Auto AP3516-2017/49.471 de mayo 31 de 2017

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA DE CASACIÓN PENAL

AP3516-2017

Radicación: 49.471

Acta: 176

Magistrado Ponente:

Dr. Eyder Patiño Cabrera

Bogotá D.C., treinta y uno de mayo de dos mil diecisiete.

Asunto

Pronunciarse sobre la solicitud de libertad presentada por la defensa de Santos Román Narváez Ansazoy dentro del trámite de extradición que se adelanta en contra de aquél, por petición del Gobierno de los Estados Unidos de América.

Antecedentes

1. Mediante nota verbal Nº 1979 del 12 de octubre de 2016(1), la Embajada estadounidense pidió la detención provisional con fines de extradición de Santos Román Narváez Ansazoy. En Comunicación Diplomática Nº 2345 del 6 de diciembre de 2016(2) se formalizó la solicitud de extradición.

2. El 28 de julio del año pasado, el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Florida, profirió acusación de reemplazo formal Nº 16-20575-CR-SCOLA/OTAZO-REYES, por el cargo de tráfico de narcóticos(3).

3. El 13 de diciembre de 2016, el Ministerio de Justicia y del Derecho remitió a la Corte la documentación enviada por la Embajada de los Estados Unidos de América, debidamente traducida y autenticada(4), en el que consignó el concepto de su homólogo de relaciones exteriores sobre la vigencia entre la República de Colombia y los Estados Unidos de América de la “Convención de (sic) Naciones Unidas contra el tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias psicotrópicas”, suscrita en Viena el 20 de diciembre de 1988, aclarando que, en los aspectos no regulados por dicho instrumento internacional, se regiría por lo previsto en el ordenamiento jurídico colombiano.

4. La Fiscalía General de la Nación, mediante resolución del 18 de octubre de 2016(5), decretó la captura con fines de extradición del ciudadano Santos Román Narváez Ansazoy, que se efectuó el día siguiente siendo las 18:45 horas en la sala de temporal de retenidos DIJIN en la carrera 24 No 12-32(6).

5. El 16 de diciembre de 2016(7), la Sala de casación penal de la Corte Suprema de Justicia le informó a Santos Román Narváez Ansazoy su derecho a nombrar un abogado que lo asistiera en el trámite ante esta Corporación, confiriendo poder el mencionado al profesional Gabriel Alberto Arce Sepúlveda(8).

Solicitud de libertad condicionada

La defensa de Santos Román Narváez Ansazoy luego de realizar un recuento normativo del “ACUERDO FINAL PARA LA TERMINACIÓN DEL CONFLICTO Y LA CONSTRUCCIÓN DE UNA PAZ ESTABLE Y DURADERA”, señala que el mencionado pertenece a las FARC-EP y los hechos por los cuales es requerido en extradición se circunscriben al operativo adelantado por miembros de las fuerzas militares de Colombia en Puerto Saija-Timbiquí-Cauca, en el que fue incautada cocaína atribuida a dichas fuerzas revolucionarias.

Refiere que por dicho motivo la fiscalía 12 especializada de Quibdó-Chocó investiga al pretendido.

Aduce que Narváez Ansazoy cumple con los requisitos para que se decrete la libertad condicionada, toda vez que su nexo con la guerrilla de las FARC-EP quedó plasmada en la acusación realizada por el país requirente y las respectivas notas verbales, situación por la cual suscribió acta de sometimiento a la jurisdicción especial para la paz.

Consideraciones

En este caso, la Sala observa que la petición de libertad condicionada invocada por el apoderado de Santos Román Narváez Ansazoy está relacionada con la aplicación del Acuerdo Final para la “Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera”, suscrito el 24 de noviembre de 2016.

Al respecto, debe precisarse que el numeral 72 del referido acuerdo(9) y el Acto Legislativo 01 del 4 de abril de 2017, en su artículo 19 transitorio(10), introdujeron al ordenamiento jurídico colombiano la prohibición de conceder extradición y adoptar medidas de aseguramiento, respecto de integrantes de las FARC-EP que cometieron conductas ilícitas durante el conflicto armado o con ocasión de este.

En ese orden, como el petente invoca la aplicación del mentado acuerdo, es necesario que su condición de miembro del precitado grupo guerrillero esté demostrado, no obstante, en este caso la Sala no cuenta con elementos materiales probatorios que acrediten esa situación, los cuales tampoco fueron allegados por el libelista, precisamente por ello las peticiones probatorias que realizó en el traslado del artículo 500 de la ley 906 de 2004, se encaminaron a probar ese aspecto. Además, a pesar que se allega acta de compromiso en la misma no obra sello, membrete o firma de algún funcionario del Gobierno Nacional.

Por lo expuesto, previo a resolver de fondo la solicitud de libertad la Sala estima conducente y pertinente decretar de oficio las siguientes pruebas, en aras de no lesionar las garantías constitucionales y legales que le asisten al mencionado:

1. Requerir al Alto Comisionado para la Paz y el Ministerio de Justicia y el Derecho que certifiquen si Santos Román Narváez Ansazoy hace parte del listado suministrado por las FARC-EP como persona vinculada a dicho grupo.

2. Oficiar a la Fiscalía General de la Nación que informe si adelanta investigación contra Santos Román Narváez Ansazoy, relacionada con su pertenencia a las FARC-EP.

Finalmente, debe advertirse que la petición de libertad condicionada no es procedente en el trámite de extradición. El requerido, si insiste en una solicitud de tal naturaleza, debe acudir al funcionario y trámite pertinente acorde a las normas del Decreto 277 de 2017, artículo 11.

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de casación penal,

RESUELVE:

1. ORDENAR DE OFICIO las siguientes pruebas:

1. Requerir al Alto Comisionado para la Paz y el Ministerio de Justicia y el Derecho que certifiquen si Santos Román Narváez Ansazoy hace parte del listado suministrado por las FARC-EP como personas vinculadas a dicho grupo o si su permanencia al mismo está en estudio.

2. Oficiar a la Fiscalía General de la Nación que informe si adelanta investigación contra Santos Román Narváez Ansazoy relacionada con su pertenencia a las FARC-EP.

Notifíquese y cúmplase.

Magistrados: Eugenio Fernández Carlier—José Francisco Acuña Vizcaya—José Luis Barceló Camacho—Fernando Alberto Castro Caballero—Luis Antonio Hernández Barbosa—Gustavo Enrique Malo Fernández—Eyder Patiño Cabrera—Patricia Salazar Cuéllar—Luis Guillermo Salazar Otero. 

Nubia Yolanda Nova García, Secretaria.

(1) Folios 34 a 39 y 40 a 45 (traducción no oficial) carpeta anexa.

(2) Folios 84 a 90 y 91 a 98 (Traducción no oficial) Ibídem.

(3) Folios 203 a 213 Ibídem.

(4) Folios 1 a 2 cuaderno de la Corte.

(5) Folios 2 a 5 Ibídem.

(6) Folio 10 y reverso ibídem, en esa misma fecha se notificó la resolución de captura.

(7) Folio 6 cuaderno de la Corte.

(8) Folio 8 Ibídem.

(9) (…) 72. No se podrá conceder la extradición ni tomar medidas de aseguramiento con fines de extradición respecto de hechos o conductas objeto de este sistema, ocasionados u ocurridos durante el conflicto armado interno o con ocasión de este hasta la finalización del mismo, trátese de delitos amnistiables o de delitos no amnistiables, y en especial por ningún delito político, de rebelión o conexo con los anteriores, ya hubieran sido cometidos dentro o fuera de Colombia.

(10) (…) ART. TRANS. 19.—Sobre la extradición. No se podrá] conceder la extradición ni tomar medidas de aseguramiento con fines de extradición respecto de hechos o conductas objeto de este sistema y en particular de la Jurisdicción Especial para la Paz, ocasionados u ocurridos durante el conflicto armado interno o con ocasión de este hasta la finalización del mismo, trátese de delitos amnistiables o de delitos no amnistiables, y en especial por ningún delito político, de rebelión o conexo con los anteriores, ya hubieran sido cometidos dentro o fuera de Colombia.