Auto AP3222-2016/34282 de mayo 25 de 2016

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

SALA DE CASACIÓN PENAL

SALA DE JUZGAMIENTO

AP3222-2016

Radicación 34282

Aprobado acta 162

Magistrado Ponente:

Dr. Fernando Alberto Castro Caballero

Legis considera conveniente que los datos de las partes y testigos, sean suprimidos por las iniciales del nombre y apellido y en los números de cédulas reemplazados por XXX, con el propósito de proteger los derechos contemplados en el artículo 15 de la Constitución Política

Bogotá, D.C., veinticinco de mayo de dos mil dieciséis.

Vistos

Se pronuncia la Sala de Juzgamiento de la Corte Suprema de Justicia, respecto de los escritos presentados por el exsenador N.I.M.R., a través de los cuales solicitó “adición de la sentencia”, “posibilidad de impugnarla” y “apelación” contra el fallo proferido en su contra en única instancia el 27 de octubre de 2014.

La corte considera

1. Al amparo de lo decidido por la Corte Constitucional en Sentencia C-792 de 2014 y demandando la adición de la sentencia condenatoria proferida el 27 de octubre de 2014 por la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, el exsenador N.I.M.R. pidió a esta corporación se le indique qué recurso procede contra el fallo proferido en su contra y la concesión de un término para sustentarlo.

Igualmente, ante la Sala Plena de esta corporación, interpuso recurso de apelación contra ese mismo fallo.

2. Es competente esta Sala Penal para resolver la solicitud elevada por el condenado acorde con lo normado en los artículos 194 de la Ley 600 de 2000 —Código de Procedimiento Penal aplicable en este caso— y 318 y siguientes del Código General del Proceso, pues de ellos se desprende que el recurso de apelación se presenta ante el mismo funcionario que emitió la decisión a efecto de que determine la procedencia del mismo.

3. Siguiendo el criterio de esta corporación sobre la improcedencia de peticiones como las que aquí se hacen (por ejemplo en CSJ AP 10 Mayo 2016, Rad. 36784; CSJ AP, 18 Mayo 2016, Rad. 39156; y CSJ AP 25 Mayo 2016, Rad. 37462), se considera lo siguiente:

3.1. La sentencia puesta de presente por el peticionario declaró la “Inconstitucionalidad con efectos diferidos” de los artículos 20, 32, 161, 176, 179, 179B, 194 y 481 de la Ley 906 de 2004, aun cuando “Exequible el contenido positivo” de estas disposiciones, al concluir que el legislador procesal penal omitió consagrar medios de impugnación integrales contra las sentencias condenatorias dictadas por primera vez en segunda instancia.

Dicho efecto diferido de la inconstitucionalidad se fijó en un año a partir de la notificación por edicto del fallo, con el fin de que el Congreso de la República “regule integralmente el derecho a impugnar las sentencias que en el marco del proceso penal, imponen una condena por primera vez”, advirtiendo que en caso “de que el legislador incumpla este deber, se entenderá que procede la impugnación de los fallos anteriores ante el superior jerárquico o funcional de quien impuso la condena”.

Como el edicto para notificar la Sentencia C-792 de 2014 se desfijó el 24 de abril de 2015, el plazo para que el Congreso de la República legislara sobre la materia comenzó el 25 de abril de 2015 y venció el 24 de abril de 2016.

Significa lo anterior que a partir de esta última fecha, ante la omisión legislativa, procedería sin necesidad de ley, la impugnación de los fallos condenatorios dictados por primera vez en un proceso penal ante el superior jerárquico o funcional de quien los expidió.

3.2. Es sabido que cuando el fallo de la Corte Constitucional tiene efecto diferido, se activa la excepción a la regla general de regular situaciones a partir del momento de su expedición, así como ocurrió con la Sentencia C-792 de 2014, pues con ella quedaron temporalmente vigentes los preceptos declarados inexequibles, hasta tanto el legislador emitiera las normas pertinentes para superar el estado de inconstitucionalidad generado por las disposiciones que se declararon contrarias a la Carta Política.

Significa lo anterior que si durante la constitucionalidad temporal de los preceptos demandados, es decir, antes del 24 de abril de 2016, fue que la Sala de Juzgamiento de esta corporación emitió y adquirió firmeza el fallo de condena contra N.I.M.R. (Sent. oct. 27/2014), lapso en el que su situación jurídica se consolidó con base en las normas y el procedimiento legal y constitucional vigentes para ese momento, no puede solicitarse la aplicación retroactiva del referido fallo.

En efecto, la sentencia proferida contra N.I.M.R., cobró firmeza en vigencia de la legítima y vinculante interpretación del ordenamiento jurídico, realizada en su momento por la Corte Constitucional (entre otras la Sent. SU-811, nov. 18/2009), que avaló el procedimiento de única instancia para el juzgamiento criminal de ciudadanos aforados, trámite en el cual no se prevé la impugnación de la sentencia.

A este respecto y a propósito de la delimitación del alcance de lo decidido en la Sentencia C-792 de 2014, la Corte Constitucional en la reciente Sentencia SU-215 del 28 de abril de 2016, aclaró que solo se aplica a las sentencias emitidas con posterioridad a la citada fecha límite. Así lo precisó:

... es solo a partir de esa fecha —se refiere al 24 de abril de 2016— que procede, por ministerio de la Constitución y sin necesidad de ley, la impugnación de los fallos condenatorios dictados por primera vez en segunda instancia en un proceso penal, ante el superior jerárquico o funcional de quien los expidió. Pero además, la impugnación instaurada en virtud de la decisión de la Corte no procedería respecto de la totalidad de sentencias condenatorias expedidas en el pasado. De acuerdo con los principios generales referidos al efecto de las normas procesales en el tiempo, y de conformidad con el principio de favorabilidad aplicable en esta materia, la parte resolutiva de la Sentencia C-792 de 2014 no comprende la posibilidad de impugnar las sentencias dictadas en procesos ya terminados para ese momento. Únicamente opera respecto de las sentencias que para entonces aún estuvieran en el término de ejecutoria, o de las que se expidan después de esa fecha (subrayas fuera del texto original)

También dejó en claro el alto Tribunal Constitucional colombiano en este mismo fallo, incluso de manera insistente, que el pronunciamiento de inexequibilidad diferida contenido en la Sentencia C-792 de 2014 fue limitado al estudio de las normas relativas a la competencia de la Corte Suprema de Justicia para resolver en segunda instancia los recursos de apelación contra los autos y sentencias que profieran en primera instancia los tribunales superiores, de ahí que la norma base del cuestionamiento fuera el ordinal 3º del artículo 32 la Ley 906 de 2004, motivo por el cual no puede extenderse sus efectos a procesos tramitados por la Ley 600 de 2000 ni a competencias diferentes. Al efecto, la Corte Constitucional consignó:

La interpretación razonable de la Sentencia C-792 de 2014 indica que allí se pretendió algo distinto, y fue precaver una solución para las personas a los cuales el ordenamiento legal no les dispensa un medio de impugnación integral, contra la sentencia que por primera vez en un proceso regido por la Ley 906 de 2004, se impone una condena penal en instancia.

b) No obstante, en segundo lugar debe resaltarse —en consonancia con lo anterior— que la Sentencia C-792 de 2014 controló la constitucionalidad de las normas legales antes referidas, entre las cuales no se encontraban las atinentes a la competencia de la Corte Suprema de Justicia para emitir condenas, por primera vez, en casación.

(...).

También es relevante destacar que, como antes se indicó, el concepto de violación contra la normatividad demandada sostenía que esta era inconstitucional —en palabras de la Corte— porque “no consagra el derecho a apelar los fallos que fijan una condena por primera vez en la segunda instancia en el marco de un proceso penal”. Y al definir los problemas jurídicos, la corporación se preguntó si la Constitución contempla “un derecho a impugnar las sentencias que en el marco de un juicio penal, imponen una condena por primera vez en la segunda instancia”. En este contexto, la Sentencia C-792 de 2014 se limitó a proteger el derecho a impugnar las condenas impuestas por primera vez en segunda instancia.

(...).

esta Sala concluye que en la Sentencia C-792 de 2014 esta Corte, si bien emitió un exhorto general, solo tomó una decisión aplicable a los casos en que una persona es condenada por primera vez en segunda instancia, en un proceso penal, y esto supone que el derecho a impugnar las sentencias condenatorias ante el superior jerárquico o funcional, que se activa cuando venza el plazo del exhorto sin legislación, solo aplica a las condenas impuestas por primera vez en segunda instancia

(...).

la última duda se relaciona con los efectos de la Sentencia C-792 de 2014 respecto de los procesos penales adelantados conforme a la Ley 600 de 2000, que aún están en curso. Dado que el presente caso se relaciona solo con la posibilidad de impugnar condenas impuestas por primera vez en casación, este pronunciamiento ha de limitarse a definir si la Sentencia C-792 de 2014 controla los asuntos de esa naturaleza, en los cuales las condenas se expidan en un proceso penal reculado por la Ley 600 de 2000. Conforme a las precisiones antes indicadas, ese problema ya fue resuelto con efectos de cosa juzgada en la Sentencia C-998 de 2004. La Sentencia C-792 de 2014 no solo no versó sobre normas de la Ley 600 de 2000, sino que aparte no abordó específicamente una demanda contra las normas de la Ley 906 de 2004 que precisan las competencias de la Corte Suprema de Justicia en sede de casación. Por lo cual, de acuerdo con lo señalado en las consideraciones anteriores, no puede decirse que los casos de condenas impuestas por primera vez en casación, en el marco de procesos penales regulados por la Ley 600 de 2000, estén controlados definitivamente por la Sentencia C-792 de 2014 (subrayas fuera del texto original).

En este orden de ideas, siguiendo los parámetros trazados por la misma Corte Constitucional y como no es aplicable lo ordenado en la Sentencia C-792 de 2014 a la situación concreta del exsenador N.I.M.R., principalmente por cuanto la sentencia condenatoria de única instancia proferida en su contra cobró ejecutoria mucho antes del 24 de abril de 2016, dicho recurso de impugnación será rechazado.

4. Agréguese a lo anterior que aun cuando se pensara que el fallo de única instancia proferido por la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia pudiera quedar cobijado en el espectro constitucional de la Sentencia C-792 de 2014, tampoco sería procedente una impugnación, apelación o recurso en su contra por las siguientes razones:

Conforme se deprende del artículo 234 de la Carta Política, la Corte Suprema de Justicia es órgano de cierre de la jurisdicción ordinaria, por tanto sus decisiones no son susceptibles de ser revisadas por una instancia superior. Ello fue objeto de debate y resuelto por la Corte Constitucional en Sentencia C-037 de 1996 por medio de la cual estudió la exequibilidad del numeral 6º del artículo 17 de la ley estatutaria de la administración de justicia, a raíz precisamente de las facultades dadas por el legislador a la Sala Plena de esta corporación para conocer impugnaciones y recursos de apelación contra decisiones de la Sala Penal. En esa determinación se dijo:

En ese orden de ideas, las atribuciones que el artículo 235 de la Carta le atribuye a la Corte, en particular la de actuar como tribunal de casación y la de juzgar a los funcionarios con fuero constitucional, deben entenderse que serán ejercidas en forma independiente por cada una de sus salas, en este caso, por la Sala de Casación Penal. De lo anterior se infieren, pues, varias conclusiones: en primer lugar, que cada Sala de Casación —Penal, Civil o Laboral— actúa, dentro del ámbito de su competencia, como máximo tribunal de la jurisdicción ordinaria; en segundo lugar, que cada una de ellas es autónoma para la toma de las decisiones y, por lo mismo, no puede inferirse en momento alguno que la Constitución definió una jerarquización entre las salas; en tercer lugar, que el hecho de que la Carta Política hubiese facultado al legislador para señalar los asuntos que deba conocer la Corte en pleno, no significa que las salas de casación pierdan su competencia o que la Sala Plena sea superior jerárquico de alguna de ellas. En otras palabras, la redacción del artículo 234 constitucional lleva a la conclusión evidente de que bajo ningún aspecto puede señalarse que exista una jerarquía superior, ni dentro ni fuera, de lo que la misma Carta ha calificado como “máximo tribunal de la jurisdicción ordinaria” (subrayas fuera del texto original).

Sobre la vigencia de esta decisión, la Sala Penal de la Corte ha señalado (CSJ AP. 18 mayo 2016 rad 39156):

Y aunque se trata de una decisión de hace 20 años, durante los cuales han cambiado no solo las instituciones sino la jurisprudencia de la Corte Constitucional en cuanto a la definición del contenido y alcances del derecho a impugnar la sentencia condenatoria, no puede pasarse por alto que la Constitución Política y la ley estatutaria de la administración de justicia mantienen en idénticos términos la estructura de la Rama Judicial y las funciones que le son propias a la Corte Suprema de Justicia en cada una de sus salas y de su cuerpo en pleno, de modo que si en 1996 no se halló ajustado al estatuto supremo este mecanismo para posibilitar el ejercicio de ese derecho, menos advierte que en la actualidad sea viable aplicarlo de manera directa e inmediata.

Es decir, se definió y quedó consolidada la estructura jerárquica de la administración de justicia en sus distintas ramas especializadas y, por ende, se estableció que por encima de la Sala Penal de esta corporación no existe un órgano superior.

Ahora bien, respecto de la implementación de un mecanismo que garantice el derecho a impugnar la primera sentencia condenatoria cuando esta sea emitida por la Sala de Casación Penal, ha definido esta corporación que es imposible de cumplir, dada la naturaleza sustancial y estructural que comporta el diseño de un recurso de esas características, lo cual exige necesariamente su previa reglamentación legal y constitucional por parte del Congreso de la República, lo que no se ha hecho hasta este momento. Tal criterio se plasmó en el comunicado de prensa 8 del 28 de abril del año en curso, a través el cual se dijo:

4... no está al alcance de la Corte Suprema de Justicia, que es máximo tribunal de la justicia ordinaria y órgano de cierre, la creación de un superior jerárquico que revise las sentencias de sus salas especializadas.

5... es simplemente imposible para la Corte Suprema de Justicia, en razón de lo anterior, definir las reglas que habiliten el recurso de apelación contra las sentencias condenatorias que en casos de única instancia profiera su Sala de Casación Penal o respecto de la primera condena que dicte en segunda instancio o en desarrollo del recurso extraordinario de casación.

6. Se quiere destacar, para finalizar, que el diseño de la justicia penal en Colombia no consagra un tribunal por encima de la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia y que resulta un despropósito, en esa medida, que la Corte Constitucional concluya que los fallos de un órgano límite, que es el máximo tribunal en materia penal en el país, se puedan impugnar ante un superior jerárquico que lógicamente no puede existir.

En ese sentido, precisamente la Corte Constitucional, corroborando la inexistencia de un superior jerárquico o funcional de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, señaló en la citada Sentencia C-215 de 2006 lo siguiente:

20. Esta decisión tiene además una razón de fondo más profunda. En la Sentencia C-792 de 2014 ciertamente se tuvo en consideración la posibilidad de impugnar condenas impuestas por primera vez por la Corte Suprema de Justicia, pero obrando como segunda instancia. Plantear una impugnación contra una sentencia de instancia no requiere en principio un instrumento procesal distinto de los que ya existen en el ordenamiento, sino que debe preverse un recurso homólogo (que cumpla las mismas funciones) al de apelación. Pero ¿cómo sería una impugnación integral contra condenas impuestas en casación? ¿Podrían controvertirse también los motivos por los cuales la Corte Suprema casó el fallo, o la técnica de casación? ¿O solo se podría impugnar la sentencia de remplazo? Estos asuntos no se abordaron en la Sentencia C-792 de 2014. Aparte, en esta última se dispuso que, en caso de expirar sin legislación el plazo definido en el exhorto, procedería una impugnación contra las condenas impuestas por primera vez en segunda instancia, “ante el superior jerárquico o funcional de quien impuso la condena”. Sin embargo, la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia no tiene superior jerárquico o funcional en asuntos de casación en materia penal. No hay ley que le reconozca a la Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia facultades de casación penal, y por tanto en principio debía mediar un plazo para que el legislador definiera el punto (subrayas fuera del texto original).

Significa lo anterior que ante la persistencia de la omisión legislativa y hasta tanto el Congreso de la República no legisle en tal sentido, este tipo de recursos o impugnaciones en sede de los procesos de única instancia adelantados por la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, acorde con la Constitución Política y la ley vigente, son improcedentes, por lo que así se resolverá en este asunto.

Así las cosas, la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia en Sala de Juzgamiento,

RESUELVE:

Rechazar por improcedente la solicitud de adición y el recurso de apelación o de impugnación, formulados por el exsenador N.I.M.R. respecto de la sentencia condenatoria proferida en su contra por la Sala de Juzgamiento de la Corte Suprema de Justicia, fechada el 27 de octubre de 2014.

Contra la presente decisión no procede recurso alguno.

Comuníquese y cúmplase

Magistrados: Gustavo Enrique Malo Fernández—José Luis Barceló Camacho—Fernando Alberto Castro Caballero—Luis Antonio Hernández Barbosa—Eyder Patiño Cabrera—Luis Guillermo Salazar Otero.

Nubia Yolanda Nova García, Secretaria.