Auto AP3580-2016 de junio 8 de 2016

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA DE CASACIÓN PENAL

AP3580-2016

Radicación: 47984

Aprobado acta 172

Magistrado Ponente:

Dr. Fernando Alberto Castro Caballero

Bogotá, D.C., junio ocho de dos mil dieciséis.

(Legis considera conveniente que los datos de (partes, terceros o intervinientes, etc.) sean suprimidos por las iniciales del nombre y apellido o XXX según el caso, con el propósito de proteger los derechos contemplados en el artículo 15 de la Constitución Política).

EXTRACTOS: «Consideraciones de la Sala

La Corte es competente para desatar el recurso de apelación interpuesto contra la determinación adoptada por el Juzgado Tercero de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de XXX, conforme a lo normado en el parágrafo del artículo 38 de la Ley 906 de 2004, según el cual:

«Cuando se trate de condenados que gocen de fuero constitucional o legal, la competencia para la ejecución de las sanciones penales corresponderá, en primera instancia, a los jueces de ejecución de penas y medidas de seguridad del lugar donde se encuentre cumpliendo la pena. La segunda instancia corresponderá al respectivo juez de conocimiento» (resaltado fuera de texto).

Lo anterior por cuanto, como lo ha precisado la Sala en anteriores oportunidades, aun cuando los procesos se hayan consolidado bajo el sistema de la Ley 600 de 2000, aplica la disposición pertinente de la Ley 906 de 2004, por resultar favorable al condenado en tanto prevé una segunda instancia, a diferencia de lo normado en el último inciso del artículo 79 de la primera normatividad en cita(1).

El problema jurídico que se plantea en el asunto que convoca la atención de la Sala es la posibilidad de conceder permiso para trabajar fuera de su residencia al procesado G.O.B. quién se encuentra en prisión domiciliaria.

Para abordar el estudio, resulta oportuno precisar en primer lugar, que el beneficio de la prisión domiciliaria si bien no se cumple en un sitio tradicional de reclusión, comporta de igual manera la privación de la libertad y limitación de derechos fundamentales de la persona beneficiaria de la prerrogativa, la cual se concede por razones tácitamente consagradas en la ley, y, en los casos en que lo permitan y aconsejen las particulares circunstancias del condenado.

Por consiguiente, no existe ninguna razón que justifique hacer distinciones entre las personas que se encuentran cumpliendo pena en un centro carcelario, con quienes están confinadas en su domicilio u otro sitio de reclusión con ese propósito, en tanto, son sujetos de idénticas restricciones y gozan de los mismos derechos fundamentales, algunos suspendidos o limitados, en razón de la sujeción en la que se encuentran frente al Estado.

La Corte Constitucional, ha clasificado los derechos fundamentales de los internos en tres categorías: «i) aquellos que pueden ser suspendidos, como consecuencia de la pena impuesta (como la libertad física y la libre locomoción); ii) aquellos que son restringidos debido al vínculo de sujeción del recluso para con el Estado (como derechos al trabajo, a la educación, a la familia, a la intimidad personal); y iii) derechos que se mantienen incólumes o intactos, que no pueden limitarse ni suspenderse a pesar de que el titular se encuentre sometido al encierro, dado a que son inherentes a la naturaleza humana, tales como la vida e integridad personal, la dignidad, la igualdad, la salud y el derecho de petición, entre otros»(2).

Por tanto, el Estado está en la obligación de garantizar a los internos el ejercicio de los derechos fundamentales que no han sido suspendidos y parcialmente aquellos que se encuentran limitados, realizando las acciones necesarias para hacer efectivo el goce de los mismos.

El trabajo como derecho limitado que tienen los reclusos.

De conformidad con lo dispuesto en la Constitución Política(3) el trabajo es un valor fundante del Estado social de derecho, un derecho constitucional fundamental y una obligación social.

Así lo define el artículo 25 de la Carta cuando señala que el trabajo como derecho-deber, «goza en todas sus modalidades, de la especial protección del Estado, de donde surge para el Estado la obligación, por intermedio de las autoridades penitenciarias, de proporcionar a los reclusos, en la medida de las posibilidades, la actividad laboral como forma de superación y medio para alcanzar la libertad, el cual se desarrollará con sujeción estricta al ordenamiento que lo regula y a la ley, mediante el respeto de sus garantías constitucionales y legales

En relación con el trabajo carcelario, la Corte Constitucional ha señalado que lo desarrollan los presos «dentro del marco de la situación especial de sujeción y subordinación en la que se encuentran, de ahí que en principio, los vínculos que surgen como consecuencia de las labores prestadas por los internos no pueden equipararse a aquellos que se derivan de una relación laboral en el sentido estricto del término. Por consiguiente, sin descartar las posibilidades de diversas formas de relación laboral y, por lo tanto, de remuneración, el trabajo carcelario cumple objetivo primordial de resocialización de los reclusos»(4).

Este derecho de los reclusos aparece regulado en el título VII de la Ley 65 de 1993, específicamente en el artículo 79 modificado por la Ley 1709 de 2014 artículo 55 que define:

«Trabajo penitenciario. El trabajo es un derecho y una obligación social y goza en todas sus modalidades de la protección especial del Estado. Todas las personas privadas de la libertad tienen derecho a un trabajo en condiciones dignas y justas. En los establecimientos de reclusión(5) es un medio terapéutico adecuado a los fines de la resocialización. Los procesados tienen derecho a trabajar y desarrollar actividades productivas. No tendrá carácter aflictivo ni podrá ser aplicado como sanción disciplinaria.»

(…).

No obstante, aun cuando el trabajo penitenciario sea obligatorio para los condenados, la ley consagra algunas excepciones, como las dispuestas por el artículo 83 conforme al cual no estarán obligados, entre otros, los mayores de 60 años, las mujeres durante los tres meses anteriores al parto y el mes siguiente, así como los que padezcan una enfermedad que los inhabilite para ello.

Así mismo, el artículo 86 Ibídem preceptúa:

«Remuneración del trabajo, ambiente adecuado y organización en grupos. El trabajo de los reclusos se remunerará de una manera equitativa. Se llevará a cabo dentro de un ambiente adecuado y observando las normas de seguridad industrial.

Los condenados en la fase de mediana seguridad dentro del sistema progresivo, podrán trabajar organizados en grupos de labores agrícolas o industriales con empresas o personas de reconocida honorabilidad, siempre que colaboren con la seguridad de los internos y con el espíritu de su resocialización.

...

Los detenidos podrán trabajar individualmente o en grupos de labores públicas, agrícolas o industriales en las mismas condiciones que los condenados, siempre que el director del respectivo establecimiento penal conceda esta gracia, según las consideraciones de conducta del interno, calificación del delito y de seguridad. Los trabajadores sindicados o condenados, sólo podrán ser contratados con el establecimiento respectivo y serán estrictamente controlados en su comportamiento y seguridad.»

De igual manera, la disposición contenida en el inciso segundo del artículo 29 A, adicionado por el artículo 8º del Decreto 2636 de 2004, señala respecto del prisionero domiciliario:

«Ejecución de la prisión domiciliaria.

(…).

Durante el cumplimiento de la pena el condenado podrá adelantar las labores dirigidas a la integración social que se coordinen con el establecimiento de reclusión a cuyo cargo se encuentran y tendrá derecho a la redención de la pena en los términos establecidos por la presente ley.»

Por otra parte, el artículo 38D del Código Penal, adicionado por la Ley 1709 de 2014, refiere:

«ART. 38D.—Ejecución de la medida de prisión domiciliaria. La ejecución de esta medida sustitutiva de la pena privativa de la libertad se cumplirá en el lugar de residencia o morada del sentenciado, excepto en los casos en que este pertenezca al grupo familiar de la víctima.

El juez podrá ordenar, si así lo considera necesario, que la prisión domiciliaria se acompañe de un mecanismo de vigilancia electrónica.

El juez podrá autorizar al condenado a trabajar y estudiar fuera de su lugar de residencia o morada, pero en este caso se controlará el cumplimiento de la medida mediante un mecanismo de vigilancia electrónica» (resaltado fuera de texto).

Y el artículo 81 de la Ley 65 de 1993 modificado por el artículo 56 de la Ley 1709 de 2014, a la vez dispone:

Evaluación y certificación del trabajo. Para efectos de evaluación del trabajo en cada centro de reclusión habrá una junta, bajo la responsabilidad del subdirector o del funcionario que designe el director.

El director del establecimiento certificará las jornadas de trabajo de acuerdo con los reglamentos y el sistema de control de asistencia y rendimiento de labores que se establezcan al respecto.

PAR. 1º—Lo dispuesto en este artículo se aplicará también para los casos de detención y prisión domiciliaria y demás formas alternativas a la prisión.

PAR. 2º—No habrá distinciones entre el trabajo material y el intelectual.

Del antecedente normativo en comento, es claro que el trabajo extramural no es un derecho-deber exclusivo de quienes se encuentren condenados dentro de un establecimiento carcelario, sino que la ley extiende esa posibilidad a los internos que pueden estar purgando su pena en su domicilio, el cual podrán desarrollar fuera de éste, siempre bajo el control y vigilancia de las autoridades que los tengan a cargo.

Así mismo, el artículo 80 de la Ley 65 de 1993 precisa la actividad laboral que de manera exclusiva sirve para la redención de pena es la planeada y organizada por cada centro de reclusión en los siguientes términos:

«Planeación y organización del trabajo. La Dirección General del Inpec determinará los trabajos que deban organizarse en cada centro de reclusión, los cuales serán los únicos válidos para redimir la pena. Fijará los planes y trazará los programas de los trabajos por realizarse.

El Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario procurará los medios necesarios para crear en los centros de reclusión, fuentes de trabajo, industriales, agropecuarios o artesanales, según las circunstancias y disponibilidad presupuestal.»

Y el artículo 84 ibídem modificado por la Ley 1709 de 2014, artículo 57, a la vez señala:

Programas laborales y contratos de trabajo. Entiéndase por programas de trabajo todas aquellas actividades dirigidas a redimir pena que sean realizadas por las personas privadas de la libertad.

La subdirección de desarrollo de habilidades productivas del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) coordinará la celebración de los contratos de trabajo de las personas privadas de la libertad con los establecimientos penitenciarios o con los particulares a efecto del desarrollo de las actividades y programas laborales.

El trabajo de las personas privadas de la libertad se llevará a cabo observando las normas de seguridad industrial.

PAR.—Las personas privadas de la libertad que desarrollen actividades derivadas del trabajo penitenciario, serán afiliadas al Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) al sistema nacional de riesgos laborales y de protección de vejez en la forma y con la financiación que el Gobierno Nacional determine en su reglamentación (resaltado fuera de texto).

Lo expuesto lleva a concluir, que el trabajo es un derecho del que gozan todos los condenados sin excepción, estén cumpliendo la pena en un centro de reclusión, en su domicilio o morada o en cualquier sitio de reclusión, como mecanismo adecuado para la resocialización que persigue la medida punitiva, además, con la virtud de reducir el término de duración de la pena a través de la redención, con excepción de los trabajos contratados con particulares.

Del caso concreto

La recurrente reclama en favor de su prohijado permiso para trabajar fuera de su residencia, ejecutando un contrato de trabajo a término indefinido con un particular, para realizar labores administrativas en el manejo y coordinación del recurso humano y de acompañamiento investigativo en trabajos académicos y literarios, con el propósito de tener una vida digna, obtener los medios para proveer su subsistencia, mejorar su salud y la situación económica que atraviesa.

Para tal efecto, allegó formato de contrato de trabajo a término indefinido entre L.G.M.R. y G.A.O.B., sin firmas, en los que consignan las obligaciones de las partes, la remuneración, lugar de ejecución del contrato, jornada de trabajo, duración, periodo de prueba, cláusula de confidencialidad, causales de terminación del contrato, interpretación y modificaciones, responsabilidad y perjuicios, notificaciones y condiciones generales.

No obstante, observa la Corte en la revisión del documento allegado, que en la cláusula sexta se estipula:

«El horario de trabajo del TRABAJADOR será el siguiente: de lunes a viernes de 7:00 am a 7:00 pm. La hora de alimentación será de una hora que se tomará de acuerdo con la programación que se realice con el empleador y en consenso con el trabajador.»

Evidente es, que la jornada convenida por los contratantes excede el límite legal de las horas diarias laborables, según lo estipulado en los artículos 161 a167 del Código Sustantivo del Trabajo, en tanto las partes acuerdan jornadas ordinarias de trabajo de 12 horas diarias fijas.

Se debe recordar, que todos los trabajadores, incluidos los privados de su libertad, tienen unos derechos mínimos que rigen las relaciones laborales que se deben observar, tal y como lo viene reconociendo desde antaño la Corte Constitucional(6)

«4. Las garantías laborales consagradas en la Constitución protegen también al preso, quien no pierde su carácter de sujeto activo de derechos y deberes por el hecho de encontrarse privado de la libertad. Si las normas laborales son aplicables a los reclusos con las limitaciones del régimen carcelario, con mayor razón deben serlo las disposiciones constitucionales».

El trabajo concebido como un derecho y un deber social, está regido por un conjunto de normas mínimas irrenunciables e intransferibles, establecidas en defensa de los trabajadores que deben ser respetadas en todas las circunstancias, para garantizar condiciones dignas y justas en su ejercicio.

Entre estas reglas, está la de la jornada ordinaria laboral que como es sabido, la ley limita a 48 horas semanales (8 horas diarias), de donde no podrían existir jornadas superiores ni trabajos que superen dichos límites —salvo el trabajo por turnos o que se realiza sin solución de continuidad(7)—, tal como lo pactaron las partes en este evento, lo cual no puede ser soslayado, pues toda relación de trabajo debe regirse por la normatividad vigente.

En efecto, las normas laborales nacionales o internacionales, en atención a la trascendencia del trabajo, están llamadas a aplicarse de manera imperativa cuando se configure una relación de trabajo, sin reparar en la voluntad de las partes o en la denominación que se le dé al contrato(8).

Por consiguiente, es deber de las autoridades hacer respetar las disposiciones legales en materia de derechos del trabajador, con mayor razón tratándose de presos dada la especial condición en la que se encuentran, de suerte que la contratación laboral de éstos, no se convierta para los empleadores en una oportunidad para su explotación, abuso de su situación o el desconocimiento de sus derechos básicos.

De otra parte, se advierte en el contrato allegado con la petición, que las partes prevén la posibilidad de modificar a voluntad las condiciones y términos del contrato (cláusula décima), disposición que desconoce abiertamente las restricciones a las que están sometidas las personas privadas de la libertad en razón de la relación de subordinación en la que se encuentran con el Estado, además, que imposibilitaría el debido y oportuno control legal del mismo por parte de la subdirección de desarrollo de habilidades productivas del Inpec, así como la inspección y vigilancia de las autoridades a cargo de la custodia del prisionero.

Relevante resulta precisar al respecto, que aun cuando el derecho al trabajo de los reclusos merece reconocimiento y especial protección, no por ello puede colegirse que faculta al reo a realizar contratos laborales despojado de su condición de sujeción frente al Estado y en absoluta independencia del control de las autoridades judiciales y carcelarias a quienes corresponde autorizar y fijar los límites y condiciones en que puede ejercerse esta garantía, como lo señala el artículo 84 modificado por el artículo 57 de la Ley 1709 de 2004.

Por todo lo anterior, la Corte encuentra que no resulta procedente el permiso para trabajar deprecado en favor de G.A.O.B. y que debe continuar con la ejecución de la prisión domiciliaria que el Juez de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad le concedió, por lo que se procederá a confirmar la decisión de 25 de enero del presente año.

En mérito de lo expuesto, la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia,

RESUELVE:

CONFIRMAR la decisión proferida el 25 de enero del presente año por el Juzgado Tercero de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad, mediante la cual negó el permiso para trabajar al condenado G.A.O.B., por las razones aquí expuestas.

Contra esta decisión no procede recurso alguno.

Comuníquese, cúmplase y devuélvase al tribunal de origen.»

1 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, radicados 19093 y 22099 del 28 de julio y 3 de agosto de 2005; auto del 28 de junio de 2005, radicado 19093; auto de 1º de abril de 2009, radicado 31383; auto de 9 de agosto de 2011, radicado 34731; auto del 9 de mayo de 2012, radicado 38054.

2 Sentencia T-266 de 2013.

3 Preámbulo, artículos 1º, 2º, 25 y 53 de la Constitución Política.

4 Sentencia T-865 de 2012,

5 Sentencia C-1510 de 2000. Declara la EXEQUIBILIDAD de las expresiones “centro de reclusión”, contenidas en los artículos 80 y 81 de la Ley 65 de 1993, bajo el entendido de que ellas comprenden también los casos de detención domiciliaria o de detención parcial en el lugar de trabajo y sin que se pueda discriminar entre el trabajo material y el intelectual.

6 Sentencia T-009 de 1993.

7 ART. 165.—TRABAJO POR TURNOS. Cuando la naturaleza de la labor no exija actividad continuada y se lleve a cabo por turnos de trabajadores, la duración de la jornada puede ampliarse en más de ocho (8) horas, o en más de cuarenta y ocho (48) semanales, siempre que el promedio de las horas de trabajo calculado para un período que no exceda de tres (3) semanas, no pase de ocho (8) horas diarias ni de cuarenta y ocho (48) a la semana. Esta ampliación no constituye trabajo suplementario o de horas extras.

ART. 166.—TRABAJO SIN SOLUCIÓN DE CONTINUIDAD. Modificado por el artículo 3º, Decreto 13 de 1967. El nuevo texto es el siguiente: También puede elevarse el límite máximo de horas de trabajo establecido en el artículo 161, en aquellas labores que por razón de su misma naturaleza necesiten ser atendidas sin solución de continuidad, por turnos sucesivos de trabajadores, pero en tales casos las horas de trabajo no pueden exceder de cincuenta y seis (56) por semana

8 Sentencia C-555 del 6 de diciembre de 1994.