A.P. 3393-2017/50220 de mayo 31 de 2017.

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA DA CASACIÓN PENAL

Magistrado Ponente:

Dr. Luis Antonio Hernández Barbosa

AP3393-2017

Rad.: 50220

(Aprobado Acta 176).

Bogotá, D.C., mayo treinta y uno (31) de dos mil diecisiete (2017).

Vistos:

La Corte se pronuncia de oficio sobre la situación de J.E.L.M., guerrillero de las Farc­Ep, capturado con fines de extradición.

Antecedentes:

1. Mediante Nota Verbal 0697 del 27 de marzo de 2009, la Embajada de los Estados Unidos solicitó la detención provisional con fines de extradición del ciudadano colombiano J.E.L.M., requerido para comparecer a juicio por el delito de secuestro, de acuerdo con la acusación sustitutiva 83 09-CR 109, dictada el 19 de marzo de 2009 en la Corte Distrital de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York.

2. Con fundamento en esa petición la Fiscalía General de la Nación decretó, mediante Resolución de 30 de marzo del mismo año, la captura de J.E.L.M.

3. A través de Nota Verbal 2803 del 18 de noviembre de 2009, la Embajada de Estados Unidos señaló que L.M. “también es requerido para comparecer por delitos relacionados con terrorismo”, según acusación 08-CR-1290 dictada el 18 de diciembre de 2008 por la misma Corte Distrital.

4. Entonces, el 18 de diciembre de 2009, la Fiscalía General de la Nación adicionó la resolución de captura con fines de extradición del 30 de marzo de 2009 librada contra J.E.L.M., para incluir el delito de terrorismo.

5. Encontrándose L.M. en el Punto de Preagrupamiento Temporal, ubicado en la vereda B.D.R.V. del municipio de Tierralta (Córdoba), en su condición de miembro de las Farc-Ep, el Mecanismo de Monitoreo y Verificación le autorizó desplazarse el 23 de febrero de 2017 a Medellín para asistir a unas citas médicas, según se encuentra acreditado con las respectivas constancias, fecha en la cual fue capturado en dicha ciudad por miembros de la Policía Nacional, en virtud de la orden dispuesta por la Fiscalía General de la Nación.

6. Mediante Resolución 001 del 27 de febrero de 2017, el Alto Comisionado reconoció a J.E.L.M., identificado con cédula de ciudadanía número XX.XXX.XXX , como miembro de las Farc-Ep, pues su nombre aparecía relacionado en el listado de integrantes que en su momento entregó el delegado de dicho grupo.

7. Por medio de Nota Verbal 0483 del 20 de abril de 2017, la Representación Diplomática de Estados Unidos formalizó la solicitud de extradición de J.E.L.

A su vez, el Ministerio de Relaciones Exteriores, con oficio DIAJI 0882 del 21 de abril de 2017, dirigido a la Cartera de Justicia y del Derecho, señaló que en este caso “es procedente obrar de conformidad con el ordenamiento procesal colombiano”.

Por su parte, el Jefe de la Oficina de Asuntos Internacionales del Ministerio de Justicia y del Derecho, con oficio OFI17-0012281-0Al-1100 del 27 de abril de 2017, remitió a la Corte la solicitud de extradición con la documentación reunida.

La Sala, en decisión del pasado 4 de mayo, dispuso requerir al solicitado para que nombrara defensor, el 15 de mayo reconoció al abogado designado y dispuso surtir el traslado previsto en el artículo 500 de la Ley 906 de 2004.

Conductas Sustento de la Solicitud de Extradición:

Según la acusación S6 09CR 109 dictada el 19 de marzo de 2009, en la Corte Distrital de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York y la declaración de apoyo de C.M.B., agente del FBI encargado del caso, el cargo de secuestro se fundamenta en que “el 4 de abril de 2008, el ciudadano estadounidense C.J.P., un hombre de negocios que vivía y trabajaba en Panamá, fue secuestrado después de una parada de tráfico organizada por agentes de policía panameños corruptos reclutados por R.L.O.L., alias “E.M.”. Según una fuente confidencial (“la CS”), el secuestro de Padrón fue organizado por M.P., quien ordenó que “alguien” fuera secuestrado para pedirle rescate, y pidió a O.L. que le encontrara a una víctima”.

Agregó, igualmente, que en los días siguientes al 11 de abril de 2008, “representantes del Frente 57 hicieron demandas de rescate a los familiares estadounidenses de P. que vivían en Miami, y continuaron hasta que la familia de C.J.P. pagó el rescate al Frente 57. Después del pago del rescate, C.J.P. fue liberado en febrero de 2009”.

En la acusación 08-CR-1290, dictada el 18 de diciembre de 2008 por la Corte Distrital de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York, se fijaron como hechos para configurar el “concierto para suministrar apoyo material y recursos a una organización terrorista internacional”, los siguientes:

“Desde 1964, o alrededor de esa fecha, hasta e inclusive la fecha de la presentación de esta Acusación Formal, las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (en adelante las “Farc”) han sido y siguen siendo un grupo terrorista internacional dedicado al derrocamiento violento de Gobierno de Colombia elegido democráticamente (...).

“Las Farc han asignado al Frente 57 de las Farc la responsabilidad de intentar obtener y retener, por medio de fuerza militar, el control del Departamento de Chocó en Colombia, una zona fronteriza con la República de Panamá. El Frente 57 de las Farc en su totalidad, apoya las actividades terroristas de las Farc, a través de, entre otros medios, el narcotráfico y el secuestro, inclusive el secuestro de seis ciudadanos extranjeros en Colombia el 13 de enero de 2008 y el secuestro de un ciudadano estadounidense en Panamá el 4 de abril de 2008. (...) L.F.M.P., alias “V.A.V.M.”, alias “S.” y J.E.L.M., alias “A.”, los acusados, son miembros del liderazgo del Frente 57 de las Farc”.

Consideraciones de la Corte:

1. Dada la reconocida condición de J.E.L.M. como miembro de las Farc-Ep, acreditada también mediante certificación expedida por el Alto Comisionado para la Paz, la Sala no puede sustraerse de las normas que se han ocupado de desarrollar el “Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera” suscrito el 24 de noviembre de 2016 en el Teatro Colón de Bogotá por el Presidente de la República y el Comandante del Estado Mayor de las Farc-Ep, vigente a partir del 1 de diciembre de ese año, que en su numeral 72 establece:

“No se podrá conceder la extradición ni tomar medidas de aseguramiento con fines de extradición respecto de hechos o conductas objeto de este Sistema, ocasionados u ocurridos durante el conflicto armado interno o con ocasión de este hasta la finalización del mismo, trátese de delitos amnistiables o de delitos no amnistiables, y en especial por ningún delito político, de rebelión o conexo con los anteriores, ya hubieran sido cometidos dentro o fuera de Colombia (...)”.

El Acto Legislativo 01 del 4 de abril de 2017, incorporado a la Constitución Política a partir de esa fecha(1), dispuso:

“ART. TRANS. 19.—Sobre la extradición. No se podrá conceder la extradición ni tomar medidas de aseguramiento con fines de extradición respecto de hechos o conductas objeto de este Sistema y en particular de la Jurisdicción Especial para la Paz, ocasionados u ocurridos durante el conflicto armado interno o con ocasión de este hasta la finalización del mismo, trátese de delitos amnistiables o de delitos no amnistiables, y en especial por ningún delito político, de rebelión o conexo con los anteriores, ya hubieran sido cometidos dentro o fuera de Colombia.

“Dicha garantía de no extradición alcanza a todos los integrantes de las Farc-Ep y a personas acusad as de formar parte de dicha organización, por cualquier conducta realizad a con anterioridad a la firma del acuerdo final, para aquellas personas que se sometan al SIVJRNR (...)”.

Claramente se advierte que con tal norma se introdujo al ordenamiento jurídico colombiano la prohibición de conceder la extradición y adoptar “medidas de aseguramiento” con ese fin, respecto de los integrantes de las Farc-Ep que cometieron conductas delictivas durante el conflicto armado interno o con ocasión de este, con anterioridad a la firma del Acuerdo Final de Paz.

2. Los hechos que sustentaron las acusaciones S6 09CR 109 y 08-CR-1290, dictadas el 19 de marzo de 2009 y el 18 de diciembre de 2008, respectivamente, por la Corte Distrital de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York, permiten advertir que se trata de delitos atribuidos a J.E.L.M. cometidos durante y con ocasión de su pertenencia a las Farc-Ep, con antelación a la suscripción del Acuerdo Final de Paz.

3. Aunque la captura con fines de extradición se libró el 30 de marzo de 2009, es decir, mucho antes de que se integrara al ordenamiento jurídico nacional el Acto Legislativo 01 del 4 de abril de 2017, es claro que a partir de esta nueva normatividad “tomar medidas de aseguramiento confines de extradición” respecto de miembros de las Farc­Ep por delitos cometidos en el marco del conflicto armado interno o con ocasión de este, con anterioridad a la firma del Acuerdo Final de Paz, resulta contrario a la Constitución Política por inconstitucionalidad sobreviniente, la cual tiene lugar cuando una nueva Constitución o como en este caso, la reforma de su texto, determina que una norma legal anteriormente exequible, ahora resulte inconstitucional por no ser compatible con el contenido del nuevo texto superior, caso en el cual es aplicable el principio establecido en el artículo 9º de la Ley 153 de 1887(2) que señala:

“La Constitución es ley reformatoria y derogatoria de la legislación preexistente. Toda disposición legal anterior a la Constitución y que sea claramente contraria a su letra o a su espíritu, se desechará como insubsistente”.

4. Adicional a la referida inconstitucionalidad sobreviniente, también se constata que en el quinto considerando del Decreto Ley 900 del 29 de mayo de 2017, se expresa que es urgente disponer “la suspensión de las órdenes de captura expedidas o que hayan de expedirse contra los miembros del grupo armado organizado al margen de la ley concentrados en las zonas de ubicación temporal, cuando requieran ausentarse temporalmente de las mismas durante el tiempo de atención a citas o emergencias para atención en salud y calamidades domésticas debidamente informadas ante el representante de enlace de la Oficina del Alto Comisionado para la Paz”.

Por tal razón, el mismo Decreto Ley dispone en el inciso 3º de su parágrafo transitorio 3B: “Quedarán suspendidas las órdenes de captura con fines de extradición de los miembros de las Farc-Ep, incluidos en el listado aceptado por el Alto Comisionado para la Paz, que se encuentren acreditados por dicho funcionario, que hayan dejado las armas y además hayan firmado las actas de compromiso correspondientes”.

Si bien conforme al artículo 499 del Código de Procedimiento Penal, la competencia de la Corte dentro del trámite de extradición se encuentra limitada a emitir concepto sobre la viabilidad de la entrega, la Sala encuentra que están conculcándose de forma evidente los derechos y garantías constitucionales y legales de L.M., situación que impone su inmediato restablecimiento.

5. Si en virtud de los artículos 509 y 511 de la Ley 906 de 2004 incumbe al Fiscal General de la Nación pronunciarse sobre la libertad de los requeridos en extradición, pues es de su resorte “decretar la aprehensión tan pronto conozca la solicitud formal de entrega, o antes, si así lo pide el Estado requirente, quedando la persona capturada a órdenes de ese despacho hasta tanto se resuelva el trámite de extradición”(3), ese nuevo escenario jurídico impone a las autoridades judiciales el deber de cumplir el mandato constitucional de no “tomar medidas de aseguramiento con fines de extradición”, además de dejar inmediatamente sin efecto las ya adoptadas.

Como la Sala no puede pasar por alto tal realidad jurídica, le ordenará al Fiscal General de la Nación que disponga inmediatamente la libertad de J.E.L.M., así como su traslado, con las medidas de seguridad que sean del caso, al Punto de Preagrupamiento Temporal, ubicado en la vereda B.D.R.V. del municipio de Tierralta (Córdoba), donde se encontraba.

En mérito de lo expuesto, La Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal,

RESUELVE:

ORDENAR al Fiscal General de la Nación que de forma inmediata disponga la libertad de J.E.L.M., así como su traslado, con las medidas de seguridad que sean del caso, al Punto de Preagrupamiento Temporal, ubicado en la vereda B.D.R.V. del municipio de Tierralta (Córdoba), donde se encontraba.

Comuníquese y cúmplase.

Magistrados: Eugenio Fernández Carlier,— José Francisco Acuña Vizcaya—José Luis Barceló Camacho—Fernando Alberto Castro Caballero—Luis Antonio Hernández Barbosa.—Gustavo Enrique Malo Fernandez—Eyder Patiño Cabrera—Patricia Salazar Cuéllar—Luis Guillermo Salazar Otero.

Secretaria: Nubia Yolanda Nova García.

1. Publicado en el Diario Oficial 50.196 del 4 de abril de 2017.

2. Cfr. CC C 681/03

3 CSJ AP, 17 mar. 2010, Rad. 33488.