Auto AP3054-2015 de junio 3 de 2015

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

SALA DE JUZGAMIENTO

Rad.: 44312

Magistrado Ponente:

Dr. Fernando Alberto Castro Caballero

(Legis considera conveniente que los datos de las partes y terceros sean eliminados, con el propósito de proteger los derechos contemplados en el artículo 15 de la Constitución Política.)

AP3054-2015

Acta 197

Bogotá, D. C., tres de junio de dos mil quince.

EXTRACTOS: «II. Consideraciones de la Corte

Tanto la petición del acusado, general —en retiro— XXX XXXX, como la de su defensor, revelan claramente los argumentos en que se soportan para demandar la libertad, como es la ausencia de los fines constitucional y legalmente establecidos para la medida de aseguramiento y con ello la necesidad de su revocatoria. Adicionalmente, así alegado por el acusado, considera ser merecedor al derecho a la libertad por tener más de 65 años de edad.

Sobre el primero, que concierne específicamente a la necesidad y finalidad de la medida restrictiva a la libertad, se advierte lo siguiente:

1. No hay duda alguna que la libertad personal es un derecho fundamental de innegable importancia a la luz de las garantías mínimas que un Estado debe ofrecer para el procesamiento judicial, tal cual lo reconoce la Convención Americana sobre Derechos Humanos, conocida también como Pacto de San José de Costa Rica (L. 16/72) y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de Nueva York (L. 74/68).

En estas condiciones, para la imposición de medidas restrictivas de la libertad personal, como lo prevé la Constitución Política, existe una estricta reserva legal, que debe consultar principios de razonabilidad y proporcionalidad, como también observar los fines establecidos para su restricción, los cuales han de ser cumplidos por el funcionario encargado de decidir en un caso específico.

Esa estricta legalidad también se predica en materia de libertad provisional, pues el Legislador previó en el artículo 365 de la Ley 600 de 2000, taxativamente unas causales a efectos de que el operador judicial excarcele bajo caución al procesado cuando se verifiquen las condiciones y requisitos allí contemplados.

En este orden, existe un marco reglado de doble vía que impone acatar tanto las directrices del legislador para restringir el derecho a la libertad como para desafectarlo, lo cual impone en este último caso al operador judicial la obligación de verificar si persiste aún la necesidad de continuar con la medida restrictiva.

2. Un análisis de los argumentos consignados en la referida medida de aseguramiento, llevan a la Sala a concluir que lo pretendido, tanto por el procesado como por su defensor, no es otra cosa que volver nuevamente sobre los fundamentos esbozados por la Fiscalía para su adopción, oportunidad en la cual no solo tomó en consideración la protección probatoria y el aseguramiento de la comparecencia del procesado, sino que también evaluó y fue trascendente la gravedad de los hechos imputados y el eventual entorpecimiento al descubrimiento de la verdad a cargo de la administración de justicia.

En efecto, para mayor precisión, la resolución por medio de la cual se impuso la reclusión intramural, justificó la detención preventiva, con base en los siguientes argumentos:

[…] surgen indicios relacionados con los nexos de XXXX con el paramilitarismo; la anuencia y respaldo de este con la creación, conformación y funcionamiento de las escuelas de sicariato que organizaron en el Magdalena Medio los paramilitares para el entrenamiento, entre otros, de los autores de los homicidios, que además de dar muerte al doctor XXX XXXX y sus acompañantes, desarrollaron no solo en esa región, sino a nivel nacional varios de los lamentables hechos que aún enlutan al país, como ejemplos, el exterminio de los integrantes de la UP, y aquellos que este despacho y la Unidad Nacional de Análisis y Contexto en determinaciones anteriores han relacionado con el mismo modus operandi y autores. Adicionalmente el respaldo y protección que el DAS en cabeza del sindicado le brindó a XXX XXXX para fugarse de la cárcel La Picota en donde se encontraba recluido, se muestra como otro indicio en su contra.

Aunado a ellos, está el debilitamiento de la escolta del doctor XXXX, (i) con la designación de XXX XXXX como jefe, que lejos de caracterizarse por su experiencia, compromiso y rectitud tenía una hoja de vida al interior de la Policía Nacional, desbordada de llamados de atención, observaciones por mal comportamiento y hasta notas de medidas de aseguramiento por homicidio y (ii) el retiro del esquema de los escoltas más antiguos, violando todos los protocolos internos.

[…] el patrón de conducta del sindicado siempre ha estado orientado a obstruir la buena marcha de la administración de justicia. Como se analizó con lujo de detalles en el aparte relacionado con la desviación de la investigación, existen motivos razonablemente fundados que muestran que XXXX desde el 18 de agosto de 1989 ha tenido una perversa injerencia en los elementos materiales probatorios que estructuran esta investigación llevando a tomar determinaciones equivocadas; pero también se tiene la certeza de que su comportamiento sigue siendo el mismo hasta el día de hoy.

[…] Es adecuada la medida pues resulta claro que pese a que se encuentra retirado de la Policía Nacional, su grado de general y su calidad de exdirector del Departamento Administrativo de Seguridad aún le representan la posibilidad de influir en quienes laboraron al interior del DAS y la Policía Nacional para aquella época y que eventualmente pueden ser citados como testigos dentro de esta investigación o si se llegare a esa etapa, en el juicio.

Con suficiencia se analizaron sus afirmaciones en la diligencia de indagatoria relacionadas con el supuesto complot para encontrar testigos que declaren hoy en su contra, quedando claro que por el temor reverencial que aún le tienen estas personas, concurren ante una simple llamada del sindicado XXXX a declarar para soportar este desviado propósito, quedando al descubierto de manera fehaciente que el llamado que hace a los testigos está orientado a distorsionar la verdad y mostrar que la Fiscalía General de la Nación, procede en su contra de manera arbitraria y desleal.

[…] Se juzga entonces como necesaria la medida de aseguramiento al fin de evitar la obstrucción a la justicia, por cuanto aún persiste el riesgo de alterar la verdad y manipular a los testigos, en detrimento nuevamente de la administración de justicia de conocer toda la verdad sobre tan graves hechos que constituyen un crimen de lesa humanidad y dado el patrón de comportamiento que a lo largo de los años y hasta hoy ha demostrado el sindicado, no resultaría suficiente la imposición de una medida no privativa de la libertad para cumplir el fin propuesto […].

Como puede advertirse, los motivos sobre los cuales se sustentan los fines de la medida de aseguramiento impartida contra el procesado no son simples especulaciones ni “consideraciones subjetivas” tal como lo afirma el señor defensor. Por el contrario, se trató de plurales factores determinantes que en criterio de la Corte permanecen incólumes, sin que hayan perdido su vigencia que justifique la revocatoria de la medida cautelar.

Si bien es cierto la protección probatoria fue uno de los fines sobre los cuales se sustentó la detención preventiva, frente al argumento del defensor enfocado a la superación de la etapa instructiva, que ya culminó, es verdad que aún se encuentra pendiente la fase probatoria de la audiencia pública en cuyo escenario se escucharán numerosos testigos (27), por lo que innegablemente debe continuar la protección conforme con el pronóstico de entorpecimiento probatorio ampliamente sustentado por el acusador.

En todo caso, se insiste, la necesidad de protección de la prueba no es el único fundamento de la detención preventiva.

3. Ahora bien, el defensor agregó a su pedido críticas en cuanto a los argumentos que llevaron a la Fiscalía a deducir la necesidad de la medida de aseguramiento, para lo cual citó el artículo 363 del Código de Procedimiento Penal y la jurisprudencia relativa a los presupuestos de su revocatoria por la superación de los objetivos constitucionales.

Sobre el particular se hace necesario precisar como lo delimitaron los fallos de la Corte Constitucional a los que hace referencia el peticionario (C-774 de 2001, C-805 de 2002 y C-318 de 2008), que la revocatoria de la medida de aseguramiento puede alegarse tanto por la existencia de una prueba que desvirtúe aquella que sirvió a su proferimiento, como por la demostración que el fin o fines a cumplir no se encuentran vigentes.

Es claro que no es por el primer aspecto —prueba nueva— por el que se orienta el defensor, sino por el segundo, frente al cual la propia Corte Constitucional, a través de los citados fallos, le impone al juez la obligación de verificar en el caso concreto la realidad fáctica para determinarse si encuentra aún justificación a la necesidad de restricción de la libertad. Así lo expuso esa corporación (C-805 2002):

18. En el plano constitucional, el estándar probatorio mínimo para detener una persona, para molestarla en su persona o familia o para registrar su domicilio en búsqueda de bienes que puedan servir de prueba o de respaldo a sus obligaciones económicas, tiene varios elementos respecto de los cuales el legislador goza de un margen de configuración (C.P., art. 28).

El primero es la necesidad de la medida de aseguramiento. En efecto, repugna al Estado Social de Derecho, al respeto por la libertad y la presunción de inocencia, así como a otros derechos constitucionales, que una persona investigada sea detenida preventivamente cuando ello no es necesario. Una medida tan gravosa de los derechos constitucionales no puede proferirse con base en el capricho o el simple juicio de conveniencia del fiscal. Por el contrario, la Constitución exige que la medida se funde en motivos que justifiquen su necesidad en el caso concreto a partir de los hechos específicos de cada situación fáctica.

Aquí juega papel importante las razones expuestas por la Fiscalía al momento de imponer la medida de aseguramiento —antes transcritas—, en tanto el grado probatorio mínimo(1) que permitió imputar cargos al general —en retiro— XXX XXXX lo muestran probablemente vinculado a una organización paramilitar que se alimentaba de los dineros del narcotráfico, grupo asociado a delitos tales como masacres, desapariciones y homicidios, flagelos que aún siguen latentes y persisten en la sociedad colombiana, lo cual sumado a actividades directamente relacionadas con el encubrimiento de los autores y a la distorsión de las investigaciones, llegándose incluso a inculpar a inocentes tal como lo señaló el pliego acusatorio muestran y ponen de relieve la vigencia de la afectación de la libertad.

Se suma a ello la acusada capacidad del procesado para desviar las investigaciones, que aun cuando sucedieron ciertamente hace años, no impide pronosticar que pueda volver a ocurrir a través de otros medios, así ya no ostente la calidad de servidor público, haya transcurrido el tiempo o se haya superado como se indicó en la fase instructiva.

Ajeno a que el acusado haya estado atento al proceso o que no haya dado muestras de evasión, hechos puestos de presente por el defensor, la verdad es que la continuidad de la detención preventiva se justificó y hoy aún conservan su vigencia, en los propósitos constitucionales de protección probatoria de la administración de justicia y a la gravedad de los hechos, dada su magnitud y trascendencia, catalogados constitutivos de delitos de lesa humanidad. Aspectos que innegablemente la Corte Constitucional también rescató como factor para deducir la necesidad de la medida. Así lo señaló en la misma determinación a la que se ha hecho referencia:

[…] Esta necesidad no es política ni estratégica sino jurídica, es decir, relativa al logro de los objetivos del proceso penal en general y a los fines de cada medida cautelar en especial. Es necesaria la medida cuando esta es indispensable para alcanzar tales objetivos generales y fines específicos, a los cuales ya se ha referido esta corporación. El Legislador puede establecer diferentes criterios de necesidad puesto que la Constitución no fija un parámetro único y puede modificar dichos criterios para atender cambios en la política criminal, siempre que respete la Constitución y los tratados internacionales sobre la materia y no admita que la medida puede ser dictada por capricho o simple conveniencia. Así, por ejemplo, el criterio de necesidad, a la luz de la política criminal, puede ser más o menos exigente según la gravedad del delito y la importancia de los valores constitucionales involucrados.

Como se puede observar, para la Sala el episodio destacado por el defensor y citado por la Fiscalía sobre el testigo XXX XXXX, residualmente señalado por el ente acusador como un acto de entorpecimiento probatorio, no se le otorga esa trascendencia, pues suficientemente el expediente cuenta con otros elementos que permiten llegar a tal conclusión.

Por último, si bien es cierto el procesado supera los 65 años de años de edad, que como factor objetivo lo haría merecedor a la suspensión de la detención preventiva en los términos del artículo 362 de la Ley 600 de 2000, es claro, atendiendo lo ya expuesto, que la naturaleza de los delitos imputados, además con la connotación de crímenes de lesa humanidad, y el comportamiento asumido por este desde la ocurrencia de los hechos, ampliamente analizado en la resolución de acusación, revelan que su comportamiento presuntamente ha estado orientado al desvío de la investigación y a la manipulación de los testigos, lo que impide tener por cumplido el requisito subjetivo que adicionalmente trae la citada disposición.

En conclusión está claro para la Corte que el acusado debe continuar con la detención intramural, en aras de la protección debida a la administración de justicia de eventuales entorpecimientos probatorios y de actos que impidan el total esclarecimiento de los hechos objeto de este proceso.

En mérito de expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Juzgamiento,

RESUELVE:

1. NEGAR la solicitud de revocatoria de la medida de aseguramiento y, por ende, la libertad provisional solicitada en favor del general —en retiro— XXX XXXX, de acuerdo con lo consignado en esta providencia.

2. Contra la presente decisión procede el recurso de reposición.

Notifíquese y cúmplase».

(1) Demostración del hecho y pluralidad de indicios de responsabilidad, artículo 397 del Código de Procedimiento Penal.