Auto AP3401-2015/45974 de junio 17 de 2015

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

SALA DE CASACIÓN PENAL

Rad. 45974

Magistrado Ponente:

Dr. Gustavo Enrique Malo Fernández

Bogotá, D.C., diecisiete de junio de dos mil quince.

EXTRACTOS: «Consideraciones

Como se anunció en el proemio, la Sala advierte que el recurso de apelación debió ser negado por el tribunal, sencillamente porque la orden proferida por esa corporación, imponiendo al Fiscal ceñir su interrogatorio al objeto aceptado en la audiencia preparatoria, representa un verdadero acto de dirección de la audiencia y no una decisión susceptible de impugnar a través de los recursos ordinarios.

En efecto, es necesario recordar el objeto y finalidades de la audiencia preparatoria que, como su nombre lo indica, busca delimitar previamente el tópico probatorio, a través de la definición concreta de las pruebas a practicar en el juicio, luego de que se verificara su conducencia, pertinencia, licitud y trascendencia.

De esta manera, tanto la presentación del medio que busca introducirse al juicio, como la auscultación de esos factores de pertinencia, conducencia, licitud y trascendencia, así como la controversia y contradicción de las partes ocurre, por lo general, en la diligencia en cuestión, a la manera de entender que ya en el juicio solo se acude a presentar la prueba o introducir el elemento material probatorio, conforme los precisos derroteros dilucidados en la audiencia preparatoria.

No se duda, así mismo, que la audiencia preparatoria representa trascendental e ineludible espacio procesal, dentro del trámite propio de la Ley 906 de 2004 y en seguimiento del principio antecedente consecuente que signa el procedimiento en general, a cuya consecuencia, huelga anotar, no es posible acudir a la audiencia de juicio oral si antes no se ha superado la audiencia en cuestión.

Por este mismo camino, la aplicación estricta del principio preclusivo de los actos procesales, implica que si una cuestión fue elucidada y resuelta en su compartimiento estanco, dígase la audiencia preparatoria, ya el tema no puede ser discutido de nuevo en la diligencia que le sucede, como quiera que esta, precisamente, cuenta como prerrequisito con lo resuelto en la anterior.

Cuando en la audiencia preparatoria se delimita el objeto concreto, por ejemplo, de la declaración del testigo, ello resulta imperativo para el desarrollo del juicio, precisamente porque fue ese específico objeto el que definió las aristas de conducencia, pertinencia, licitud y trascendencia, facultando la controversia y contradicción de la parte contra la cual habrá de ser esgrimida la prueba.

En consecuencia, es tarea de las partes y del juez, en cuanto garante del debido proceso y de los derechos de quienes intervienen en el juicio, velar porque se cumplan las precisas pautas testimoniales, en respeto de lo decidido precedentemente.

Bajo esta óptica, cuando el interrogador desvía el curso del objeto para el cual fue aceptado el testimonio jurado, apenas natural asoma la posibilidad de que la parte agraviada objete la pregunta y es labor del juez, en cuanto director del proceso, dar curso a la dicha objeción.

Este trámite, cabe resaltar, es propio de la dinámica del juicio y representa la actividad del juez en procura de hacerlo efectivo —como sucede, a título de ejemplo, con las preguntas capciosas o sugestivas en el interrogatorio—, y no implica, ni puede implicar, so pena de incursionar en un tema cubierto por el manto de la preclusión procesal, aceptar o negar la práctica de una prueba.

Es por lo anotado, que el artículo 392 de la Ley 906 de 2004, atribuye directamente al juez, en control del interrogatorio, la facultad de prohibir la pregunta “sugestiva, capciosa o confusa”, o la que “tienda a ofender al testigo”, y excluir “toda pregunta que no sea pertinente”; incluso, agrega en el inciso final: “el juez intervendrá con el fin de que el interrogatorio sea leal y que las respuestas sean claras y precisas”.

En este mismo sentido, el artículo 395 ibídem, regula lo concerniente a las oposiciones que se presenten durante el interrogatorio, para lo cual dispone que “la parte que no está interrogando o el Ministerio Público, podrán oponerse a la pregunta del interrogador cuando viole alguna de las reglas anteriores o incurra en alguna de las prohibiciones. El juez decidirá inmediatamente si la oposición es fundada o infundada”.

Sobra referir que todas estas intervenciones del juez operan no solo inmediatas, sino expeditas en sus efectos, a manera de órdenes necesarias para el buen desarrollo del juicio y no de decisiones sujetas a controversia, ni mucho menos, impugnación a través de los recursos ordinarios.

De lo contrario, no cabe duda, el juicio se haría no solo farragoso sino interminable, pues, para soportar el ánimo dilatorio apenas bastaría con convertir la objeción u oposición, en materia de debate.

Ahora, si sucede que la intervención expedita del juez representa clara arbitrariedad o afecta de manera profunda la teoría del caso de la parte, el mecanismo adecuado para restañar el daño no es acudir a una inexistente posibilidad de controversia por la vía del recurso directo contra esa manifestación que se estima injusta, sino su postulación por el camino del alegato de cierre del juicio o de la apelación —incluso del recurso extraordinario de casación— de la decisión final que causó agravio a la parte, desde luego, demostrando que el comportamiento del funcionario incidió de manera trascendente en el fallo.

Lo señalado no significa, desde luego, que no exista posibilidad de entronizar en pleno trámite del juicio discusiones estrictamente probatorias de aceptación o negación de un medio en concreto.

Pero ello, cabe anotar, opera excepcional y por definición expresa de la ley, a cuya razón, precisamente, el artículo 374 del Código de Procedimiento Penal, contempla:

“Oportunidad de pruebas. Toda prueba deberá ser solicitada o presentada en la audiencia preparatoria, salvo lo dispuesto en el inciso final del artículo 357, y se practicará en el momento correspondiente del juicio oral y público”.

A situaciones excepcionales, soluciones excepcionales y, consecuentemente, cuando se trata de prueba sobreviniente fundamental, de circunstancias ocurridas con posterioridad a la audiencia preparatoria que impidan la comparecencia del testigo a juicio —prueba de referencia— o de otros factores que obliguen modificar los presupuestos tomados en consideración en dicha diligencia, deberá el juez analizar y resolver sobre el punto, en intervención que por su naturaleza y efectos —ordenar una prueba diferente a las dispuestas en la audiencia preparatoria—, sí corresponde a una verdadera decisión motivada que faculta la interposición de recursos ordinarios.

Sin embargo, lo ocurrido en la audiencia de juicio oral con el testimonio del investigador judicial dista mucho de corresponderse con las circunstancias o casos excepcionales antes referidos, pues, en nada se modificaron los presupuestos que gobernaron en la audiencia preparatoria la aceptación de la declaración jurada con un objeto específico, que de ninguna manera puede ser mutado por el Fiscal motu proprio; mucho menos, si la razón para conducir el interrogatorio hacia escenarios ajenos a lo verificado anteladamente por el tribunal y las partes, estriba en que olvidó introducir un documento con otro de los testigos.

Debe precisar la Corte que la discusión planteada aquí no radica en examinar el valor de los documentos o la forma en que ellos pueden ser introducidos en el juicio, sino exclusivamente en lo ocurrido durante el interrogatorio tomado al investigador, cuando el Fiscal desvió las preguntas hacia un objeto ajeno al preconizado, debatido, controvertido y aceptado en la audiencia preparatoria.

Por ocasión de ello, cuando el defensor objetó la pregunta y el tribunal ordenó reformularla, el asunto debió haber terminado allí, en lugar de dar pábulo a la controversia planteada por el funcionario encargado de la acusación, que, para el efecto del recurso de apelación, asoma completamente impertinente.

Y, si la Fiscalía considera que el documento en cuestión puede ser introducido, o mejor, que se presentó un factor excepcional que le permite hacerlo a pesar de su omisión con el testigo de acreditación admitido en la audiencia preparatoria, pues, así debe alegarlo ante los magistrados del tribunal, en lugar de valerse del interrogatorio adelantado con otro declarante, desviando sigilosamente el objeto específico de su atestación.

Evidente que la intervención del tribunal operó propia de su labor de dirección del juicio, conforme lo que expresamente le faculta la ley, de ninguna manera la orden impartida puede asimilarse a decisión pasible de impugnar por vía de los recursos ordinarios.

Entonces, el trámite dado a la insatisfacción del Fiscal con lo ordenado por el director de la audiencia, asoma no solo ilegal, sino contrario a los principios de eficacia, eficiencia y economía procesal, propios de la sistemática penal.

En consecuencia, la sala negará el recurso de apelación a cuyo trámite dio curso el tribunal, a efectos de que se continúe con el interrogatorio del testigo, de conformidad con la objeción resuelta por la corporación.

En mérito a lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal,

RESUELVE:

NEGAR el recurso de apelación presentado por el Fiscal en contra de la orden del tribunal de reformular la pregunta al testigo.

En consecuencia, debe continuarse con el trámite del interrogatorio.

Devuélvanse las diligencias al tribunal de origen. Cúmplase.

Aprobado acta 212».