Auto 2789-2014/49891 de mayo 3 de 2017

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA DE CASACIÓN PENAL

Magistrado ponente:

Dr. Fernando Alberto Castro Caballero

AP2789-2017

Rad.: 49891

Aprobado acta 124

Bogotá, D.C., tres de mayo de dos mil diecisiete.

Vistos.

Resuelve la Corte el recurso de apelación presentado por la defensa del postulado H.R.S., contra la decisión de la Sala de Conocimiento de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Bogotá D.C., de 6 de marzo de 2017, que negó por improcedente la solicitud de libertad condicionada a su favor impetrada.

Antecedentes Procesales.

1. H.S.R. fue integrante de las autodenominadas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia - Farc, agrupación de la cual desertó el 7 de septiembre de 2002(1), luego de lo cual se presentó voluntariamente en una guarnición militar; de igual forma, manifestó al Ministerio de Defensa Nacional su deseo de acogerse a los trámites y beneficios de la Ley 975 de 2005.

2. Previa verificación de cumplimiento de los requisitos legales y reglamentarios previstos al efecto, el Comité Operativo para la Dejación de las Armas - Coda de esa entidad expidió la correspondiente certificación, a través de resolución 1497 de 15 de octubre de 2002(2), remitida al Ministerio del Interior y de Justicia con un listado en que R.S. fue incluido y presentado en calidad de desmovilizado individual(3).

3. Con base en ello, el Ministro del Interior y de Justicia, a su vez, remitió formalmente otra lista a la Fiscalía General de la Nación(4) por cuyo medio postuló a R.S. en el marco de la Ley 975 de 2005.

4. Por consiguiente, la Fiscalía lo vinculó al proceso especial de Justicia y Paz, le imputó cargos por múltiples hechos constitutivos de diversas conductas punibles tales como rebelión, terrorismo, homicidio en persona protegida, etc., cometidos durante su pertenencia a las Farc(5).

Así mismo, se le han impuesto dos medidas de aseguramiento de detención preventiva en centro de reclusión, según lo dispuesto por Magistrados con Función de Control de Garantías de la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Bogotá, en audiencias realizadas los días 1º de agosto de 2013 y 26 de noviembre de 2014, a causa de las cuales se encuentra privado de la libertad(6).

En dicho procedimiento ya ha sido presentado escrito para llevar a cabo las audiencias concentradas de formulación y aceptación de cargos, que se encuentran pendientes de realización en la Sala de Conocimiento del mismo tribunal(7).

5. Con escrito recibido el 27 de febrero de 2017(8), la Fiscalía General de la Nación dio traslado de la petición de libertad condicionada de H.R.S., con el fin de practicar audiencia en la cual resolver esa solicitud, acorde con los artículos 35, 36 y 37 de la Ley 1820 de 2016, y 10 y 11 del Decreto 277 de 2017.

5.1. En la diligencia convocada para ese fin por la Sala de Conocimiento, la sustentación de la solicitud estuvo a cargo del defensor público de R.S. quien explicó, en primer lugar, que su patrocinado es ex miembro de las Farc, organización de la cual se desmovilizó en el año 2002 conforme se prueba con la certificación expedida por el Coda y el oficio 1497 de 15 de octubre de esa anualidad —adjuntos en copias— remitidos por el Ministerio de Defensa a su par de Justicia, que en esa calidad lo postuló al proceso de Justicia y Paz ante la Fiscalía General de la Nación.

Añade que en la actualidad está privado de libertad a causa de la medida de aseguramiento impuesta por un Magistrado de Control de Garantías de la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Bogotá, como se comprueba con la cartilla biográfica del establecimiento de reclusión de Espinal - Tolima, que también aporta, estando pendiente la realización de la audiencia de formulación y aceptación de cargos ante la Sala de Conocimiento de dicho cuerpo colegiado, al igual que la acumulación de procesos judiciales que se le han seguido.

Sobre su situación jurídica indica, además, que el Juzgado Tercero de Ejecución de Penas de Pasto —Nariño a cargo de vigilar la condena que se le impuso -sin precisar más detalles— le concedió la libertad condicional, quedando por esa razón a disposición del proceso de justicia y paz que cursa en la actualidad en la fase indicada.

De otro lado, allega comunicación enviada al Secretario Ejecutivo de la Jurisdicción Especial para la Paz, signada por el Fiscal 76 Delegado ante Tribunal Superior de Distrito con sede en Cali, a efectos de facilitar la suscripción de los referidos en los anexos del Decreto 277 de 2017, y copia del acta de compromiso para libertad condicional de la Ley 1820 de 2016, suscrita por H.R.S.

Alude a los contenidos de los artículos 3º, 6º, 7º, 11, 12, 35, 36, 37 y 38 de la Ley 1820 de 2016, 12 del Decreto 277 de 2017, al Preámbulo y los cánones 13, 22, 29 y 228 de la Constitución Política, sobre la paz como un derecho y uno de los pilares de la propia Carta, los derechos a la igualdad y a la libertad, el debido proceso, el principio de favorabilidad y la prevalencia del derecho sustancial.

Afirma cumplidos los requisitos de la libertad condicionada pues, indica, está demostrada la pertenencia del interesado a las Farc, condenado por rebelión —delito político— y otros delitos conexos; afronta medidas de aseguramiento impuestas por magistrados de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Bogotá, habiendo permanecido privado de la libertad más de cinco años por cuenta de las mismas y suscribió el acta de compromiso exigida en la legislación especial recientemente expedida.

Indica que se ha surtido el procedimiento previsto para el efecto al acudir ante la autoridad a cargo de la actuación procesal en curso, destacando que si bien la Justicia Especial para la Paz no ha sido desarrollada, la legislación especial —Ley 1820 de 2016— puede ser aplicada por las autoridades de Justicia y Paz, en tanto sus fines son similares.

5.2. H.R.S. expone que ha permanecido 5 años y 6 meses en reclusión por cuenta de Justicia y Paz, observando conducta ejemplar. Se suma a la petición de libertad de su defensor y manifiesta su disposición de colaborar con la justicia, pide perdón al país y a las víctimas por el daño causado, y señala que la lucha armada para él perdió vigencia.

Responde a la magistratura que al ingresar a la subversión tenía 22 años de edad, y que todos los delitos por los que fue condenado ocurrieron durante su militancia en la guerrilla, que duró 18 años.

5.3. La Fiscalía delegada inicia por informar los pormenores de la situación jurídica del postulado R.S., reseñada en líneas anteriores, y expresa su oposición a la petición liberatoria siguiendo la orientación institucional, en el entendido que las normas en que se fundamenta son producto de las negociaciones de paz entre el Gobierno Nacional y las Farc, según los puntos 23 y 32 del acuerdo final para la paz entre esas partes suscrito, los beneficios allí previstos se aplicarán a los miembros de la insurgencia, integrantes de la agrupación ilegal suscriptores de ese acuerdo.

En ese sentido, alude al ámbito de aplicación de la Ley 1820 de 2016, artículos 3 y 37, que no concierne a los desmovilizados que se acogieron a la Ley 975 de 2005 de manera libre y voluntaria, enfatizando que las medidas de aseguramiento que pesan contra el aquí postulado han sido impuestas por delitos no amnistiables en la nueva legislación; por eso, al régimen originario deben remitirse las peticiones a que haya lugar, pues la Ley 1820 de 2016 solo se refiere a los integrantes activos del grupo rebelde que firmaron el acuerdo y cumplan con la fase de normalización en este prevista.

Explica que como R.S. se desmovilizó desde el año 2002, ya no pertenece a las Farc, no es integrante activo de esa agrupación, situación que lo excluye del ámbito de aplicación de la referida Ley 1820, sin que tenga cabida la aplicación del principio de favorabilidad en este evento acorde con la doctrina de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia contenida en la providencia emitida en el radicado 40603 el 6 de marzo de 2013.

5.4. El representante del Ministerio Público dirige atención a los que considera problemas jurídicos derivados de la petición de libertad condicionada, relativos, el primero, a la competencia que le asiste a la Sala de Conocimiento de Justicia y Paz del Tribunal para decidir tal solicitud, aspecto en que no se adentra porque no ha sido objeto de discusión.

El segundo, a establecer si los exintegrantes del grupo insurrecto —Farc— son beneficiarios de los institutos consagrados en la Ley 1820 de 2016 y normas complementarias a ella, tópico sobre el cual considera, en principio, que dichos individuos no pueden ser sustraídos del nuevo marco normativo teniendo en cuenta que la ley busca una paz estable y duradera, por ende, los desmovilizados antes de la expedición de la nueva legislación deberían ser cobijados por ella.

No obstante, realiza un ejercicio comparativo de las Leyes 1820 de 2016 y 975 de 2005, a partir del cual concluye que no es predicable la favorabilidad que reclama la defensa porque no está R.S. dentro de los destinatarios de aquella al prever los requisitos para la obtención de la libertad condicionada; no se presenta una sucesión de normas en el tiempo sino de coexistencia; no hay identidad de estructuras jurídicas, pues la segunda en mención no prevé la libertad condicionada y, en gracia de la comparación, lo que regula es la sustitución de la medida de aseguramiento que es una forma de cumplir la cautela de la libertad y, por tanto, difiere de la libertad peticionada que es un subrogado de la pena.

Añade que no es posible ingresar a un sistema jurídico dejando inconcluso el ciclo iniciado en otro en lo que atañe a los derechos de las víctimas, la entrega de bienes para su reparación y otras obligaciones, que no precisa. Concluye diciendo que la posibilidad de aplicar la Ley 1820 de 2016 a postulados sometidos a la Ley 975 de 2005, debe ser expresamente regulada, lo cual no ha ocurrido hasta ahora.

5.5. El defensor público representante de víctimas se opone al pedimento defensivo haciendo mención a que la favorabilidad consagrada en el artículo 63 de la Ley 975 de 2005, no se da en el presente porque la nueva legislación reconoce la amnistía e indulto y es la jurisdicción especial para la paz la llamada a su aplicación.

Señala que la libertad condicionada no puede ser solicitada al margen de la estructura de la Ley 1820 de 2016, razón para señalar que la judicatura en este caso es incompetente para decidir; finaliza sumándose a lo dicho por la Fiscalía delegada y el Ministerio Público.

5.6. La representante del fondo de reparación de víctimas aduce que el peticionario no es miembro de las Farc, lo cual restringe la aplicación de la Ley 1820 de 2016 a su favor; en cambio, como está sujeto a las regulaciones de la Ley 975 de 2005, se opone a la solicitud presentada por la defensa y coadyuva la exposición de la Fiscalía.

Culmina informando que no se registran bienes entregados por el postulado.

6. Valga precisar que contra H.S.R.(sic) profirió sentencia de condena el Juzgado Segundo Penal del Circuito Especializado de Pasto - Nariño, el 16 de junio de 2005, por los delitos de homicidio agravado, lesiones personales, terrorismo y utilización de medios y métodos de guerra ilícitos, imponiéndole cuarenta (40) años de prisión.

Decisión confirmada y modificada en segunda instancia por la Sala Penal del Tribunal Superior de esa misma ciudad, el 10 de noviembre de 2005, que redujo la sanción de prisión a trescientos cuarenta (340) meses o veintiocho (28) años y cuatro (4) meses. Por esa causa permaneció privado de la libertad hasta que el Juzgado Tercero de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Tunja - Boyacá, le concedió libertad condicional en decisión del 8 de noviembre de 2011(9).

Decisición(sic) Impugnada.

La Sala de Conocimiento de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Bogotá, por decisión mayoritaria, denegó la solicitud de libertad condicionada de H.R.S.

En el análisis y resolución del pedimento consideró, en primer lugar, su competencia para conocer el asunto aduciendo con fundamento en el Decreto 277 de 2017, cuyo artículo 11.A. (sic) determina el procedimiento a seguir en tratándose de asuntos tramitados conforme a las Leyes 906 de 2004 y 1098 de 2006, mientras el artículo 12 del mismo compendio, rige para las actuaciones sometidas a la Ley 600 de 2000.

Destacó la carencia de reglamentación para los procesos sometidos a la Ley 975 de 2005, por lo que acudió al principio de complementariedad consagrado en el artículo 62 de la ley de Justicia y Paz; así mismo, al artículo 6º del Decreto 3011 de 2013, recopilado en la actualidad por el 1.2.5.1.1.6 del Decreto 1069 de 2015.

Además, refirió textualmente la competencia del juez de conocimiento para decidir la solicitud de libertad condicionada, “…si en el proceso a disposición del cual se encuentra el peticionario de la libertad condicionada ha sido radicado el escrito de acusación o está en etapa de juzgamiento”, precepto que entendió aplicable al caso puesto que en contra de H.R.S. se adelanta proceso conforme a la Ley 975 de 2005, radicado 2014-00110, asignado al mismo despacho del magistrado aquí ponente, sin especificar estado o etapa en que se encuentra.

De esa manera descartó la oposición de la representación de víctimas, añadiendo que abstenerse de conocer de la petición por ese motivo implicaría abandono judicial y limitación del derecho de acceso a la administración de justicia.

Luego, avocó el estudio sobre la aplicación de la Ley 1820 de 2016 a los ex integrantes de las Farc-Ep postulados a la Ley 975 de 2005, planteando que la aplicabilidad de las normas que desarrollan el Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera - AFP, en especial los artículos 1º y 3º de la Ley 1820 de 2016, solamente cobija a los integrantes reconocidos del grupo armado ilegal que estén en proceso de dejación de armas, lo que implica que R.S. no es destinatario de los beneficios e institutos consagrados en el mencionado acuerdo y las normas que lo desarrollan a pesar que se reconozca cierta su antigua militancia en la organización armada ilegal Farc-Ep.

Explicó la primera instancia, que así lo prevén los artículos 10 del Decreto 277 de 2017 que consagra la libertad condicionada, en consonancia con el 17-2 de la Ley 1820 de 2016 sobre el ámbito de aplicación personal de esas disposiciones, referido a integrantes de las Farc-Ep que podrán acceder a ese beneficio tras la entrada en vigencia del AFP suscrito con el Gobierno Nacional, en concordancia con numeral 3.2.2.4. del texto del acuerdo final que prevé el procedimiento de acreditación o entrega del listado de todos los integrantes de esa organización a quienes se aplicarán sus efectos.

Coligió el colegiado que las leyes que desarrollen ese acuerdo son aplicables a los miembros activos de las Farc-Ep en vía de desmovilización —dejación de armas— con compromiso de terminación del conflicto y reincorporación a la vida civil, sin que resulte extraño que no se haga alusión a los procesos regulados por la Ley 975 de 2005 pues con base en ella son juzgados los exintegrantes de organizaciones al margen de la ley que se desmovilizaron colectiva o individualmente, conforme con el objeto de ese cuerpo normativo definido en su artículo 1º, cual es la situación de R.S. que si bien perteneció a dicha organización, se desmovilizó individualmente y se acogió a los beneficios de la Ley 975 de 2005, sin que al momento de la suscripción del AFP hiciera parte de las Farc-Ep.

Empero, esa no es la razón de mayor importancia para que el postulado no sea destinatario de la liberación condicionada en los términos de la Ley 1820 de 2016 y el Decreto 277 de 2017, como si lo es que no se está ante un evento de “…tránsito de legislaciones sino de coexistencia de sistemas de justicia transicional que se deben aplicar de forma independiente, que cada una tiene unos destinatarios especiales y unos sistemas propios que abordan institutos como la libertad, la amnistía, etc”.

En ese sentido, la Jurisdicción Especial para la Paz - JEP no desplaza al régimen de justicia transicional de la Ley 975 de 2005, ni este pierde vigencia, sino que coexisten “…dos justicias transicionales cuya finalidad es la terminación del conflicto que ha azotado al país durante décadas y la búsqueda de una paz estable y duradera”.

Sobre la aplicación del principio de favorabilidad según el artículo 63 de la Ley 975 de 2005, consideró que la libertad condicionada es instituto propio de la Ley 1820 de 2016 que no encuentra equivalente en la Ley 975 de 2005, la cual contempla la libertad pero para cuando se ha cumplido la pena alternativa y las condiciones impuestas en la sentencia.

De otro lado, indicó que el posible estudio de la libertad en Justicia y Paz, podría darse en el marco de la sustitución de la medida de aseguramiento que compete a los magistrados que ejercen función de control de garantías, lo que no viene al caso; y en sede de conocimiento, se examinaría al momento de proferir sentencia, lo que tampoco se da.

Añadió, sin mayor disquisición o ilustración, “…que un sistema u otro, esto es la JEP y el procedimiento de Justicia y Paz no son más o menos favorables per se, y bajo dicho criterio no resultaría acertado referirse a que uno u otro resulta ser más o menos favorable a los intereses del procesado”.

Por tanto, no tiene cabida la favorabilidad porque la libertad condicionada “…hace parte de un gran sistema conformado por toda la normatividad de la cual la JEP es uno de sus componentes y que todos ellos se encuentran relacionados y complementados…”, tal como se explica en el numeral 2º del capítulo referente al tema en el AFP, que trascribe en extensión, concluyendo que no puede ser analizada de forma aislada ni extraída del sistema a que pertenece para ser aplicada a un proceso de Justicia y Paz.

Impugnación e Intervención de los No Recurrentes.

1. Inconforme con la decisión, la defensa de H.R.S. interpuso recurso de apelación a fin de que se revoque lo resuelto y, en cambio, se conceda el beneficio liberatorio.

Inicial referencia hace al artículo 63 de la Ley 975 de 2005, que citó en su intervención previa, criticando que no fuera acogida la petición de aplicar el principio de favorabilidad de raigambre constitucional a pesar que con los documentos aportados se demostró procedente conceder a su patrocinado la libertad condicionada al reunir los requisitos exigidos para ello, en el entendido que los excombatientes del grupo guerrillero no están excluidos de la aplicación de la Ley 1820 de 2016, acorde con el artículo 38 de dicha normatividad que no tuvo en cuenta la primera instancia al decidir.

Cuestiona, también, que se haya dejado de lado la aplicación preferente de las previsiones de la Constitución Política que fueron invocadas, máxime que está de por medio la libertad de una persona, independientemente de la coexistencia de legislaciones o de la clase de proceso que se sigue en su contra pues la solicitud en cuestión no impone de suyo renunciar a los trámites del mismo; de esa forma, la decisión atacada repercute en desmedro de los derechos a la igualdad y a la paz, de la prevalencia del derecho sustancial sobre el formal y del acceso efectivo del ciudadano a la administración de justicia.

2. La Fiscalía delegada solicita confirmar la decisión cuestionada reiterando los planteamientos expuestos acerca del marco de aplicación de la Ley 1820 de 2016 que no abarca a exintegrantes del grupo alzado en armas sino a sus integrantes activos; de la inexistencia de equivalencia de los institutos jurídicos en esa legislación previstos y los propios de la Ley 975 de 2005, en particular lo que atañe a la libertad discutida; y de la índole de los delitos atribuidos al postulado, que no son amnistiables.

Además, expone que los beneficios de que trata la Ley 1820 serán aplicados por la Justicia Especial para la Paz a aquellas personas que se refiere su artículo 3º, de manera que al carecer R.S. en la actualidad de la calidad de integrante activo de las Farc no es destinatario de aquella; por ende, debe permanecer sometido a la Ley 975 de 2005 sin que haya cabida a la complementariedad o favorabilidad alegadas por la defensa.

3. La delegación del Ministerio Público replica al censor, en primer lugar, que la simple alusión al derecho a la paz no se identifica con la aplicación favorable de la libertad condicionada en este caso, menos aun si se toma en consideración que la Justicia Especial para la Paz está pendiente de ser regulada.

En cuanto a la favorabilidad alegada reitera que es un asunto de aplicación de la ley en el tiempo, derivado por regla general de la sucesión normativa, la cual no se vislumbra pues se está ante la coexistencia de leyes que si bien tienen en común su carácter transicional tienden a la consecución de fines específicos cada una, cuya esencia no se puede desconocer; reafirma que no se advierte identidad de institutos ni de objetos que permitan su confrontación, por lo que no es posible la favorabilidad.

De otra parte, la Ley 1820 de 2016 está dirigida a los integrantes activos de las Farc, según los artículos 35 y 37, situación que no es la de R.S., razones para abogar por la confirmación del proveído atacado.

4. El postulado se atiene a lo manifestado por su defensor, añadiendo que considera que según el artículo 63 de la Ley 975 de 2005, debe aplicarse en su caso la Ley 1820 de 2016 sobre la libertad condicionada porque resulta más favorable para él.

5. La representación judicial de víctimas manifiesta su conformidad con la decisión por lo que pide sea confirmada, acotando que el postulado R.S. se sometió a la Ley 975 de 2005 y no ha cumplido las obligaciones y compromisos que le corresponden frente a las víctimas. Igualmente, indica que la discusión involucra diferentes estructuras legales no asimilables, y en tal medida no es claro el pedimento de la defensa de acudir a la libertad condicionada de la Ley 1820 de 2016 dejando de lado la aplicación en conjunto de esa normativa.

6. La apoderada de la Unidad para la Reparación a las Víctimas, manifiesta conformidad con lo decidido y los argumentos expuestos por la Fiscalía delegada.

Consideraciones de la Corte.

1. Según lo preceptuado en los artículos 26 y 68 de la Ley 975 de 2005, modificado el primero por el 27 de la Ley 1592 de 2012, y el numeral 3º del artículo 32 de la Ley 906 de 2004, la Corte es competente para resolver el recurso de apelación interpuesto contra la providencia proferida por la Sala de Conocimiento de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Bogotá, que negó por improcedente la libertad condicionada al postulado H.R.S.

2. De manera previa, habida cuenta que fue uno de los tópicos materia de debate y decisión(10), es necesario recordar que en reciente pronunciamiento de esta Sala se dirimió a qué autoridad judicial está asignada la competencia para conocer de peticiones como la que es motivo del pronunciamiento cuestionado.

En efecto, la Corte ha conceptuado(11) que para resolver la solicitud de libertad condicionada que regulan los artículos 35 a 38 de la Ley 1820 de 2016, y 10 y 11 del Decreto 277 de 2017, presentada a favor de un postulado procesado bajo el rigor de la Ley 975 de 2005, es competente el Magistrado de Conocimiento de la correspondiente Sala de Justicia y Paz, cuando quiera que en contra del potencial beneficiario se haya presentado escrito de acusación para que ante funcionario de igual categoría se surtan las audiencias concentradas de formulación y aceptación de cargos.

Lo anterior, se agrega ahora, es consonante con el inciso cuarto del artículo 35 de la Ley 1820 de 2016 que reza: “La autoridad judicial que esté conociendo el proceso penal aplicará lo previsto en cuanto a la libertad”.

3. En aras de establecer si se mantienen las presunciones de legalidad y acierto que amparan la decisión materia de la alzada, o si por efecto de los argumentos del censor alguna de ellas o ambas decaen, o se encuentra fundamento para invalidar lo actuado, in extremis, impera esclarecer el ámbito de aplicación de la Ley 1820 de 2016(12).

3.1. Este cuerpo legal fue tramitado mediante el procedimiento legislativo especial para la paz, establecido en el artículo 1º del Acto Legislativo 01 de 2016, y su texto surge del que fuera incorporado en los acápites finales de la redacción del “Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera”, suscrito entre los delegados del Gobierno Nacional y de las denominadas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia - Ejército del Pueblo Farc-Ep, presentado a la vez por el Gobierno Nacional a consideración del Congreso de la República.

En la exposición de motivos del proyecto que se convirtió en ley(13), presentada por los ministros del Interior, de Defensa y de Justicia y del Derecho, se explican las razones que la justifican en los siguientes términos:

En cuanto al presente proyecto de ley, es preciso señalar que además de las medidas contempladas en el Acuerdo Final de carácter sustantivo relacionadas con el desarrollo rural, la participación política, entre otros, dentro de lo acordado, se encuentran medidas relacionadas con la garantía de la seguridad jurídica para todos los que hayan cometido delitos por causa, con ocasión o en relación directa o indirecta con el conflicto armado interno, se sometan al componente de justicia del Acuerdo Final y cumplan las condiciones de contribución con la garantía de los derechos de las víctimas. Además de lo que específicamente se acordó respecto a la creación y funcionamiento de la Jurisdicción Especial para la Paz, el Acuerdo establece que se debe tramitar por vía legislativa una Ley de Amnistía y tratamientos penales especiales donde se fijen las condiciones para otorgar este tratamiento de justicia y otros equivalentes para quienes hayan cometido delitos susceptibles de dichos tratamientos especiales por causa o con ocasión del conflicto armado.

A su vez, al señalar las consecuencias jurídicas de los tratamientos especiales de justicia —amnistías, indultos y otros—, este proyecto de Ley prevé que tengan impacto en los procesos en curso, en las condenas en firme, en la posibilidad de abrir investigaciones futuras por las conductas que fueron objeto de dichos tratamientos especiales, y en el régimen de libertades. Este último es la consecuencia inmediata de los tratamientos especiales de justicia que se podrían otorgar a través del presente proyecto de Ley y, además, para los miembros de las Farc-Ep, es una medida para facilitar el proceso de concentración en las Zonas Veredales Transitorias de Normalización que conducirá al cese al fuego y las hostilidades y a la dejación de armas definitiva. (Resaltado fuera del texto original)

Y, a manera de conclusión, se plantea que la legislación propuesta tiene por finalidad:

…darle cumplimiento a lo acordado en la Mesa de Conversaciones de la Habana (sic) y en el mencionado compromiso de aplicación de la Jurisdicción Especial para la Paz a agentes del Estado, que busca dotar de seguridad jurídica a quienes cometieron delitos por causa, con ocasión o en relación directa o indirecta con el conflicto armado y que no tienen el carácter de crímenes internacionales, con el propósito de facilitar la terminación del conflicto y la construcción de un paz estable y duradera. La pronta definición de la situación jurídica en los casos donde no se cometieron crímenes internacionales permitirá que el componente de justicia pueda encaminar todos sus recursos y esfuerzos en la investigación, persecución y sanción de dichos crímenes que connotan mayor gravedad, como las graves violaciones a los derechos humanos. (Resaltado no original)

3.2. La Jurisdicción Especial para la Paz - JEP, originada en la suscripción del Acuerdo Final para la Paz - AFP de noviembre de 2016, es un modelo de justicia transicional en vía de ser reglamentado para lo cual se ha avanzado el camino para su futura implementación por el Congreso de la República con la aprobación y expedición del Acto Legislativo 1 de 4 de abril de 2017 “Por medio del cual se crea un título de disposiciones transitorias de la Constitución para la terminación del conflicto armado y la construcción de una paz estable y duradera y se dictan otras disposiciones” y la Ley 1820 de 2016, y por el Gobierno Nacional a través del Decreto 277 de 2017.

De las previsiones de la Ley 1820 es necesario destacar, para los fines de esta decisión, el artículo 2º que define su objeto, diciendo que tiende a

…regular las amnistías e indultos por los delitos políticos y los delitos conexos con estos, así como adoptar tratamientos penales especiales diferenciados, en especial para agentes del Estado que hayan sido condenados, procesados o señalados de cometer conductas punibles por causa, con ocasión o en relación directa o indirecta con el conflicto armado.

En el artículo 3º, el “Ámbito de aplicación” de la ley está definido en los siguientes términos:

La presente ley aplicará de forma diferenciada e inescindible a todos quienes, habiendo participado de manera directa o indirecta en el conflicto armado, hayan sido condenados, procesados o señalados de cometer conductas punibles por causa, con ocasión o en relación directa o indirecta con el conflicto armado cometidas con anterioridad a la entrada en vigor del acuerdo final. También cobijará conductas amnistiables estrechamente vinculadas al proceso de dejación de armas.

Además se aplicará a las conductas cometidas en el marco de disturbios públicos o el ejercicio de la protesta social en los términos que en esta ley se indica.

En cuanto a los miembros de un grupo armado en rebelión solo se aplicará a los integrantes del grupo que haya firmado un acuerdo de paz con el gobierno, en los términos que en esta ley se indica. (Énfasis no original).

Y a su turno, el artículo 38 consagra que “Todo lo previsto en esta ley será de aplicación para las personas, conductas, delitos y situaciones en ella previstas, cualquiera que sea la jurisdicción ante la cual hayan sido condenados, estén siendo investigados o procesados”.

3.3. Conforme con la reseña precedente refulge que en oposición a lo señalado por la primera instancia, el ámbito de aplicación, y por lo mismo el universo de los destinatarios de las regulaciones derivadas de la suscripción del Acuerdo Final para la Paz-AFP y la Ley 1820, es incluyente antes que restrictivo o restringido exclusivamente a los integrantes reconocidos de las Farc-Ep en proceso de dejación de armas.

Esto es así por cuanto la declaración de principios del AFP y la propia redacción de la aludida normatividad que desarrolla algunos de aquellos, enseña el inciso primero del artículo 3º trascrito, que sus destinatarios son todas las personas que han participado de manera directa o indirecta en el conflicto armado interno y, como consecuencia, han sido condenadas, procesadas o señaladas de cometer conductas punibles por causa, con ocasión o en relación directa o indirecta con la confrontación armada.

Lo anterior siempre y cuando las conductas ilícitas hayan sido cometidas con anterioridad a la entrada en vigor del acuerdo final —antes de noviembre 24 de 2016— y tales personas se encuentren dentro del ámbito de aplicación personal que se delimita particularmente en los artículos 15, 16, 17, 22 y 29 de la misma ley; o se trate de quienes incurrieron en conductas punibles cometidas en el marco de disturbios públicos o en el ejercicio de la protesta social —artículo 3º inciso segundo—; o bien agentes del Estado que hayan sido condenados, procesados o señalados de cometer conductas punibles por causa, con ocasión o en relación directa o indirecta con el conflicto armado —artículo 2º—.

Por ende, resulta inconsecuente concluir que H.R.S. no es destinatario de la Ley 1820 de 2016 a pesar que ésta prevé un amplio espectro de personas a las que conciernen sus disposiciones, entre las cuales él estaría incluido máxime si se reconoce cierta su antigua militancia en la organización armada ilegal Farc-Ep y que fue condenado por haber cometido hechos delictivos relacionados con su pertenencia a esa agrupación, acorde con lo que expuso la defensa, ratificó la Fiscalía y acogió la propia judicatura sin cuestionamiento.

Acorde con el principio interpretativo que reza que donde la ley no distingue no le es dado al interprete hacerlo, se concluye que si la Ley 1820 no excluyó de manera explícita como destinatarios de sus preceptos a los ex integrantes de las Farc-Ep, por ejemplo a causa de anterior desmovilización en los términos de la Ley 975 de 2005 u otra normatividad, mal podría haberlo hecho como lo hizo en este caso la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Bogotá.

Desde esta perspectiva, se añade, la cuestión examinada no tiene vinculación con la aplicación del principio de favorabilidad sino con la posibilidad de acceder a la libertad condicionada establecida en la Ley 1820 de 2016 como destinatario de la Justicia Especial para la Paz - JEP, en alguno de los eventos vistos.

En suma, no asiste razón al tribunal a quo en cuanto a que a H.R.S. no le es aplicable la Ley 1820 de 2016 por ser ex integrante de las Farc, dada su desmovilización individual de esa agrupación en tiempo previo a la suscripción del AFP.

4. Sentada esta premisa, véase que la legislación en estudio en el artículo 34 consagra como regla general la liberación inmediata y definitiva consecuencial a la concesión de alguna de las formas de amnistía o indulto que la misma prevé, al tiempo que establece un régimen de libertades, artículos 35 a 38, que ha sido reglamentado por los cánones 10º y siguientes del Decreto 277 de 2017.

4.1. Se trata de la “libertad condicionada”, que el artículo 35 del catálogo legal define como una forma de libertad que podrá ser concedida a quienes se encuentren privados de la libre locomoción en alguna de las siguientes hipótesis:

a. Por los delitos políticos o conexos con estos, de que tratan los artículos 15(14) y 16(15) de la misma ley;

b. Que estén dentro del ámbito de aplicación personal definido por el artículo 17 ejusdem(16), o de los preceptos 22 y 29 del corpus legal, que son prácticamente de igual contenido al primero citado excepto que el último alude asimismo a personas procesadas por ciertos delitos cometidos en contextos de protesta social o disturbios internos, o condenadas por diferentes reatos como consecuencia de su participación en actividades de protesta(17);

c. Que hayan sido condenados o procesados por alguno(s) de los delitos previstos en los artículos 23(18) y 24(19) del catálogo legal;

d. Que no estén condenados o procesados por delitos no susceptibles de la amnistía de iure(20), excepto que se acredite que llevan no menos de cinco (5) años en privación de la libertad, eventualidad que permite se les conceda la libertad condicionada quedando la determinación sobre su situación jurídica definitiva supeditada a lo que resuelva la Jurisdicción Especial para la Paz; en igual forma procede respecto de quienes haya sido negado el reconocimiento de dicha amnistía.

A la par, se estatuye que si la privación de la libertad cumplida es menor a cinco (5) años, procederá el traslado de tales personas a las Zonas Veredales Transitorias de Normalización (ZVTN), una vez que los miembros de las Farc-Ep en proceso de dejación de armas se hayan concentrado en ellas; allí permanecerán igualmente privadas de la libertad, según lo establece el artículo 2º numeral 7º del Decreto 4151 de 2011, hasta la entrada en funcionamiento de la JEP, momento en el cual quedarán en libertad condicional a disposición de esa jurisdicción, siempre y cuando hayan suscrito el acta de compromiso de que trata el artículo 36.

El inciso cuarto del artículo 37 consagra, adicionalmente, que las personas liberadas quedarán a disposición de esa jurisdicción en los “…mismos lugares donde se concrete el proceso de reincorporación a la vida civil que se acuerde para los demás integrantes de las Farc-Ep o en otros domicilios que puedan proponer los excarcelados, sin perjuicio de lo establecido en el parágrafo del artículo 36”.

e. En todo caso, se prescribe que el interesado deberá suscribir el “Acta formal de compromiso”, artículo 36, ante el Secretario Ejecutivo de la Jurisdicción Especial para la Paz, por medio de la cual manifiesta el sometimiento y puesta a disposición de esa jurisdicción, lo que de suyo implica renunciar a cualquier otro régimen, con las obligaciones de informar todo cambio de residencia y no salir del país sin previa autorización de tal autoridad, sin perjuicio del monitoreo a través de mecanismos de vigilancia electrónica o similar hasta que se decida de manera definitiva su situación jurídica.

4.2. La acreditación de las mencionadas circunstancias, según corresponda a la situación del peticionario, deberá hacerse ante la autoridad judicial a cargo de resolver la solicitud de libertad condicionada, acorde con el procedimiento previsto en el Decreto 277 de 2017, artículos 10 y siguientes.

El artículo 11. a) del decreto reglamenta el trámite que debe cumplirse para obtener la libertad condicionada cuando se trata personas sometidas a actuaciones seguidas bajo los regímenes de las leyes 906 de 2004 o 1098 de 2006, o como en este evento sucede la Ley 975 de 2005, y que se encuentran con acusación o en etapa de juzgamiento.

A ese efecto, en la audiencia pública convocada para debatir y decidir la solicitud respectiva, el Fiscal, el interesado o su defensa previamente deberán reclamar la declaratoria de conexidad, decidida la cual por el cognoscente se sustentará la petición de reconocimiento de la libertad con los soportes de prueba pertinentes.

4.3. Para mejor comprensión de la incidencia de la declaratoria de conexidad, del tenor de la norma reglamentaria referida dimana que procederá a partir de la constatación que está obligado a realizar el Fiscal delegado que recibe la solicitud de libertad condicionada(21), en el sentido de verificar “…si la persona privada de la libertad está imputada o indiciada en varias actuaciones, en cuyo caso establecerá el estado de cada una ellas y la autoridad que las tiene a cargo, en investigación o juzgamiento”.

Esa labor deberá cumplirla consultando las bases de datos oficiales o institucionales con el propósito de establecer qué actuaciones se adelantan o han adelantado contra el peticionario, y si se trata de una de las personas concernidas en los supuestos descritos en los numerales I. o II. del artículo 11 en comento, que se refieren, el primero, a

…todos los miembros de las Farc-Ep que estén en los listados entregados y verificados por el Gobierno Nacional según el procedimiento acordado en punto 3.2.2.4 del Acuerdo Final, cuando hayan cumplido al menos 5 años de privación efectiva de la libertad y la medida de aseguramiento haya sido adoptada por delitos respecto de los que no se otorga la amnistía de iure.

El segundo, se circunscribe a

…las demás personas que se encuentren en alguno de los supuestos previstos en los artículos 17 de la Ley 1820 de 2016 y 6º de este decreto, así como a los que estando en los anteriores supuestos hayan solicitado la amnistía y esta se haya desestimado, siempre que las conductas descritas en las providencias de que tratan los anteriores supuestos se hayan iniciado con anterioridad a la firma del acuerdo final, la persona haya cumplido al menos 5 años de privación de la libertad por estos hechos y la medida de aseguramiento haya sido adoptada por delitos respecto de los que no se otorga la amnistía de iure o a los que se otorga la amnistía de iure cuando la solicitud de amnistía haya sido rechazada.

Por tanto, una vez el Fiscal verifica todas las actuaciones seguidas en contra del interesado, establece si se encuentran en fase de investigación o juzgamiento y corresponde a uno de los potenciales beneficiarios de la comentada legislación, debe solicitar audiencia al juez de garantías o de conocimiento, según corresponda, para que el funcionario judicial decida en ella sobre la conexidad y la libertad condicionada, en ese orden.

5. Con fundamento en la anterior reseña explicativa y a partir de la confrontación del trámite surtido en la vista pública llevada a cabo en el sub examine ante la Sala de Conocimiento de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Bogotá, evidente resulta que no se acreditaron respecto de H.R.S. las condiciones para alcanzar la libertad condicionada.

Se advierte de inicio que en la diligencia de 6 de marzo de 2017, omitieron las partes sustentar primeramente y de forma adecuada la petición de declaratoria de conexidad.

En consecuencia, si bien R.S. sería destinatario de la aplicación de la Ley 1820 de 2016, según se ha decantado, mal podría haberse decidido favorablemente la libertad condicionada reclamada porque la secuencia lógica procesal imponía como primer tópico a debatir y resolver el atinente a la conexidad, con base en las tareas de recopilación informativa a cargo del ente acusador, en aras de determinar la totalidad de los hechos criminales en que se tenga noticia ha incurrido aquél, precisando de qué naturaleza son las posibles conductas ilícitas cometidas, el estado de trámite de las indagaciones, investigaciones o causas adelantadas y las decisiones proferidas, en caso dado.

Por tanto, inviable la libertad solicitada cuando quiera que presupuesto indispensable para su concesión es definir la posible conexidad de las actuaciones por conductas al margen de la ley en que se encuentra implicado el solicitante, constatando si se trata o no de actos cometidos por su participación directa o indirecta en el conflicto armado; por causa, con ocasión o en relación directa o indirecta con el mismo; o dada su pertenencia o colaboración con el grupo armado en rebelión.

Nada se dijo, deliberó ni acreditó probatoriamente sobre esos cruciales aspectos en la audiencia de marras, en cuyo devenir la Fiscalía no asumió el papel protagónico y determinante que le asigna la reglamentación vista, y sin que la actividad a que estaba obligada pueda entenderse suplida con las sucintas explicaciones que el delegado adujo en su intervención al referirse a la situación jurídica del postulado.

Tampoco la defensa suplió la carencia, pues entre los elementos de prueba allegados por su conducto no aparecen, verbi gratia, decisiones judiciales ya indicativas o bien declarativas de responsabilidad penal que digan de la pertenencia de R.S. a las Farc-Ep, ni de hechos o delitos específicos que pudo haber cometido durante el tiempo que hizo parte de ese grupo.

Peor aún, se carece de claridad acerca de cuál es la medida jurídica en cuya virtud se encuentra en la actualidad restringido el derecho a la libertad personal del peticionario, por qué hechos y cargos le fue impuesta, pues si bien el apoderado defensor y el Fiscal delegado hicieron mención a dos gravámenes de esa índole impuestos por la magistratura de control de garantías de la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Bogotá, lo hicieron de manera indistinta sin especificar con detalle lo relativo a cada una de ellos a fin de identificar su vigencia y efecto vinculante.

En ese orden, mal podría haberse decidido positivamente la pretensión de libertad condicionada que expuso la defensa de R.S., pues al fin y al cabo carecía el colegiado de primer grado de los fundamentos objetivos requeridos para acometer la resolución de tan significativo asunto, si en cuenta se tiene que a partir de lo expuesto por las partes y los soportes demostrativos presentados no es dable colegir con la certidumbre requerida la naturaleza, cantidad y estado actual de la totalidad de indagaciones, investigaciones o procesos a él seguidos, cuáles están relacionados con el conflicto armado interno o con su pertenencia o colaboración con las Farc-Ep, etc., a fin de declarar la conexidad y evaluar seguidamente el cumplimiento de las condiciones legales y reglamentarias para obtener la liberación condicionada.

6. De todo lo previamente explicado se sigue que la decisión negativa a las pretensiones de H.R.S. materia de impugnación habrá de ser confirmada, pero por los motivos y razones aducidos en líneas precedentes.

No obsta lo resuelto para que en pro del postulado se reclame de nuevo la libertad condicionada, pero con apego a las previsiones legales y reglamentarias, dando cabal cumplimiento de las obligaciones, deberes y cargas que las disposiciones en estudio atribuyen a las partes e intervinientes.

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal,

RESUELVE

1. CONFIRMAR, por los motivos y razones expuestas, la decisión proferida en audiencia de 6 de marzo de 2017 por la Sala de Conocimiento de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Bogotá, de negar la libertad condicionada a H.R.S.

2. Contra esta decisión no procede recurso alguno.

Notifíquese y cúmplase.

Magistrados: Eugenio Fernández Carlier —José Francisco Acuña Vizcaya—José Luis Barceló Camacho—Fernando Alberto Castro Caballero—Luis Antonio Hernández Barbosa—Gustavo Enrique Malo Fernández—Eyder Patiño Cabrera—Patricia Salazar Cuéllar—Luis Guillermo Salazar Otero.

Secretaria: Nubia Yolanda Nova García.

1. Información suministrada en audiencia pública de 6 de marzo de 2017, por la Fiscalía 76 delegada ante el Tribunal Superior de la Dirección Nacional de Análisis y Contextos con sede en Cali - Valle.

2. Fl. 29 cuaderno de primera instancia.

3. Fl. 25 ídem, oficio 0002545 MDN - DVPAI.

4. Fl. 19 ídem, oficio OFI10-16375-DJT-0330 de 21 de mayo de 2010.

5. Información suministrada en audiencia pública de 6 de marzo de 2017, por la Fiscalía 76 delegada.

6. Ídem.

7. Ídem.

8. Fl. 3 cuaderno de primera instancia.

9. Información suministrada en audiencia pública de 6 de marzo de 2017, por la Fiscalía 76 delegada; así mismo, ficha técnica del proceso 52001 31 07 002 2003 00062 01 visible a folio 32 cuaderno de primera instancia.

10. La representación de víctimas adujo que, en su criterio, el a quo carecía de competencia para resolver sobre la libertad condicionada reclamada a favor del postulado R.S., cuestionamiento que fue examinado y desestimado por la autoridad judicial en el apartado “1. ¿Los Magistrados de Conocimiento de las Salas de Justicia y Paz tienen competencia para resolver sobre la solicitud de libertad condicionada contemplada en la Ley 1820 de 2016?”, visible a folio 6 de la transcripción de la decisión de 6 de marzo de 2017, cuaderno de primera instancia.

11. Ver AP1701-2017, 16 mar. 2017, rad. 49912; criterio reiterado en AP1871-2017, 22 mar. 2017, rad. 49929.

12. Publicada en el Diario Oficial número 50.102 de 30 de diciembre de 2016, vigente desde el día siguiente a su publicación acorde con el artículo 61, esto es, desde el 31 de diciembre de 2016.

13. Publicada en la Gaceta del Congreso 1126 de 13 de diciembre de 2016; la publicación fue reiterada en la Gaceta 1128 de 14 de diciembre del mismo año, con nota aclaratoria sobre el número de proyecto que fue asignado correspondiente al 01 de 2016 de Senado y no al 202 de 2016.

14. Artículo 15. Amnistía de Iure. Se concede amnistía por los delitos políticos de “rebelión”, “sedición”, “asonada”, “conspiración” y “seducción”, usurpación y retención ilegal de mando y los delitos que son conexos con estos de conformidad con esta ley, a quienes hayan incurrido en ellos.

15. Artículo 16. Para los efectos de esta ley son conexos con los delitos políticos los siguientes: apoderamiento de aeronaves, naves o medios de transporte colectivo cuando no hay concurso con secuestro; constreñimiento para delinquir; violación de habitación ajena; violación ilícita de comunicaciones; ofrecimiento, venta o compra de instrumento apto para interceptar la comunicación privada entre personas; violación ilícita de comunicaciones o correspondencia de carácter oficial; utilización ilícita de redes de comunicaciones; violación de la libertad de trabajo; injuria; calumnia; injuria y calumnia indirectas; daño en bien ajeno; falsedad personal; falsedad material de particular en documento público; obtención de documento público falso; concierto para delinquir; utilización ilegal de uniformes e insignias; amenazas; instigación a delinquir; incendios; perturbación en servicio de transporte público colectivo u oficial; tenencia y fabricación de sustancias u objetos peligrosos; fabricación, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones; fabricación, porte o tenencia de armas, municiones de uso restringido, de uso privativo de las fuerzas armadas o explosivos; perturbación de certamen democrático; constreñimiento al sufragante; fraude al sufragante; fraude en inscripción de cédulas; corrupción al sufragante; voto fraudulento; contrato sin cumplimiento de requisitos legales; violencia contra servidor público; fuga; y espionaje. El anterior listado de delitos será también tenido en cuenta por la Sala de Amnistía e Indulto de la Jurisdicción Especial para la Paz, sin perjuicio de que esta Sala también considere conexos con el delito político otras conductas en aplicación de los criterios establecidos en esta ley. Las conductas que en ningún caso serán objeto de amnistía o indulto son las mencionadas en el artículo 23 de esta ley. En la aplicación de la amnistía que trata la presente ley se incluirá toda circunstancia de agravación punitiva o dispositivo amplificador de los tipos penales.

16. Artículo 17. Ámbito de aplicación personal. La amnistía que se concede por ministerio de esta ley de conformidad con los artículos anteriores, se aplicará a partir del día de entrada en vigor de la misma, siempre y cuando los delitos hubieran sido cometidos antes de la entrada en vigor del Acuerdo Final de Paz. Se aplicará a las siguientes personas, tanto nacionales colombianas como extranjeras, que sean o hayan sido autores o partícipes de los delitos en grado de tentativa o consumación, siempre que se den los siguientes requisitos: 1. Que la providencia judicial condene, procese o investigue por pertenencia o colaboración con las Farc-Ep. 2. Integrantes de las Farc-Ep tras la entrada en vigencia del acuerdo Final de Paz con el Gobierno nacional, de conformidad con los listados entregados por representantes designados por dicha organización expresamente para ese in, listados que serán verificados conforme a lo establecido en el Acuerdo Final de Paz. Lo anterior aplica aunque la providencia judicial no condene, procese o investigue por pertenencia a las Farc-Ep. 3. Que la sentencia condenatoria indique la pertenencia del condenado a las Farc-Ep, aunque no se condene por un delito político, siempre que el delito por el que haya resultado condenado cumpla los requisitos de conexidad establecidos en esta ley. 4. Quienes sean o hayan sido investigados, procesados o condenados por delitos políticos y conexos, cuando se pueda deducir de las investigaciones judiciales, iscales y disciplinarias, providencias judiciales o por otras evidencias que fueron investigados o procesados por su presunta pertenencia o colaboración a las Farc-Ep. En este supuesto el interesado, a partir del día siguiente de la entrada en vigor de esta ley, solicitará al Fiscal o Juez de Ejecución de Penas competente, la aplicación de la misma aportando o designando las providencias o evidencias que acrediten lo anterior.

17. Se trata de los artículos 112 (lesiones personales con incapacidad menor a 30 días), 265 (daño en bien ajeno), 353 (perturbación en servicio de transporte público, colectivo u oficial), 353A (obstrucción a vías públicas que afecte el orden público), 356A (disparo de arma de fuego), 359 (empleo o lanzamiento de sustancias u objetos peligrosos), 429 (violencia contra servidor público), 430 (perturbación de actos oficiales) y 469 (asonada) del Código Penal.

18. Artículo 23. Criterios de conexidad. La Sala de Amnistía e Indulto concederá las amnistías por los delitos políticos o conexos. En todo caso, se entienden conexos con el delito político los delitos que reúnan alguno de los siguientes criterios: a) Aquellos delitos relacionados específicamente con el desarrollo de la rebelión cometidos con ocasión del conflicto armado, como las muertes en combate compatibles con el Derecho Internacional Humanitario y la aprehensión de combatientes efectuada en operaciones militares, o b) Aquellos delitos en los cuales el sujeto pasivo de la conducta es el Estado y su régimen constitucional vigente, o c) Aquellas conductas dirigidas a facilitar, apoyar, financiar u ocultar el desarrollo de la rebelión. La Sala de Amnistía e Indulto determinará la conexidad con el delito político caso a caso…

19. Artículo 24. Cuando reciba traslado de la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas, la Sala de Amnistía e Indulto otorgará el indulto que alcance la extinción de las sanciones impuestas, por los siguientes delitos u otros, cometidos en el marco de disturbios públicos o el ejercicio de la protesta social, siempre y cuando sean conexos con el delito político conforme a los criterios establecidos en el artículo 23: lesiones personales con incapacidad menor a 30 días; daño en bien ajeno; perturbación en servicio de transporte público, colectivo u oficial; obstrucción a vías públicas que afecte el orden público; disparo de arma de fuego; empleo o lanzamiento de sustancias u objetos peligrosos; y violencia contra servidor público; perturbación de actos oficiales; y asonada del Código Penal colombiano.

20. Acorde con el Parágrafo del artículo 23 se tiene que: “En ningún caso serán objeto de amnistía o indulto únicamente los delitos que correspondan a las conductas siguientes: a) Los delitos de lesa humanidad, el genocidio, los graves crímenes de guerra, la toma de rehenes u otra privación grave de la libertad, la tortura, las ejecuciones extrajudiciales, la desaparición forzada, el acceso carnal violento y otras formas de violencia sexual, la sustracción de menores, el desplazamiento forzado, además del reclutamiento de menores, de conformidad con lo establecido en el Estatuto de Roma. En el evento de que alguna sentencia penal hubiere utilizado los términos ferocidad, barbarie u otro equivalente, no se podrá conceder amnistía e indulto exclusivamente por las conductas delictivas que correspondan a las aquí enunciadas como no amnistiables; b) Los delitos comunes que carecen de relación con la rebelión, es decir aquellos que no hayan sido cometidos en el contexto y en razón de la rebelión durante el conflicto armado o cuya motivación haya sido obtener beneficio personal, propio o de un tercero. Lo establecido en este artículo no obsta para que se consideren delitos conexos con los delitos políticos aquellas conductas que hayan sido calificadas de manera autónoma como delitos comunes, siempre y cuando estas se hubieran cometido en función del delito político y de la rebelión. Se entenderá por “grave crimen de guerra” toda infracción del Derecho Internacional Humanitario cometida de forma sistemática.

21. Obligación que no puede supeditarse a la política institucional que adujo en audiencia la Fiscalía delegada como una de las motivaciones para oponerse a la libertad condicionada de R.S.