Auto AP3139-2017/50234 de mayo 17 de 2017

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA DE CASACIÓN PENAL

AP3139-2017

Rad. 50.234

Magistrada Ponente:

Dra. Patricia Salazar Cuéllar

(Legis considera conveniente que los datos de las partes y terceros sean suprimidos por las iniciales de los nombres y apellidos, con el propósito de proteger los derechos contemplados en el artículo 15 de la Constitución Política).

(Aprobado Acta Nº 154)

Bogotá D.C., diecisiete de mayo de dos mil diecisiete.

Asunto

La Sala se pronuncia sobre la definición de competencia para conocer de la autorización para realizar búsqueda selectiva en base de datos, solicitada por la fiscal 7ª adscrita a la Dirección Nacional de Fiscalías Especializadas en Justicia Transicional, ante una magistrada con función de control de Garantías de la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá.

I. Antecedentes procesales pertinentes

1.1. En audiencia preliminar del 27 de abril de 2017, la prenombrada fiscal solicitó autorización para realizar búsqueda selectiva en diversas bases de datos, con el propósito de obtener información financiera y de bienes de H. H. A. N.

1.2. En sustento de su petición, expone, el señor H. H. A. N. —exgobernador de Santander—, mediante sentencia del 14 de agosto de 2013 (única instancia Nº 37.915) fue condenado por la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia a las penas de 108 meses de prisión y multa de 10.750 salarios mínimos legales mensuales, como autor responsable del delito de concierto para promover grupos armados al margen de la ley (art. 340 inc. 2º C.P.).

En la mencionada decisión, resalta, se determinó que el sentenciado se alió con miembros de grupos paramilitares con el propósito de ser elegido como Gobernador de Santander. Ello, puntualiza, en el marco del plan de infiltración y cooptación del Estado en diversos niveles del poder público, llevado a cabo por la Autodefensas Unidas de Colombia.

1.3. Tanto la Corte Suprema de Justicia como los tribunales de justicia y paz, asegura, han exhortado a la Fiscalía para que emprenda las acciones legales pertinentes, destinadas a perseguir los bienes de personas condenadas por “parapolítica”, a fin de incorporar recursos al Fondo de Reparación de Víctimas.

1.4. En tal virtud, expone, la Fiscalía requiere consultar bases de datos a fin de ubicar bienes del condenado y, posteriormente, solicitar, en primer término, la aplicación de medidas cautelares sobre los mismos; en segundo lugar, la extinción del derecho del dominio para que los bienes puedan ser utilizados para la reparación de las víctimas de los delitos cometidos tanto por los paramilitares como por sus auxiliadores, promotores y patrocinadores.

1.5. La magistrada de turno, en función de control de garantías, se abstuvo de correr traslado a los sujetos intervinientes y aplicó el procedimiento previsto en el artículo 54 de la Ley 906 de 2004 (en adelante C.P.P.), declarando su falta de competencia para resolver la solicitud. En su criterio, por concernir la petición a una persona juzgada y condenada por la jurisdicción ordinaria, no a un desmovilizado postulado y admitido en el proceso penal especial de justicia y paz, el competente para decidir el asunto es un juez de control de garantías ordinario. Subsidiariamente, considera que así estuviera facultada legalmente para resolver el asunto por razones de especialidad, el competente por el factor territorial, en todo caso, sería un magistrado de control de garantías de la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Bucaramanga, por haber ocurrido los hechos en ese distrito judicial.

II. Consideraciones

2.1. De conformidad con los artículos 62 de la Ley 975 de 2005 y 32-4 del C.P.P., la Corte Suprema de Justicia está facultada para definir la competencia cuando se trate de tribunales, lo cual ciertamente ocurre en el presente caso por estar involucrada a la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Bogotá.

El incidente de definición de competencia es un mecanismo previsto por el art. 54 del C.P.P. para determinar, en caso de duda, cuál de los distintos jueces o magistrados es el indicado para conocer del juzgamiento o para ocuparse de determinadas cuestiones.

2.2. El inc. 3º del art. 13 de la Ley 975 de 2005, modificado por el art. 9º de la Ley 1592 de 2012, dispone que en audiencia preliminar, ante el magistrado de control de garantías que designe el tribunal respectivo, se tramitarán los siguientes asuntos:

1. La práctica de una prueba anticipada que por motivos fundados y de extrema necesidad se requiera para evitar la pérdida o alteración del medio probatorio.

2. La adopción de medidas para la protección de víctimas y testigos.

3. La solicitud y la decisión de imponer medida de aseguramiento.

4. La solicitud y la decisión de imponer medidas cautelares sobre bienes.

5. La formulación de la imputación.

6. La formulación de cargos.

7. Las que resuelvan asuntos similares a los anteriores.

Tales solicitudes, desde luego, han de circunscribirse al objeto del proceso de justicia y paz, cifrado, según el art. 1º inc. 1º de la Ley 975 de 2005, en facilitar los procesos de paz y la reincorporación individual o colectiva a la vida civil de miembros de grupos armados organizados al margen de la ley, garantizando los derechos de las víctimas a la verdad, la justicia y la reparación.

A su turno, el art. 2.2.5.1.1.1 del Decreto Único del Sector Justicia —Nº 1069 de 2015—, en punto de la naturaleza del proceso penal especial de justicia y paz, preceptúa que el trámite consagrado en la Ley 975 de 2005 es un un mecanismo de justicia transicional, de carácter excepcional, a través del cual se investigan, procesan, juzgan y sancionan crímenes cometidos en el marco del conflicto armado interno por personas desmovilizadas de grupos armados organizados al margen de la ley que decisivamente contribuyen a la reconciliación nacional y que han sido postuladas a este proceso por el Gobierno Nacional, únicamente por hechos cometidos durante y con ocasión a su pertenencia al grupo.

Este proceso penal especial, agrega la norma, busca facilitar la transición hacia una paz estable y duradera con garantías de no repetición, el fortalecimiento del Estado de Derecho, la reincorporación individual o colectiva a la vida civil de miembros de grupos armados organizados al margen de la ley y la garantía de los derechos de las víctimas.

La especialidad del proceso penal de justicia y paz, en tanto mecanismo de justicia transicional (art. 8º Ley 1448 de 2011), estriba en el sometimiento del desmovilizado a la justicia para que, verificado el cumplimiento de determinados requisitos -confesión, aceptación de cargos, reparación de las víctimas, entre otros-, acceda a un tratamiento penal diferenciado, concretado en la pena alternativa (art. 29 Ley 975 de 2005).

Que la jurisdicción de Justicia y Paz, así como los procedimientos a ella pertenecientes son aplicables con exclusividad a sujetos calificados, a saber, los desmovilizados de grupos armados organizados al margen de la ley, se ve ratificado por el art. 2.2.5.1.2.1 del Decreto 1069 de 2015, acorde con el cual al procedimiento especial de justicia y paz, dividido en etapa judicial y administrativa, se accede con la postulación por parte de quien se desmoviliza y la presentación del Gobierno nacional de las listas de postulados a la Fiscalía General de la Nación.

Fuerza concluir, entonces, que el factor preponderante para la determinación de la competencia de los tribunales de justicia y paz es el personal (ratione personae), pues los procedimientos están concebidos para resolver las vicisitudes propias de la rendición judicial de cuentas de los desmovilizados —postulados y admitidos— en el proceso de justicia y paz, no para ser aplicados a quienes simplemente cometan determinados delitos (ratione materiae).

Bajo esa óptica, ha de entenderse que la competencia de los magistrados con función de control de garantías de las salas de justicia y paz (art. 13 inc. 3º Ley 975 de 2005) se limita a la resolución de los asuntos taxativos (nums. 1º al 6º) y residuales (num. 7º) que han de discutirse en audiencias preliminares, siempre y cuando pertenezcan al objeto del proceso especial de justicia y paz, a saber, investigación y juzgamiento de los desmovilizados postulados y admitidos.

Desde luego, el derecho a la reparación de las víctimas es uno de los componentes fundamentales del proceso de reconciliación nacional a que sirve la Ley de Justicia y Paz (arts. 4º y 8º Ley 975 de 2005). Sin embargo, ello no quiere decir que cualquier medida de reparación a favor de víctimas de delitos cometidos por miembros de grupos armados al margen de la ley o de personas con ellos vinculadas active la competencia de la jurisdicción de justicia y paz, como si las medidas restaurativas, por sí mismas, fueran objeto del mencionado proceso penal especial. No. La reparación judicial, tramitada mediante las formalidades de la Ley de Justicia y Paz, es una medida accesoria a la declaración de responsabilidad penal diferenciada, que se materializa en la imposición de una pena alternativa.

En efecto, el art. 42 ídem establece que los miembros de los grupos armados que resulten beneficiados con las disposiciones previstas en esta ley tienen el deber de reparar a las víctimas de aquellas conductas punibles por las cuales fueren condenados mediante sentencia judicial. En ese entendido, de acuerdo con los arts. 24 y 43 ídem, en la sentencia condenatoria, además de la fijación de las penas principales, accesorias y alternativas, se incluirán las obligaciones de reparación moral y económica a las víctimas, así como la extinción del dominio de los bienes que se destinarán a la reparación.

2.3. Contrastada la solicitud y sus fundamentos con las anteriores premisas, salta a la vista que a la magistrada con función de control de garantías de la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Bogotá no le compete resolverla, como quiera que el sentenciado cuyos bienes pretenden ser perseguidos con propósitos de reparación de víctimas no hizo parte del proceso penal especial de justicia y paz. El señor H. H. A. N., quien fuere juzgado y condenado por el máximo tribunal de la Jurisdicción Ordinaria, no es desmovilizado de un grupo organizado al margen de la ley ni mucho menos fue postulado y admitido en el proceso especial de justicia transicional, regulado por la Ley 975 de 2005.

Ello constituye razón suficiente para que la Sala de Justicia y Paz del Tribunal de Bogotá se haya abstenido de resolver la petición de búsqueda selectiva en base de datos.

Por supuesto, el art. 54 inc. 3º de la Ley 975 de 2005, adicionado por el art. 177 de la Ley 1448 de 2011 —Ley de Víctimas—, dispone que el Fondo de Reparación para las víctimas de la violencia estará conformado, entre otras fuentes, por: a) el producto de las multas impuestas a los individuos o a los grupos armados al margen de la ley, en el marco de procesos judiciales y administrativos. Mas ello no implica una asignación abierta e indiscriminada de competencia para decidir una solicitud tendiente a la reparación de aquellas a los tribunales de justicia y paz, que incluya a personas que no participan ni participaron del plurimencionado proceso penal especial.

Aunado a lo anterior, si la búsqueda selectiva en base de datos (art. 244 del C.P.P.), como lo expuso la fiscal, es un paso investigativo antecedente para promover la extinción de dominio de los bienes de H. H. A. N., quien fuere condenado por la jurisdicción ordinaria, hay fundamentos legales para asignar la competencia al juez de control de garantías, en los términos establecidos en el Código de Procedimiento Penal. Así lo establece el art. 26-2 del Código de Extinción de Dominio —Ley 1708 de 2014—, de acuerdo con el cual en la fase inicial, las técnicas de indagación e investigación y los actos especiales de investigación como la interceptación de comunicaciones, los allanamientos y registros, la búsqueda selectiva en bases de datos, las entregas vigiladas, la vigilancia y seguimiento de personas, la vigilancia de cosas, la recuperación de información dejada al navegar por internet y las operaciones encubiertas se aplicarán los procedimientos previstos en la Ley 906 de 2004.

En ese entendido, al tenor de los arts. 154-9 y 39 inc. 1º —modificado por el art. 48 de la Ley 1453 de 2011— del C.P.P., en concordancia con la Sent. C-336 de 2007, la Sala asigna la competencia para resolver la solicitud en cuestión a los jueces de control de garantías de la ciudad de Bogotá.

Por una parte, debido a que, por expresa disposición legal (art. 39 inc. 1º del C.P.P.) los jueces de garantías tienen competencia nacional; por otra, teniendo en cuenta que, por cuestiones de razonabilidad, no hay motivos objetivos para que el asunto sea decidido en un distrito judicial diferente(1). En primer lugar, como quiera que el señor H. H. A. N. fue condenado por la Corte Suprema de Justicia y, en tal virtud, la pena es vigilada por un Juzgado de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Bogotá (Nº 17)(2); en segundo término, por cuanto la búsqueda selectiva en base de datos que pretende realizar la Fiscalía se dirige a entidades y personas jurídicas con domicilio en esta ciudad —Datacrédito, CIFIN, DIAN, UIAF, Migración Colombia, entre otras—; como tercera medida, dado que la sede de la Unidad de Fiscalías para la Justicia Transicional, encargada de la persecución de bienes de personas condenadas por delitos vinculados al paramilitarismo está ubicada en Bogotá y, finalmente, porque siendo la extinción de dominio una acción constitucional, de carácter real y contenido patrimonial, que procede sobre los bienes, independientemente de quien los tenga en su poder o los haya adquirido (art. 17 Ley 1708 de 2014), impertinente se ofrece el lugar de ocurrencia de los hechos que fundamentan la condena penal, mientras que desconociendo por ahora la Fiscalía cuáles son los bienes del sentenciado cuyo dominio pretende extinguir (para ubicarlos es que acude a la búsqueda selectiva en base de datos) es incierta la competencia territorial para el juzgamiento ante los Juzgados de Circuito Especializados de Extinción de Dominio (art. 35 Ley 1708 de 2014).

En mérito de lo expuesto la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia,

RESUELVE

1. declarar que a los jueces penales municipales con función de control de garantías de Bogotá les compete resolver la solicitud de autorización para realizar búsqueda selectiva en base de datos, elevada por la fiscal 7ª adscrita a la Dirección Nacional de Fiscalías Especializadas en Justicia Transicional.

2. remitir las diligencias al Centro de Servicios Judiciales del Sistema Penal Acusatorio de Bogotá, para que se efectúe el reparto correspondiente.

3. informar de este auto a la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Bogotá, así como a los participantes en la audiencia preliminar del 27 de abril de 2017.

Contra esta decisión no proceden recursos.

Comuníquese y cúmplase.

Magistrados: Eugenio Fernández Carlier—José Francisco Acuña Vizcaya—José Luis Barceló Camacho—Fernando Alberto Castro Caballero—Luis Antonio Hernández Barbosa—Gustavo Enrique Malo Fernández—Eyder Patiño Cabrera—Patricia Salazar Cuéllar—Luis Guillermo Salazar Otero.

Nubia Yolanda Nova García, Secretaria.

1 Según el art. 2º del Acuerdo Nº PSAA16-10544 del 12 de julio de 2016, proferido por la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura, de acuerdo con el factor territorial de competencia, se efectuará el reparto entre todos los despachos con función de control de garantías de Bogotá, Neiva, Pereira, Cali, Cúcuta, Medellín, Villavicencio y Barranquilla, que cuentan con juzgados penales de circuito especializado de extinción de dominio.

2 El conocimiento de la vigilancia de la sanción penal fue asignado por esta Sala mediante auto del 9 de marzo de 2016, rad. 47.707.