Auto AP3572-2016 de junio 8 de 2016

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

SALA DE CASACIÓN PENAL

Acta 172

Magistrado Ponente:

Dr. José Luis Barceló Camacho

Bogotá, D.C., ocho de junio de dos mil dieciséis.

EXTRACTOS: «Consideraciones de la Corte

1. De las reglas generales de competencia deriva que los conflictos de competencia y los impedimentos, cuando los trabados en el incidente no se ponen de acuerdo, corresponde dirimirlos al superior funcional común. En el presente asunto, el juzgador que se declara impedido (de Yopal) y quien encuentra infunda la excusa (de Santa Rosa de Viterbo) corresponden a distritos judiciales diversos, de donde surge que los respectivos tribunales podrían cumplir como superiores funcionales de uno, no de los dos.

En esas condiciones, corresponde a la Sala de Casación Penal dirimir el conflicto.

2. Es verdad, como explica el juez de Santa Rosa de Viterbo, que sobre el tema tratado los institutos legales son los impedimentos y recusaciones, de donde resulta extraño a ellos la “invitación a declararse impedido”, utilizada por el abogado defensor, pues la Corte ha decantado que lo procedente es, o que el juez declare su impedimento, o el sujeto procesal lo recuse (confrontar, por todos, auto del 9 de septiembre de 2015, SP12031, radicado 40.217).

Si bien lo anterior no admite discusión y ante una invitación de tal naturaleza el juez bien puede hacer caso omiso, lo mismo no obstaculiza que si el juzgador encuentra acertadas las inquietudes planteadas proceda a declarar su impedimento, porque si este debe postularlo de oficio por mandato legal, nada irregular surge que lo haga ante las palabras de alguna de las partes.

3. Se demostró que quien, desde el 21 de julio de 2014, ejerce la defensa del acusado, a su vez, desde el 22 de abril del mismo año, cumple como apoderado de confianza del señor juez dentro de un proceso seguido en contra de este en la fiscalía delegada ante el tribunal de Santa Rosa de Viterbo.

Con fundamento en ello, el juez de Yopal pretende separarse del conocimiento del juicio amparado en el numeral 4º del artículo 99 del Código de Procedimiento Penal, norma que no resulta plenamente aplicable al caso, en tanto establece como causal de impedimento que “el funcionario judicial haya sido apoderado o defensor de alguno de los sujetos procesales, o sea o haya sido contraparte de cualquiera de ellos”.

4. En sentido estricto, lo alegado no estructura ninguna de las hipótesis de la norma, en tanto el juez no fue apoderado del defensor (fue lo contrario: el defensor del juicio penal representa al juez en otro asunto).

Sabedor de ello, el juez de Yopal acude a los artículos 150, numeral 5º, del Código de Procedimiento Civil, y 140 y 141, numeral 5º, del Código General del Proceso, que elevan a causal de impedimento que alguna de las partes sea dependiente o mandatario del juez, supuesto último en el que sí se adecua lo sucedido, pues el acá defensor cumple como mandatario del juzgador en asunto diverso.

5. Como bien explica el juzgador de Santa Rosa de Viterbo, la Corte, en la decisión ya citada (y en otras) ha explicado que las causales de impedimento son taxativas y, por ende, como lo sucedido no estructura el motivo 4º del artículo 99 del estatuto procesal aplicable (L. 600/2000), no habría lugar a admitir la inhabilitación pretendida, como que no puede acudirse a la analogía ni hacer extensivo el motivo a circunstancias no comprendidas en él.

No obstante, en otras decisiones la Corte, amparada en criterios superiores como el garantizar la imparcialidad del juez y la ecuanimidad en la administración de justicia, ha concluido en la vialidad de aplicar la analogía para supuestos como el hoy analizado, pero supeditado a que se acredite que el juzgador deba honorarios profesionales, o que la relación juez-defensor hubiere generado lazos de amistad que pueden perturbar la independencia del funcionario (confrontar providencias del 27 de agosto de 2002, radicado 19.797, y 28 de noviembre de 2012, radicado 40.264).

Las condicionantes aludidas parece que dejarían sin aplicación la aparente analogía que quiso insinuarse, en tanto la existencia de la deuda o del lazo de amistad, necesariamente descartarían el motivo de impedimento esgrimido, pues lo desplazarían a otros, en tanto aquellas circunstancias (amistad, deuda) se encuentran expresamente consagradas en lo numerales 2º y 5º del artículo 99 de la Ley 600 del 2000, como motivos independientes de impedimento, desde donde derivaría inane acudir al 4º.

A partir del principio de integración surge legítimo dar cabida al numeral 15 del artículo 56 de la Ley 906 del 2004 cuando establece como causal de impedimento que “el juez o fiscal haya sido asistido judicialmente, durante los últimos tres (3) años, por un abogado que sea parte en el proceso”.

Resáltese que la tendencia en los estatutos procesales es la de excluir del juicio al juzgador que se encuentre en esas especiales circunstancias, sin condicionamiento alguno, sin exigir finalidad, resultado, propósito. Simplemente la relación objetiva obliga a la separación del proceso.

Si ese es el querer del legislador procesal en todos los ámbitos, no se encuentra explicación razonable para que el mismo parámetro no se admita en los asuntos tramitados al amparo de la Ley 600 del 2000, cuandoquiera que en esta también se impone que el juzgador esté alejado de cualquier circunstancia que directa o indirectamente pueda incidir en su ecuanimidad.

Se declarará fundado el impedimento del Juez Penal del Circuito Especializado de Yopal y, en consecuencia, el proceso será asignado a su homólogo de Santa Rosa de Viterbo.

Consecuente con lo expuesto, la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia,

RESUELVE:

1. Declarar fundada la causal de impedimento y propuesta por el Juez Penal del Circuito Especializado de Yopal.

2. En consecuencia, el mismo será separado del conocimiento del juicio seguido en contra de CEMC, el cual pasará al Juez Penal del Circuito Especializado de Santa Rosa de Viterbo.

Notifíquese y cúmplase».