Auto AP2861-2015 de mayo 25 de 2015

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

SALA DE CASACIÓN PENAL

Rad.: 44685

Magistrado Ponente:

Dr. Eyder Patiño Cabrera

(Legis considera conveniente que los datos de las partes y terceros sean eliminados, con el propósito de proteger los derechos contemplados en el artículo 15 de la Constitución Política.)

AP2861-2015

(Aprobado acta 184)

Bogotá, D. C., veinticinco de mayo de dos mil quince.

EXTRACTOS: «V. Consideraciones

5.1. De conformidad con lo previsto en el artículo 221 de la Ley 600 de 2000, todos los sujetos procesales que tengan interés jurídico y hayan sido legalmente reconocidos dentro de la actuación procesal pueden promover la acción de revisión, concebida por el Legislador como un mecanismo a través del cual se busca la invalidación de una providencia que ha adquirido firmeza y de la cual resulta razonable predicar que entraña un contenido de injusticia material porque la verdad procesal declarada resulta ser bien diversa a la realidad histórica del acontecer objeto de investigación o juzgamiento, demostración que solo es posible jurídicamente dentro del marco que delimitan las causales taxativamente señaladas en la ley.

Este derecho está sometido al cumplimiento de las exigencias previstas en el artículo 222 ibídem, entre las cuales está la de presentación de la demanda por medio de abogado titulado, el señalamiento de la causal invocada y los fundamentos de hecho y de derecho en que se sustente la petición, la relación de las pruebas que se aportan en la demostración de los hechos básicos de la pretensión, luego de haber identificado el proceso, los jueces que intervinieron y las providencias cuestionadas, de las cuales allegará copia con la constancia de su ejecutoria.

5.2. Si bien es cierto, procuró el peticionario observar las anteriores exigencias formales, advierte la Corte que no se allegó la sentencia de condena pese a que se relaciona en su libelo, no está incluida ni en los anexos(7), falencia que conspira contra la admisibilidad de la revisión propuesta; lo que aunado al incumplimiento de los requisitos sustanciales, relacionados con la trascendencia que se requiere para el hecho o prueba nueva que soportan esta cuarta solicitud, conllevan a despachar desfavorablemente la demanda propuesta.

En efecto, la causal invocada por el censor nuevamente es la establecida en el numeral tercero artículo 220 de la Ley 600 de 2000 que autoriza la apertura a trámite de la acción cuando después de la sentencia condenatoria aparecen hechos nuevos o surgen pruebas no conocidas al tiempo de los debates, que establecen la inocencia del condenado o su inimputabilidad. Desde antaño la jurisprudencia, ha referido sobre el particular: (CSJ AP 20 jun. 2001. Rad. 17893)

“La causal tercera de revisión se invoca ‘cuando después de la sentencia condenatoria aparezcan hechos nuevos o surjan pruebas no conocidas al tiempo de los debates, que establezcan la inocencia del condenado o su inimputabilidad’.

Si se trata de un hecho nuevo, ha dicho la Sala, se debe acreditar la existencia de un acontecimiento o suceso fáctico vinculado al hecho punible que fue materia de investigación y que no fue conocido en ninguna de las etapas de la actuación judicial.

Si se trata de prueba nueva, se debe demostrar la existencia de un elemento de juicio que no fue aportado al proceso, que surgió con posterioridad a él y que da cuenta de un hecho desconocido o que varía sustancialmente uno conocido, con capacidad para concluir, en un grado de certeza, que se condenó a un inocente o como imputable a quien no lo era”.

5.3. En esta oportunidad, el censor presenta como fundamentación las sentencias emitidas por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca y del Consejo de Estado calendadas el 27 de enero de 2005 y 22 de junio de 2006, respectivamente, para concluir de allí que si bien no son pruebas nuevas conforme la inadmisión de su anterior trámite revisionista ante la Corte radicados 28350 y 33770, sí tienen la connotación de hecho nuevo en ella contenidos.

Igual pretende del fallo de tutela T-58 de 2008 sostener que se utilizó un acontecimiento fáctico inexistente para desconocer el real, es decir, que a su prohijado le fue recomendada la adjudicación por XXX XXXX en ejercicio de funciones particulares y, con la misma finalidad, la decisión de preclusión por prescripción a favor del citado.

5.4. Cimenta el demandante su alegato en dos hechos nuevos, el primero relacionado en que el Fiscal General de la Nación estaba impedido al actuar en el proceso penal por el que se condenó a YYY YYY y, segundo, por variarse la situación en la que se sostuvo que el interés indebido en la celebración de contratos fue por el asesoramiento que hiciere un particular, cuando la acusación se cimentó en que se trató de una asesoría en función pública.

5.5. La Sala considera ciertamente que no es posible continuar el debate ad infitum actus dado el carácter de no preclusividad la acción de revisión, ya que nuevamente se plantean los mismos elementos probatorios para argumentar en esta ocasión que no son pruebas sino hechos nuevos en ellos contenidos, y, con fundamentación similar encubrir el alegato de instancia pretendido, tal como en otras oportunidades le fue señalado por la corporación.

Sobre tal supuesto ha sostenido la Corte (CSJ AP6861. 12 nov. 2014. Rad. 44881):

“Si bien la inadmisión de una acción de revisión no se erige en obstáculo para intentar otra demanda contra la misma decisión considerada injusta, ello no permite colegir que no hay límites en la interposición de tales acciones, o que tal circunstancia auspicie el abuso del derecho.

En efecto, el Capítulo II del Título IV de la Ley 600 de 2000 que gobierna este asunto, se ocupa de los deberes de los sujetos procesales, en procura de conjurar el abuso del derecho y garantizar una recta y cumplida administración de justicia, y dispone que les corresponde: 1) ‘Proceder con lealtad y buena fe en todos sus actos’ y 2) ‘Obrar sin temeridad en sus pretensiones o defensa o en el ejercicio de sus derechos procesales’ (resaltado fuera de texto).

A su turno, la disposición subsiguiente de la misma codificación, precisa: ‘Se considera que ha existido temeridad o mala fe, en los siguientes casos’: 1) ‘Cuando sea manifiesta la carencia de fundamento legal en la denuncia, recurso, incidente o cualquier otra petición formulada dentro de la actuación procesal’ (resaltado fuera de texto).

Por su parte, el artículo 142 de la normatividad en cita establece que ‘son deberes de los servidores judiciales, según corresponda, los siguientes: 1. Evitar la lentitud procesal, sancionando y rechazando de plano las maniobras dilatorias o manifiestamente inconducentes, y así como todos aquellos actos contrarios a los deberes de lealtad, probidad, veracidad, honradez y buena fe’ (resaltado fuera de texto).

De conformidad con los citados preceptos, cuando los funcionarios judiciales adviertan la indebida interposición de recursos o la presentación de solicitudes manifiestamente inconducentes o carentes de fundamento, tienen el imperativo de rechazar de plano tales procederes mediante decisiones no susceptibles de recursos”.

5.6. Por tanto, en relación con los argumentos ahora esbozados en la demanda como hechos novedosos que demostrarían que el comportamiento por el que fuera condenado YYY YYYY, fue atípico, ciertamente ya fueron objeto de ponderación por la Corte; se dijo en relación con la decisión de preclusión por prescripción que favoreció a XXX XXXX,

“La providencia que aduce el defensor no puede ser catalogada como hecho nuevo, porque no tiene relación alguna con el fallo que se pretende examinar, pues de su lectura se establece que sus efectos no favorecen en nada al condenado. Incluso, en anterior oportunidad una de las razones por las cuales esta Sala inadmitió otra demanda de revisión presentada por YYYY contra la misma sentencia, radicó en que el defensor pretendió hacer valer como prueba nueva, un fallo de tutela que tampoco se relacionaba con el fallo condenatorio” (CSJ AP. 9 Mar. 2011. Rad. 33770).

5.7. Ahora respecto a la ponderación de las sentencias contenciosas de 27 de enero de 2005 y 22 de junio de 2006, que nulitaron la sanción disciplinaria impuesta a YYY YYYY, también sostuvo la Sala en su valoración para aquella oportunidad:

“Ahora el disenso radicado en que los fallos proferidos por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca y por el Consejo de Estado demostraron la inexistencia de un determinador y que el sentenciado procedió legalmente, no resulta novedoso, por cuanto el tema fue ampliamente abordado en la sentencia de única instancia. Y se insiste: allí se dijo que el demandante le otorga un alcance personal y subjetivo a lo consignado en las providencias contenciosas, porque de ellas no se concluye que hayan exonerado de responsabilidad penal al doctor XXXX en su condición de determinador, y no lo podían hacer, pues esa competencia es exclusiva del juez penal, no del administrativo” (CSJ AP. 4 May. 2011 rad. 33770)

5.8. Igualmente con anterioridad, la Corte ya se habían ocupado de delimitar el valor probatorio de las sentencias contenciosas administrativas en la causal tercera, “6. El alcance personal y subjetivo que el demandante le otorga a esas determinaciones se aleja de las propias valoraciones y decisiones de esos jueces, porque en modo alguno declararon la inocencia del doctor XXXX, lo que tampoco podían haberlo hecho, pues esa competencia es exclusiva del juez penal, no del administrativo ni del constitucional” (CSJ AP 5 dic. 2007. Rad. 28350).

5.9. La Sala discrepa de la argumentación alegada por el demandante, respecto de solicitar se tengan como hechos nuevos las referidas decisiones, por cuanto, simplemente realiza el censor una valoración —frente a las consideraciones de los jueces— distinta al ámbito penal y que no contiene la idoneidad ni trascendencia probatoria frente a la finalidad de la acción de revisión.

Es bien cierto que la sentencia condenatoria no se cimentó solamente en el fallo de la Procuraduría como también se había manifestado con anterioridad, y por tanto, pretender soportar un alegato de hechos nuevos, desconoce el actor no solo que estos no se relacionan con la situación fáctica que dieron motivo a la condena, sino la propia autonomía de la Rama Judicial.

Por lo que resulta necesario, reiterar que el hecho nuevo se debe presentar como un acontecer fáctico vinculado con la situación por la que surgió el proceso y claramente lo ahora allegado, es una valoración diferente sobre los mismos supuestos objeto de juzgamiento, que desconocen el alcance y finalidad de la acción de revisión.

5.10. La Corte encuentra un cuento de no acabar, el continuar con las alegaciones sobre la trascendencia o no de la balota en la adjudicación de los contratos, la variación de los hechos que fundamentaron el fallo de condena y si se encontraba impedido o no del Fiscal General de la Nación cuando presentó acusación, con soporte en una declaración del mismo condenado ante la Fiscalía el 10 de julio de 2009.

Los referidos supuestos, ciertamente no conllevan razones suficientes para nuevamente pretender la procedencia de esta extraordinaria acción por la causal alegada, ni tiene en este caso la virtualidad de desquiciar las providencias dictadas con sustento en las pruebas que obraban en el proceso. En efecto, sostuvo la Corte en providencia CSJ AP, 18 de diciembre de 2013, Rad. 42.398:

“[…] empeñarse en controvertir lo que con suficiencia se analizó en las instancias y culminó con ejecutoria de la condena, representa una indebida prolongación del debate que desnaturaliza no solo el cometido básico de la acción de revisión, sino los efectos materiales de la cosa juzgada, como si de verdad una vez finiquitado el proceso pudiera acudirse a una especie de tercera instancia que en ejercicio circular ad infinitum, permita al desfavorecido con el fallo seguir planteando sus tesis derrotadas”.

5.11. Refiérase que la simple disparidad de criterios ahora esbozados por el demandante contra la sentencia, no puede dar lugar a la estructuración de la causal tercera de revisión invocada, toda vez que esta acción no es un recurso, porque se tramita por fuera del proceso una vez este ha terminado con una decisión en firme y por lo mismo, no tiene el carácter de tercera instancia (en ese sentido, CSJ AP5752 – 2014 y AP 1673-2015).

En consecuencia, los alegatos sobre si estaba o no el Fiscal impedido, si se presentó o no conculcación al debido proceso (por cuanto a criterio del demandante se dispuso la condena sobre hechos que no constaban en la acusación), ciertamente fueron temas que se agotaron en la actuación procesal y no propios de la acción de revisión, sobre la cual ha dicho la Corporación, “De manera estrechamente ligada con el razonamiento precedente, es del caso insistir en que la acción de revisión no está encaminada a proponer afectaciones al debido proceso constitutivas de nulidad, pues tales vicios han debido formularse y resolverse al interior de la actuación, a través de los mecanismos ordinarios y extraordinarios legalmente previstos” (CSJ SP, 16 de diciembre de 2008, rad. 28476 reiterado en CSJ AP6013-214. 2 oct. 2014. Rad. 39364).

5.12. A manera de colofón y repetitivamente la Corte, debe manifestar que no se presenta como hecho nuevo el que se hubiese realizado los cargos en ejercicio de funciones públicas a YYYY de manera diferente a XXXX, ni que la ruptura de la unidad procesal puede tenerse como violación al debido proceso, pues fue tema que incluso, resuelto en nulidad, no tuvo vocación de trascendencia por ser netamente funcional; concretamente citó la sentencia condenatoria:

“Debe recordarse que el auto que dentro de la vista pública declaró la nulidad parcial atendió la situación de XXX XXXX, quien además de no desempeñar ya el cargo de Ministro, la conducta imputada carecía, para él, de relación con las funciones propias de su anterior empleo, por lo cual había perdido el fuero constitucional que permitía su juzgamiento por la Corte. Aun cuando se presente el fenómeno de la coparticipación, la situación para quien fungió en la cartera de Comunicaciones y actuó en razón de ese cargo es distinta.

Expresó la Sala en la audiencia: ‘Porque era la importante condición de Ministro, pero no la intervención 'por razón de su cargo o de sus funciones', descrita en el artículo 145 del Código Penal, lo que fortalecía la posibilidad de ser escuchado en forma condescendiente por su entonces colega. El hecho de que, como cualquier extraneus influyente, pudiera incidir como determinador del interés ilícito, no puede confundirse con un desempeño funcional o un cargo, ajenos a la mediación que circunstancialmente se haya realizado […]’. De esta manera, no se estaba desconociendo su condición de alto servidor público, pero se precisó que esa mediación no se hallaba relacionada con sus funciones, ni con el ejercicio del cargo, lo que claramente sí ocurre en lo atinente a YYYY, sobre quien, si la Sala hubiera hallado base para lo que ahora se le solicita, habría procedido en consecuencia, desde entonces.

[…] Lo estructurado fue la transmisión de las preocupaciones de ZZZ ZZZZ, que trascendieron en la voluntad del procesado YYYY y le hicieron asumir, para una decisión que le correspondía tomar en el desempeño del servicio público que se hallaba a su cargo, interés en efectuar la adjudicación a favor del mencionado ZZZZ” (CSJ SP 25 Oct. 2000. Rad. 15273).

5.13. Por ende y dada la contundencia de los argumentos que cimientan la condena en este asunto, es claro que no se trata de un tema de incumplimiento al procedimiento de contratación pública vigente para la época, el cual fue dirimido en la jurisdicción pertinente, como lo pone de presente el demandante.

Lo anterior, por cuanto el reproche penal fue por el evidente e ilícito interés desplegado por YYY YYYY en su calidad de Ministro en la adjudicación de la propuesta radial para Cali y que no ha sido desvirtuado con los elementos probatorios nuevamente presentados en la demanda, ni tienen estos, la trascendencia de demostrar la inocencia del condenado en tales hechos. Se citó en la sentencia de condena,

De todo lo anterior, colige la Sala que el hecho inductor de la decisión adoptada en tal sentido en la resolución 3536 de julio 24 de 1997, fue la especial amistad del proponente ZZZZ con el Ministro de Minas y Energía, XXX XXXX, así como la correlación institucional hacia el Ministro de Comunicaciones, YYY YYYY, puesto que si este no tenía nexo cercano con ZZZ ZZZZ, fue la ‘transmisión de inquietudes’ lo que le hizo interesarse indebidamente en tal operación.

Precisamente, ese interés tiene carácter ilícito en la medida en que con dicha inclinación indebida se estaban afectando, entre otros, los principios de igualdad, moralidad e imparcialidad de los administradores públicos, en provecho del tercero, ZZZ ZZZZ (art. 145 C. P.), a quien se dio prelación subjetiva sobre sus iguales, en desmedro de la imagen de la administración pública y de la credibilidad de la colectividad en los procesos licitatorios, […](8).

Luego la ausencia no verificada de objeciones a tal proceso licitatorio, per se no demuestran que el mismo se haya presentado sin tal indebido interés ni que resulte el condenado, inocente de los hechos por los cuales se emitió sentencia en su contra.

5.14. Por tanto, conforme las argumentaciones precedentes, deberá rechazarse de plano la demanda presentada por cuarta vez a nombre de YYY YYYY.

En mérito de lo expuesto, la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia,

RESUELVE:

1. RECHAZAR de plano, la demanda de revisión presentada a favor de YYY YYYY, conforme las consideraciones precedentes.

2. REQUERIR al actor para que en lo sucesivo se abstenga de instaurar otras acciones de revisión contra las mismas decisiones con base en los argumentos ya expuestos.

Contra la anterior decisión no procede recurso alguno.

Notifíquese y cúmplase».

7 Constancia de septiembre 17 de 2014 (fl. 40 cuaderno de revisión) y carpeta de anexos con 299 folios. Mediante memorial recibido el 19 de septiembre de 2014, se allegó simplemente la constancia de ejecutoria expedida por la Secretaria de la Sala de Casación Penal.

8 Ibídem. Pág. 61-62.