Auto AP335-2016/46979 de enero 27 de 2016

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

SALA DE CASACIÓN PENAL

Rad.: 46979

Magistrado Ponente:

Dr. José Luis Barceló Camacho

(Legis, considera conveniente que los datos de las partes y terceros, sean suprimidos por las iniciales de los nombres y apellidos, con el propósito de proteger los derechos contemplados en el artículo 15 de la Constitución Política).

Aprobado acta 19

Bogotá, D.C., veintisiete de enero de dos mil dieciséis.

EXTRACTOS: «VI. Consideraciones de la Corte

1. Cuestión previa.

En memorial del 18 de diciembre de 2015, el desmovilizado AAB manifiesta que desiste del recurso de apelación. Lo anterior, debido a que “en decisiones anteriores” la duración del trámite de los recursos es excesivo, “lo cual se hace más fácil desistir de dicho recurso y así poder solicitar nuevamente dicho beneficio”.

Al respecto, la Corte debe decir que como el desmovilizado AAB no presentó recurso contra la decisión que aquí se revisa no puede, lógicamente, desistir del mismo. Recuérdese que su defensora interpuso el recurso de apelación, pero fue declarado desierto por el magistrado de control de garantías, decisión que la apoderada no impugnó. Por tanto, es claro que en este caso solamente existe el recurso formulado por la fiscalía —el cual no ha sido desistido— y es sobre éste que la Sala se pronuncia enseguida.

Así las cosas, por sustracción de materia, la Corte no se pronunciará sobre la petición de desistimiento del recurso formulada por el procesado AAB.

2. La Sala es competente para resolver este asunto, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 26 de la Ley 975 de 2005, modificado por el artículo 27 de la Ley 1592 de 2012.

3. Se trata en este caso de determinar, según los lineamientos del principio de limitación, si la defensa demostró las exigencias consagradas en el numeral 1º del artículo 18A de la Ley 975 de 2005 para acceder a la sustitución de la medida de aseguramiento, en particular la acreditación de la postulación del desmovilizado y el vínculo de los delitos por los que se halla privado de la libertad con su pertenencia a un grupo armado ilegal, y su relación con el conflicto armado.

Para la fiscal apelante la respuesta a las cuestionas anteriores debe ser positiva, toda vez que: i) el acto de postulación aparece mencionado en la certificación por ella suscrita y también en un acta de anulación de un radicado. Por otra parte, ii) la relación de los delitos con la pertenencia del desmovilizado al grupo armado ilegal se infiere a partir de una valoración “conjunta en su contexto” de las pruebas; también del hecho de que aparezca certificada en el oficio de la propia fiscalía y de que la conducta haya sido objeto de versión, imputación y formulación de cargos en Justicia y Paz.

La decisión impugnada sostiene, en cambio, que las aludidas exigencias no se hallan demostradas, pues no existe en la actuación la comunicación proveniente del Ministerio del Interior sobre la postulación, acto administrativo que no le está dado a la fiscalía certificar. Por otra parte, la defensa ningún análisis hizo para demostrar que las conductas que se le atribuyen al desmovilizado en Justicia y Paz, y la que fue objeto de condena por la justicia ordinaria, tuvieran relación con el conflicto armado y la pertenencia de aquel a un grupo ilegal, ya que ni siquiera se allegó copia de la sentencia mencionada.

4. Pues bien, la Corte anuncia su decisión de confirmar la determinación recurrida. Las razones son las siguientes:

4.1. Es cierto, como lo sostiene la providencia impugnada y lo admiten la fiscalía apelante y la defensa del desmovilizado, que no obra en la actuación la comunicación del Ministerio del Interior sobre la postulación del desmovilizado AAB.

Pero también lo es que la certificación suscrita por la propia fiscal apelante en la que menciona la postulación del desmovilizado, y la lectura que aquella hizo en la audiencia de un acta de anulación de un radicado, no tienen la capacidad para demostrar el acto de postulación.

En efecto, en el aludido escrito de la fiscalía, de fecha 21 de mayo de 2015, apenas se menciona que a través de un oficio del 16 de agosto de 2006, suscrito por el entonces Ministro del Interior, se remitió la lista de postulados, dentro de quienes figura AAB. No obstante, enseguida anuncia que, según el acta de anulación de un radicado “se modifica la postulación del señor AAB, quedando a partir del 10 de mayo de 2007”.

Llama la atención, y resulta cuestionable, la legitimidad que le asistía a la fiscalía impugnante para certificar un hecho —la postulación— que ella misma no generó, sino que corrió a cargo del Ministro del Interior. Más aun cuando, como en este caso, surge una evidente inconsistencia por el hecho de supuestamente existir un acta de anulación de un radicado, signada por el jefe de la Unidad de Fiscalías de Justicia y Paz, que modifica o precisa la fecha de postulación.

Lo anterior evidentemente genera una insuperable incertidumbre, pues no se entiende cómo es que un servidor de la fiscalía modifica o precisa una actuación que no le compete, sino que es del resorte del Ministro del Interior. Como si lo anterior no fuera poco, es del caso hacer notar que la propia fiscalía insiste en incurrir en importantes inconsistencias, pues en otra certificación que obra en la carpeta señala, sin mayor sustento, que la postulación del desmovilizado AAB ocurrió el 15 de mayo de 2007.

A estas alturas se tiene, entonces, que la apelante invoca tres posibles fechas de desmovilización, cuales son el 16 de agosto de 2006, 10 de mayo de 2007 y 15 de mayo del mismo año. Ante semejantes incoherencias lo menos que se requiere es la comunicación proveniente del Ministerio del Interior sobre la verdadera fecha de la postulación, sin que sea aceptable el mecanismo facilista que adoptan la defensa y la propia fiscal, según el cual no importa cuál de esas fechas se tome en consideración porque en cualquier caso el término de 8 años de privación de la libertad se ha cumplido. Pues no. El asunto de la fecha exacta de la postulación no puede quedar así zanjado y definido sin la certeza requerida, porque es precisamente el ente acusador el que muestra a las claras en el escrito de certificación que, a falta de la comunicación proveniente del Ministerio del Interior, carece de los elementos de juicio para fijar la fecha del acto administrativo que se echa de menos.

En el caso presente, la fecha exacta de la postulación tiene dos finalidades muy precisas:

La primera, es aclarar la incertidumbre que se presenta por el hecho de registrar la actuación tres fechas distintas, incluida una supuesta nulidad o aclaración —esto no está definido— del acto de postulación o de su fecha. Por otra parte, ese dato es imprescindible para fijar con exactitud el tiempo de privación de la libertad, no desde que esta acaeció —como equivocadamente así parecen entenderlo las partes y el magistrado de control de garantías— ni desde la desmovilización, sino a partir de la fecha de postulación (CSJ, SP, autos del 10 de septiembre y 28 de octubre de 2014, rad. 44035 y 44509, entre otras), de la cual, se insiste, no hay aquí certeza.

No se trata, como lo asegura la fiscalía apelante, de “que el postulado tenga nuevamente acto administrativo” de postulación, sino que se precise cuál es la verdadera fecha en que esa circunstancia tuvo lugar.

4.2. Igual de inidóneo para definir la falta de certeza de la fecha de la postulación resulta el razonamiento de la impugnante, según el cual debe entenderse que como el proceso de Justicia y Paz ya superó la fase de versión, imputación y acusación entonces, por lógica, debe concluirse que naturalmente el acusado debería estar postulado y, además, que a estas alturas del trámite las conductas pueden tenerse como vinculadas con la actividad del grupo armado ilegal y el conflicto armado.

Ello tampoco es así. El vínculo con el conflicto armado de las conductas atribuidas al desmovilizado es una exigencia que se debe verificar en varias oportunidades procesales, entre otras, cuando se tramita la sustitución de la medida de aseguramiento por una no privativa de la libertad; pero también cuando se formula la imputación, cuando se emprende la legalización de los cargos e, incluso, en el fallo. Lo anterior deja ver a las claras que una primera conclusión sobre este asunto no deja zanjado el tema para oportunidades procesales posteriores.

De suerte que tal exigencia no se puede presumir a partir -una vez más- de un razonamiento facilista, según el cual como ya se surtieron las fases de versión, imputación y acusación entonces no cabe duda su acreditación. Obsérvese que en el caso presente, según la escasa información que se conoce del trámite procesal surtido en Justicia y Paz, los cargos no han sido legalizados, por manera que ni siquiera puede afirmase que la circunstancia que se echa de menos haya sido suficientemente estudiada.

4.3. Ahora bien, existen numerosos vacíos que impiden dar por cumplido el requisito: no se analizó en la audiencia, por ejemplo, cuántos y cuáles delitos se le atribuyen al desmovilizado AAB. Se ha admitido que el delito por el cual aquel fue condenado en la justicia ordinaria fue objeto de versión en Justicia y Paz.

Pero debido a que la defensa y la fiscalía se centraron casi exclusivamente en esa conducta y omitieron todas las demás, poco se sabe de otros delitos cometidos; téngase en cuenta, por ejemplo, que en la audiencia el procesado hizo mención de al menos 90 hechos cometidos como miembro de las autodefensas. La Fiscalía anunció, en el oficio del 21 de mayo de 2015, un conjunto de delitos -secuestro, desaparición forzada, desplazamiento forzado, homicidios en persona protegida- que fueron objeto de imputación, pero ninguna alusión hizo a ellas para acreditar su vínculo con el conflicto armado.

Adicionalmente, ni la defensa ni la fiscalía allegaron oportunamente a la magistratura el fallo mediante el cual la justicia común sentenció al hoy desmovilizado, de modo que no se entiende cómo esperaban aquellos que el magistrado de garantías tuviera por cumplido el requisito, por más laxo que quisiera ser en la apreciación de los elementos materiales probatorios.

Se dirá que como una vez terminada la diligencia de sustentación del recurso fue allegada —no se sabe por cuál de los intervinientes— una carpeta con documentos, entre ellos una sentencia —evidentemente incompleta— dictada en contra de AAB por los delitos de concierto para delinquir y homicidio agravado, entonces la segunda instancia podría abordar su análisis.

La respuesta a tal hipótesis debe ser negativa: dígase que la carga demostrativa, que le corresponde exclusivamente a la parte interesada, debe ser cumplida oportunamente ante el magistrado encargado de resolver lo pertinente en primera instancia, en el entendido de que el trámite del recurso de apelación no consagra la oportunidad para corregir las omisiones probatorias del interviniente.

En todo caso, así la Corte pudiera tomar en consideración la sentencia extemporáneamente allegada, lo cierto es que de ella nada puede inferir para los efectos que aquí importan, pues no se tiene certeza de su contenido completo ni de su ejecutoria, y ni siquiera de la vigilancia del cumplimiento de la condena por parte de un juez de ejecución de penas y medidas de seguridad.

Por último, dígase que, contrario de lo que afirma la impugnante, no desconoció el magistrado a quo la denominada carga dinámica de la prueba. Dicho concepto no se refiere precisamente al requerimiento de que la parte que tenga la prueba en su poder la allegue; se vincula más exactamente con el deber o iniciativa probatoria que le corresponde a la defensa, frente al decaimiento para la fiscalía del deber de recolección de la prueba exculpatoria (principio de investigación integral) en el proceso de tendencia acusatoria, si lo que pretende es atacar el mérito de las conclusiones judiciales que provienen de lo debidamente demostrado por el acusador (CSJ, SP, 25 de mayo de 2011, rad. 33660).

Para la fiscalía, el aludido concepto parece suponer, en cambio, un traslado hacia la magistratura de la carga argumentativa y de apreciación probatoria que le compete a la defensa.

5. Así las cosas, no cabe duda que tanto la defensa, al sustentar de manera tan precaria el pedido de sustitución de la medida de aseguramiento, como la fiscalía, al acudir al mecanismo de certificar a la ligera y con mínimo o escaso sustento algunos de los requisitos de la sustitución, carecieron de la diligencia necesaria para surtir adecuadamente este trámite.

La Corte debe llamar la atención para que, frente a las peticiones de sustitución de la medida de aseguramiento, las partes involucradas cumplan con la debida diligencia y de manera completa con la prueba de todas y cada una de las exigencias que dicha figura requiere, en lugar de trasladarle al magistrado de control de garantías una carga probatoria y de razonamiento jurídico que le compete exclusivamente a los interesados.

Razón tuvo el postulado AAB en pretender —aunque infructuosamente— renunciar al trámite de la apelación; la Corte no desconoce que, naturalmente, la congestión judicial, en particular en los procesos de Justicia y Paz, es un problema que genera ostensible retraso en el curso de las actuaciones, lo que a su vez puede conducir a la defraudación de las expectativas del proceso transicional.

No obstante, es justo decir también que en ocasiones, como la que ahora ocupa la atención de la Corte, son las partes intervinientes, a través del ejercicio descuidado de sus deberes o atribuciones, lo que contribuye en mayor medida a generar injustificadas dilaciones en el proceso.

Una diligente y suficiente demostración de los requisitos para acceder a la sustitución de la medida de aseguramiento de detención debería incluir, además de la demostración del cumplimiento de 8 años de privación de la libertad (término contado desde de la postulación) en un establecimiento controlado por el INPEC, y el vínculo de los delitos que motivan la detención con la pertenencia del desmovilizado al grupo armado ilegal, un seguimiento pormenorizado del tema de bienes, pues para ello no basta la genérica enunciación de la fiscalía, en el sentido de que remitió unos oficios con destino la Unidad de Persecución de Bienes, y que está a la espera de su respuesta; como tampoco que la figura de la reserva estratégica impida acreditar el presupuesto.

Así mismo, si acaso existieren épocas sobre las que, sin justificación alguna, no se hubieren allegado certificaciones de conducta del desmovilizado en el establecimiento de reclusión estas deberán ser obtenidas.

Adicionalmente, en lo que tiene que ver con el requisito de la no comisión de delitos dolosos con posterioridad a la desmovilización, la fiscalía y la defensa deberían hacer claridad sobre si los radicados reseñados en el oficio del 27 de abril de 2015, suscrito por la Coordinadora de la Unidad de Gestión de Alertas y Clasificación Temprana de Denuncias (fl. 22 del cuaderno de anexos), tienen origen en hechos ocurridos después de la desmovilización, o si fueron objeto de versión, imputación y cargos en Justicia y Paz.

6 En conclusión, como así fue anunciado, la Corte habrá de confirmar las determinaciones adoptadas en las audiencias del 7 y 15 de octubre de 2015 por el magistrado de control de garantía de Bogotá.

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal,

VII. RESUELVE:

CONFIRMAR las decisiones adoptadas por el magistrado de control de garantías de Bogotá en la audiencia celebrada el 7 y 15 de octubre de 2015.

Contra la presente decisión no procede recurso alguno.

Notifíquese, cúmplase y devuélvase la actuación al Despacho de origen».