Auto AP3135-2014 de junio 11 de 2014

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

SALA DE CASACIÓN PENAL

AP3135-2014

Rad.: 41052

Magistrada Ponente:

Dra. Patricia Salazar Cuéllar

Aprobado Acta 181

Bogotá D.C., once de junio de dos mil catorce.

EXTRACTOS: «VI. Consideraciones de la Corte

1. La Corte es competente para resolver el recurso de apelación, de conformidad con lo preceptuado en el artículo 26 de la Ley 975 de 2005, modificado por el canon 27 de la Ley 1592 de 2012, en concordancia con lo previsto en el artículo 68 ibídem y el numeral 3º del artículo 32 de la Ley 906 de 2004.

2. El asunto objeto de discusión consiste, en determinar si en este momento procesal es procedente la acumulación de procesos que se encuentran en diferentes etapas procesales bajo la Ley 975 de 2005, a fin de que continúen conforme la modificación prevista en la Ley 1592 de 2012, según la solicitud de la Fiscalía.

3. La Sala, desde ya enuncia que revocará parcialmente la determinación recurrida y ordenará la acumulación solicitada por el instructor, porque: i) la Ley 1592 de 2012 no constituye un procedimiento diferente al previsto en la Ley 975 de 2005 sino que es complementario; ii) la nueva ley regula situaciones jurídicas en curso, por tanto tiene efecto general inmediato, sin perjuicio de que aquellos actos procesales que ya se han cumplido de conformidad con la ley antigua, sean respetados y queden en firme, y iii) cumple con los requisitos relativos a la acumulación de procesos previstos en la ley. Véase:

3.1. La Ley 1592 de 2012 no es un procedimiento diferente al previsto en la Ley 975 de 2005, sino complementario.

La Ley 975 de 2005 contempla un procedimiento especial, encaminado a lograr la reconciliación y a facilitar los procesos de paz encaminados a la reincorporación individual o colectiva a la vida civil de los miembros de grupos armados organizados al margen de la ley. Con tal propósito regula la investigación, procesamiento, sanción y beneficios judiciales de las personas vinculadas a dichos grupos, por hechos delictivos cometidos durante y con ocasión de su pertenencia a ellos.

Dicho procedimiento fue modificado por el legislador a través de la Ley 1592 de 2012, bajo la amplia potestad de configuración legislativa que tiene para evaluar y definir sus etapas, características, términos y demás elementos que lo integran, con el objeto de conjurar la mora que se presentaba con su inicial trámite, derivada en gran medida por: la multiplicidad de audiencias, la investigación indiscriminada de la totalidad de los delitos cometidos por los procesados, las dificultades en la investigación del daño colectivo, etc.

Bajo ese horizonte, consagró importantes cambios procedimentales, entre los que cabe citar: la aplicación de criterios de priorización de casos dirigidos a establecer los patrones de macrocriminalidad y develar los contextos, la supresión de una de las audiencias preliminares para sustituirla por una concentrada de formulación, aceptación y legalización de cargos, seguida del incidente de afectación de las víctimas, etc., los cuales fueron desarrollados en el Decreto 3011 de 2013 y así, como medio que es, lograr oportunamente la realización de los derechos reconocidos en la ley sustancial y el amparo de los intereses en conflicto.

En suma, es claro que la Ley 1592 de 2012 no creó un procedimiento diferente, como afirma el tribunal, sino que simplemente ajustó el existente, para imprimirle celeridad y obtener en el menor tiempo posible las sentencias que en Justicia y Paz realicen los derechos a la verdad, justicia y reparación, como fines que permanecen incólumes.

Así, no existe ningún obstáculo para que las actuaciones que se venían adelantando bajo el trámite de la Ley 975 de 2005 se acumulen para continuar bajo la égida de la nueva ley.

3.2. La Ley 1592 de 2012 regula situaciones jurídicas en curso; por tanto, es de aplicación inmediata.

Con relación a los efectos de la ley procesal en el tiempo, esto es, los de la Ley 1592 de 2012, el legislador de tiempo atrás ha desarrollado una reglamentación al respecto, que se remonta a la aún vigente Ley 153 de 1887. En sus primeros artículos, dicha normatividad estableció un régimen de principios generales relativos a los efectos del tránsito de legislación, respetando el límite señalado por la garantía de los derechos adquiridos y los principios de legalidad y favorabilidad; de igual forma, de manera general y en relación con diversos tipos de leyes, señaló el efecto general inmediato de las leyes nuevas que regulan situaciones jurídicas en curso, sin perjuicio de que aquellos actos procesales que ya se han cumplido de conformidad con la ley antigua, sean respetados y queden en firme(2).

En este sentido, dado que el proceso es una situación jurídica en curso, las leyes sobre ritualidad de los procedimientos son de aplicación general inmediata. Al respecto debe tenerse en cuenta que todo proceso debe ser considerado como una serie de actos procesales concatenados cuyo objetivo final es la definición de una situación jurídica a través de una sentencia. Por ello, en sí mismo no se erige como una situación consolidada sino en curso.

Así, las nuevas disposiciones instrumentales se aplican a los procesos en trámite tan pronto entran en vigencia, con excepción de “los recursos interpuestos, la práctica de pruebas decretadas, las audiencias convocadas, las diligencias iniciadas, los términos que hubieren comenzado a correr, los incidentes en curso y las notificaciones que se estén surtiendo, la cuales se regirán por las leyes vigentes cuando se interpusieron los recursos, se decretaron las pruebas, se iniciaron las audiencias o diligencias, empezaron a correr los términos, se promovieron los incidentes o comenzaron a surtirse las notificaciones”.

Sobre el tema, la Corte Constitucional señaló en la Sentencia C-398 de 2006:

“Cuando se trata de situaciones jurídicas en curso, que no han generado situaciones consolidadas ni derechos adquiridos en el momento de entrar en vigencia la nueva ley, esta entra a regular dicha situación en el estado en que esté, sin perjuicio de que se respete lo ya surtido bajo la ley antigua. Esto es, cuando se trata de simples expectativas, la nueva ley es de aplicación inmediata”.

(...)

“...el efecto general inmediato de la nueva ley no desconoce la Constitución, pues por consistir en su aplicación a situaciones jurídicas que aún no se han consolidado, no tiene el alcance de desconocer derechos adquiridos. De manera más específica señala “(...) en lo que tiene que ver concretamente con las leyes procesales, ellas igualmente se siguen por los anteriores criterios. Dado que el proceso es una situación jurídica en curso, las leyes sobre ritualidad de procedimientos son de aplicación inmediata” (negrillas de la Sala).

Por otra parte, aunque el artículo 40 de la Ley 153 de 1887(3) fue modificado por el artículo 624 del Código General del Proceso,(4) ello no implica que dicho artículo haya perdido su vínculo con la ley de donde proviene y deba adscribirse a los parámetros del Código General del Proceso, pues, sigue siendo el norte en la aplicación de la ley procesal en el tiempo y sus efectos.

Entonces, si los artículos 36 y 41 de la Ley 1592 de 2012, señalan que “la presente ley rige a partir de la fecha de su promulgación (Diario Oficial 48633 de fecha dic. 3/2012) “y deroga todas las disposiciones que le sean contrarias, en particular los artículos 7º, 8º, 42, 43, 45, 47, 48, 49, 55 y 69 de la Ley 975 de 2005”, su interpretación está sometida a los parámetros establecidos en el modificado artículo 40 de la Ley 153 de 1887, en el sentido de que las nuevas leyes concernientes a la ritualidad de los procedimientos, como esta, son de aplicación inmediata, es decir, prevalecen sobre las anteriores desde el momento en que deben empezar a regir, y los actos procesales que ya se han cumplido de conformidad con la ley antigua, deben ser respetados y quedan en firme, pues, no se trata de cuerpos normativos diferentes, sino complementarios.

3.3. La figura de la acumulación de procesos.

Es claro que no todos los intervinientes en el proceso de Justicia y Paz son los llamados a diseñar o planear los cauces procesales mediante los cuales se busca concretar los propósitos de la justicia transicional. Solamente la Fiscalía General de la Nación, que al enfrentar el proceso, debe, conforme a una visión de contexto, fijar criterios fácticos y técnicos de investigación conforme con un mapa de objetivos y prioridades, en donde la acumulación de procesos es una de las principales herramientas para cumplir su deber.

Así lo ha señalado la Sala en precedente que hoy reitera:

“En principio, hay que precisar que el proceso transicional, operativamente, está soportado en la iniciativa del fiscal, quien por tanto actúa como requirente de la mayoría de las decisiones trascendentales de su dinámica (resaltado y subrayado en el original):

“a) Es el encargado de verificar los requisitos de elegibilidad y la voluntad permanente del postulado dirigida a ser beneficiario de la pena alternativa, en consecuencia, a escucharlos en versión libre, a buscar y oír a las víctimas de cada desmovilizado y por tanto a ubicar y traer para el proceso transicional aquellos adelantados en la justicia ordinaria por delitos perpetrados en su accionar armado, a solicitar la medida de aseguramiento por cada delito confesado (auto 9 dic. 2010 rad. 34606), las medidas cautelares sobre los bienes entregados con fines de reparación y restitución, a elaborar y desarrollar el programa metodológico, a imputar y formular los cargos surgidos, lo mismo que a solicitar su legalización; a gerenciar el incidente de reparación integral, y en general, a cumplir con las cargas procesales que le asignó la Ley 975 de 2005”.

“b) En este contexto, es la Fiscalía General de la Nación la que debe contar con un mapa general de los objetivos de la justicia transicional, que a esta altura de su desenvolvimiento, ha de tener, por lo menos inventariados los hechos y delitos confesados, las víctimas generadas por ellos, el perpetrador o victimarios que responden por cada uno, las pruebas con fundamento en las cuales se los imputará, acusará y solicitará condena, aquellas con las cuales se acreditarán los perjuicios, y las medidas de reparación, tanto efectivas como simbólicas, individuales y colectivas”.

“c) En torno de ello debe proyectar los apoyos a las víctimas, al proceso y a su legalidad, a la investigación, a la garantía de los derechos de quienes intervienen ofrecidos por las otras instituciones públicas, las organizaciones no gubernamentales nacionales como internacionales, a los defensores de confianza, a los representantes contractuales de las víctimas, a peritos, etcétera”.

“En ese cometido asignado fundamentalmente a la Fiscalía General de la Nación, esta Sala, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 1º de la Ley 975 de 2005, en materia de unidad procesal, ha facilitado progresivamente su labor: primero, señalando que la imputación podría ser excepcionalmente parcial, luego que las imputaciones así realizadas debían juntarse en la audiencia de legalización de cargos (auto de Justicia y Paz, 21 sep. 2009, rad. 32.022), y posteriormente —criterio que actualmente se mantiene—, admitiendo la posibilidad de emisión de sentencias parciales (CSJ, autos de Justicia y Paz, 13 dic. 2010, rad. 33065 y 23 jul. 2008, rad. 30120)”.

“Todo en aras de permitirle a la Fiscalía que fuera ella la que dispusiera, en su calidad de gestora, gerente y requirente dentro del proceso transicional, el rumbo del mismo; pues dicha institución es la que debe indicarle a los magistrados encargados de orientar los procedimientos, cómo proyectan la distribución de la totalidad de los casos que habrán de reflejarse en las sentencias. Es, de hecho, la que selecciona el orden en que se presenta, tanto los cargos como los desmovilizados a los efectos de las distintas audiencias”.

“d) Lo que se espera de dicha entidad, por tanto, es que tenga un plan general, una visión sistemática, de contexto, de aquello que está imputando y acusando, estableciendo la prioridad que la gravedad de los delitos, las condiciones y la cantidad de víctimas, un patrón o designio común, sus sitios de ubicación, la época de su comisión, la alarma social que causaron, la condición de mando de los perpetradores, entre otros aspectos, hagan más aconsejable”.

“Es también la Fiscalía la que califica los delitos —actividad en la cual se han presentado más discusiones de las necesarias habida consideración de tratarse de una justicia transicional—, para lo cual ha de tener —o estar en proceso de— una contextualización de la macrocriminalidad, especificando cuál es atribuible a los grupos subversivos y cuál a los paramilitares, dividiendo y especificando por bloques, o por lo menos por frentes, para ir decidiendo en cuántos procesos y en cuáles, y cuántas sentencias proferidas contra quiénes, se irá conteniendo la verdad que el país espera de este proceso de reconciliación”.

“Por supuesto, elemental lógica nos invitaría a sostener que es suficiente y conveniente una sola sentencia en razón de los hechos relacionados con el conflicto armado, por lo menos en lo relativo a la violencia producida por los grupos paramilitares, sino fuera porque la complejidad y el tamaño de dicha violencia lo hacen imposible; luego, es competencia de la Fiscalía, en presencia de un plan integral que cubra la totalidad, ir indicando las acumulaciones y las parcialidades cuyo decreto encuentra necesarias para cumplir con su deber. Es, en síntesis este sujeto procesal el único que está legitimado para ejercer dicha facultad”.

“Sin embargo, como viene afirmándose, tales solicitudes deben originarse en un plan completo de proyección de fallos, que de manera posible pueda cumplirse, buscando la acumulación de tantos delitos como aconseje la prudencia y la posibilidad real de sentencias prontas, siempre que se acrediten además los factores de conexidad que hagan viable la medida” (resalta la Corte en esta oportunidad) (CSJ, AP, 17 oct. 2012, rad. 39269).

Bajo las anteriores premisas, debe la Fiscalía analizar la procedencia acumulación de procesos y verificar el cumplimiento de los requisitos de índole formal y material, al igual que el momento oportuno para hacerlo.

3.3.1. En cuanto a la exigencia formal, la prevé el inciso 1º del artículo 20 de la Ley 975 de 2005, el cual no fue modificado por la Ley 1592 de 2012 ni por el Decreto 3011 de 2013, consagrando que se acumularán los procesos que se hallen en curso, siempre y cuando los hechos delictivos se hayan cometido durante y con ocasión de la pertenencia del desmovilizado al grupo armado organizado al margen de la ley, pues, en ningún caso procederá la acumulación de conductas punibles cometidas con anterioridad a la pertenencia del desmovilizado al grupo ilegal.

Es decir, que sin importar que contra un mismo desmovilizado o contra varios cursen diferentes procesos ante la justicia transicional o la ordinaria, son susceptibles de acumularse siempre que el delito se haya cometido durante y con ocasión de su pertenencia al grupo armado ilegal.

3.3.2. Referente a los requisitos materiales, es necesario acudir al artículo 51 de la Ley 906 de 2004, norma aplicable al proceso de Justicia y Paz por razón del principio de complementariedad consagrado en el artículo 62 de la Ley 975 de 2005, que de manera concreta señala los elementos a tener en cuenta para la acumulación de procesos, como son: el acontecer fáctico, las circunstancias de tiempo, modo y lugar de su ocurrencia, la homogeneidad en el modo de actuar, la comunidad probatoria, la coparticipación criminal, etc., así:

ART. 51.—“Conexidad. Al formular la acusación el fiscal podrá solicitar al juez de conocimiento que se decrete la conexidad cuando:

1. El delito haya sido cometido en coparticipación criminal.

2. Se impute a una persona la comisión de más de un delito con una acción u omisión o varias acciones u omisiones, realizadas con unidad de tiempo y lugar.

3. Se impute a una persona la comisión de varios delitos, cuando unos se han realizado con el fin de facilitar la ejecución o procurar la impunidad de otros; o con ocasión o como consecuencia de otro.

4. Se impute a una o más personas la comisión de uno o varios delitos en las que exista homogeneidad en el modo de actuar de los autores o partícipes, relación razonable de lugar y tiempo, y, la evidencia aportada a una de las investigaciones pueda influir en la otra.

PAR.—La defensa en la audiencia preparatoria podrá solicitar se decrete la conexidad invocando alguna de las causales anteriores”.

En conclusión, a petición de la Fiscalía es procedente la acumulación de procesos en Justicia y Paz, sea respecto de uno o varios postulados, siempre que los delitos fueren cometidos durante y con ocasión de la pertenencia del desmovilizado al grupo armado ilegal y los hechos sean conexos.

3.3.3. El momento adecuado para solicitar la unificación procesal ante la justicia transicional, depende de si los procesos que se pretenden atraer están en curso en la justicia ordinaria o en la misma jurisdicción especial de Justicia y Paz, como pasa a explicarse:

La forma y oportunidad para acumular procesos en curso de la justicia ordinaria a la transicional están expresamente reguladas en la Ley de Justicia y Paz, sin necesidad de acudir a otro ordenamiento, el cual, no obstante, ha sufrido variaciones conforme a las modificaciones.

Así, en un comienzo, en vigencia del artículo 11 del Decreto 3391 de 2006(5) (derogado por el D. 3011 de dic. 26/2013), la actuación procesal suspendida en la jurisdicción ordinaria se acumulaba definitivamente al proceso que se rige por la Ley 975 de 2005, respecto del postulado, después de declarada la legalidad de la aceptación de cargos por la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior (CSJ AP, 17 oct. 2012, rad. 39269, reiterado en la providencia de 29 mayo 2013, rad. 41035).

Ahora, bajo la Ley 1592 de 2012, es el artículo 22(6) el que regula tal situación, conforme con la cual, la actuación procesal suspendida en la jurisdicción ordinaria se acumulará definitivamente al proceso que se rige por la Ley 975 de 2005, si el postulado acepta los cargos en la audiencia concentrada de legalización respectiva, realizada ante la Sala de Conocimiento de Justicia y Paz del Tribunal Superior, luego de lo cual, la Sala continuará con el respectivo trámite referente al control material y formal de la aceptación total o parcial de cargos para culminar con el incidente de identificación de las afectaciones causadas a las víctimas.

Con el Decreto 3011 de 2013, los artículos 19(7) y 25(8) señalan que cumplido el trámite de suspensión de procesos en la justicia ordinaria, que se debe realizar hasta antes de la audiencia concentrada de formulación y aceptación de cargos, tales actuaciones se acumularán definitivamente al proceso penal especial de justicia y paz respecto del postulado, una vez sea admitida la aceptación de cargos por parte de la Sala en la sentencia.

En lo concerniente al momento procesal para unificar actuaciones que cursan en justicia y paz, ya sea para agrupar bloques, frentes o cuadrillas, aunque nada específico dice la ley, la Corte, en Sentencia CSJ SP, 22 ene. 2014, rad. 42520, señaló que una mejor comprensión de los contextos de macro-criminalidad y macro-victimización se obtiene a través de la acumulación de las distintas actuaciones por frentes, con miras a emprender de manera conjunta la respectiva audiencia concentrada de formulación, aceptación y legalización de cargos. En efecto, sostuvo:

“No cabe duda, entonces, que la acumulación es un instrumento idóneo para concretar los fines de la Ley 1592 de 2012 y dirigir de manera eficiente el procesos de Justicia y Paz, función que le compete a la fiscalía. Por tanto, la regla para hacer procedente la acumulación no debe fijarse, como lo hace el artículo 51 de la Ley 906 de 2004, tomando como referencia un específico acto procesal, es decir “al formular la acusación” o “en la audiencia preparatoria”, o bien, según el artículo 7º del Decreto 4760 de 2005, “hasta que termine la audiencia de formulación de cargos dispuesta en el artículo 19 de la Ley 975 de 2005” (auto, 25 sep. 2007, rad. 28250), sino conforme con su aptitud para cumplir el conjunto de cometidos y directrices que la Ley 1592 de 2012 y la Resolución 1 del 4 de octubre de 2012 le asignan a la fiscalía, como es la de diseñar la senda a través de la cual aspira a obtener los fallos de Justicia y Paz que satisfagan de la mejor manera posible los fines de verdad, justicia, reparación y garantía de no repetición, según precisos criterios de priorización.

Así las cosas, esta colegiatura no encuentra en los argumentos de apelación de la defensa alguno que tenga la aptitud para negar que, como así lo planteó la fiscalía, una mejor comprensión del verdadero contexto de los fenómenos de macrocriminalidad y macrovictimización se obtiene a través de la acumulación por frentes de las distintas actuaciones, con miras a emprender de manera conjunta la respectiva audiencia concentrada de formulación, aceptación y legalización de cargos. Si esa es la estrategia de la Fiscalía para afrontar su misión respecto del bloque Bananero de las Autodefensas, bien hizo la Sala de Justicia y Paz de Medellín al acceder a la acumulación reclamada, sin que a su determinación se le puedan oponer argumentos de supuestas ilegalidades que ninguna o muy escasa incidencia tendrían frente a la posición de las víctimas o los fines de la justicia transicional” (negrillas de la Sala).

Lo anterior sugiere que es al inicio de la audiencia concentrada y a instancias de la Fiscalía, que se debe solicitar la acumulación de procesos, para que previa motivación acerca del cumplimiento de los requisitos previstos en el artículos 22 de la Ley 1592 de 2012 y 51 de la Ley 906 de 2004, relativos a que los delitos se hayan cometido durante y con ocasión de la pertenencia del desmovilizado al grupo armado ilegal y sean conexos, resuelva la Sala de Conocimiento de Justicia y Paz.

En caso de que decida unificarlos, dispondrá se continúe con la audiencia concentrada, para que de forma conjunta se realice la formulación, aceptación y legalización de cargos, prosiga con el incidente de reparación integral y culmine con la sentencia.

Además, si la unificación no se dispusiera en este momento, carecería de utilidad para cumplir los principios procesales, en especial los de celeridad y economía, pues, lo que se pretende, bajo los lineamientos que ha fijado la Corte, es que la actuación se lleve de manera conjunta e ininterrumpida y que se legalicen en un solo acto los cargos previamente formulados y aceptados.

Esta hermenéutica armoniza con el hecho de que la Ley 1592 de 2012 modificó la competencia para conocer de la formulación y aceptación de cargos y la radicó en las Salas de Conocimiento de Justicia y Paz de los distintos tribunales. Es entonces a partir de allí cuando procede el requerimiento de acumulación por la Fiscalía, que es a la que corresponde fijar la estrategia procesal para implementar el procesamiento conjunto de las actuaciones, con miras a cumplir los fines de la Ley 975 de 2005, solución que satisface el interés preponderante de las víctimas.

4. Del caso concreto.

4.1. Como los procesos cuya acumulación se pide se refieren a hechos cometidos durante y con ocasión de la pertenencia de los postulados al grupo armado ilegal, procede la Sala a establecer si los mismos cumplen con los presupuestos señalados en las normas procesales, con el fin de unificarlos de acuerdo con la Ley 1592 de 2012, así:

(i) 4 procesos con formulación de cargos ante el magistrado de control de garantías y remitidos a la Sala de Conocimiento del Tribunal para Control de Legalidad, antes de la vigencia de la Ley 1592 de 2012.

(ii) 3 procesos con formulación de imputación ante el magistrado de control de garantías, pero que ante la vigencia de la Ley 1592 de 2012 se solicitó audiencia concentrada ante la Sala de Conocimiento.

(iii) 10 procesos con formulación de imputación ante el magistrado de control de garantías, sin remisión a la sala de conocimiento al momento de la solicitud de acumulación.

Pues bien, al proceso al cual se procura realizar la acumulación se encuentra en la etapa de control de legalidad de cargos ante la Sala de Conocimiento conforme al rito de la Ley 975 de 2005, desde el 5 de febrero de 2012. No obstante, la audiencia tan solo se instaló y fue suspendida para tramitar la apelación de un auto que había ordenado una acumulación de oficio, que fue revocada por la Corte el 14 de agosto de 2012.

Reiniciada la audiencia de legalización de cargos el 5 de febrero de 2013, ya en vigencia de la 1592 de 2012, se reitera, la Fiscalía 20 Delegada solicitó la acumulación por conexidad, objeto de estudio.

Bajo este panorama observa la Sala que los procesos que se pretenden acumular ya cumplieron con todas las etapas ante el magistrado de control de garantías, sea porque culminaron las audiencias de imputación y formulación de cargos bajo la Ley 975 de 2005, o por lo menos con la primera, teniendo en cuenta que la segunda se hizo innecesaria por la entrada en vigencia de la Ley 1592 de 2012, que la suprimió.

Entonces, le asiste razón al recurrente, pues están en el mismo estadio procesal, es decir, para dar curso a la audiencia concentrada de formulación y legalización de cargos ante la Sala de Conocimiento de Justicia y Paz, el cual se erige como el momento oportuno para implementar el procesamiento conjunto de las actuaciones, con miras a cumplir con los fines de la Ley 975 de 2005, satisfaciendo de paso el interés preponderante de las víctimas.

Debe recordarse, que si bien en el proceso base se instaló la audiencia de legalización de cargos conforme la Ley 975 de 2005 desde febrero de 2012, durante este tiempo no se surtió ningún trámite de su esencia, ya que tan solo se dio curso a la apelación de un auto que había ordenado una acumulación de oficio, el que, se repite, revocó la Corte el 14 de agosto de 2012; por tanto, al reiniciarse ahora su trámite, debe realizarse bajo los cánones de la Ley 1592 de 2012, ya que el solo hecho de la instalación de la audiencia de legalización de cargos, no la incluye dentro de las excepciones previstas en el artículo 40 de la Ley 153 de 1887, toda vez que no se ha desarrollado como tal dicha diligencia de la Ley 975 de 2005.

Tampoco los efectos del tránsito de legislación previstos en el artículo 40 de la Ley 153 de 1887(9) impiden que se aplique de forma inmediata la Ley 1592 de 2012, por tratarse de una ley que regula situaciones jurídicas en curso, sin perjuicio de que los actos procesales cumplidos de conformidad con la ley antigua, sean respetados y queden en firme.

De esta manera, no encuentra la Sala escollo alguno para que se acumulen y continúen bajo la nueva Ley, más aún cuando está descartada la tesis del tribunal de que la Ley 1592 de 2012 constituye un proceso independiente e irreconciliable con el previsto en la Ley 975 de 2005. Al efecto, obsérvese el proyecto de Ley 096 de 2011 que cursó ante el Congreso, el cual hacía referencia a “modificaciones a la Ley 975 de 2005”, “reforma parcial a la Ley 975 de 2005”, o incluso el título de la ley, que no deja dudas sobre ese particular: “Por medio de la cual se introducen modificaciones a la Ley 975 de 2005...”; por ello, resulta acertada la manifestación del recurrente al afirmar que las leyes en mención no son incompatibles, sino complementarias.

En consecuencia, la Sala confirmará la decisión del tribunal de acumulación de los procesos seguidos contra Jhonny Albeiro Arias, Francisco Antonio Galeano Montaño y Deivis Ferney Vela Bohórquez, pero revocará la que negó la misma respecto de los postulados Jorge Abad Giraldo Loaiza, Nelson Enrique Jaramillo Cardona, Gabriel Rodolfo Luján García, Givert Hemir Murillo Parra, John Davis Patiño Hernández, Luis Eduardo Pérez Ruiz, Jesús María Restrepo Arroyave y Luis Alfonso Sotelo Martínez, para en su lugar decretar la acumulación, con el fin de que continúen bajo los parámetros de la Ley 1592 de 2012.

4.2. En cuanto al pronunciamiento del tribunal negando la acumulación de los procesos seguidos contra los ya sentenciados Edwin Yamid Alzate Correa,(10) Jaider Alexis Cardona Rojas,(11) Mónica Castaño Acevedo,(12) Edwin Fabián García Cardona(13) y Julián Esteban Rendón Vásquez,(14) la Corte lo considera acertado, ya que continuaron delinquiendo luego de su desmovilización y se encuentran condenados con sentencia en firme.

Ahora, pese a que el conocimiento de tal situación lo obtuvo por parte de otro postulado y no de la Fiscalía, no se duda sobre el particular, pues, el a quo relató en forma detallada los hechos y fechas de las sentencias, lo cual no fue desmentido o controvertido por la fiscalía o los defensores. Así, registrada esta situación como cierta, es innegable que a más de evidenciarse la falta de lealtad y compromiso de los desmovilizados, la acumulación devendría inane, pues desatendería sus caros objetivos cuales son propiciar la materialización de los principios de justicia, verdad y reparación de forma célere y oportuna a través de una sola sentencia, y por el contrario retrasaría el procedimiento transicional al pretender acumular para luego excluir.

Acerca de este punto, es innegable la falta de diligencia de la Fiscalía, ya que debe estar al tanto de las situaciones de exclusión de los postulados, teniendo la obligación de acudir ante la Sala de Conocimiento a fin de obtener su desvinculación y evitar actuaciones que a la postre tan solo devendrían dilatorias de otros procesos, pues, como lo ha dicho la Corte Constitucional:

“6.20. Con respecto al procedimiento a seguir, habrá de destacarse inicialmente, que la decisión de excluir a un postulado del proceso de justicia y paz debe ser adoptada en audiencia pública por la correspondiente Sala de Conocimiento de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Distrito Judicial, a solicitud del fiscal del caso, y debe estar motivada fáctica, probatoria y jurídicamente (L. 975, arts. 11A y 13). Ciertamente, si el postulado incumple los requisitos de elegibilidad o alguna obligación legal o judicial, no obstante que el Gobierno lo haya incluido en lista, es obligación del fiscal delegado acudir ante la Sala de Conocimiento de Justicia y Paz, a fin de obtener la desvinculación de la persona en audiencia a través del mecanismo de la exclusión.

6.21. La decisión de exclusión del proceso de Justicia y Paz, por no cumplir con los requisitos de elegibilidad, puede tener lugar en cualquier momento de la actuación, esto es, tanto en el curso del proceso (investigación y juzgamiento) como en la etapa de ejecución de la sentencia, una vez se ponga en evidencia la situación de incumplimiento (L. 975, art. 11A). Como se mencionó, tal decisión le corresponde adoptarla a la Sala de Justicia y Paz con Funciones de Conocimiento de los Tribunales Superiores, lo cual se explica en el hecho de que dicha determinación privaría al postulado de gozar del derecho a la pena alterativa, esto es, de ser parte de los beneficios de la Ley 975 de 2005” (se destaca) (CC, C-752/2013).

Acorde con lo manifestado, la Sala confirmará la decisión del tribunal de negar la acumulación de los procesos que se siguen contra Edwin Yamid Alzate Correa, Jaider Alexis Cardona Rojas, Mónica Castaño Acevedo, Edwin Fabián García Cardona y Julián Esteban Rendón Vásquez.

4.3. Por último, comparte la Sala los argumentos del defensor de Juan Carlos Sierra Ramírez, alias “el tuso”, tendientes a que se revoque la acumulación ordenada, toda vez que su patrocinado no cumple con los requisitos de conexidad, por falta de homogeneidad en la actuación y en las circunstancias temporo-espaciales que permitan afirmar su participación en los hechos realizados por los demás postulados, como masacres, desplazamiento forzado, homicidios, etc., es decir, porque “no actuó ni como autor intelectual ni como promotor o financiador de ese tipo de conductas delictivas”, ya que su actividad se circunscribió a financiar a las Autodefensas con el narcotráfico en las zonas de Córdoba y Sur de Bolívar, y no en el norte de Antioquia, a donde fue llevado para que se desmovilizara con el bloque Héroes de Granada, por orden del estado mayor de esa organización.

Así, evidente como aparece que el postulado Sierra Ramírez no formó parte del bloque Héroes de Granada y su vinculación tardía solo obedeció a la búsqueda de beneficios personales, es claro que no cumple con los presupuestos sentados en el artículo 51 de la Ley 906 de 2004, dirigidos a unificar actuaciones que reúnan la homogeneidad en el modo de actuar, relación razonable de lugar y tiempo verificable o incidencia de la prueba, que congloben patrones de macrocriminalidad y macrovictimización, como es el propósito de la figura.

En consecuencia, se ordenará revocar la decisión de acumulación dispuesta por la Sala de Conocimiento de Justicia y Paz del tribunal, para negarla.

Sin embargo, la Corte no puede pasar por alto la oportunidad para advertir al fiscal del caso acerca de la necesidad de verificar de manera profunda el acopio probatorio recogido, en aras de determinar en qué condición particular se encuentra el postulado Sierra Ramírez respecto del trámite de justicia y paz, pues, siguiendo las afirmaciones de su defensor, puede observarse que su labor se ha limitado al tráfico de narcóticos y no se tiene claro si ello es consecuencia de que la dicha tarea se le asignara en calidad de miembro activo de un grupo paramilitar, o si la conducta deriva de un particular interés y beneficio ajeno a los designios de la agrupación.

En otras palabras, conforme lo ha precisado la Sala en recientes pronunciamientos (CSJ AP, 12 feb. 2014, rad. 42686 y CSJ AP, 21 mayo 2014, rad. 39960) , si bien por sí misma la actividad del narcotráfico no faculta que se excluya al postulado del proceso reglado de la Ley 975 de 2005, y ni siquiera el delito en cuestión debe ser objeto de ese tratamiento, sí se hace necesario verificar si a pretexto de pertenecer a las autodefensas, la persona simplemente se dedicó al tráfico de estupefacientes en su particular interés, esto es, en condición de los llamados narcotraficantes puros, caso en el cual debe ser excluido de la especial tramitación.

4.4. Frente a las críticas que hace el defensor de Luis Eduardo Pérez Ruíz, en el sentido de que no fue citado a la diligencia, la Sala no hará ningún pronunciamiento, no solo porque no está debatiendo el auto del tribunal, sino también porque su inconformidad carece de sustento, debido a que sí estuvo en el acto y en últimas no expresó inconformidad alguna con lo decidido.

En mérito de lo expuesto, la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia,

RESUELVE:

1. Revocar parcialmente el numeral 1º del auto impugnado, proferido por la Sala de Conocimiento de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Medellín, en el sentido que no procede la acumulación del proceso adelantado contra el desmovilizado Juan Carlos Sierra Ramírez. Se confirma, por consiguiente, la acumulación de procesos decretada respecto de los postulados Johnny Albeiro Arias, Francisco Antonio Galeano Montaño y Deivis Ferney Vela Bohórquez.

2. Revocar en su integridad el numeral 2º del citado proveído, para en su lugar ordenar la acumulación a la presente causa de los procesos adelantados contra Jorge Abad Giraldo Loaiza, Nelson Enrique Jaramillo Cardona, Gabriel Rodolfo Luján García, Givert Hemir Murillo Parra, John Davis Patiño Hernández, Luis Eduardo Pérez Ruiz, Jesús María Restrepo Arroyave y Luis Alfonso Sotelo Martínez, los cuales continuarán impulsándose bajo los parámetros de la Ley 1592 de 2012.

3. Confirmar el numeral 3º de la providencia apelada, que contiene la decisión de negar la acumulación de los procesos que se siguen en contra de Edwin Yamid Alzate Correa, Jaider Alexis Cardona Rojas, Mónica Castaño Acevedo, Edwin Fabián García Cardona y Julián Esteban Rendón Vásquez.

4. Confirmar en lo demás la determinación impugnada.

Contra la presente decisión no procede recurso alguno.

Cúmplase y devuélvase al tribunal de origen».

(2) C-200 de 2000.

(3) Artículo 40, Ley 153 de 1887. Las leyes concernientes a la sustanciación y ritualidad de los juicios prevalecen sobre las anteriores desde el momento en que deben empezar a regir. Pero los términos que hubieren empezado a correr, y las actuaciones y diligencias que ya estuvieren iniciadas, se regirán por la ley vigente al tiempo de su iniciación.

(4) Artículo 624, Ley 1564 de 2012. Modifíquese el artículo 40 de la Ley 153 de 1887, el cual quedará así:

“ART. 40.—Las leyes concernientes a la sustanciación y ritualidad de los juicios prevalecen sobre las anteriores desde el momento en que deben empezar a regir.

Sin embargo, los recursos interpuestos, la práctica de pruebas decretadas, las audiencias convocadas, las diligencias iniciadas, los términos que hubieren comenzado a correr, los incidentes en curso y las notificaciones que se estén surtiendo, se regirán por las leyes vigentes cuando se interpusieron los recursos, se decretaron las pruebas, se iniciaron las audiencias o diligencias, empezaron a correr los términos, se promovieron los incidentes o comenzaron a surtirse las notificaciones.

La competencia para tramitar el proceso se regirá por la legislación vigente en el momento de formulación de la demanda con que se promueva, salvo que la ley elimine dicha autoridad”.

(5) Artículo 11 del Decreto 3391 de 2006. Acumulación de procesos. “De conformidad con los artículos 16 y 20 de la Ley 975 de 2005, para los efectos procesales se acumularán todos los procesos que se hallen en curso o deban iniciarse por hechos delictivos cometidos durante y con ocasión de la pertenencia del desmovilizado a un grupo armado organizado al margen de la ley, de lo cual será informado. En ningún caso procederá la acumulación por conductas punibles cometidas con anterioridad a la pertenencia del desmovilizado al grupo armado organizado al margen de la ley.

Si en relación con el desmovilizado existe medida de aseguramiento de detención dictada en otro proceso, recibida la lista de postulados elaborada por el Gobierno Nacional en la forma prevista por el artículo 1º del Decreto 2898 de 2006, el fiscal delegado asignado de la Unidad Nacional de Justicia y Paz, una vez cumplidas las averiguaciones de que tratan los artículos 15 y 16 de la Ley 975 de 2005 y obtenidas las copias pertinentes de las actuaciones procesales solicitadas por él, le recibirá versión libre. Si el desmovilizado se encuentra privado de la libertad por orden de otra autoridad judicial, continuará en esa situación. En todo caso, una vez adoptada la medida de aseguramiento por el magistrado de control de garantías dentro del proceso de Justicia y Paz, que incluya los hechos por los cuales se profirió la detención en el otro proceso, este se suspenderá, respecto del postulado, hasta que termine la audiencia de formulación de cargos dispuesta en el artículo 19 de la Ley 975 de 2005. En esta se incluirán aquellos por los cuales se ha impuesto medida de aseguramiento en el proceso suspendido siempre y cuando se relacionen con conductas punibles cometidas durante y con ocasión de la pertenencia del desmovilizado al grupo armado organizado al margen de la ley.

Declarada la legalidad de la aceptación de los cargos por la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Distrito Judicial, la actuación procesal suspendida se acumulará definitivamente al proceso que se rige por la Ley 975 de 2005 respecto del postulado. Sin embargo, en caso de que no acepte los cargos o se retracte de los admitidos, inmediatamente se avisará al funcionario judicial competente para la reanudación del proceso suspendido. Mientras se encuentre suspendido el proceso judicial ordinario no correrán los términos de la actuación penal en relación con el imputado que se acoge a los beneficios de la Ley 975 de 2005...” (se destaca).

(6) Ley 1592 de 2012, artículo 22. Suspensión de investigaciones. “Una vez en firme la medida de aseguramiento y hasta antes de proferir sentencia en la justicia ordinaria contra un postulado al proceso de justicia y paz, respecto de un hecho cometido durante y con ocasión de su pertenencia al grupo armado organizado al margen de la ley, el fiscal que estuviere conociendo el caso en la jurisdicción ordinaria suspenderá la investigación. Si el proceso en la jurisdicción ordinaria estuviere en etapa de juicio, el juez respectivo ordenará la suspensión. La investigación o el juicio únicamente serán suspendidos respecto de la persona vinculada y del hecho que fundamentó su vinculación. El fiscal o el juez de la justicia ordinaria informarán a la Unidad Nacional de Fiscalías para la Justicia y la Paz enviando copia de la decisión de fondo adoptada y de la suspensión.

PAR.—La suspensión del proceso en la jurisdicción ordinaria será provisional hasta la terminación de la audiencia concentrada de formulación y aceptación de cargos realizada ante la Sala de Conocimiento de Justicia y Paz del Tribunal Superior del Distrito Judicial correspondiente, y será definitiva, para efectos de acumulación, si el postulado acepta los cargos. Para estos efectos, también se suspenderá el término de prescripción del ejercicio de la acción penal en la jurisdicción ordinaria, hasta la terminación de la audiencia concentrada de formulación y aceptación de cargos” (se destaca).

(7) Artículo 19 del Decreto 3011 de 2013. Solicitud de suspensión de investigaciones y procesos penales en curso por hechos cometidos por él postulada durante y con ocasión de su pertenencia al grupo armado organizado al margen de la ley. “Previo a la realización de la diligencia de versión libre el fiscal delegado solicitará, ante los fiscales o las autoridades judiciales correspondientes copia de los expedientes de todas las investigaciones y los procesos penales que cursen en contra del postulado por hechos cometidos durante y con ocasión de su pertenencia al grupo armado organizado al margen de la ley.

Una vez recopiladas las copias de los expedientes, el fiscal delegado de justicia y paz solicitará, ante las autoridades judiciales ordinarias competentes, la suspensión de los procesos penales que cursen en la jurisdicción ordinaria en contra del postulada por hechos: cometidos durante y con ocasión de su pertenencia al grupo armado organizado al margen de la ley, de conformidad con el artículo 22 de la Ley 975 de 2005, modificado por el artículo 22 de la Ley 1592 de 2012. En cualquier caso, la solicitud de suspensión de procesos procederá hasta antes de la audiencia concentrada de formulación y aceptación de cargos del proceso penal especial de Justicia y Paz.

PAR.—El fiscal delegado solicitará a las autoridades judiciales correspondientes copia de los expedientes de procesos en curso o condenas por delitos comunes con el fin de nutrir la información del expediente del postulado, especialmente frente al tema de bienes no entregados y delitos cometidos con posterioridad a la desmovilización”.

(8) Artículo 25 del Decreto 3011 de 2013. Acumulación de procesos y de penas. “De conformidad con el artículo 20 de la Ley 975 de 2005, para efectos procesales, se acumularán todos los procesos que se hallen en curso y las penas contenidas en sentencias ejecutoriadas por hechos delictivos cometidos, durante y con ocasión de la pertenencia del desmovilizado a un grupo armado organizado al margen de la ley. En ningún caso procederá la acumulación por conductas punibles cometidas antes o después de la pertenencia del postulado al grupo armado organizado al margen de la ley.

Admitida la aceptación de los cargos por la Sala en la sentencia, las actuaciones procesales suspendidas se acumularán definitivamente al proceso, penal especial de justicia y paz; respecto del postulado. Mientras el proceso judicial ordinario se encuentre suspendido no correrán los términos de prescripción de la acción penal. En caso de que el imputado no acepte los cargos o se retracte de los admitidos, inmediatamente se avisará al funcionario judicial competente para la reanudación del proceso suspendido” (se destaca).

(9) Modificado por el artículo 624 de la Ley 1564 de 2012, Código General del Proceso.

(10) Condenado por el Juzgado Penal del Circuito de la Ceja (Antioquia) el 12 de diciembre de 2005 a la pena de 29 años de prisión por los homicidios de Maria Rosalba Tobón de Tobón y José Daniel Tobón Tobón ocurridos el 23 de agosto de 2005, y el mismo juzgado lo condenó a 18 años 8 meses de prisión por el homicidio de Hernán de Jesús Rivera Pérez ocurrido el 5 de agosto de 2005.

(11) Condenado por el Juzgado Tercero Penal del Circuito de Rionegro el 26 de julio de 2007 a 20 años de prisión por los homicidios de Fernando Aguirre y Cristian Camilo Mellan ocurridos el 1º de mayo de 2006.

(12) Condenada por el Juzgado 3º Penal del Circuito de Bello a la pena de 28 años 9 meses por el homicidio de Jevenal Alonso Mesa ocurrido el 6 de agosto de 2005.

(13) Condenado por el Juzgado Primero Penal del Circuito de Marinilla a la pena de 5 años de prisión por el delito de fabricación tráfico y porte de armas de fuego.

(14) Condenado por el Juzgado Promiscuo del Circuito de Santa Bárbara el 10 de octubre de 2006 a 32 años de prisión por el homicidio de Jhonatan Zapata ocurrido el 8 de diciembre de 2005.