Auto AP3054-2016/47392 de mayo 18 de 2016

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

SALA DE CASACIÓN PENAL

Rad. 47392

Acta 153

Magistrada Ponente:

Dra. Patricia Salazar Cuéllar

(Legis, considera conveniente que los datos de las partes y terceros, sean suprimidos por las iniciales de los nombres y apellidos, con el propósito de proteger los derechos contemplados en el artículo 15 de la Constitución Política).

Bogotá D.C., dieciocho de mayo de dos mil dieciséis.

EXTRACTOS: «Consideraciones

De conformidad con lo establecido en el parágrafo 1º del artículo 26 de la Ley 975 de 2005, modificado por el canon 27 de la Ley 1592 de 2012, en concordancia con el artículo 68 ibídem y con el numeral 3º del artículo 32 de la Ley 906 de 2004, esta Colegiatura es competente para desatar el recurso de apelación interpuesto contra la providencia proferida por un Magistrado de Control de Garantías de la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Bogotá, por cuyo medio denegó la sustitución de la medida de aseguramiento, solicitada por el postulado FCE.

Previo a adentrarse la Sala en el estudio del tema objeto de impugnación, se ocupará de una situación, que por encontrar que obstaculiza y dificulta el normal desarrollo de las audiencias, debe ser abordado.

Del trámite de la audiencia de sustitución de medida de aseguramiento de detención preventiva por otra no privativa de la libertad.

La oralidad y celeridad son principios procesales que orientan las actuaciones adelantadas en la justicia transicional de justicia y paz, trámite especial que busca atender los derechos de todos los intervinientes, incluido el postulado a quien le asiste el derecho al debido proceso, como es inherente a toda actuación judicial.

De allí que tratándose de la libertad del postulado, se espera que la judicatura actúe con la celeridad que demanda la resolución de una pretensión que involucra este derecho fundamental, sin que ello implique la aniquilación de la posibilidad y deber que tiene la parte peticionaria de dar a conocer en audiencia, las razones que soportan su postulación.

Recíprocamente, la judicatura responderá cada uno de los puntos expuestos, no solo por el solicitante de la audiencia, sino por quienes en ella intervienen; para el caso concreto, Fiscalía, Ministerio Público y abogada de las víctimas.

Claramente, con miras a conseguir la eficacia, acierto y rápida resolución de la solicitud, en el diario discurrir el peticionario allega con antelación a la fecha de la audiencia, la documentación que soportará su pretensión, práctica que ningún reproche admite en cuanto este trámite procesal no es estrictamente contencioso. Con todo, de ningún modo se acepta que el anticipo de pruebas conocidas por el magistrado sustituya la sustentación oral y pública en audiencia, o que la decisión se fundamente en información obtenida únicamente por él, sin haber sido objeto de contradicción por los intervinientes.

Aunque la Sala es partidaria de la eliminación del formalismo estricto que impide el avance fluido de los procesos de justicia y paz, ello no corresponde a transigir en la implementación de procedimientos especiales por parte del funcionario judicial; por ello, es propicia la oportunidad para recordar que (CSJ SP17548-2015 16 dic. 2015. Radicado 45143):

...el trámite procesal de justicia y paz es reglado y aunque el legislador y la jurisprudencia han propendido por evitar la excesiva formalidad dado que no es un proceso estrictamente adversarial y contencioso, ello no significa que los funcionarios judiciales puedan implementar un especial procedimiento o alterar los términos al margen de los establecidos en las leyes creadas para la justicia transicional y aquellas a las que se debe acudir por complementariedad.

Tal proceder se traduce en un desajuste procesal a partir del cual depende de cada tribunal, ciudad o instancia la fijación de particulares formas contrarias a la ley, con desconocimiento de derechos de rango constitucional como la legalidad, igualdad, seguridad jurídica y legítima confianza.

Lo dicho hasta ahora, explica la necesidad de que las audiencias se tramiten con un mínimo de formalidades que, a modo de ejemplo, no admiten la eliminación de la sustentación de la pretensión, o de las oportunidades para que las partes intervengan una vez escuchada la petición, lo cual descarta, por supuesto, la inaceptable práctica de que el Presidente de la audiencia, anuncie sin más, tener suficiente ilustración y dar por cumplidos determinados presupuestos, cuando ni siquiera se ha escuchado la exposición del solicitante.

De aceptarse tan particular postura en la dirección de la audiencia, bastaría con que el peticionario aporte la documentación que entiende como soporte de su pretensión, sobrando la práctica de la diligencia establecida en el artículo 18 A de la Ley 975 de 2005.

No obstante, en el presente caso, tales irregularidades no alcanzaron a afectar el debido proceso, por cuanto el debate se generó frente al único punto que el magistrado permitió a los intervinientes discutir; sin embargo, con miras a precaver situaciones violatorias de derechos y garantías de las partes, se exhorta al magistrado A quo para que en lo sucesivo permita al peticionario exponer la totalidad de su pretensión, lo cual no excluye la posibilidad que tiene el director de la audiencia, de limitar las extensas exposiciones o impeler al interesado para que concrete su petición, cuando, el discurso se desvía a aspectos repetitivos o ajenos al objeto de la diligencia.

El caso concreto

Considera el A quo, que FCE no acreditó el cumplimiento del requisito previsto en el numeral 3º del artículo 18 A de la Ley 975 de 2005, por cuanto no aportó la certificación de la Fiscalía en la que conste que hasta este momento procesal ha contribuido con el esclarecimiento de la verdad.

Para ello, es necesario poner de presente que el proceso adelantado en contra del solicitante por el trámite especial de la justicia transicional, cursa en una Sala de Conocimiento del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá(4); el postulado se encuentra privado de la libertad en un establecimiento carcelario y penitenciario de Cúcuta; su defensor y el fiscal del caso, se ubican en la ciudad de Bucaramanga; y la audiencia preliminar de sustitución de medida se realizó por un magistrado con función de control de garantías de Bogotá.

Por tal razón, FCE envió desde su lugar de reclusión (Complejo Penitenciario y Carcelario de Cúcuta), a los magistrados con función de control de garantías del Tribunal Superior de Bogotá, solicitud de sustitución de la medida de aseguramiento privativa de la libertad.

El defensor, remitió a través de correo (13 de enero del cursante año), copia de la documentación necesaria para soportar la sustitución de la medida de aseguramiento(5), cuya audiencia se realizaría dos días después.

Por su parte, el Fiscal 34 Delegado ante el Tribunal, con sede en Bucaramanga, ante la imposibilidad de desplazarse a esta ciudad para intervenir en la audiencia, fue relevado, y en su lugar, el Director Nacional de la Fiscalía Especializada de Justicia Transicional, designó a la Fiscal 14, con quien se realizó la audiencia el día 15 de enero del cursante año(6). Para tal fin, —el apoyo— le remitió por correo electrónico dos certificaciones contentivas de información necesaria para la intervención de la Fiscalía.

Ya durante la audiencia y justamente en cumplimiento de la carga que atañe al peticionario de la sustitución de la medida de aseguramiento privativa de la libertad, intentó el apoderado del postulado exponer los argumentos, que en su concepto, llevarían al Tribunal a concluir que se reúne la totalidad de los presupuestos establecidos por el artículo 18A de la ley de justicia transicional para la procedencia de dicho beneficio; sin embargo, pasados unos pocos minutos, cuando se aprestaba a explicar la observancia del numeral segundo de la norma en cita (actividades de resocialización y buena conducta durante el tiempo de privación de la libertad), interrumpió el magistrado(7):

Señor abogado para recordar lo siguiente, al comienzo de la diligencia se pusieron unas pautas, se le sugirió que la documentación que envió el 13 de enero que ya la revisamos en el despacho, yo para establecer que en efecto el numeral 2º puede darse por acreditado y también en el numeral 4º, y el numeral 1º falta que acredite que los hechos por los cuales fue capturado el desmovilizado tienen relación con el conflicto armado, no hemos escuchado nada sobre esa precisión que no está en la documentación que adjuntó.

En cumplimiento de tal exigencia, el abogado se aprestó a referirse al requisito establecido por el numeral 1º del artículo 18 A de la Ley 906 de 2004, leyendo las dos decisiones del Juzgado Primero de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad, la primera, fechada el 9 de julio de 2004, mediante la cual se modificó el quantum punitivo impuesto en sentencia definitiva a FCE, y otra del 6 de agosto de 2010 en la que se le redime pena y concede la libertad condicional.

Acerca de la situación fáctica que originó la sentencia condenatoria vigilada por el mencionado despacho, nada se escuchó; sin embargo, de la lectura de ella se sabe que se trata del delito de concierto para delinquir «paramilitarismo».

Sobre la observancia del numeral 3º, recuérdese, haber participado y contribuido al esclarecimiento de la verdad, único punto acerca del cual se genera controversia, enunció el defensor que FCE ha mostrado su compromiso a través de las diferentes versiones en las cuales confesó hechos cometidos durante su permanencia en el grupo armado ilegal, así como conductas punibles de las cuales tuvo conocimiento.

Agregó el defensor, que para mayor precisión, el Fiscal 34 expidió la correspondiente certificación, para ese momento en poder de la funcionaria que intervenía en Bogotá, en representación del órgano persecutor de la acción penal.

Seguidamente, el magistrado concedió el uso de la palabra a la Fiscal, quien afirmó no poder juzgar el cumplimiento de todos los requisitos para la sustitución de la medida de aseguramiento, por cuanto desconocía la documentación a que aludían peticionario y magistrado, manifestación que consideró intrascendente el funcionario judicial y la exhortó para que se pronunciara únicamente respecto del tema de verdad, frente al cual limitó su intervención:

De acuerdo, si es específicamente sobre el tema de la certificación, de acuerdo con los documentos que me fueron presentados vía correo electrónico escaneados por el fiscal 34 que es el fiscal que conoce de la documentación del postulado FCE, solamente se allegó el documento a que alude el defensor, algunos de los apartes estuvo leyendo (sic); no obstante puedo observar que no existe una certificación propiamente dicha en cuanto a los requisitos a que refiere el artículo 18 A de la Ley 975 de 2005, en conformidad con el artículo 37 del Decreto 3011 de 2013, toda vez que la certificación sobre la contribución al esclarecimiento de la verdad en justicia y paz y no haber cometido delitos dolosos con posterioridad a la desmovilización, pues la certificación como tal propiamente dicha no me fue remitida, también consideraría que como quiera que el artículo 37 del Decreto 3011 está indicando que esas exigencias deben concurrir en su totalidad, si bien es cierto el defensor argumenta en esta audiencia que requirió al Fiscal de Documentación de Hechos, las certificaciones, tampoco ha mostrado de qué manera formuló esos requerimientos y de qué fecha, si fue por escrito…(8).

Hasta ese momento, y por expresa disposición del magistrado director de la audiencia, defensor, postulado, representantes del Ministerio Público y de las víctimas, desconocen cuál es el documento remitido desde Cúcuta por el fiscal a cargo del caso, a la funcionaria designada para asistir a la audiencia, y que, según ella, no reúne las características de una certificación, razón por la cual, entiende incumplida por parte del postulado la exigencia relativa a la colaboración con el esclarecimiento de la verdad.

Acerca de este presupuesto señalado por el numeral 3º del artículo 18A de la Ley 975 de 2005, reglamentó el artículo 2.2.5.1.2.4.1 del Decreto 1069 de 2015, que la evaluación corresponde al magistrado de garantías que decide sobre la solicitud de sustitución de medida de aseguramiento, teniendo como fundamento la certificación que para tal efecto expide la Fiscalía General de la Nación, o la Sala de Conocimiento, según la etapa en que se encuentre la actuación.

Quiere decir lo anterior, que la ley no demanda exigencias de formalidad en el documento otorgado, bien por la Fiscalía, o por la Sala de Conocimiento, pues, lo materialmente relevante es que de la información allí plasmada, el magistrado pueda efectuar el análisis deductivo con miras a determinar si el postulado ha contribuido durante las diligencias del proceso transicional, al esclarecimiento de la verdad.

Por tanto, la aptitud del documento expedido con este fin, está circunscrita a la información que contiene, pues solo de esa manera se conocerá si el postulado ha rendido versión libre; ha confesado la comisión de delitos cometidos durante su pertenencia al grupo armado organizado al margen de la ley, o si, por el contrario, su renuencia a suministrar información ha demorado el proceso de reconstrucción de la verdad, afectando con ello el derecho de las víctimas. Puede ocurrir, de la misma manera, que la Fiscalía o la Sala de Conocimiento hubieran establecido que el desmovilizado ha mentido. Eventos estos que serán el sustrato para que el magistrado realice el ejercicio valorativo inherente al componente de verdad.

De suerte que el magistrado de garantías no puede exigir ningún requisito adicional a los establecidos en la ley, y tampoco encontrará, como ambiciona, que la certificación contenga un párrafo en el que el funcionario haga constar que el postulado ha dicho la verdad, pues a tal conclusión deberá arribar el director de la audiencia preliminar, luego de observar el contenido del documento aportado.

Es así como resulta inadmisible que el A quo exija formalidades, -sin siquiera indicar cuáles-, pues basta con que se tenga certeza sobre el autor del documento, en este caso, el fiscal 34 de la Unidad Especializada de Justicia Transicional, documento público cuyo contenido se presume auténtico, para tener cumplida la carga que le corresponde a la Fiscalía. Decantado tiene esta Corporación, que:

«Mucho menos puede exigirse —como pretende hacerlo la primera instancia— el cumplimiento de formalidades que no incluye la ley ni se desprenden de la normatividad que reglamenta el asunto, sobre el contenido de los documentos que deben elaborar la Fiscalía y la Sala de Conocimiento para certificar la participación y la contribución del postulado en el esclarecimiento de la verdad, y de esa forma hacerse a otros argumentos que le permitan descalificar las constancias del ente instructor y del funcionario de conocimiento, porque al A quo le parece que del contenido de tales documentos no es posible “…aproximarse juicio alguno sobre el propósito que requiere ahora la Magistratura de Control de Garantías para verificar y evaluar si el postulado en verdad contribuyó y colaboró en lo de fondo del proceso, esto es, el esclarecimiento de la verdad.». (CSJ AP4562-2015. 11 ago. 2015. Radicado 46282).

Para el caso que ocupa ahora a la Sala, la aludida certificación de la Fiscalía 34 delegada ante la Unidad de Justicia y Paz(9), se refiere en todos sus pormenores a la desmovilización de FCE como integrante del ‘Frente Héctor Julio Peinado’ de las AUC; la conformación de la lista de desmovilizados; el sometimiento voluntario a justicia y paz; la postulación; la asignación de la investigación; el emplazamiento a las víctimas; la individualización e identificación del postulado; sus datos familiares; su ingreso y permanencia en el grupo armado; el estado actual de los procesos que le adelanta o le adelantó la justicia ordinaria; cada una de las audiencias de versión libre a las que ha sido citado y ha asistido(10); así como las audiencias ante los Tribunales: diligencias de imputación, imposición de medida de aseguramiento, e inicio de legalización de cargos (antes de la entrada en vigencia de la Ley 1592 de 2012).

De suerte que si el documento titulado «AUDIENCIA DE SUSTITUCIÓN DE MEDIDA DE ASEGURAMIENTO DEL POSTULADO A LA LEY DE JUSTICIA Y PAZ FCE ALIAS XXX», relaciona en forma exhaustiva el transitar de este desmovilizado por el proceso de justicia y paz, su identificación, las sesiones durante las cuales ha versionado y los 44 hechos confesados, pero adicionalmente, el fiscal se lo envía a su homóloga a través de un correo electrónico en el que se lee en el asunto «CERTIFICACIÓN SUSTITUCIÓN DE LA MEDIDA DE ASEGURAMIENTO – FCE», nada diferente puede concluirse, a que se trata de la información necesaria para que el magistrado de garantías adopte la correspondiente decisión.

También resulta particular la postura de la Fiscal, no sólo porque entiende que el documento que le hizo llegar su homólogo por correo electrónico, no es el mismo exigido por el artículo 37 del Decreto 3011 de 2013 (ahora Decreto 1069 de 2015), debido a que no observa la palabra «certificación», sino porque, inexplicablemente advierte que el postulado no probó que pidió al Fiscal del caso la certificación, cuando ella la tiene en su poder porque el Fiscal 34 se la remitió «teniendo en cuenta que fue designada, para apoyar al suscrito en la Audiencia de Sustitución de Medida de Aseguramiento del Postulado FCE alias XXX, al respecto se hace el envío de la respectiva certificación»(11).

Luego, resulta obvio que si el Fiscal optó por remitirla a la funcionaria designada para reemplazarlo en la audiencia y no al postulado, fue porque entendió que de esa manera garantizaría que la Entidad oportunamente conocería la información que le compete suministrar, para que, con base en ella, sea la magistratura la que adopte la decisión.

Claramente intentaba el fiscal del caso ser diligente para evitar que la audiencia fracasara por falta del documento, pues de haberla enviado al postulado (cárcel de Cúcuta) o a su abogado (Bucaramanga), a ellos les correspondía hacerla llegar a la Sala en Bogotá para que la Fiscalía la leyera.

De otra parte, ciertamente, como lo aduce la Fiscal, esta Corporación en reiteradas oportunidades ha señalado que el postulado tiene la carga de demostrar y aportar la documentación que respalde el cumplimiento de todos los presupuestos establecidos por el artículo 18 A de la Ley 975 de 2005; sin embargo, también tiene dicho, que tratándose de aquéllas exigencias cuya satisfacción el interesado no tiene la posibilidad de certificar, es suficiente probar que, a pesar de su diligencia, la entidad respectiva no las expidió; tal es el caso de las certificaciones sobre la verdad, la entrega de bienes, buena conducta, etc..

No obstante, la situación planteada en primera instancia no corresponde a lo ocurrido cuando se echa de menos una de tales certificaciones, pues realmente el documento estaba en poder de la Fiscal, luego, a no dudarlo, el postulado o su defensor lo solicitaron al Fiscal 34 delegado ante el Tribunal, este lo expidió y lo envió por correo electrónico a la Fiscal 14, quien lo tuvo en su poder para el momento de la audiencia, pues aludió a él en el curso de la misma, luego ninguna lógica acompaña el reclamo de la funcionaria.

Ahora, no exige la ley, menos la jurisprudencia, que la Fiscalía certifique que el postulado ha dicho la verdad en sus versiones libres, pues es un tema de estimación que sólo quedaría manifiesto al ocurrir lo contrario, es decir, con el surgimiento de un hecho que exteriorice su mendacidad o su decisión de rehusar el cumplimiento de los compromisos adquiridos voluntariamente. Si ello ocurre, la postura de la Fiscalía no podrá ser otra a la de solicitar la exclusión del postulado del trámite transicional, más no, en la audiencia de sustitución de medida de aseguramiento, sostener que no se atreve a certificar si ha cumplido con el presupuesto señalado en el numeral 3º que se viene citando.

Así lo entendió la Corte en precedente oportunidad (CSJ AP 3589-2014. 2 jul. 2014. Radicado 43696):

«En otras palabras, carece de legitimidad para oponerse a la sustitución de la medida de aseguramiento, el fiscal que a estas alturas del proceso argumenta que el desmovilizado no ha colaborado de manera suficiente con el esclarecimiento de la verdad; ya que, de ser cierto, lo que debió hacer fue solicitar su expulsión tan pronto como tal comportamiento evasivo quedó evidenciado».

Recopilando, observa la Sala satisfecho tal presupuesto, en cuanto FCE ha entregado información relevante para el esclarecimiento de la verdad, desde el año 2007, cuando rindió su primera versión y ratificó su voluntad de acogerse al proceso de justicia transicional, compromiso que ha revalidado en ocho ocasiones (años 2007, 2008, 2009, 2011 y 2015) confesando 44 hechos cuya responsabilidad aceptó en las audiencias de formulación de imputación efectuadas el 4 de octubre de 2010 y el 16 de mayo de 2012.

Suspensión de la ejecución de las penas impuestas en la justicia ordinaria.

El artículo 18 B de la Ley 975 de 2005 dispone que en la misma audiencia donde se haya sustituido la medida de aseguramiento privativa de la libertad por otra no aflictiva de tal derecho, el postulado «podrá» solicitar al magistrado de control de garantías la suspensión condicional de la ejecución de las penas impuestas por la justicia ordinaria, siempre que las conductas que dieron lugar a la imposición de las penas, hubieren sido cometidas durante y con ocasión de su pertenencia al grupo armado ilegal.

En el presente evento, informó el defensor que las dos únicas condenas impuestas por la justicia ordinaria en contra de FCE, se encuentran cumplidas; en razón de ello, no solicitó la suspensión de la ejecución de ninguna pena.

Cabe precisar, que en aquéllos eventos en los que el A quo omite pronunciarse sobre la solicitud de suspensión de la ejecución de las penas proferidas por los jueces permanentes, la Sala ha dispuesto la devolución para que la audiencia continúe y el magistrado resuelva sobre tal asunto; no obstante, cuando sobre el punto ninguna petición ha elevado el solicitante, evidentemente, de requerirse el pronunciamiento de la magistratura, deberá el interesado radicar solicitud de audiencia preliminar con ese específico fin.

Decisión

Como consecuencia, la Sala revocará la providencia impugnada, en tanto se cumplen los presupuestos del artículo 18 A de la Ley 975 de 2005, en armonía con el Decreto 3011 del 2013. En su lugar, ordenará la sustitución de la medida de aseguramiento de detención preventiva en establecimiento carcelario por una no privativa de la libertad, que consistirá en el sometimiento del postulado al sistema de vigilancia electrónica contemplado en el literal B del numeral 1º del artículo 307 de la Ley 906 del 2004, el cual implementará el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario, INPEC, una vez aquel sea puesto en libertad, siempre y cuando no sea requerido por otra autoridad.

Previo a lo anterior, FCE suscribirá acta, en la cual, en términos del artículo 39 del Decreto 3011 del 2013, se comprometa a presentarse ante las autoridades judiciales que lo requieran, a vincularse y cumplir con el proceso de reintegración liderado por la Agencia Colombiana para la Reintegración, a informar cualquier cambio de residencia, a no salir del país sin autorización judicial, a observar buena conducta y a no conservar y/o portar armas de fuego de defensa personal o de uso privativo de las fuerza armadas. El incumplimiento de estas obligaciones o de la ley de justicia y paz le significará la revocatoria del sustituto concedido.

La libertad de FCE, en razón de esta sustitución, solo se hará efectiva una vez el INPEC verifique que en su contra no recaen requerimientos por otras autoridades judiciales. En caso de aparecer sentencias en ejecución, proferidas por la justicia ordinaria, corresponderá al postulado o a su defensor, impulsar la audiencia preliminar prevista en el artículo 18 B de la Ley 975 de 2005.

Se comunicará esta medida a la Agencia Colombiana para la Reintegración de Personas y Grupos Alzados en Armas con la finalidad de que FCE sea vinculado al proceso de reintegración, como lo impone el artículo 2.2.5.1.7.1 del Decreto 1069 de 2015.

En mérito a lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal,

RESUELVE:

1. REVOCAR la decisión del 15 de enero del cursante año, emitida por un Magistrado con funciones de control de garantías de la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Bogotá, conforme a los argumentos expuestos.

2. SUSTITUIR la medida de aseguramiento de detención preventiva en establecimiento carcelario por sometimiento al sistema de vigilancia electrónica del literal B, numeral 1º del artículo 307 de la Ley 906 de 2004, la cual implementará el INPEC una vez el postulado FCE sea puesto en libertad, siempre y cuando no esté requerido por otra autoridad judicial. Suscribirá diligencia de compromiso en los términos y con las advertencias indicadas.

3. Por secretaría comuníquese esta medida a la Agencia Colombiana para la Reintegración de Personas y Grupos Alzados en Armas, conforme a lo expuesto en la parte motiva de esta decisión.

Contra esta decisión no procede recurso alguno.

Devuélvanse las diligencias al Tribunal de origen.

Notifíquese y cúmplase».

4 Constancia suscrita por el secretario de la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Bogotá, obrante al folio 15 del cuaderno de primera instancia.

5 Calificaciones de conducta; ficha biográfica —INPEC— correspondiente a FCE; constancias de capacitación y trabajo; constancia de bienes, constancia de fecha de postulación; manuscritos elaborados por el postulado a través de los cuales pide perdón a las víctimas; decisiones del Juzgado Primero de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad.

6 Tal y como lo informo la fiscal 14, doctora OHER HADITH HERNÁNDEZ ROA, al inicio de la audiencia, entregando copia de la Resolución 3 del 12 de enero de 2016.

7 A partir del minuto 24:59.

8 Récord 01:09:10.

9 Folios 9 a 21 del cuaderno de la Corte, envidos por la secretaría de la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Bogotá, con oficio de fecha 19 de enero de 2016, «para que haga parte del expediente enviado a esta alta Corporación».

10 9 de agosto de 2007, 27 de septiembre de 2007, 28 y 29 de noviembre de 2007, 12 de febrero de 2008, 17 de septiembre de 2009, 5 y 6 de abril de 2011 y 13 de octubre de 2015.

11 Véase la impresión del correo obrante al folio 4 del cuaderno de la Corte.