los beneficios de la justicia transicional, o que personas individualmente consideradas que nunca hicieron parte de los grupos armados organizados al margen de la ley, se camuflen en ellas para “lavar” su actividad exclusiva de narcotraficante, al margen de cualquier tipo de vinculación con las Autodefensas, como ha quedado reseñado en los reiterados pronunciamientos de la Sala atrás citados.

La realidad nacional, que no puede ser desconocida, demuestra que en medio del conflicto ha surgido un grupo de individuos, que pretendiendo acceder a la pena alternativa de justicia y paz, se han disfrazado de paramilitares o miembros de grupos organizados ilegales, para evadir la acción de las autoridades y evitar que se les aplique con todo rigor el peso de la ley.

Ya suficientemente se ha decantado que, para el efecto, los llamados capos del narcotráfico, cuya actividad central siempre ha sido ésta, las más de las veces por conveniencia —obtienen a cambio protección y apoyo frente a otros grupos delincuenciales, a más de facilitar el acceso a los corredores por donde acostumbra transportarse la droga— apoyan económicamente a las Autodefensas.

A cambio de ello, algunos de los más renombrados narcotraficantes alcanzaron incluso a ocupar puestos destacados dentro de la estructura de mando de las AUC o de algunos de sus bloques.

Esto no significa, sobra anotar, que los otrora narcotraficantes hubiesen devenido en paramilitares, sino que la simbiosis de intereses de unos y otros, permitió confundir ambas situaciones, pues, gracias al auge de la actividad ilícita y a los enormes réditos de la misma, el narcotraficante representó un papel preponderante cuando no fundamental, en el actuar de la estructura paramilitar.

Pero, aun así, el narcotráfico sigue siendo independiente del accionar de los grupos de autodefensa, ya que no se realiza de manera exclusiva para apoyar la pretendida causa contrainsurgente, sino con la finalidad básica de atender los particulares intereses de quien se erige en dueño del negocio y busca afianzarlo, como sucede con Miguel Ángel Melchor Mejía Munera, si se toma en cuenta el reporte de las ingentes cantidades de droga enviadas por la organización a su mando, a los Estados Unidos de Norteamérica y Europa.

Cuando sucede que la actividad de narcotráfico no opera como medio para acceder a los fines propios del grupo paramilitar, sino que obedece a intereses particulares de la persona que lo ejecuta, independientemente de que esta pertenezca a determinado bloque o con sus réditos contribuya al actuar del mismo, es claro que de ninguna manera ni el delito ni la persona que lo realiza pueden acceder a los beneficios contemplados en la Ley 975 de 2005, sencillamente, porque esa condición se inscribe dentro de la causal exceptiva consagrada en el artículo 11-6 de la normatividad en cita, como ampliamente se dejó reseñado en precedencia.

Ahora bien, como ha quedado establecido que es posible contemplar en el trámite de justicia transicional, no solo las graves violaciones a los derechos humanos y al derecho internacional humanitario, sino todos aquellos delitos comunes, incluidos los de narcotráfico, enriquecimiento ilícito y lavado de activos, siempre y cuando se hubiesen cometido durante y con ocasión de la pertenencia al grupo y se cumplan los requisitos previstos en los artículos 10-5 y 11-6 de la Ley 975 de 2005, corresponde entonces examinar si en este específico caso si el desmovilizado Miguel Ángel Mejía Múnera, al ingresar al grupo armado ilegal tuvo como finalidad la realización de dichos comportamientos.

En primer lugar, en lo que atañe al Bloque Vencedores de Arauca, de acuerdo con los medios de prueba allegados a este trámite y que en lo pertinente fueron analizados por el tribunal, puede afirmarse con claridad que dicho grupo de Autodefensas no se estableció exclusivamente para traficar con estupefacientes, sino con evidentes fines antisubversivos.

En tal sentido se advierte, que el estado mayor de las AUC planeó la creación del bloque durante los años 1999 y 2000 e incluso lo ofrecieron a comandantes de bloques de otras regiones del país, quienes no aceptaron el encargo, hasta que finalmente en el año 2000 los hermanos Mejía Múnera aceptaron actuar como cabecillas de ese grupo. Así lo refiere el mismo postulado, al igual que otros desmovilizados como Salvatore Mancuso y Edwar Cobos Téllez, alias Diego Vecino, quienes declararon que el objetivo del frente era confrontar a la guerrilla, combatirla y establecer el orden en la región.

El a quo encontró satisfecha la exigencia contenida en el artículo 10-5 de la Ley 975 de 2005 al analizar los requisitos de elegibilidad del postulado. A propósito, esto dijo el tribunal:

“El Bloque, en criterio de la Sala y atendiendo a lo probado por el ente fiscal, si tenía como objetivo, desempeñar un rol de pacificación y desmovilización social, ya fuera solucionado por vías armadas, conflictos sociales o laborales; atacando a líderes cívicos, periodistas, o defensores de derechos humanos con el fin de acallar cualquier protesta. Es indudable, igualmente, que el Bloque Vencedores de Arauca fue instrumentalizado por líderes políticos regionales para modificar el ascenso y relevo en posiciones públicas”(7).

Pero, a pesar de esa realidad, no puede decirse lo mismo de Mejía Múnera, por las siguientes razones:

La Fiscalía, al realizar la imputación y posterior solicitud de legalización de los cargos en cuestión, redujo su motivación a señalar el ingreso de Mejía Múnera a las AUC desde 1996 y haber permanecido como miembro del grupo hasta agosto de 2005, cuando se produjo su desmovilización; por tanto, estima que los punibles antes señalados ocurrieron durante la permanencia del postulado como miembro del bloque y con ocasión de su accionar o el rol asignado como tal dentro de las Autodefensas.

Para la Corte, en cambio, es claro que la finalidad del postulado Mejía Múnera al vincularse como integrante del Bloque Vencedores de Arauca, fue principalmente encubrir y facilitar su negocio ilícito de tráfico de estupefacientes.

En efecto, de los medios de convicción allegados al expediente surge evidente que el postulado Mejía Múnera inició su actividad delincuencial como narcotraficante, junto con su hermano Víctor, a finales de la década de los años ochenta, y que pronto conformaron una organización criminal reconocida nacional e internacionalmente como el “Clan de los Mellizos”, dedicada al tráfico de cocaína a gran escala entre América Latina, Estados Unidos y Europa, para lo cual contaban con los medios, infraestructura y colaboración de otras redes u organizaciones dedicadas a esa actividad ilícita.

La magnitud e importancia de la organización dedicada al tráfico de estupefacientes liderada por los hermanos Mejía Múnera, se pone de presente en la síntesis que hace el Juzgado Central de Instrucción número Cinco de la Audiencia Nacional de Madrid, España, en el auto de procesamiento dictado el 5 de febrero de 2005, dentro del sumario 7/03, seguido contra uno de los integrantes del Clan de los Mellizos (Jorge Enrique García Molinares, alias “Cuñado”), obrante en el expediente 8635 de La Fiscalía 26 de la Unidad Nacional de Extinción de Dominio y Lavado de Activos, el cual fue allegado a este trámite.

En la citada actuación se advierte cómo entre 1994 y 2000, la organización criminal de los Mellizos envió a diferentes países del mundo cerca de 56 mil kilos de cocaína, la cual era adquirida por Miguel Ángel Mejía Múnera en el territorio nacional, especialmente a integrantes de otros bloques de Autodefensas, entre los que se destacan el de Miguel Arroyave, Cuco Vanoy, Rafa Putumayo, luego de ser trasladada a diferentes bodegas de Barranquilla, era sacada en lanchas rápidas de puertos cercanos tales como Puerto Velero, Playa Mendoza y Salinas de Galerazamba, a barcos de su propiedad o alquilados que esperaban en alta mar para ser cargados con el alcaloide y partir con destino principalmente a México, Estados Unidos y Europa. Muestra de ello es la relación de los principales envíos de estupefacientes realizados por la red de narcotráfico dirigida el por el desmovilizado Mejía Múnera, así:

a) Cuatro envíos realizados en 1994 y que sumaron en total 800 kilos de cocaína, despachados en lanchas rápidas desde el departamento del Atlántico, hasta Cancún, en México.

b) Cuatro envíos de cocaína efectuados en 1997, con destino a Florida (EEUU) y Cancún (México), cargada en los barcos “Stiletto”, “Madeleine” y “Polux” que en total sumaron 4.800 kilos del alcaloide.

c) Un cargamento en 1997, en el barco “Madeleine”, el cual partió del Puerto de la Compañía Cementos Caribe, dentro del río Magdalena, con 1.800 kilos del alcaloide, luego trasbordados en alta mar y con destino a España.

d) Tres remesas del narcótico entre 1996 y 1998, efectuadas en el barco “Goiana” (antes Coffe Express). Cargamento que en total sumó 9.000 kilos, con destino a Estados Unidos y México.

e) Dos envíos realizados en 1998, con un total de 3.500 kilos de cocaína camuflados en el barco “Svetlana”, propiedad de la organización, con rumbo a México y luego Estados Unidos.

f) Dos envíos de alcaloide materializados en 1998, transportados en el barco “Pearl II”, cuya cantidad total ascendió a 7.000 kilos, descargados en las playas de México.

h) Un envío de 2.000 kilogramos de cocaína en el barco “Regent Rose”, de propiedad de la organización, con destino a España.

i) Dos embarques de cocaína entre abril y agosto de 1998, que sumados ascendieron a 3.600 kilos trasportados hacia Estados Unidos en el “Pearl II”, el cual se cargó en el archipiélago de Las Mulatas, Panamá, a través de lanchas rápidas procedentes de Colombia.

j) Un envío de 1.200 kilos de cocaína, transportada hacia Estados Unidos en el barco “Scan Utrescht”, en el año 1999.

k) Dos remesas de cocaína, en cantidad total de 3.600 kilos en 1998, embarcados en el barco “Svetlana”, con destino a Ámsterdam, Holanda, y el Reino Unido.

l) Cinco envíos de cocaína efectuados en 1998 para la organización de “Los Griegos”, a bordo de los barcos “Kobbe Quenn” y “China Breeze”, cargados con un total de 21.000 kilos y con destino a Grecia e Italia.

La cantidad de estupefacientes y la infraestructura antes señalada, indican claramente la dimensión y la capacidad de la organización liderada por el postulado Mejía Múnera, lo cual permite afirmar que edificó una empresa criminal a gran escala, nacional e internacional, dedicada al tráfico de estupefacientes, la que se robusteció aún más con el ingreso del desmovilizado como integrante del Bloque Vencedores de Arauca de las Autodefensas, razón suficiente para afirmar que dicha actividad ilícita no puede estar cobijada por los beneficios de la ley de justicia y paz, ya que la finalidad del postulado no lo fue la presunta lucha antisubversiva, sino hacer florecer su actividad de narcotráfico, bajo el ropaje del paramilitarismo.

A este respecto, la Fiscalía interrogó al postulado con miras a obtener claridad sobre su accionar frente al tráfico de estupefacientes, y en versión rendida el 5 de agosto de 2011, Mejía Múnera manifestó:

“Pregunta: Continúo señor postulado con un último tema, requiere claridad el Despacho sobre algunos puntos que se le preguntaron en la versión inmediatamente anterior en el mes de junio de este año, relacionados con el tema del narcotráfico y que usted no fue muy claro o no profundizo en otras situaciones que se requieren, señor postulado durante qué fechas o por lo menos si no tiene claro las fechas, el lapso de tiempo en que usted realizó las actividades de tráfico de estupefacientes actuando, como usted mismo lo confesara, en su calidad de paramilitar en otras zonas del país distintas a Arauca, si no recuerda las fechas exactas por lo menos dígame un lapso de tiempo en que la fiscalía pueda moverse pues dentro de este hecho Respuesta: Yo creo doctora que más o menos, si no estoy equivocado desde el 98 al 2003 Pregunta: 1998 a 2003? Respuesta: Si doctora. Pregunta: Recordemos señor postulado que le estoy preguntando dentro de su actividad como paramilitar, esas son las fechas? Respuesta: si correcto”.

De tal manera, es evidente que el postulado Miguel Ángel Mejía Múnera, junto con su hermano VICTOR, como paramilitares y aprovechando las ventajas que esa condición les ofrecían, lograron incrementar y asegurar la actividad del tráfico de estupefacientes, como se colige de la versión del mismo postulado rendida el 8 de junio de 2011, cuando ante una pregunta de la Fiscalía, dijo:

“La forma de delinquir con el narcotráfico,... como yo tenía acercamiento con todos los paramilitares comandantes y todo, cada comandante tenia comandantes como Cuco Vanoy como Rafa Putumayo como Miguel Arroyave que ellos producían la hoja de coca producían la coca y la hoja de coca y tenían laboratorios, yo me encargaba a veces, me recogían ellos la mercancía o la coca para mandársela a mi hermano...”.

Un aspecto que resulta muy significativo, es el relacionado con el rol asumido por el postulado en el lapso comprendido entre el 2000 y 2005, en el que supuestamente fue el comandante militar del Bloque Vencedores de Arauca, el cual estaba incursionando en una de las zonas más difíciles del territorio nacional por la presencia guerrillera, el departamento de Arauca, lo que requería su constante presencia en el frente de batalla. Pero no fue así, en más de cinco años el supuesto cabecilla militar del bloque solo hizo presencia en tres oportunidades, como él mismo lo señala en versión del 27 de octubre de 2009, cuando fue interrogado por la Fiscalía:

Pregunta: Perfecto, quiero que usted me confirme señor postulado, si estas fechas coinciden en el momento que usted entró físicamente a Arauca? diciembre de 2002 y salió en enero de 2003? Respuesta: Sí. Pregunta: entra y está de enero a junio de 2004, por la zona de Puerto Gaitán? Respuesta: Sí. Pregunta: y luego el 23 de diciembre de 2005, para la desmovilización? Respuesta: Sí pero el 2005, yo no salí en el 2005 de allá.... INTERVIENE EL APODERADO: son tres veces. Respuesta: tres veces sin contar la última vez. INTERVIENE EL APODERADO: Claro es cuando se entra para la desmovilización .... Pregunta Fiscal: Pero cuál es la tercera? Respuesta: yo no me acuerdo, entonces lo meto ahí (sic), estuve un mes. Pregunta: Usted recuerda por que salió en el 2003 de allá, porque estuvo tan poco tiempo? Respuesta: No, era como para ir a darle manejo a eso, tratar de ver cómo estaban las tropas, como estaba la gente, pero realmente la orden de VICENTE CASTAÑO, era que yo no entrara a esa zona porque era muy conflictiva, y él pensaba que era un peligro que yo estuviera en la zona, me prohíbe ir a la zona, pero yo dije, yo voy porque se están cometiendo hechos que no estamos compartiendo ... para organizar la gente y hacer acto de presencia, darle ánimo a la gente...”.

Lo que se revela a través de las manifestaciones del postulado, es que él estuvo ausente del Bloque y solo en tres oportunidades hizo presencia en la zona, para facilitar e intensificar su actividad de tráfico de estupefacientes, lo que se refleja de manera especial en el pedido de extradición del Gobierno de los Estados Unidos, por el cual la Corte emitió concepto favorable el 2 de diciembre de 2008 (rad. 30140), en cuyo indictment se señala que Miguel Ángel Mejía Múnera, desde 1994 hasta el 2004, introdujo desde Colombia grandes cantidades de cocaína a Norteamérica, lo que significa, una vez más, que el desmovilizado, antes que estar al frente del Bloque Vencedores de Arauca, se dedicó en forma exclusiva al narcotráfico.

En contraste las pruebas, para la Corte no cabe duda que esa comandancia atribuida a Mejía Munera dentro del seno del bloque operaba simplemente “honorífica”, o cuando más, funcional al interés específico que animaba la pertenencia de este en el grupo.

Vale decir, si a través del indicment se advierte cómo durante los años que supuestamente el postulado Mejía Múnera comandó el bloque paramilitar, se embarcaron hacia los Estados Unidos enormes cantidades de droga atribuidos a la organización criminal liderada por él, y además se conoce inconcuso que su presencia en las zonas de combate o de influencia del bloque Vencedores operó marginal, apenas puede concluirse en sana lógica que intereses diferentes a los de adelantar la supuesta tarea antisubversiva o de control de zonas fueron los que animaron durante esa época al apodado Mellizo, y que esas esporádicas incursiones en el terreno obedecían al necesario control del negocio.

Es que, si ya suficientemente se tiene establecida la forma de actuar, finalidades y tipo de delitos ejecutados por el bloque paramilitar, de ninguna manera puede asumirse que el manejo y control de esas actividades haya de desarrollarse desde lugar diferente al propio de la zona donde opera el mismo.

Lo contrario, se repite, informa de una comandancia meramente nominal, independientemente de que se conozcan, acepten o promuevan las actividades criminales del bloque, diferentes del narcotráfico.

En este sentido, que el postulado en forma voluntaria haya hecho aportes a las Autodefensas, con recursos provenientes del narcotráfico, no significa que esa circunstancia en si misma sea suficiente para afirmar que la actividad en cuestión tenía como fin exclusivo el financiamiento de la guerra contrainsurgente. Al contrario, los medios de prueba con que se cuenta hasta ahora, demuestran que lo hacía en beneficio propio y que el aporte económico dado a las Autodefensas, aunque importante para ese grupo, resultaba fundamental para los intereses personales del desmovilizado, pues le permitía estar dentro de la jerarquía de las AUC, obtener su respaldo en momentos de conflicto con otros narcotraficantes o carteles y el aseguramiento del tránsito de la droga por el territorio nacional sin dificultad alguna.

Como criterio general, entonces, la Corte advierte que nunca Miguel Ángel Mejía Múnera intervino o actuó dentro de las autodefensas con la finalidad propia del accionar de estas, y ni siquiera compartió su ideario, pues, siempre su actuar, ora cuando entregaba dineros buscando seguridad o apoyo para los cultivos y traslados de droga, ya en el momento en que nominalmente se le asignó la comandancia del Bloque Vencedores, estuvo dirigido a soportar y fomentar el negocio del narcotráfico, en cuanto líder de una organización dedicada exclusivamente a ese fin.

Con lo anotado, se responde también la pretensión de los recurrentes encaminada a que se reconozca el delito de concierto para delinquir por la supuesta financiación de grupos paramilitares operada con antelación al año 2000.

Para redondear, demostrado que Mejía Múnera se valió de los grupos paramilitares para escudar y favorecer su condición de narcotraficante puro, la única conclusión posible es que ninguna de las ilicitudes que se le atribuyen y aceptó, incluso las legalizadas por el tribunal, puede gobernarse en su investigación y sanción por los postulados de la Ley 975 de 2005.

Las víctimas y la misma sociedad repugnan que bajo la mampara del actuar o ideario de los grupos paramilitares el narcotraficante puro esconda sus aviesas pretensiones y acceda, casi con total impunidad a tan superlativos beneficios. Precisamente, la función de los jueces en el trámite especial es evitar tan profundas injusticias que, de permitirse terminan por socavar los cimientos más profundos en que se soporta la normatividad transicional.

En consecuencia, la Corte verifica que la Fiscalía pasó por alto su deber primordial de analizar de forma contextualizada los elementos de juicio obrantes en el trámite y por consecuencia de ello, en lugar de adelantar lo concerniente a la demostración de que Mejía Múnera no cumple con los requisitos de elegibilidad, decidió solicitar la audiencia de legalización de cargos, con las consecuencias que ahora se advierten en este proveído.

Al efecto, es necesario resaltar cómo dentro de la dinámica propia del procedimiento adoptado por la Ley 975 de 2005, al conocimiento decantado de lo ejecutado por los grupos paramilitares y los miembros de estos, se llega por virtud de una sucesión de actos investigativos y procesales, dentro del fenómeno de antecedente consecuente que los gobierna.

Así, en un primer momento la Fiscalía recibe la versión libre del postulado y con los elementos de juicio hasta ese momento recabados, determina si formula o no imputación.

Pero, la labor investigativa de la Fiscalía debe continuar para efectos de definir en concreto, no solo la realización de los hechos objetivos, sino su connotación delictuosa y el tipo de atribución que debe hacerse en contra del postulado.

Es solo cuando la Fiscalía ha cubierto esas exigencias probatorias, que acude ante la correspondiente Sala de Justicia y Paz a legalizar los cargos que entiende deben formularse al desmovilizado.

Sin embargo, la tarea de verificación propia de la Fiscalía no se detiene en las connotaciones específicas de la conducta punible, sino que asume un rol omnicomprensivo, pues, también debe certificar que esa persona perteneció al grupo de autodefensas, que compartió su ideario y que, como lo exige el artículo 11-6 de la Ley 975 en cita, no se encuentra en ninguna de las circunstancias que repugnan la elegibilidad para el trámite de justicia y paz.

Entiende la Corte que por ocasión de la versión libre rendida y de los pocos elementos de juicio al inicio recogidos, perfectamente la Fiscalía puede entender, en un principio, que la persona es digna de formulación de imputación.

Sin embargo, ya con posterioridad a ese acto procesal y por ocasión de los nuevos elementos suasorios recopilados, puede determinar, o que algunos delitos no fueron ejecutados por consecuencia de la pertenencia del desmovilizado al grupo paramilitar —en cuyo caso esas ilicitudes han de ser sustraídas del procedimiento transicional—, o que la persona no perteneció a agrupaciones de autodefensas, o que el postulado tuvo como finalidad exclusiva el tráfico de estupefacientes —en estos dos últimos eventos lo propio no es excluir los delitos sino a la persona—.

Para el caso concreto, entonces, ya la Sala verificó como de los elementos de juicio recogidos por la Fiscalía, analizados en conjunto, se concluye que Mejía Múnera no cumple con un requisito básico de elegibilidad para acceder al proceso transicional.

Si ello es así, está claro que con las mismas pruebas, la Fiscalía no podía solicitar, ni mucho menos adelantar el trámite propio de la legalización de cargos, ni el tribunal pudo haber accedido a legalizar algunos de los delitos atribuidos a Mejía Múnera.

Por tal virtud, la Sala verifica inválido ese trámite procesal, en tanto, carece del soporte fundamental referido a la condición de elegibilidad de quien fue postulado por el Gobierno Nacional.

Lo propio es, en consecuencia, decretar la nulidad de lo actuado a partir de la audiencia en cita, para efectos de que la Fiscalía adelante el trámite que corresponda a la demostrada condición de “narcotraficante puro”, que gobierna el comportamiento de Mejía Múnera durante los años que dijo pertenecer a las autodefensas.

Huelga relacionar que la decisión de nulidad adoptada por la Corte opera apenas parcial, esto es, exclusivamente en lo que toca con Miguel Ángel Melchor Mejía Múnera, razón por la cual se obliga ordenar la ruptura del trámite procesal que aquí se sigue.

Por último, no puede la Sala omitir señalar que si bien, es necesario anular el trámite que beneficia a Mejía Múnera, ello no significa que deba o pueda hacerse tábula rasa de un hecho significativo e incontrovertible: con su dinero financió de manera amplia y profunda a las Autodefensas y estuvo al frente, así fuese nominalmente, de un bloque cuyas acciones criminales cubrieron de luto y zozobra a la población.

En cuanto financista del grupo (así el dinero entregado tuviese como finalidad básica retroalimentar su negocio de drogas) y Comandante del mismo (desde luego, advertidos que no actuó sobre el terreno, ni comandó en la práctica los muchos delitos ejecutados), es claro para la Sala que Mejía Múnera tiene mucho de responsabilidad en los crímenes despejados en cabeza de las Autodefensas, solo que esa vinculación penal no podría operar ya en sede de la Ley 975 de 2005, sino dentro del escenario de la justicia ordinaria, a la cual habría de remitirse lo actuado para que inicie el trámite o dé curso al suspendido.

Lo anotado significa, en el campo reparatorio, que todos los bienes entregados por el postulado o incautados por virtud de este proceso, siguen afectados en el trámite de justicia y paz, para atender a las legítimas aspiraciones de las víctimas del accionar criminal de las autodefensas y, particularmente, del Bloque Vencedores.

2. Del homicidio en persona protegida, referido a Mariela Giraldo.

El Tribunal en su Sala de Justicia y Paz, no legalizó el cargo de homicidio en persona protegida del cual fue víctima Mariela Giraldo Cárdenas, descrito en el hecho 10, formulado a los miembros del Bloque Vencedores de Arauca, por cuanto no se acreditó su muerte, evidenciándose tan solo la desaparición forzada y desplazamiento forzado de población civil, los que sí refrendó.

Asiste razón a la Fiscalía y a los representantes de las víctimas, al disentir de la decisión del a quo, en tanto que en el plenario sí se encuentra demostrado el homicidio de Mariela Giraldo.

En efecto, las versiones de los postulados Jair Eduardo Ruiz Sánchez (08/04/2008), Miguel Ángel Mejía Múnera (21/01/09), dan cuenta de la muerte violenta de la señora Giraldo, la cual fue ocasionada por el paramilitar comandante de compañía conocido con el alias de “Amir”, señalando que otro de los postulados, alias “Mapora”, también conoce las circunstancias en que se realizó dicho homicidio.

Ello fue corroborado con el informe de policía judicial 279 del 27 de septiembre de 2011, que indica cómo el cuerpo de Mariela Giraldo fue exhumado el 16 de noviembre de 2010, por la Fiscalía 174, en la finca Berna ubicada en el corregimiento de Puerto Gaitán, municipio de Tame, Arauca, y que el cadáver se cotejó con pruebas de ADN obtenidas de sus dos hijas, confirmando, el 23 de febrero de 2012, con un 99.99% de probabilidad, que dichos restos óseos pertenecían a la señora Giraldo.

Tales hallazgos, fueron explicados por la Fiscalía en la audiencia de legalización de cargos, con fundamento, tanto en las versiones de los postulados, como en la prueba de carácter científico.

Acreditado, entonces, en debida forma la ocurrencia del homicidio de la señora Mariela Giraldo, el cual fue realizado por miembros de las autodefensas, señalado en el hecho 10, se revocará la decisión del tribunal, mediante la cual se abstuvo de legalizar dicho cargo, y se dispondrá su legalización.

3. De la legalización del cargo por el delito de violación de habitación ajena.

Uno de los representantes de las víctimas, cuestiona que el tribunal no haya legalizado el cargo de violación de habitación ajena contenido en los hechos 36, 46, 55 y 56, con el argumento de que es un delito autónomo y puede concursar con los demás que le fueron atribuidos al postulado.

El tribunal no legalizó dicho cargo, toda vez que “la situación fáctica permite inferir que la finalidad de los miembros del Bloque Vencedores de Arauca no era vulnerar el domicilio de la víctima, sino cometer delitos que revisten mayor gravedad”.

En este caso, los miembros del Bloque Vencedores de Arauca, ocasionaron la muerte violenta de Jeremías Vega Barón, según se refiere en el hecho 36, la cual tuvo lugar en la ciudad de Tame, Arauca, el 19 de noviembre de 2001, motivada por que un hermano suyo días antes fue retenido por estar repartiendo panfletos de la guerrilla. Para ello, los paramilitares irrumpieron en la vivienda ubicada en la calle 14 Nº 16-11 y le dispararon con armas de fuego; luego, procedieron a llevarse dos camionetas que allí se encontraban.

Los hechos signados como 55, 56 y 46, en la decisión del tribunal, se refieren a las masacres de Cravo Charo, zona rural del municipio de Tame, Arauca; y los municipios de Puerto Rondón y Cravo Norte del mismo departamento, ocurridas durante el primer semestre de 2004, respectivamente, cuando miembros del Bloque Vencedores de Arauca, en grupos de 170 y 180 hombres fuertemente armados ingresaron a diferentes veredas de aquellos municipios y ejecutaron toda clase de actos de barbarie contra la población civil de la región, bajo el supuesto de que los moradores eran guerrilleros o prestaban auxilio a los grupos subversivos que operaban en esa zona.

En la mayoría de los casos, los paramilitares ingresaron de manera arbitraria y violenta en las residencias de habitantes de la zona o en sus dependencias, con el fin de secuestrar, retener o desplazar a muchos de ellos.

Tales hechos fueron catalogados tanto por la Fiscalía como por el tribunal como graves violaciones de los derechos humanos y el derecho internacional humanitario, y por lo tanto, el a quo legalizó los cargos formulados por homicidio en persona protegida; desaparición forzada; secuestro simple agravado; destrucción y apropiación de bienes protegidos; tortura en persona protegida; actos de terrorismo; secuestro extorsivo; y desplazamiento de población civil.

A este respecto, se precisa que de acuerdo con la descripción que de los hechos se hace y el contexto en que los mismos tuvieron ocurrencia, el argumento del tribunal para no legalizar el cargo por violación de habitación ajena, no es coherente con la dogmática penal referida al concurso de conductas punibles, dado que la gravedad del delito no es criterio orientador en la solución de este tipo de problemas jurídicos.

Sabido es que la figura del concurso de delitos sirve para regular el procedimiento de acumulación jurídica de las penas que se deben imponer al sujeto que con su acción o acciones ha adecuado su conducta a varias descripciones típicas de la misma o diferente naturaleza.

También, la doctrina y la jurisprudencia tienen establecido que entre las distintas modalidades de concurso, esta el material o real, considerado como la modalidad natural de los concursos, pues varias acciones dan lugar a varios delitos. Es el que se presenta cuando una misma persona comete varios delitos susceptibles de encajar en un mismo precepto penal o en varios, los cuales deben guardar una completa autonomía o independencia tanto en el plano subjetivo como en el objetivo. En este caso no hay unidad de acción sino acciones u omisiones independientes y se aplican los tipos respectivos puesto que no son excluyentes.

Para el caso en estudio, se precisa, no existe el denominado concurso aparente como parece entenderlo el tribunal, pues la violación de habitación ajena es un delito autónomo e independiente, con estructura y elementos propios, a través del cual se protege la intimidad personal y familiar, por lo mismo, no guarda ningún vínculo con el homicidio, la tortura, el secuestro, etc., que por principio de especialidad, subsidiaridad o consunción permita su subsunción en aquellos punibles.

De manera que, como en otros casos de similar naturaleza, se procederá a legalizar el cargo formulado por el delito de violación de habitación ajena, acorde con lo solicitado por la representante de las víctimas.

4. Sobre la compulsa de copias con destino a la justicia ordinaria para que investigue a un postulado que no aceptó cargos por el delito de utilización ilegal de uniformes e insignias.

El a quo, ante la negativa del desmovilizado Campo Elías Carreño Castro en aceptar responsabilidad en el delito de utilización ilegal de uniformes e insignias, dispuso la expedición de copias para que la Fiscalía y mediante el procedimiento ordinario adelante la correspondiente investigación, determinación que la representante del ente investigador cuestiona.

Al respecto, cabe señalar que la decisión atacada corresponde a un auto de trámite, pues no se está resolviendo ninguna cuestión de fondo, tan solo dando impulso procesal a la actuación, la cual no es susceptible de recurso alguno.

Además, será a la Fiscalía dentro del ámbito de sus competencias, quien decida si adelanta o no investigación alguna con fundamento en las copias que le remita el tribunal, por tanto la Sala no se pronunciará sobre el particular.

Entonces, a manera de síntesis, la Sala adoptará las siguientes decisiones en relación con la providencia recurrida: (i) anulará parcialmente lo actuado a partir, inclusive, de la audiencia de legalización de cargos, respecto del postulado Miguel Ángel Melchor Mejía Múnera; (ii) decretará la ruptura de la unidad procesal, para efectos de que se continúe el trámite normal respecto de los demás postulados vinculados en este asunto; (iii) revocará el numeral 22, y en su lugar legalizará el cargo de homicidio en persona protegida relativo a la señora Mariela Giraldo, respecto de los demás postulados; (iv) revocará igualmente el numeral 28, para legalizar el cargo de violación de habitación ajena, en el mismo sentido.

Otras determinaciones

a) El postulado Campo Elías Carreño Castro, recluido en la cárcel del Espinal, Tolima, pide le aclare el trámite inherente a la obtención de beneficios administrativos, ya que considera tiene derecho a ellos.

Se precisa al respeto, que la Corte no es una institución de consulta o que en sus decisiones deba impartir orientaciones o sugerencias a quienes así se lo pidan, por tanto las inquietudes del desmovilizado podrán ser resueltas a través de su defensor o la oficina jurídica del centro de reclusión, disponiéndose sí, que por Secretaría de la Sala se informe de dicha situación al interesado.

b) En cuanto a lo señalado por la doctora Angélica Leal, representante de víctimas, relativo a que tribunal no se pronunció sobre la evidente vinculación de la fuerza pública en la masacre de Puerto Rondón y Cravo Norte (hecho 56), la Corte requerirá a la Fiscalía para que verifique tales afirmaciones y proceda de conformidad.

En mérito de la expuesto la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia,

RESUELVE:

1. ANULAR parcialmente lo actuado a partir, inclusive, de la audiencia de legalización de cargos, respecto del postulado Miguel Ángel Melchor Mejía Múnera, por las razones señaladas en la parte motiva de esta decisión.

2. ORDENAR, en consecuencia, la ruptura de la unidad procesal, para efectos de que se continúe el trámite normal respecto de los demás postulados vinculados en este asunto.

3. REVOCAR la decisión contenida en el numeral 22º de la parte resolutiva de la decisión impugnada, y en su lugar LEGALIZAR el cargo de homicidio en persona protegida donde figura como víctima la señora Mariela Giraldo.

4. REVOCAR el numeral 28 de la parte resolutiva de la providencia impugnada, para LEGALIZAR el cargo de violación de habitación ajena, al tenor de lo señalado en la parte considerativa.

5. RECHAZAR el recurso de apelación interpuesto por la Fiscalía en relación con la orden del tribunal contenida en el numeral 35º de la parte resolutiva, respecto a la expedición de copias para que se investigue al postulado Campo Elías Carreño Castro, conforme a lo expuesto en la parte considerativa.

6. REQUERIR a la Fiscalía para que adelante las averiguaciones respectivas, en relación con la supuesta vinculación de la Fuerza Pública en las masacres de Puerto Rondón y Cravo Norte, según lo manifestado por una de las representantes de víctimas y adopte las medidas pertinentes.

7. Disponer que por Secretaría de la Sala se informe al postulado Campo Elías Carreño Castro lo atinente a su petición, según lo señalado en el acápite de otras determinaciones.

La presente decisión no admite recursos.

Comuníquese y cúmplase».

(6) Así lo señala particularmente la Corte Constitucional en la Sentencia C-370 de 2006.

(7) Folios 87 vuelto y 88, cuaderno de legalización de cargos.