Sentencia AP2833-2017 de mayo 3 de 2017

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA DE CASACIÓN PENA

Magistrado Ponente:

Eyder Patiño Cabrera

AP2833-2017

Rad.: 49.968

Acta Nº 124

Bogotá, D.C., tres (3) de mayo de dos mil diecisiete (2017).

NOTA: Legis considera conveniente que los nombres y apellidos de las partes y los terceros sean reemplazados por sus iniciales y los datos por xxx, con el fin de proteger los derechos contemplados en el artículo 15 de la Constitución Política de Colombia.

ASUNTO

Se pronuncia la Sala sobre la colisión negativa de competencias suscitada entre el Juzgado Segundo Penal del Circuito Especializado de Extinción de Dominio de Bogotá y su homólogo 1º de Cali, los cuales rehúsan conocer del asunto y proferir el correspondiente fallo, dentro del trámite de extinción de dominio adelantado respecto de un automotor tipo camión marca Dodge, color azul, modelo 1974, chasis Nº xxx REG, motor Nº xxx y placas xxx que figura a nombre de H. D. D. D. y una suma de dinero de setecientos millones de pesos ($ 700.000.000) representada en un título judicial Nº xxx el cual se encuentra a favor de la DNE.

HECHOS

Fueron expuestos por la Fiscalía 24 Especializada de Cali en los siguientes términos:

(...) En fecha 28 de agosto de 2009, Grupo de Policía Especial, SIU-DIJIN, reciben de fuente humana una información sobre la existencia de un camión de placas xxx de color azul, el cual transportaría un dinero camuflado en un compartimiento tipo caleta, desde la ciudad de Cali hacía el sur del país. Se realiza por parte del grupo de policía judicial y en coordinación de la policía vial un puesto de control por la vía panamericana, es sometido a control el referido vehículo, el mismo que había sido señalado por la fuente humana, al ser requisado se encuentra un compartimiento tipo caleta, en la parte delantera del vehículo en el interior del radiador, encontrándose dos paquetes pequeños cubiertos con un plástico de color negro, conteniendo la suma de $ 700.000.000 millones de pesos. Son capturados el conductor... y su ayudante... quienes no supieron dar respuesta respecto de la procedencia del dinero siendo judicializados ante el señor Juez de Control de Garantías del Municipio de Santander de Quilichao, Cauca. 

ACTUACIÓN PROCESAL RELEVANTE

1. Con fundamento en la Resolución del 24 de diciembre de 2010 la Fiscalía 24 Especializada de Cali decretó el inicio de la acción de extinción de dominio sobre los bienes referidos, disponiendo a su vez el embargo, secuestro y suspensión del poder dispositivo.

2. El 29 de septiembre de 2014, el ente investigador declaró la procedencia de la acción de extinción de dominio y remitió la actuación al reparto de los juzgados penales del Circuito Especializado de Bogotá, la cual fue asignada al Segundo.

3. El 2 de diciembre de 2016, el despacho de conocimiento advirtió que carece de competencia para proferir el fallo correspondiente, toda vez que con fundamento en el artículo 35 de la Ley 1708 de 2014 y el Acuerdo PSAA16-10517 de 17 de mayo de 2016 de la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura, el llamado a emitir la decisión de fondo es su homólogo de Cali, “como quiera que la ocurrencia de los hechos que desencadenaron la acción de extinción de dominio se encuentra en el Distrito Judicial de su competencia (Popayán – Cauca y/o Cali – Valle del Cauca)”.

Su postura la respaldó en la decisión emitida por la Sala de Casación Penal de esta Corporación en el radicado 49.221 del 16 de noviembre de 2016 (AP-7816-2016), en el cual se indicó que tratándose de bienes muebles el juez competente será el del lugar donde fueron hallados, ubicados o descubiertos los mismos.

De manera anticipada, propuso colisión negativa de competencias.

4. El 23 de enero pasado, el Juzgado 1 Primero Penal del Circuito Especializado de Extinción de Dominio de Cali, no aceptó el conocimiento del proceso y adujo que con la expedición de la Ley 1708 de 2014 el legislador quiso que los despachos creados por disposición de esa normativa, conozcan de los diligenciamientos promovidos con base en las causales allí consagradas y que los asuntos iniciados en vigencia la Ley 793 de 2002 continúen bajo la dirección de los operadores jurídicos de extinción de dominio de la ciudad de Bogotá.

Por otra parte, destacó que la actuación de primera instancia se tramitó a plenitud ante el juzgado remitente y el único acto que falta por agotarse es la emisión de la sentencia, por lo que en virtud del postulado de la perpetuatio jurisdictionis, la «competencia se torn[ó] definitiva luego de producirse el inicio del juicio», motivo por el cual su homólogo Segundo es el que debe adoptar la determinación final.

Paralelamente, sostuvo que con independencia de que los juzgados de extinción de domino dependan administrativamente del distrito judicial en que se encuentran ubicados, lo cierto es que en la actualidad el «organismo de cierre» en la materia es el Tribunal Superior de Bogotá, lo cual implica que los despachos de esa especialidad existentes en el país «pertenecemos y estamos bajo la jurisdicción de este mismo distrito judicial».

En consecuencia, envió el expediente a esa corporación, por ser, en su criterio, el que debe dirimir el conflicto propuesto.

5. La Sala Penal de Extinción de Dominio del Tribunal Superior de Bogotá, el 21 de febrero de 2017, indicó que en virtud del numeral 4º del artículo 75 de la Ley 600 de 2000 corresponde a la Corte Suprema de Justicia determinar el funcionario competente en el presente asunto, razón por la cual remitió el proceso para el respectivo pronunciamiento.

CONSIDERACIONES

1. Esta corporación es competente para definir la colisión de competencias planteada entre el Juzgado Segundo Penal del Circuito Especializado de Extinción de Dominio de Bogotá y su homólogo 1º de Cali, de acuerdo con el numeral 4º del artículo 75 de la Ley 600 de 2000, toda vez que se trata de despachos judiciales de diferentes distritos especializados de extinción de dominio, como pasa a explicarse.

La competencia es «la facultad de que se halla investido un funcionario público para aplicar justicia en un caso concreto»(1), en algunos eventos se determina por factores de índole i) personal —referente al fuero del sujeto activo de la conducta—, ii) objetivo —atiende la naturaleza del punible— y iii) territorial —lugar geográfico donde se ejecuta el hecho delictivo—, pues con ello se garantiza el debido proceso y de contera los principios de inmediación, celeridad, imparcialidad y economía procesal.(2)

2. Ahora bien, frente a la discusión suscitada de qué corporación debe resolver los conflictos de competencia que se presenten entre Juzgados Penales del Circuito Especializado de Extinción de Dominio de diferentes distritos judiciales, conviene precisar que la Sala zanjó la controversia en decisión AP2019-2017 de fecha 27 de marzo de los corrientes, dentro del radicado 49989, precisando lo siguiente:

(...) Ante el dilema de qué funcionario debe asumir el conocimiento de una actuación, el ordenamiento jurídico ha previsto varios instrumentos para zanjar la discusión. Concretamente el artículo 93 de la Ley 600 de 2000 contempla la figura de la colisión de competencias, en virtud de la cual interviene un tercero independiente, de mayor jerarquía, cuyas decisiones tienen carácter vinculante, a definir el funcionario judicial que debe impartir justicia en un determinado asunto. 

La activación de ese mecanismo, propio del Código de Procedimiento Penal de 2000, en asuntos derivados del ejercicio de la acción de extinción de dominio, resulta de la aplicación del postulado de integración y por remisión expresa del artículo 26 de la Ley 1708 de 2014, según el cual en los eventos no previstos, se atenderán las siguientes reglas: 

1. En la fase inicial, el procedimiento, medidas cautelares, control de legalidad, régimen probatorio y facultades correccionales de los funcionarios judiciales, se atenderán las reglas previstas en el Código de Procedimiento Penal contenido en la Ley 600 de 2000. 

(...) 

1.2. En atención a la naturaleza especial y autónoma de dicha acción patrimonial, en tanto se ejerce independiente de cualquier declaración de responsabilidad penal, su trámite y conocimiento fue conferido a funcionarios especializados, unipersonales y colegiados, cuyo funcionamiento ha sido implementado paulatinamente, conforme a la demanda de justicia creciente en torno a la materia. 

1.3. Así, la Ley 1708 de 2014 se preocupó por desconcentrar la función de juzgamiento, muestra de ello es que en sus artículos 38 y 39(3) reguló los asuntos que deben debatirse en primera y segunda instancia, sin restringirlos al conocimiento de los jueces de extinción de dominio del distrito de Bogotá.  

En clara expresión de dicho cometido, el artículo 215 de dicha normativa dispuso lo siguiente: 

Creación de juzgados. La Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura creará las salas de extinción de dominio que se requieran para el eficaz y eficiente cumplimiento de las disposiciones del presente Código, asegurándose que como mínimo se creen salas en los tribunales de distrito judicial de Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla, y Cúcuta. 

Así mismo, la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura creará los juzgados especializados en extinción de dominio que considere necesarios para el eficaz y eficiente cumplimiento de las disposiciones de este código, conforme a las siguientes reglas: 

1. En el distrito judicial de Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla, y Cúcuta se crearán al menos cinco (5) juzgados especializados en extinción de dominio. 

2. En los distritos judiciales de Antioquia, Cundinamarca, Ibagué, Bucaramanga, Tunja, Villavicencio, Neiva, Manizales, Pasto, y Florencia, se crearán como mínimo dos (2) juzgados Especializados en Extinción de Dominio. 

3. En los Distritos de Cartagena, Armenia, Cúcuta, Pereira, Montería, Quibdó, Pamplona, Riohacha, Santa Marta, Sincelejo, Popayán y Valledupar, se creará como mínimo un (1) juzgado especializado en extinción de dominio. 

El Consejo Superior de la Judicatura y el Ministerio de Hacienda Crédito Público reglamentarán y dispondrán lo necesario para determinar la composición y competencias de las salas y los juzgados especializados en extinción de dominio. 

1.4. En desarrollo del citado mandato, la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura, mediante Acuerdo PSAA16-10517 de 17 de mayo de 2016, en ejercicio de sus facultades constitucionales y legales, en especial las señaladas en los artículos 50, 85, numeral 6, y 89, numeral 4, de la Ley 270 de 1996, estableció que los distritos especializados de extinción son Antioquia, Barranquilla, Bogotá, Cali, Cúcuta, Neiva, Pereira y Villavicencio. 

A su turno, en el artículo 2º de dicho acto administrativo se concretó el ámbito territorial de cada distrito especializado de forma más amplia al asignado tradicionalmente a los de categoría ordinaria, verbigracia, el distrito de extinción de dominio de Barranquilla comprende, además de éste, el de el Archipiélago de San Andrés y Santa Catalina, Cartagena, Riohacha, Santa Marta y Sincelejo. 

Y, en consonancia con el actual Código de Extinción de Domino, el artículo 31 del referido acuerdo indicó que «la segunda instancia de los procesos de los jueces penales de circuito especializado de extinción de dominio del territorio nacional, se deberá surtir ante el Tribunal Superior de Distrito Judicial en donde se encuentra la Sala Especializada de Extinción de Dominio correspondiente». 

Ello, en oposición a lo consagrado en el artículo 51 del Acuerdo PSAA15-10402 de 29 de octubre de 2015, en que se dijo que la segunda instancia en el trámite especial de marras se cumpliría ante la Sala de Extinción de Dominio del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá. 

Destáquese, el acto administrativo indicado en el párrafo precedente fue expedido en ejercicio de la facultad genérica de trasladar y transformar despachos judiciales y cargos de todas las especialidades en el territorio patrio.  

Fundamento distinto tuvo el acuerdo de 2016, en el cual la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura se ocupó de manera exclusiva y específica de fijar el mapa judicial de los despachos penales de circuito especializado de extinción de dominio, por lo que además de tratarse de una disposición administrativa posterior, tiene el carácter de norma especial, la cual se prefiere sobre la general. 

1.5. Desde esa perspectiva, aunque actualmente el único tribunal que cuenta con una sala especializada es el de Bogotá, no significa que en Colombia solo exista un distrito de extinción de dominio, pues según lo expuesto en precedencia, el legislador y la corporación encargada de la organización judicial en el país han establecido ocho «DISTRITOS ESPECIALIZADOS DE EXTINCIÓN DE DOMINIO». 

De tal manera, no sería acertado remitir la definición de esta clase de incidentes al Tribunal de Bogotá, pues se desconocería la cláusula quinta del artículo 76 de la Ley 600 de 2000, según la cual corresponde a los tribunales conocer de las «colisiones de competencia que se presenten entre jueces del circuito del mismo distrito...», pues si la pugna se suscita entre un juez especializado de extinción de dominio de Cali y otro de Bogotá, como ocurre en este caso, estarían involucrados autoridades de distintos distritos especializados de extinción de dominio, conforme la distribución territorial plasmada en el artículo 2º del Acuerdo PSAA16-10517 de 2016, luego no tendría operancia dicha hipótesis normativa. 

1.6. No puede desconocerse esa realidad con el argumento de que la encargada de resolver, por el momento, los recursos de apelación y queja interpuestos contra los autos y sentencias proferidos por los jueces especializados en la materia, es la Sala de Extinción de Dominio del Tribunal de Bogotá, toda vez que se trata de una asignación circunstancial y transitoria, que subyace en razones organizacionales y de logística, con el fin de garantizar la figura del ad quem en el trámite de marras, llamada a variar una vez se obtengan los recursos presupuestales necesarios para la implementación de las demás salas. 

3. Precisado lo anterior, se procede a resolver de fondo el caso objeto de estudio.

El legislador a través de la expedición de la Ley 333 de 1996, el Decreto Legislativo 1975 de 2002, la Ley 793 de 2002, —que a su vez fue objeto de varias modificaciones, de las cuales sobresalen las introducidas por medio de la Ley 1395 de 2010, y la Ley 1453 de 2011—, y el actual Código de Extinción de Dominio, Ley 1708 de 2014, han regulado el trámite de dicha acción.

La última normativa compiló la regulación sobre la materia e introdujo variaciones sustanciales al procedimiento, así como un régimen de principios generales, con la pretensión de construir un auténtico sistema de normas para el ejercicio del mecanismo de extinción del derecho de dominio(4).

A su vez, el artículo 271 ibidem fijó un régimen de transición, consistente en que:

Los procesos en que se haya proferido resolución de inicio con fundamento en las causales que estaban previstas en los numerales 1º al 7º de la Ley 793 de 2002, antes de la expedición de la Ley 1453 de 2011, seguirán rigiéndose por dichas disposiciones. 

De igual forma, los procesos en que se haya proferido resolución de inicio con fundamento en las causales que estaban previstas en el artículo 72 de la Ley 1453 de 2011, seguirán rigiéndose por dichas disposiciones. 

3.1. Esta corporación se ha pronunciado con relación a dicha temática y recientemente, en auto CSJ AP, 15 de marzo de 2017 rad. AP1662-2017, confirmó la postura según la cual:

(...), el aludido régimen de transición solamente está referido a las causales de extinción de dominio legalmente contempladas al dictarse la resolución de inicio, y no comprende las restantes instituciones sustanciales o procesales contenidas en las diferentes normas que han regulado el tema. En consecuencia, en la actualidad la ley vigente -y aplicable al sub examine- es la 1708 de 2014, salvo por las excepciones a las que se ha hecho referencia, dentro de las cuales no se encuentran las disposiciones atributivas de competencia. 

Conforme ese criterio jurisprudencial, que ahora se reitera, la competencia para conocer de la fase de juzgamiento dentro del trámite de la acción de extinción de dominio se determina con fundamento en las previsiones de la Ley 1708 de 2014, mientras que en relación con los asuntos atinentes a las causales a partir de las cuales se puede promover dicho mecanismo, continúa aplicándose la normativa anterior.

En ese orden de ideas, no se admite lo manifestado por el Juzgado Primero Penal del Circuito Especializado de Extinción de Dominio de Cali, pues si bien es cierto la actuación inició al amparo de la anterior legislación y se tramitó por su homólogo en Bogotá la etapa de juicio, la competencia está regida por la ley vigente y su aplicación es inmediata, sin que opere fenómeno semejante al de la prórroga de competencia.

3.2. En cuanto al servidor judicial que debe asumir la fase de juzgamiento, el artículo 35 de la Ley 1708 de 2014 dispuso lo siguiente:

Competencia territorial para el juzgamiento. Corresponde a los jueces del circuito especializados en extinción de dominio del distrito judicial donde se encuentren los bienes, asumir el juzgamiento y emitir el correspondiente fallo. Ante la falta de jueces de extinción de dominio conocerán del juicio, los jueces penales del circuito especializados.  

Cuando haya bienes en distintos distritos judiciales, será competente el juez del distrito que cuente con el mayor número de jueces de extinción de dominio, o en su defecto, el mayor número de jueces penales del circuito especializado. La aparición de bienes en otros lugares después de la fijación provisional de la pretensión no alterará la competencia.  

La Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia tendrá competencia para el juzgamiento en única instancia de la extinción de dominio de los bienes cuya titularidad recaiga en un agente diplomático debidamente acreditado, independientemente de su lugar de ubicación en el territorio nacional. 

Del tenor literal del artículo en cita se desprende, sin mayores dificultades, que la competencia territorial para adelantar el juicio de extinción de dominio reside, en principio, en el Juez del lugar donde se encuentren ubicados los bienes.

No obstante, como en el presente caso los bienes objeto de extinción son muebles (un automotor y una suma de dinero) la Sala precisó, en proveído AP7816-2016 dentro del radicado 49.221, que el juez competente será aquel donde los mismos fueron hallados, ubicados o descubiertos:

(...) Ahora bien, en tratándose de bienes muebles, tal expresión debe entenderse como el lugar donde fueron hallados, ubicados o descubiertos, conforme la acepción natural del vocablo encontrar, que no coincide necesariamente con el lugar de comisión de la conducta que dio origen al trámite extintivo, ni a aquél donde se depositen transitoriamente. 

La referida postura tuvo su apoyo en la decisión AP983-2016 (rad. 47.511) donde la corporación indicó que:

(...) Luego, de acuerdo con el inciso primero de la norma, la competencia reside en el lugar donde se “encuentren los bienes”, esto es, donde fueron hallados conforme se establece del significado del verbo allí contenido, lo cual se traduce en que con independencia del sitio donde se disponga su resguardo, en especial tratándose de muebles, el factor territorial se fija con ocasión del descubrimiento inicial de los mismos.  

4. En el presente asunto, se tiene que el camión fue interceptado en la vía Panamericana en el trayecto que de Popayán comunica con la ciudad de Cali y en dicho automotor fue hallada la suma de $ 700.000.000, jurisdicción que le corresponde a los Jueces Penales del Circuito de Extinción de Dominio de la capital del Valle del Cauca conforme lo prevé el Acuerdo PSAA16-10517 del 17 de mayo de 2016 emanado del Consejo Superior de la Judicatura, razón por la que las diligencias serán asignadas al juzgado judicial referido.

La presente determinación será informada al Juzgado Segundo Penal del Circuito Especializado de Extinción de Dominio de Bogotá.

En mérito de lo expuesto la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia,

RESUELVE

1. Asignar la competencia al Juzgado Primero Penal del Circuito Especializado de Extinción de Dominio de Cali, para emitir la sentencia en el proceso de extinción de dominio adelantado respecto de un automotor tipo camión de placas xxx y una suma de setecientos millones de pesos ($ 700.000.000), a donde se remitirá la actuación.

2. Comunicar esta decisión Juzgado Segundo Penal del Circuito Especializado de Extinción de Dominio de Bogotá

3. Contra esta decisión no procede recurso alguno.

Comuníquese y cúmplase.

Magistrados: Eugenio Fernández Carlier—José Francisco Acuña Vizcaya—José Luis Barceló Camacho—Fernando Alberto Castro Caballero—Luis Antonio Hernández Barbosa—Gustavo Enrique Malo Fernández—Eyder Patiño Cabrera—Patricia Salazar Cuéllar—Luis Guillermo Salazar Otero.

Nubia Yolanda Nova García, Secretaria.

1 RAVE MARTÍNEZ, Gilberto. Procedimiento penal colombiano, decimotercera edición, Temis, pág. 195.

2 Al respecto CSJ AP 14 feb. 2011, rad 35781

3 ART. 38.—Competencia de las salas de extinción de dominio de los tribunales superiores de distrito judicial. La sala de extinción de dominio de los tribunales superiores conocerá:

1. En primera instancia, de 1a acción extraordinaria de revisión promovida contra las sentencias de esa corporación en materia de extinción de dominio. 

2. En segunda instancia, de los recursos de apelación y queja interpuestos contra los autos y sentencias proferidos por los jueces de extinción de dominio. 

3. De las solicitudes de control de legalidad que sean promovidas contra la decisiones adoptadas por el Fiscal General de la Nación en los trámites a su cargo. 

ART. 39.Competencia de los jueces de extinción de dominio. Los jueces de extinción de dominio conocerán: 

1. En primera instancia, del juzgamiento de la extinción de dominio. 

2. En primera instancia, de las solicitudes de control de legalidad dentro de los procesos de su competencia 

4 Corte Constitucional C-958/2014.