AUTO AP3103-2016/46356 DE ABRIL 27 DE 2016

 

Auto AP3103-2016/46356 de abril 27 de 2016

SALA DE CASACIÓN PENAL

Magistrado Ponente:

Dr. José Francisco Acuña Vizcaya

Aprobado Acta Nº 135

Bogotá D.C., veintisiete de abril de dos mil dieciséis.

EXTRACTOS: « Consideraciones de la Corte:

Competencia

De conformidad con lo establecido en el artículo 26 de la Ley 975 de 2005, modificado por el artículo 27 de la Ley 1592 de 2012, en armonía con el numeral 3º del artículo 32 de la Ley 906 de 2004, esta Sala es competente para resolver las apelaciones interpuestas en el presente asunto.

Sobre la terminación anticipada del proceso

Esta Corte en anterior pronunciamiento reconoció que con el propósito de hacer más eficiente y expedito el desarrollo de los procesos de la justicia transicional adelantados por el procedimiento de la Ley 975 de 2005, evitar desgastes innecesarios en la administración de justicia y ajustar el trámite establecido en esa normativa al enfoque investigativo centrado en la macro criminalidad y la priorización de casos, “el Congreso de la República al proferir la Ley 1592 de 2012, estimó conveniente consagrar la posibilidad de terminar anticipadamente el proceso seguido contra postulados sometidos al sistema de justicia y paz”(13). Para demostrar esta finalidad subjetiva la Sala se apoyó tanto en el informe de ponencia para primer debate del entonces proyecto de Ley 096 de 2011, como en el informe de ponencia para segundo debate en el Senado de la República, los cuales en su orden señalaron:

1.

“El proyecto de ley busca perfeccionar el funcionamiento e implementación de la ley de justicia y paz, para así cumplir con el objetivo primordial de la Ley 975 de 2005. El objetivo fundamental… la consolidación de la paz y a la reincorporación a la vida civil de los miembros de los grupos armados al margen de la ley, garantizando, por una parte, los derechos de las víctimas a la verdad, la justicia y la reparación y, por otra, los derechos de los postulados al debido proceso.

Además, la Fiscalía debe dar una respuesta oportuna a los postulados sobre la procedencia de una pena alternativa, como consecuencia de contribuciones efectivas al proceso de reconciliación nacional.

Para la ejecución eficaz de la Ley 975 de 2005, es necesario introducir algunas modificaciones, con el fin de agilizar el trámite de los procesos. Esto, con el fin de dar respuesta oportuna y en un tiempo prudente al ente investigador frente a las expectativas de justicia que provienen tanto del ámbito nacional como del ámbito internacional”(14).

2.

“Dentro del artículo de formulación de imputación, se incluye la posibilidad de terminación anticipada del proceso. Teniendo en cuenta el cambio en el enfoque investigativo que introduce esta reforma a justicia y paz, se hace necesario contar con la posibilidad de terminar anticipadamente el proceso cuando los hechos por los que se impute al postulado hagan parte de un patrón de macro criminalidad que ya haya sido esclarecido por alguna sentencia de conformidad con los criterios de priorización.

Esta disposición responde a las observaciones de algunos magistrados de justicia y paz, así como organizaciones de la sociedad civil, que consideran pertinente, que como consecuencia del cambio de enfoque investigativo, sea posible terminar el proceso anticipadamente y así no desgastar el sistema con audiencias y demás etapas del proceso, cuando los hechos imputados al postulado hagan parte de un patrón de macro criminalidad ya esclarecido. (Resaltado fuera de texto).

Es muy importante resaltar que bajo este esquema de terminación anticipada del proceso no se descuida a las víctimas, puesto que en la sentencia que esclarece el patrón macro criminal se debe haber identificado las afectaciones causadas a las víctimas.

La terminación anticipada ocurre cuando el postulado acepta su responsabilidad por las conductas imputadas y solicita dicha terminación, lo que en todo caso, no implica el acceso a beneficios penales adicionales a la pena alternativa”(15).

Fue así como, ciertamente, el artículo 18 de la Ley 1592 de 2012 modificó el precepto de idéntica numeración contenido en la Ley 975 de 2005, por el cual quedó establecida la posibilidad de dar por terminada anticipadamente la actuación. Indica literalmente el texto citado:

“Cuando los hechos por los que se impute al postulado hagan parte de un patrón de macro criminalidad que ya haya sido esclarecido por alguna sentencia de justicia y paz de conformidad con los criterios de priorización, y siempre que ya se hayan identificado las afectaciones causadas a las víctimas por tal patrón de macro criminalidad en la respectiva sentencia, el postulado podrá aceptar su responsabilidad por las conductas imputadas y solicitar la terminación anticipada del proceso. En tales casos el magistrado de control de garantías remitirá el expediente a la Sala de Conocimiento, para que esta proceda a proferir sentencia de conformidad con el artículo 24 de la presente ley, en un término que no podrá exceder los quince (15) días contados a partir de la audiencia de formulación de la imputación. La terminación anticipada del proceso no supondrá, en ningún caso, el acceso a beneficios penales adicionales a la pena alternativa”.

Esa disposición fue posteriormente reglamentada en el artículo 36 del Decreto 3011 de 2013, actualmente compilado en el artículo 2.2.5.1.2.3.2 del Decreto 1069 de 2015, el cual señala:

“Terminación anticipada del proceso. De acuerdo con el parágrafo del artículo 18 de la Ley 975 de 2005, modificado por el artículo 18 de la Ley 1592 de 2012, el postulado podrá aceptar su responsabilidad por las conductas imputadas y solicitar la terminación anticipada del proceso cuando los hechos que se le imputen hagan parte de un patrón de macro criminalidad que ya haya sido esclarecido en alguna sentencia dictada en el marco del proceso penal especial de justicia y paz y hayan sido identificadas las afectaciones causadas a las víctimas correspondientes.

(…)

Una vez formulada la imputación, en cualquier etapa del proceso el postulado o su defensor podrán solicitar a la Fiscalía General de la Nación su intención de acogerse a la terminación anticipada del proceso. Con fundamento en lo dispuesto en el plan integral de investigación priorizada, el fiscal delegado apoyará o no la solicitud de terminación anticipada del proceso del postulado. El fiscal delegado sustentará su posición teniendo en cuenta el análisis sobre los patrones de macro criminalidad atribuidos a cada una de las estructuras y subestructuras.

Cuando el fiscal delegado considere que la solicitud de terminación anticipada del proceso procede, solicitará audiencia ante la Sala de Conocimiento, para sustentar su posición.

La Sala de Conocimiento verificará que el postulado solicitante hizo parte de un patrón de macro criminalidad ya esclarecido en una sentencia de justicia y paz y que se hayan identificado las afectaciones causadas a las víctimas de dicho patrón. En caso afirmativo, la decisión de terminación anticipada se incorporará en la sentencia y se procederá a la lectura de la misma.

Cuando la Sala de Conocimiento constate que no se han identificado las afectaciones causadas a las víctimas acreditadas en el proceso, ordenará la realización del incidente de identificación de afectaciones causadas de carácter excepcional, según lo dispuesto en el parágrafo 4º del presente artículo. Culminado este incidente, la Sala de Conocimiento procederá a resolver la solicitud de terminación anticipada.

En caso de que no proceda la terminación anticipada del proceso, este continuará en la etapa procesal en la que se encontraba.

(…)

Parágrafo 3º. Excepcionalmente, cuando la Fiscalía General de la Nación considere que la solicitud de terminación anticipada del proceso no procede, el postulado podrá solicitarla ante la autoridad judicial correspondiente según la etapa en que se encuentre el proceso. En tal circunstancia la magistratura oirá los fundamentos de la Fiscalía General de la Nación para no apoyar la solicitud, y procederá a decidir sobre la misma.

Parágrafo 4º. En los casos en los que se pretenda aplicar la terminación anticipada del proceso, pero se identifiquen víctimas que no hubiesen sido incluidas en la sentencia que previamente hubiese esclarecido un contexto o un patrón de macro criminalidad, la Fiscalía General de la Nación solicitará ante la Sala de Conocimiento la apertura de un incidente de identificación de afectaciones causadas de carácter excepcional (…)”.

Como se observa, los requisitos exigidos por la normativa precitada para el pronunciamiento favorable a la pretensión de culminación del proceso anticipadamente, son que: (i) al postulado o a los postulados se les haya formulado imputación; (ii) los hechos imputados se enmarquen en un patrón de macro criminalidad que haya sido objeto de precisión y esclarecimiento en alguna sentencia proferida por el trámite de justicia y paz; (iii) en esa misma providencia hubiesen sido identificados los daños y perjuicios causados a las víctimas con ocasión de las conductas delictivas cometidas en el marco de tal patrón de macro criminalidad; y (iv) el postulado o los postulados expresamente soliciten ante el fiscal del caso la terminación anticipada de la actuación seguida en su contra y si este se opone, hacerlo ante el funcionario judicial competente, de acuerdo con el estadio procesal en que se encuentre el trámite.

Ahora bien, la insatisfacción de la tercera exigencia no implica inicialmente que la decisión sea desfavorable a la pretensión, pues de acuerdo con el inciso 6º del artículo 2.2.5.1.2.3.2 del Decreto 1069 de 2015 “cuando la Sala de Conocimiento constate que no se han identificado las afectaciones causadas a las víctimas acreditadas en el proceso, ordenará la realización del incidente de identificación de afectaciones causadas de carácter excepcional”.

Lo anterior, desde luego, debe comprenderse en armonía con lo decidido por la Corte Constitucional en Sentencia C-284 de 2014, por la cual declaró inexequible el incidente de identificación de las afectaciones causadas a las víctimas y entendió que las normas de la Ley 975 de 2005 entonces derogadas por la Ley 1592 de 2012, recobraron vigencia, lo cual ocurrió con el incidente de reparación.

Por consiguiente, de encontrarse que en la sentencia que sirve de soporte para la terminación anticipada del proceso no fueron decididas las pretensiones indemnizatorias de la totalidad de las víctimas identificadas, lo procedente es tramitar el incidente de reparación.

Análisis concreto del asunto objeto de apelación

1. La Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Bogotá denegó las solicitudes de terminación anticipada del proceso—formuladas por los defensores de los postulados y coadyuvada por la Fiscalía—, por cuanto si bien las mismas se apoyaron en la existencia de la sentencia proferida el 20 de noviembre de 2014 por la misma colegiatura —en la cual fueron esclarecidos cinco patrones de macro criminalidad—, esta providencia fue apelada y por lo mismo no se encuentra ejecutoriada.

2. Las apelaciones se centraron en señalar que los artículos 18 de la Ley 1592 de 2012 y 36 del Decreto 3011 de 2013 no exigen que la sentencia en la cual se hayan clarificado los patrones de macro criminalidad esté ejecutoriada, por tanto acoger ese requerimiento desconoce la intención del legislador de darle un trámite célere y eficaz al proceso de justicia y paz.

Al respecto cabe señalar, que si bien los textos de los artículos precitados no precisan si la sentencia que contiene los patrones de macro criminalidad debe estar —o no— ejecutoriada, los principios de la seguridad jurídica y economía procesal imponen comprender, contrario a lo propuesto por los apelantes, que la ley no hace referencia a providencias en discusión o de las cuales sea posible su revocatoria, aclaración, modificación o invalidación, pues aquellos valores se verían gravemente sacrificados de edificarse la sentencia anticipada bajo el amparo de una providencia previa que aún no es inamovible, con lo cual tampoco se vería satisfecho el objetivo de la terminación anticipada del proceso, cual es agilizar el trámite de justicia y paz “con el fin de dar respuesta oportuna y en un tiempo prudente al ente investigador frente a las expectativas de justicia que provienen tanto del ámbito nacional como del ámbito internacional”. Pronunciamiento que en todos los casos debe ser definitivo y jurídicamente seguro.

Adicionalmente, esta colegiatura en auto proferido el 30 de septiembre de 2015, Radicación Nº 46721, sobre el mismo asunto consideró:

“[A]unque la norma no lo dice expresamente, está ínsito en dicha exigencia, como noción básica de la teoría general del proceso, que la providencia en la que se identifica el patrón de criminalidad masiva que sirve como sustento de la pretensión de terminación anticipada de la actuación esté en firme. (Resaltado fuera de texto).

(…) [S]i el fallo no ha alcanzado ejecutoria, mal puede entenderse develado el patrón, pues el pronunciamiento de la segunda instancia podría comportar la modificación de lo allí consignado, el rechazo de las consideraciones efectuadas por las partes sobre el particular o, incluso, la anulación de la decisión en ejercicio del control oficioso de legalidad que asiste al sentenciador de segundo grado.

La firmeza de la providencia, contrario a lo señalado por la Fiscalía en la sustentación de la alzada, no constituye un simple formalismo, sino una institución jurídico procesal que constituye pilar fundamental del debido proceso, pues sólo a partir de ella puede sostenerse que un determinado asunto ha sido decidido de manera definitiva con ‘imperatividad y obligatoriedad’(16).

Tanto el artículo 18 de la Ley 975 de 2005 como el 36 del Decreto 3011 de 2013, que regulan la terminación anticipada del proceso en este contexto, exigen que el patrón de macro criminalidad invocado para el efecto haya sido ‘esclarecido’ en un fallo, y esclarecer no es otra cosa que ‘poner en claro, dilucidar un asunto’(17), a lo cual resulta inherente la noción de lo definitivo, pues si persiste el debate, mal puede entenderse de algo que está dilucidado”.

3. También indicó la Fiscalía respecto de la sentencia proferida el 20 de noviembre de 2014 por la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Bogotá, que pese a no estar ejecutoriada se encuentra amparada por las presunciones de acierto y legalidad, lo cual, en su sentir, habilita proceder con la terminación anticipada del proceso.

Sin embargo, cabe precisar que esa premisa sólo reafirma la inseguridad jurídica en la que se encuentra la citada sentencia, pues las presunciones a las cuales hace referencia la Fiscalía no son de derecho, es decir, pueden ser desvirtuadas y por ello son útiles para el ejercicio de la función judicial, pues permite exigir a los impugnantes que dirigen censuras contra providencias proferidas por órganos jurisdiccionales en ejercicio de la autoridad y competencia atribuidas por el ordenamiento jurídico, la carga de demostrar la incorrección para lograr así su revocatoria, modificación, adición, aclaración o invalidación. Pero, se insiste, esto de ninguna manera significa que la decisión no ejecutoriada sea inamovible, sino precisamente lo contrario.

4. De otra parte, señalaron las apelaciones que la ley no distinguió, para la procedibilidad de la terminación anticipada del proceso, si la sentencia en la cual se encuentran esclarecidos los patrones de macro criminalidad debe estar ejecutoriada y en ese sentido, no hay lugar a hacer esa distinción, en tanto el texto legal no lo hizo.

Sobre ese punto cabe recordar que la aplicación del derecho presupone para el juez conocer y establecer previamente dos objetos diferentes, el derecho —de un lado —y las proposiciones fácticas —de otro—. Sin embargo, la comprensión y fijación de ambos es una operación compleja.

En relación con la selección de la premisa normativa, en la práctica jurídica se han desarrollado varias pautas de interpretación, originadas tanto en las diferentes visiones del derecho, como en los valores que prevalecen en cada una de aquellas—seguridad jurídica, justicia, eficacia y autoridad legítima—.

En este avance contribuyó la filosofía analítica, la epistemología, las teorías del derecho, las teorías de interpretación jurídica, las teorías sobre los métodos jurídicos de interpretación, la teoría sobre la aplicación del derecho y la teoría de la argumentación jurídica, entre otras; y fue impulsado por la necesidad de cualificar las decisiones judiciales eliminando, lo máximo posible, la arbitrariedad o el capricho del servidor judicial en sus funciones interpretativa y creativa inherentes a la fijación de las proposiciones jurídicas.

El debate que se suscita para la selección o fijación de la premisa jurídica actualmente abarca discusiones de diferentes perspectivas, desde las puramente descriptivas (de orden: gramatical —¿Qué dice la ley?—, subjetivo —¿Qué quiso decir el legislador?—, objetivo finalista —¿Cuál es la finalidad contenida en la ley?—, subjetivo finalista —¿Qué se propuso el legislador?—) hasta prescriptivas (de orden: axiomático o material —¿cuál sentido desarrolla de manera más óptima los principios, derechos o fines constitucionales?—, o consecuenciales —¿Cuál sentido debe descartarse porque en la práctica resulta ineficaz, menos benigno o más lesivo para el derecho?— etc.).

Esto simplemente para señalar que el proceso de fijación de la premisa normativa, necesario para resolver problemas que se suscitan en la práctica judicial, tiene claramente superado el antiguo principio romano de interpretación, según el cual: cuando la ley no distingue no hay lugar a distinguir —ubi lex non distinguit, nec nos distinguere debemus—.

Ahora bien, esto no significa que este parámetro no cumpla ninguna utilidad en la labor interpretativa, en tanto exige del intérprete considerar el sentido del texto guiado por el mismo: bien para reafirmarlo o descartarlo; pero ciertamente su invocación no resulta categórica en el establecimiento de la proposición jurídica.

En el presente evento, como viene de verse en el numeral 2 de este acápite, hay razones de orden subjetivo finalista, axiológico y de consecuencia, que imponen comprender los artículos 18 de la Ley 1592 de 2012 y 36 del Decreto 3011 del 2013 en el sentido de que la sentencia —contentiva de los patrones de macro criminalidad que habilita la terminación anticipada del proceso—debe estar ejecutoriada, pues resultan cualitativamente superiores al principio según el cual: si la ley no distingue el intérprete no debe distinguir.

5. El apoderado del postulado E.I.F.F. argumentó que es la Fiscalía General de la Nación la encargada de develar los patrones de macro criminalidad lo cual ya ocurrió; por tanto los mismos existen.

Este argumento, sin embargo, en nada confronta lo indicado por la Sala de Justicia y Paz, la cual puso de presente —al señalar: que si bien a la Fiscalía le corresponde priorizar los casos y “elaborar los patrones de macro criminalidad, es a la judicatura a la que le compete su aprobación”— que es la sentencia ejecutoriada la que reviste de efectos jurídicos a los patrones de macro criminalidad esclarecidos.

Ciertamente sin el pronunciamiento jurisdiccional, contrario a lo sugerido por el apelante, no hay posibilidad alguna de que se puedan tener como hechos ciertos los patrones de macro criminalidad y seguir de allí consecuencias jurídicas definitivas, máxime en el asunto que concita la atención de la Corte, en el cual la ley precisamente exige para la terminación anticipada del proceso, la existencia —no de una investigación— sino de alguna sentencia que los haya esclarecido.

6. De otra parte, pese a que el Ministerio Público manifestó haber cuestionado uno de los patrones de macro criminalidad mediante la apelación interpuesta contra la sentencia proferida el 20 de noviembre de 2014 por la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Bogotá, los impugnantes en el presente trámite con la premisa contraria aunada a otra según la cual: la Corte Suprema de Justicia está limitada por los aspectos concretos objeto de apelación, sustentaron que los patrones esclarecidos en la precitada decisión son actualmente inmodificables pese a que no se encuentra ejecutoriada.

Este argumento, sin embargo, no desvirtuó lo indicado por el a-quo en el sentido de que la Corte Suprema de Justicia al resolver apelaciones en justicia y paz, no está limitada por los recursos, lo cual puede evidenciarse con los casos de los postulados “W. C. S.” y “M.M.”, pues en el primero la Corte inicialmente resolvió anular y en el segundo, igualmente por fuera de lo discutido en la alzada, determinó que éste debía ser excluido del trámite de justicia y paz.

En este sentido lo indicado por la Sala de Justicia y Paz permanece inalterado, máxime cuando esta Corte, se reitera, en el auto atrás mencionado (Rad Nº 46721) igualmente indicó:

“[S]i el fallo no ha alcanzado ejecutoria, mal puede entenderse develado el patrón, pues el pronunciamiento de la segunda instancia podría comportar la modificación de lo allí consignado, el rechazo de las consideraciones efectuadas por las partes sobre el particular o, incluso, la anulación de la decisión en ejercicio del control oficioso de legalidad que asiste al sentenciador de segundo grado” (Subrayado y resaltado fuera de texto).

En consecuencia, ante la evidente insatisfacción de al menos una de las exigencias legales y reglamentarias previstas para acceder a la solicitud de los postulados—a través de sus defensores—y coadyuvada por la Fiscalía, no queda solución distinta que la confirmación de la decisión apelada.

En mérito de lo expuesto, la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia,

RESUELVE:

CONFIRMAR en el auto objeto de impugnación.

Notifíquese, cúmplase y devuélvanse las diligencias al tribunal de origen.

Contra esta decisión no procede recurso alguno».

13 CSJ, AP5748, del 30 de septiembre de 2015, Radicación 46721.

14 Gaceta del Congreso Nº 801 de 2011.

15 Gaceta del Congreso Nº 681 de 2012.

16 Sentencia C-641 de 2002.

17 Diccionario de la Real Academia Española, vigesimosegunda edición.