AUTO AP307-2018/36973 DE ENERO 29 DE 2018

 

Auto AP307-2018 de enero 29 de 2018

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA DE CASACIÓN PENAL

Magistrado Ponente:

Eugenio Fernández Carlier

AP307-2018

Rad.: 36973

Aprobado Acta Nº 21

Bogotá, D C., veintinueve (29) de enero de dos mil dieciocho (2018).

(Legis considera conveniente que los datos de las partes y testigos, sean suprimidos por las iniciales de nombres y apellidos y en los números de cédulas reemplazados por XXX, con el propósito de proteger los derechos contemplados en el artículo 15 de la Constitución Política)

VISTOS

Decide la Sala la solicitud elevada por el defensor del acusado, J. J. C. M., consistente en declarar que perdió la competencia para seguir conociendo del proceso, suspender la actuación procesal, y remitir el expediente a la JEP.

ANTECEDENTES

1. El procesado, C. M., inicialmente informó a la Sala que en su condición de acusado por el delito de concierto para delinquir agravado (art. 340-3 del C.P.), fundado en los artículos 29 de la Carta Política, y 2º, 3º, 28, 45 y 61 de la Ley 1820 de “2016” y demás normas concordantes, presentó ante la Secretaría de la JEP, el 11 de enero del corriente año, memorial expresando su voluntad libre de acogerse a esa jurisdicción, para que sea ella quien continúe el proceso.

Adjunto el escrito presentado ante la JEP, en el que expuso los fundamentos de hecho y de derecho que lo llevaron a adoptar esa determinación, aseverando que la conducta a él imputada en este proceso guarda relación con el conflicto armado interno.

En ese orden, efectúo una síntesis de los hechos a él atribuidos en la resolución de acusación proferida por esta Sala, evocó la calificación jurídica y las pruebas de cargo que la soportan, infiriendo que el concierto para delinquir por la promoción que supuestamente hizo de las autodefensas contra las guerrillas y alentarlas a continuar con ella hasta el triunfo final, tiene conexión directa con el conflicto armado interno entre el Estado y las FARC-EP, por lo tanto, al tenor de los dispuesto por los artículos 5º, 6º, 16 y 17 del Acto Legislativo 01 de 2017, es de competencia de la Jurisdicción Especial para la Paz, la cual prevalece sobre la ordinaria.

Además, aseveró el procesado en ese escrito, que la acusación afirma que la conducta la realizó en su condición de Senador de la República, es decir, como integrante de una Corporación Pública. Reiteró su voluntad libre de acogerse a la competencia de la JEP, ante la cual, dijo, demostrará su inocencia.

2. El 25 de enero pasado, la Sala conoció un escrito presentado por el defensor del acusado, solicitándole declarar que perdió la competencia para proseguir la actuación procesal, suspender el trámite, y remitir el expediente a esa jurisdicción, para que continúe con el conocimiento hasta su finalización.

En caso de no ser despachada favorablemente su postulación, desde ya promueve colisión de competencias entre la Sala Penal de la Corte Suprema y la Jurisdicción Especial para la Paz, con apoyo en los artículos 93, 95, 96 y 97 de la Ley 600 de 2000.

La primera petición la sustentó en el escrito que presentó el aforado al Secretario Ejecutivo de la JES, acogiéndose a esa jurisdicción; además, reitera el defensor, que la conducta imputada tiene conexión con el conflicto armado interno, dado que la acusación atribuyó al procesado promover el grupo armado ilegal dándole moral, revindicando la lucha paramilitar e incitarlos a continuar con su gesta hasta derogar a la guerrilla, evocando lo dicho en su testimonio por F. R. H.

Cimentado en lo normado por los artículos 2º, 3º y 7º de la Ley 1820 de 2016, aduce el defensor, lo que hace al agente del Estado objeto del tratamiento penal especial es la vinculación del hecho punible con el conflicto armado, es decir, haber sido ejecutado por causa, con ocasión o en relación directa o indirecta con él. Tratamiento que se aplica a quienes hubiesen participado directa o indirectamente en el conflicto, se encuentren condenados, procesados o señalados de cometer conductas punibles por causa, con anterioridad a la entrada en vigor del Acuerdo Final para la Paz; y que prevalece sobre las actuaciones de cualquier jurisdicción o procedimiento.

En orden a lo estipulado por el artículo 16 y el título IV de dicha ley, complementa, para los efectos de los beneficios que se conceden a los rebeldes, por aplicación de las garantías a un tratamiento penal especial diferenciado, simétrico, equitativo y equilibrado, debe considerarse de competencia de la JEP el concierto para delinquir cometido por un Agente del Estado en el marco del conflicto armado o en relación directa o indirecta con éste.

Además, según el artículo 15 del Acto Legislativo 01 de 2017, la JEP entrará en funcionamiento a partir de su aprobación sin necesidad de ninguna norma de desarrollo, sin perjuicio de la aprobación posterior de las reglas de procedimiento y lo que establezca el reglamento de dicha jurisdicción, situación que se consolidó con el acto de posesión de los Magistrado que la integran el 15 de enero del presente año, demostrando con ello que no solo está conformada sino en funcionamiento.

Estima que el vínculo entre el concierto para delinquir agravado y el conflicto armado interno, se comprueba desde la perspectiva de la resolución de acusación, o a partir de los hechos establecidos en el proceso.

En cuanto a la acusación, reitera, la conducta fue valorada por la Sala como relacionada con el ejercicio de las atribuciones que el procesado ejercía como Senador de la República, acreditando la condición de agente del Estado, además, con la transcripción de algunos de sus apartes, aduce, evidencia que los hechos tienen conexión directa e indirecta con el conflicto armado entre el Estado y las guerrillas de las FARC-EP, ya que su propósito habría sido el de auspiciar e incitar a los paramilitares al combate, para llegar al triunfo definitivo con las armas.

Como el punible es concierto para delinquir por promover y justificar, presuntamente, la lucha armada de las autodefensas contra las guerrillas, y alentarlas a continuar su gesta hasta el triunfo final, piensa que el hecho está vinculado necesariamente con el conflicto armado, ya que equivale a instigar la lucha armada.

Conducta que con arreglo a lo dispuesto por los artículos 5º, 6º, 16 y 17 del Acto Legislativo 01 de 2017, corresponde a la competencia de la Jurisdicción Especial para la Paz que prevalece sobre la ordinaria, la cual entró en funcionamiento a partir de la aprobación del aludido Acto Legislativo, sin necesidad de ninguna norma de desarrollo según el artículo 15 transitorio, además, en aplicación de los artículos 2º, 3º, 7º, 9º, 28, 31, 44 y 45 de la Ley 1820 de 2016.

CONSIDERACIONES DE LA SALA

1. Ante todo, precisa la Sala que este juicio está para terminar la audiencia pública de juzgamiento por el rito de la Ley 600 de 2000, con la intervención del acusado y su defensor de confianza, programada para los días 29 y 30 de enero del presente año.

Ahora, de conformidad con la resolución de acusación de acusación:

“...la investigación giró alrededor de la presunta relación del doctor J. J. C. M. con el Bloque Calima de las autodefensas, comandado por el señor H. V. G., cuando desempeñaba el cargo de senador de la República en el período constitucional 1998-2002, propiciando el tránsito de la actividad paramilitar como una forma de dominio y control de la población civil y la institucionalidad del Estado... 

Es sabido entonces que el doctor J. J. C. M. ex Representante a la Cámara y ex Senador de la República, tuvo una estrecha relación con H. V. G., comandante del Bloque Calima de las autodefensas que operó en el Departamento del Cauca... 

En el caso bajo examen, la hipótesis del concierto que se configura está prevista en el inciso 3 del artículo 340 del Código Penal en cuanto las circunstancias dentro de las cuales el procesado compareció a la cumbre paramilitar de la “21”, llevada a cabo en noviembre de 2001, ponen de presente que allí, no obstante su condición de Senador de la República para entonces, actúo como otro miembro de la organización ilegal, fue llevado por H. V. G. como vocero político del Bloque Calima e intervino ante los demás asistentes a esa cumbre para defender la lucha de las autodefensas y de sus postulados políticos e ideológicos, cuyo origen calificó de noble...”. 

1.1. En punto al memorial presentado por el aforado a esta Sala incorporando el que presentó al secretario ejecutivo de la JEP, por medio del cual manifestó su voluntad de acogerse a esa jurisdicción pidiéndole avocara de inmediato el conocimiento del proceso, la Sala no hará ningún pronunciamiento ya que como no elevó petición alguna, no hay nada que resolver y pro sustracción de materia no procede hacer pronunciamiento sobre el incidente de colisión de competencias a que alude el peticionario.

1.2. Respecto a las postulaciones presentadas por su defensor relativas a que la Sala declare su incompetencia para proseguir la actuación procesal, suspenda el trámite, y coloque a disposición de la JEP el proceso las denegará, con base en los siguientes argumentos:

Al tenor del numeral 48, literal a, del Acuerdo Final, atañe a la Sala de reconocimiento de verdad y responsabilidad y de determinación de los hechos y conductas, decidir si los hechos atribuidos a las distintas personas son de competencia del Sistema por haber sido cometidos en relación directa o indirecta con el conflicto armado interno o con ocasión de éste.

El literal “h” de ese mismo artículo, prescribe que una vez recibidos todos los informes establecidos en los apartados b) (recibir los informes que le presentarán la Fiscalía General de la Nación, los órganos competentes de la justicia penal militar,..., y cualquier jurisdicción que opere en Colombia, sobre todas las investigaciones en curso relativas a las conductas cometidas con ocasión del conflicto armado, incluidas las que ya hayan llegado a juicio o concluidas...., o por cualquier jurisdicción. A la Sala también se le remitirá un informe de las sentencias pertinentes proferidas por la justicia, enviado por el órgano de administración de la Rama Judicial o por los condenados...”) y c) (Recibir los informes de las organizaciones de víctimas y de derechos humanos colombianas relativos a las conductas cometidas con ocasión del conflicto armado, así como de fuentes judiciales o administrativas), describiendo conductas, los contrastará y después de haber tenido en cuenta las versiones de que trata el literal e), en caso de apreciar que existen bases suficientes para entender que la conducta existió, que la persona mencionada participó y que la conducta corresponde a tipos penales no amnistiables, deberá ponerlos a disposición de los presuntos responsables para que por ellos se tome la decisión de comparecer o no a efectuar reconocimiento de verdad y responsabilidad o comparecer a defenderse de las imputaciones formuladas.

A su turno el literal j), prescribe que la Fiscalía General de la Nación o el órgano investigador de cualquier otra jurisdicción que opere en Colombia, continuará adelantando las investigaciones hasta el día que la Sala, una vez concluidas las etapas anteriores previstas —salvo la recepción de los reconocimientos de verdad y responsabilidad, los cuales siempre deberá ser posteriores al recibimiento en la Sala de la totalidad de investigaciones efectuadas respecto a la conducta imputada—, anuncie públicamente que en tres meses presentará al tribunal para la paz su resolución de conclusiones, momento en el cual la Fiscalía o el órgano investigador de que se trate, deberán remitir a la Sala la totalidad de investigaciones que tenga sobre dichos hechos y conductas, momento en el cual perderán competencias para continuar investigando hechos o conductas de competencia de la Jurisdicción Especial de Paz.

Añade, este mismo literal, que en el evento que la Fiscalía General de la Nación o el órgano investigador correspondiente, identifique un caso que haya debido ser objeto del informe de que trata el literal b) de este numeral, deberá remitirlo inmediatamente a la Sala de Reconocimiento. Lo anterior no obsta para que la Fiscalía General de la Nación o el órgano investigador de que se trate continúen investigando los hechos y conductas que no sean competencia del componente de justicia del SIVJRNR y le preste apoyo a los órganos del mismo cuando se le solicite.

Por su parte, el numeral 50 del mismo Acuerdo Final, asigna a la Sala de definición de situaciones jurídicas, a petición del investigado, la función de definir la situación jurídica de las personas que sin pertenecer a una organización rebelde, tenga una investigación en curso por conducta que sea de competencia de la jurisdicción especial para la paz. Decidirá si es procedente remitirla a la sala de amnistía o indulto, a la sala de reconocimiento de verdad y responsabilidad, o si para definir la situación jurídica es procedente renunciar al ejercicio de la acción penal o disciplinaria, en este último caso también respecto a civiles no combatientes o aplicar cualquier otro mecanismo jurídico según el caso. Regulación que fue reiterada por el artículo 28 de la Ley 1820 de 2016.

Por otra parte, los artículos 17 transitorio del Acto Legislativo Nº 01 de 2017, y 9º de la Ley 1820 de 2016, incluyen como destinatario del componente de justicia, a los agentes del Estado que hubieran cometido delitos relacionados con éste y con ocasión del mismo, precisando que se aplicará un tratamiento diferenciado, pero de forma equitativa, simultánea y simétrica.

Definen como agente del Estado, toda persona que al momento de la comisión de la presunta conducta criminal estuviere ejerciendo como miembro de las corporaciones públicas, como empleado o trabajador del Estado o de sus entidades descentralizadas territorialmente y por Servicios, que hayan participado en el diseño o ejecución de conductas delictivas, relacionadas directa o indirectamente con el conflicto armado.

Para que estas conductas puedan ser consideradas susceptibles de conocimiento por parte de la jurisdicción especial para la paz, debieron realizarse mediante acciones u omisiones cometidas en el marco y con ocasión del conflicto armado interno y sin el ánimo de enriquecimiento personal indebido, o en caso de que existiera, sin ser éste el determinante de la conducta delictiva.

Esta normatividad, con el propósito de garantizar en particular a los agentes del Estado el acceso a la justicia especial para la paz, estableció varios mecanismos, algunos aplicables exclusivamente a los miembros de la fuerza pública como la suspensión de la ejecución de las órdenes de captura, otros cobijan a todos los agentes del Estado, como la libertad transitoria, condicionada y anticipada, libertad definitiva e incondicional, la renuncia a la persecución penal, y otros cubren a todos los destinatarios de la JEP, incluidos los agentes del Estado, como la revisión de sentencias y providencias, y la sustitución de la sanción penal.

En lo concerniente a la competencia para conocer de ellos, la ley asignó transitoriamente a la justicia ordinaria la resolución de las peticiones de suspensión de las órdenes de captura y de libertad transitoria, condicionada y anticipada; dejando en cabeza de la JEP la resolución de las peticiones de libertad definitiva e incondicional y la renuncia a la persecución penal.

La revisión de sentencias y providencias y la sustitución de la sanción penal prevista en el Acto Legislativo 01 de 2017, está a cargo de la Sección de Revisión del Tribunal de Paz, a excepción de las condenas emitidas por esta Sala de Casación(1).

Frente a este marco normativo, es incontrovertible para la Sala que es a la Jurisdicción Especial para la Paz a quien corresponde determinar si los hechos atribuidos al acusado le competen, una vez éste le manifestó su voluntad de acogerse a ella y demandarle asumir el conocimiento del proceso. Fue ese el querer del Acuerdo Final, al exigir a las autoridades judiciales, entre otras, rendir informes de todas las investigaciones en curso o falladas por punibles cometidos con ocasión del conflicto armado interno, y con base en ellos determinar si son o no de su incumbencia por haber sido cometidos directa o indirectamente con el conflicto armado interno o con ocasión de él.

Mientras ello ocurre, los procesos deben permanecer a cargo de las autoridades judiciales que los vienen adelantando o los hayan terminado; de ahí que la norma disponga que la Fiscalía General de la Nación y el órgano investigador correspondiente, continuarán adelantando —respecto de agentes del Estado— las investigaciones hasta el día que esa jurisdicción especial anuncie púbicamente que en tres meses presentará al tribunal para la Paz su resolución de conclusiones en relación con los informes recibidos acerca de los procesos en curso y condenados, siendo este el momento en el que el funcionario judicial que tramita o conserve los procesos perderán competencia para continuar conociendo de esos hechos; o como en el presente caso, decida sobre la manifestación del acusado de someterse a ella y la petición de asumir el conocimiento del proceso.

Regulación armónica con el principio de prevalencia de la Jurisdicción Especial para la Paz, pues el numeral l 33(sic) del Acuerdo Final y el artículo 6º del Acta Legislativo 01 de 2017, de acuerdo con el cual el componente justicia del SIVJRNR, predominará sobre las actuaciones penales, disciplinarias y administrativas por conductas cometidas con ocasión, por causa o en relación directa o indirecta con el conflicto armado, al absorber la competencia exclusiva sobre dichas conductas.

Además, es natural que mientras dicha jurisdicción determina cuáles conductas punibles son de su competencia, los trámites adelantados por los funcionarios judiciales no se suspendan —menos en los casos de los integrantes de las FARC EP— a fin de evitar dilaciones y traumatismos innecesarios, máxime que aún la misma se encuentra en implementación, como quiera que si bien los magistrados ya se posesionaron carecen de normas que determinen los procedimientos a observar, en razón a que el artículo 12 del mismo Acto Legislativo 01 de 2017 los facultó para elaborar las normas procesales que regirán esa jurisdicción, que serán presentadas por el Gobierno Nacional al Congreso de la República, incluido el régimen disciplinario aplicable a sus funcionarios que no sean magistrados, trámite que obviamente no se ha cumplido aún.

Además, la Ley Estatutaria de la Administración de Justicia en la Jurisdicción Espacial para la Paz aprobada por el Congreso de la República, aún no ha entrado en vigencia en virtud a que pasó a la Corte Constitucional para el control automático respectivo.

Las peticiones de suspensión del trámite y envío a la JEP, la Sala las viene resolviendo en este mismo sentido:(2)

“No obstante, como quiera que dentro del memorial allegado por el procesado no hace ningún reconocimiento de verdad y responsabilidad respecto de los hechos por los cuales se le investiga, contrario a lo que solicita, no procede que la Sala se abstenga de proseguir la investigación y remita, por ahora, el expediente a la JEP, atendiendo lo previsto en el Acuerdo Final ya citado, cuando señala en el punto 5.1.1 Justicia: 

48. La Sala de reconocimiento de verdad y responsabilidad y de determinación de los hechos y conductas tendrá las siguientes funciones: 

a. Decidir si los hechos y conductas atribuidas a las distintas personas son de competencia del Sistema por haber sido cometidos en relación directa o indirecta con el conflicto armado interno o con ocasión de este. 

(...) 

j. La Fiscalía General de la Nación o el órgano investigador de cualquier otra jurisdicción que opere en Colombia, continuarán adelantando las investigaciones hasta el día en que la Sala, una vez concluidas las etapas anteriores previstas, (...), anuncie públicamente que en tres meses presentará al Tribunal para la Paz su resolución de conclusiones, momento en el cual la Fiscalía o el órgano investigador de que se trate, deberán remitir a la Sala la totalidad de investigaciones que tenga sobre dichos hechos y conductas, momento en el cual la Fiscalía o el órgano investigador de que se trate perderá competencias para continuar investigando hechos o conductas competencia de la Jurisdicción Especial de Paz (...). 

Y, en decisión del 9 de agosto de 2017, dentro del radicado Nº 48.912, al argumentó:

“En lo concerniente a las solicitudes de “suspensión de la actuación y envío del expediente a la jurisdicción Especial para la Paz”, si bien se invocan múltiples normas en sustento de tales pretensiones, éstas se ofrecen inconducentes por carencia de fundamento normativo pertinente, al tiempo que resultan improcedentes por ausencia de presupuestos fácticos que las hagan viables. 

En síntesis, no hay ninguna norma procedimental (ordinaria ni perteneciente a la reglamentación de los mecanismos de justicia transicional) que obligue a la Corte a abstenerse de resolver los asuntos bajo su competencia, mediante la figura de la “suspensión de la actuación”. Antes bien, la Sala ha de someterse al deber de resolver los asuntos sometidos a su consideración dentro de los términos previstos en la ley y con sujeción a los principios y garantías que orientan el ejercicio de la jurisdicción (...), sin que le sea permitido abstenerse de cumplir sus funciones. Además, fácticamente, no existe la posibilidad de remitir el expediente a la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas de la JEP, pues ésta no ha entrado en funcionamiento... 

De conformidad, con lo anterior, para que proceda la suspensión del proceso o la interrupción de la actuación ha de existir una norma procedimental que así lo permita. Pues, tal circunstancia es una situación excepcional a la regla general, consistente en que el juez ha de “resolver los asuntos sometidos a su consideración dentro de los términos previstos en la ley y con sujeción a los principios que orientan el ejercicio de la función jurisdiccional (...); entre ellos, el de celeridad, conforme al cual la administración de justicia debe ser pronta, cumplida y eficaz en la solución de fondo de los asuntos de su competencia...”. 

Ahora, si bien el artículo 22 del Decreto 277 de 2017, establece que por regla general quedarán suspendidos todos los procesos en los cuales se haya otorgado la libertad condicionada hasta la entrada en funcionamiento de la JEP, lo que aplica en los asuntos de los miembros de las FARC EP, momento en el que los procesados quedarán a disposición de ella; no es pertinente su aplicación a este caso, toda vez que la defensa no ha solicitado la concesión de ese beneficio, ni de ninguno otro de los mecanismos de tratamientos penales especiales diferenciados para agentes del Estado, regulados por la Ley 1820 de 2017.

Así entonces, como en este caso el procesado expresamente manifestó al secretario ejecutivo de la JEP su voluntad libre de acogerse a esa jurisdicción especial, y le pidió asumir inmediatamente el conocimiento del proceso, estando ella la facultada por la ley para resolver si efectivamente es de su conocimiento, la Sala se abstendrá de realizar cualquier análisis sobre ese tópico, y continuará con el trámite de la causa, mientras dicha jurisdicción especial decide sobre su competencia.

En consecuencia, negará las peticiones de elevadas por la defensa técnica de declarar que perdió competencia para seguir conociendo de esta causal, suspender su trámite y dejar a disposición de la JEP el proceso y el acusado.

Con base en lo anteriormente expuesto la Sala de Casación Penal;

RESUELVE:

1. Denegar las peticiones elevadas por el defensor del acusado, relativas a declarar que la Sala perdió competencia para seguir conociendo de la actuación, suspender la misma y remitir el expediente a la Jurisdicción Especial para la Paz, con base en las razones expuestas.

2. Negar la petición subsidiaria presentada de tramitar el conflicto de competencia propuesto por el defensor, según quedó atrás explicado.

Cópiese, notifíquese y cúmplase.

Magistrados: Eugenio Fernández Carlier—José Francisco Acuña Vizcaya—José Luis Barceló Camacho—Fernando Bolaños Palacios—Fernando Alberto Castro Caballero—Luis Antonio Hernández Barbosa—Eyder Patiño Cabrera—Patricia Salazar Cuellar—Luis Guillermo Salazar Otero.

Nubia Yolanda Nova García, Secretaria.

1 CSJ S.P., Rad. 49895 de 28-VI-2017.

2 CSJ S.P., Rad. 38.752, de 18-V-2017.