Auto AP3162-2016 de mayo 25 de 2016

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

SALA DE CASACIÓN PENAL

AP3162-2016

Radicación 45465

(Aprobado Acta 160).

Magistrado Ponente:

Dra. Luis Antonio Hernández Barbosa

Bogotá, D.C., mayo veinticinco de dos mil dieciséis.

(Legis considera conveniente que los datos de (partes, terceros o intervinientes, etc.) sean suprimidos por las iniciales del nombre y apellido o XXX según el caso, con el propósito de proteger los derechos contemplados en el artículo 15 de la Constitución Política).

EXTRACTOS: «Consideraciones de la Corte

Cuestión inicial

Como la demanda de casación es presentada por el abogado A.J.S.S., quien actúa con base en sustitución del poder especial verbalmente otorgado por el acusado al profesional N.A.S.S. en el curso de la audiencia de imputación y solicitud de medida de aseguramiento que tuvo lugar el 2 de febrero de 2012 en el Juzgado 48 Penal Municipal con función de control de garantías de XXX, sin aludir a la facultad de sustituirlo, es necesario constatar si conforme a la legislación vigente el último de los nombrados podía proceder en tal sentido.

De tiempo atrás la Corte(1) señaló, conforme al Decreto 2700 de 1991 y la Ley 600 de 2000, que la facultad de sustitución del poder otorgado por el procesado debía ser manifiesta, al exigir el artículo 146 del primero y el artículo 135 del segundo, “expresa autorización del sindicado”.

Ahora, la Ley 906 de 2004 que gobierna esta actuación no reprodujo las anteriores normas, pero en su artículo 123, sobre la figura de la sustitución, estableció que “Únicamente el defensor principal podrá sustituir la designación en otro abogado, pudiéndose reservar el derecho de reasumir la defensa en la oportunidad que estime conveniente”.

No precisó tal norma si en el ámbito penal la facultad de sustitución del poder otorgado por el indiciado o procesado a su defensor debe ser explícita, motivo por el cual, de acuerdo con el principio rector de integración establecido en el artículo 25 de la Ley 906 de 2004, es necesario acudir al artículo 68 del Código de Procedimiento Civil que autoriza la sustitución del poder “siempre que la delegación no esté prohibida expresamente”. Por regla general, entonces, el apoderado tiene la facultad de sustituir el mandato, salvo que se haya acordado lo contrario.

Así las cosas, sin pasar por alto que el artículo 75 del Código General del Proceso (L. 1564/2012) reprodujo el texto de la norma citada del Código de Procedimiento Civil, concluye la Sala que en casos tramitados por la Ley 600 de 2000 la facultad de sustitución del poder debe ser expresa y en los que se siguen por la Ley 906 de 2004 se entiende conferida con el poder y sólo no cuenta con ella el apoderado cuando se haya negado expresamente tal autorización en el mandato.

Aquí el defensor de confianza de H.O. sustituyó en otro abogado el poder para efectos de presentar la demanda de casación y su poderdante no le había prohibido que lo hiciera. Por ende, ningún reproche cabe hacer a la legitimidad para actuar del profesional que presentó el libelo.

Análisis sobre la admisibilidad de la demanda

Para acceder al recurso de casación, como es sabido, es deber del recurrente acreditar la vulneración trascendente de derechos o garantías fundamentales, lo cual exige tener interés para impugnar, señalar la causal, desarrollar los cargos de sustentación de la inconformidad y demostrar la necesidad del fallo de casación para cumplir alguno de los fines establecidos en el artículo 180 de la Ley 906 de 2004, esto es, la efectividad del derecho material, el respeto de las garantías de los intervinientes, la reparación de los agravios sufridos por éstos y la unificación de la jurisprudencia.

Según el artículo 184 de la Ley 906 de 2004, “si el demandante carece de interés, prescinde de señalar la causal, no desarrolla los cargos de sustentación”, la demanda se inadmitirá.

Con relación al primer cargo encuentra la Sala que el defensor no es claro, pues pese a proponer la nulidad por violación de garantías que corresponde a la causal segunda de casación reglada en el numeral 2º del artículo 181 de la Ley 906 de 2004, en la presentación de la censura alude a “una violación indirecta de la ley sustancial, por error de hecho en la modalidad de un falso juicio de legalidad, por indebida aplicación de los artículos 453, 267 y 288”, la cual corresponde a la causal tercera de casación contenida en el inciso tercero del citado precepto adjetivo, y más adelante en la demostración del reproche afirma que no se acreditó probatoriamente la comisión del delito de fraude procesal por parte de su representado, caso en el cual incursiona en el discurrir propio del error de hecho por falso juicio de existencia por suposición de medios probatorios.

Según se advierte, el recurrente se sustrae del deber establecido en el artículo 183 de la Ley 906 de 2004, en cuanto el legislador dispone que el recurso debe interponerse “mediante demanda que de manera precisa y concisa señale las causales invocadas y sus fundamentos”.

En efecto, no se aviene con dicha exigencia, ni con el principio de autonomía de las causales, que inicialmente postule en forma sincrónica las causales segunda y tercera de casación, una referida al quebranto del debido proceso y demás garantías, mientras que la otra se ocupa de la violación indirecta de la ley derivada de indebida apreciación de los medios de convicción que sirvieron de pilar al fallo cuestionado.

Si bien afirma que el proceder de su asistido no corresponde a delito alguno, no controvierte los argumentos que sobre el particular fueron plasmados en las instancias, máxime si orienta su esfuerzo a presentar a H.O.M. como una persona inocente a quien, sin más, le fue otorgado un poder falso para realizar la venta de un inmueble por un valor superior a mil millones de pesos, y no articula tal conducta con todo el aparato defraudador orientado a engañar y estafar a las víctimas en este asunto.

Así las cosas, es evidente que en total ausencia del rigor propio de este recurso extraordinario, el defensor pretende prolongar el debate sobre la ponderación de las pruebas, pero no se sujeta a las reglas definidas por el legislador y desarrolladas por la jurisprudencia respecto de la postulación y desarrollo de los errores que denuncia, quedándose en la simple exposición de su particular percepción del recaudo probatorio, en evidente desconocimiento de las presunciones de acierto y legalidad del fallo en esta sede.

Resta señalar que si se trata de errores en la apreciación de las pruebas, la pretensión del defensor no podría ser la nulidad de lo actuado, sino la absolución de su asistido, circunstancia que denota imprecisiones en la demanda.

Las razones expuestas bastan para inadmitir el reparo.

Respecto del segundo cargo, en el cual denuncia la violación directa de los artículos 288 y 453 del Código Penal, no explica qué incidencia tiene en el fallo que el delito de obtención de documento público falso sea de peligro.

Adicionalmente, pese a argumentar que no era posible la condena de su asistido por el delito de fraude procesal, toda vez que “la protocolización del poder tildado de falso no fue inscrita en la oficina de instrumentos públicos”, no se ocupa de controvertir las consideraciones del Tribunal al precisar en su fallo que el acusado “indujo en error al Notario XXX, para hacerle creer que quien se presentó como N.R. realmente no era ella y que la misma confería mandato especial de venta a O.M. Con ello obtuvo la Escritura Pública XXX de 3 de marzo de 2010, que es genuina, original y auténtica; sólo que contiene una manifestación contraria a la realidad. Este instrumento posteriormente fue empleado, a su vez, para hacer incurrir en error al Notario XXX, al expedir la Escritura Pública XXX del 25 de marzo de 2010, a través de la cual el implicado vendió la casa a la Sociedad XXX”.

Tampoco desvirtúa la jurisprudencia(2) con base en la cual el Tribunal precisó que en situaciones como las de este caso, no se procede por el delito de falsedad material en documento público, sino por el punible autónomo de obtención de documento público falso, derivado de conseguir mediante engaño —utilizando el espurio poder otorgado por N.R. a H.O.— la escritura pública XXX del 3 de marzo de 2010 en la Notaría XXX de XXX, con la cual posteriormente se vendió el inmueble.

Ahora, en cuanto se refiere a que el acusado no cometió el delito de fraude procesal, “dado que la protocolización del poder tildado de falso no fue inscrita en la oficina de instrumentos públicos porque esta clase de actos no deben registrarse a voces del Decreto 1260 de 1971”, encuentra la Corte que nuevamente el defensor pretende descontextualizar la acción compleja investigada, pues sin el poder falso no era posible vender el inmueble e inscribir el contrato en el respetivo folio de matrícula, es decir, en quebranto del principio de corrección material, el demandante olvida que en el fallo atacado se precisó: “La condena contra O.M. por el delito de fraude procesal, dimana de la inducción en error al Registrador de Instrumentos Públicos —Zona norte— para que sentara las anotaciones 16 y 17 en el folio de matrícula inmobiliaria, y no por el hecho de haber utilizado el poder ante los notarios 12 y 40 del Círculo de XXX”.

Resulta inconsistente que el mismo defensor cite jurisprudencia de esta Sala en la cual se reconoce que el delito de fraude procesal es pluriofensivo y, en tal medida, no únicamente protege el bien jurídico de la recta impartición de justicia, sino también la administración pública, para acto seguido manifestar que se violó directamente el artículo 453 porque si el bien jurídico protegido es la administración de justicia, el Registrador de Instrumentos Públicos no tiene función jurisdiccional.

Como de otra parte alega que si la protocolización del poder no fue inscrita en el folio de matrícula no tuvo lugar la conducta, es evidente que margina por completo el cuadro conjunto en el cual se produjo la millonaria defraudación, pues se recuerda que sin el falso mandato especial no podía haberse vendido en más de mil millones de pesos el inmueble y conseguir las correspondientes inscripciones en el folio de matrícula inmobiliaria.

La censura debe ser inadmitida.

Con relación al tercer cargo, en el cual manifiesta que el Tribunal aplicó indebidamente el artículo 31 del Código Penal y dejó de aplicar el artículo 8º del mismo ordenamiento, pues se violó el non bis in idem al condenar por el uso de la documentación falsa y por el punible de fraude procesal, constata la Corte que el demandante expone sin un hilo conductor su inconformidad y no se detiene a señalar por qué razón el delito de fraude procesal supone como hecho típico acompañante el uso de un documento público falso, y tanto menos, su obtención, que fue una de las conductas por las cuales fue finalmente condenado el procesado.

Tampoco es claro en puntualizar si el delito de obtención de documento público falso comporta, a manera de encerramiento material, no conceptual, propio del hecho típico acompañante como modalidad del principio de consunción para solucionar el concurso aparente de delitos, el punible de la obtención de documento público falso, de modo que el planteamiento se queda en su mera enunciación.

Dentro del mismo reproche el defensor aduce que el delito de fraude procesal sólo tiene lugar respecto de “asuntos judiciales o administrativos de connotación jurisdiccional, es decir, cuando se induzca en error a un servidor público con deberes y facultades concretas de decisión, disposición, adjudicación o reconocimiento de derechos”, actividad que no corresponde al Registrador de Instrumentos Públicos, sobre lo cual considera la Sala que el propósito del actor no es otro que el de anteponer su criterio al planteado por el Tribunal, proceder inadmisible en esta impugnación extraordinaria, dadas las presunciones de acierto y legalidad de las cuales se encuentra revestida la sentencia.

Como también asevera el casacionista que si se reprocha a O.M. firmar el poder falsificado, pero fueron los compradoras M.R. y D.A. quienes llevaron la escritura pública elevada ante Notario a la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos, el procesado no indujo en error al servidor público, de manera que su proceder es atípico, observa la Corte que nuevamente el defensor cifra su pretensión en el análisis fragmentario del complejo proceder por el cual fue condenado su asistido, pretendiendo, sin más, mostrarlo ingenuamente como un mero y desapercibido instrumento a quien le fue otorgado un poder espurio para vender una casa por más de mil millones de pesos.

Dado que a partir de lo expuesto el censor concluye que el delito de obtención de documento público falso se encuentra prescrito, se impone señalar que en tal caso le correspondía ofrecer los cómputos y operaciones aritméticas para así demostrarlo, pues si el recurso de casación es esencialmente rogado, no se aviene con su seriedad que el demandante sugiera un tema con el fin de que la Sala realice las operaciones propias de su encargo profesional, es decir, el reproche carece de suficiente demostración.

Más allá de lo anterior, sin embargo, se tiene que si el fallo de segundo grado se produjo el 26 de septiembre de 2014, a la fecha no han transcurrido ni siquiera los 5 años que como término mínimo dispuso el legislador para considerar prescrita la acción de los delitos una vez dictada dicha providencia.

En suma, es evidente que en manifiesto desconocimiento de las presunciones de acierto y de legalidad del fallo, la argumentación expuesta por el demandante en orden a cuestionar la condena de su asistido resulta imprecisa, precaria e insuficiente, en cuanto no explicó con precisión su inconformidad y, lo más importante, omitió señalar de qué manera los falladores erraron gravemente en la aplicación de la ley, en la apreciación de los medios probatorios o en la guarda de la legitimidad del trámite, proceder inadmisible en esta sede extraordinaria.

Conforme a lo expuesto, como la demanda de casación no corresponde a un simple alegato de libre formulación, pues conforme al artículo 184 de la Ley 906 de 2004 debe señalar de manera precisa y concisa las causales invocadas y sus fundamentos, su presentación en este caso sustentada en aseveraciones indemostradas e intrascendentes, obliga a la Sala a inadmitirla de acuerdo con lo dispuesto en el precepto citado, pues en virtud del principio de limitación propio de este trámite, la Corte no se encuentra facultada para enmendar tales incorrecciones.

Además, no se observa con ocasión de la sentencia impugnada o dentro del curso de la actuación procesal, violación de derechos o garantías del acusado, como para adoptar la decisión de superar los defectos de la demanda y decidir de fondo, según lo dispone el inciso 3º del artículo 184 de la citada legislación.

En mérito de lo expuesto, la CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, SALA DE CASACIÓN PENAL,

RESUELVE:

INADMITIR la demanda de casación presentada por el defensor de H.A.O.M.

De conformidad con el artículo 184 de la Ley 906 de 2004, es facultad de la parte demandante elevar petición de insistencia.

Notifíquese y cúmplase.»

1 Cfr. CSJ SP, marzo 15 de 2001, radicación 12936 y CSJ SP septiembre 12 de 2002, radicación 13670.

2 CSJ. SP, julio 27 de 2006, radicación 23872.