Auto AP3713-2017/50291 de junio 7 de 2017

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA DE CASACIÓN PENAL

(AP3713-2017)

Rad.: 50291

Acta 182

Magistrado Ponente:

Dr. Luis Guillermo Salazar Otero

Bogotá D.C., siete de junio de dos mil diecisiete.

(Legis considera conveniente que los nombres y apellidos de las partes y los terceros sean remplazados por sus iniciales y sus datos por xxx, con el fin de proteger los derechos contemplados en el artículo 15 de la Constitución Política de Colombia).

Asunto

La Corte resuelve el recurso de apelación interpuesto por el postulado A. V. S. contra el auto del 8 de mayo de 2017, mediante el cual la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Bogotá le negó la libertad condicionada, como ex integrante del Ejército de Liberación Nacional - ELN.

Antecedentes

1. A. V. S., ex integrante del Ejército de Liberación Nacional - ELN, y quien fuera postulado por el Gobierno Nacional a los beneficios de la Ley de Justicia y Paz el 18 de junio de 2008, solicitó ante la Fiscalía General de la Nación la libertad condicionada de que trata la Ley 1820 de 2016, autoridad que por oficio del 3 de abril de 2017 remitió tal solicitud a la Sala de Conocimiento de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Bogotá.

2. El 8 de mayo de 2017, la referida Sala convocó audiencia en la cual el postulado solicitó la concesión de la libertad condicionada en aplicación del principio de favorabilidad consagrado en el artículo 63 de la Ley 975 de 2005, a la cual considera tiene derecho pues ha estado recluido en establecimiento penitenciario, desde su postulación, por más de 8 años. Petición que acompañó su defensor.

La Fiscalía y el Ministerio Público se opusieron al pedimento, al considerar que: (i) no es predicable el principio de favorabilidad entre los dos estatutos normativos, y (ii) sólo son destinatarios de la Ley 1820 de 2016 aquellos integrantes de las guerrillas que hayan suscrito acuerdo de paz con el Gobierno, en este caso las FARC, según lo explicado por la Corte Suprema de Justicia en decisión del 19 de abril del año en curso (AP 2445-2017).

Decisión impugnada

La Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Bogotá negó la libertad condicionada al considerar que los integrantes del Ejército de Liberación Nacional postulados a los beneficios de la Ley 975 de 2005, no solo no son destinatarios a la Ley 1820 de 2016 y las normas que lo complementan, sino que no cumplen con los presupuestos normativos para ser acreedores a la misma.

Señaló que de acuerdo con los artículos 10 del Decreto 277 de 2017 y 17 de la Ley 1820 de 2016, los receptores de la ley son los integrantes de las FARC-EP como grupo armado que suscribió el acuerdo final para la paz con el Gobierno Nacional, procesados o condenados, según lo indicó la Corte Suprema de Justicia en la decisión citada en precedencia.

Luego, toda vez que el ELN, estructura a la cual perteneció A. V. S., sigue siendo un grupo rebelde alzado en armas que hasta la fecha no ha signado un acuerdo de paz con el Gobierno, no son destinatarios de la norma los desmovilizados de esa insurgencia.

Finalmente agregó, que el principio de favorabilidad que reclama el petente no es procedente, pues según lo explicara la Corte Suprema de Justicia en la referida decisión, el instituto de la libertad condicionada no encuentra equivalente en la Ley 975 de 2006.

La impugnación

El postulado, coadyuvado por su defensor, insistió en la procedencia de la libertad condicionada con fundamento en el principio de favorabilidad consagrado no sólo en el artículo 63 de la Ley 975 de 2005, sino del artículo 6º, numeral 5º, del Protocolo II adicional a los Convenios de Ginebra de 1949 y la Constitución Política de Colombia.

Acotó que perteneció a un grupo rebelde que participó del conflicto armado colombiano, razón por la cual sí es destinatario de la Ley 1820 de 2016, con independencia de que el ELN suscriba un acuerdo de paz, pues bajo ese argumento no se puede cercenar el derecho a la libertad menos cuando ya lleva más de 8 años sometido al proceso y ha contribuido con la administración de justicia.

No recurrentes

1. La Fiscalía compartió los argumentos de la magistratura y precisó que la Ley 1820 de 2016 fue dictada conforme con los instrumentos de Derecho Internacional Humanitario.

2. El Ministerio Público se remitió a los argumentos del a quo al encontrarlos acordes con los parámetros legales y jurisprudenciales pertinentes.

Consideraciones

1. De conformidad con lo establecido en el parágrafo 1º del artículo 26 de la Ley 975 de 2005, modificado por el canon 27 de la Ley 1592 de 2012, en concordancia con el artículo 68 ibídem y el numeral 3º del artículo 32 de la Ley 906 de 2004, la Corte es competente para desatar el recurso de apelación interpuesto contra la providencia proferida por la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Bogotá.

2. En consecuencia, con sujeción al principio de limitación que regula el recurso de alzada, se determinará si el postulado a los beneficios de la Ley de Justicia y Paz como ex militante del Ejército de Liberación Nacional, es beneficiario del instituto de la libertad condicionada de la Ley 1820 de 2016.

2.1. En primer lugar, frente a la procedencia de ese instituto en aplicación del principio de favorabilidad, la Sala ha precisado:

el principio de favorabilidad instituido en nuestro jurídico como principio rector y según el cual, en materia penal, la ley permisiva o favorable, aun cuando sea posterior, se aplicará de preferencia a la restrictiva o desfavorable, presupone la existencia de un conflicto de leyes en el tiempo, es decir, de una sucesión de normas que regulen una misma hipótesis fáctica de manera diferente, o le señalan consecuencias jurídicas distintas, resultando una de ellas menos gravosa para los intereses del procesado (CSJ SP, nov. 28/2002, rad. 17358, reiterada en SP, ago. 11/2004, rad. 14868).

Caso que no es el presente, como quiera que habiéndose cotejado los dos cuerpos normativos anunciados por el peticionario, leyes 975 de 2005 y 1820 de 2016, no se advierte que se trate de una sucesión de legislación en la cual se regule un mismo supuesto de hecho con consecuencias diferentes. Así ya lo había advertido la Corte:

No sobra recordar que dicho principio aplica frente a supuestos de hecho similares que reciben soluciones diferentes en estatutos sucesivos en el tiempo, constituyendo requisito esencial para pregonar su concreción, la identidad en el objeto de regulación, situación no concurrente en el caso examinado donde la figura de la libertad condicionada no está contenida en la Ley de Justicia y Paz mientras que sí hace parte de la Ley 1820 de 2016 (CSJ AP2445-2017).

Sin que lo anterior se vea modificado por la aplicación del Protocolo II adicional de la Convención de Ginebra de 1949, en su artículo 6º, numeral 5º, que dispone “a la cesación de las hostilidades, las autoridades en el poder procurarán conceder la amnistía más amplia posible a las personas que hayan tomado parte en el conflicto armado o que se encuentren privadas de libertad, internadas o detenidas por motivos relacionados con el conflicto armado”, por cuanto esta no se relaciona con el principio referido sino con las facultades del Estado para conceder amnistías de forma autónoma.

Así lo explicó la Corte Constitucional, en Sentencia C-225 de 1995:

…En ese orden de ideas es pues claro que el Protocolo II no está obligando al Estado a conceder obligatoriamente amnistías, ya que la norma establece únicamente que las autoridades “procurarán” conceder este tipo de beneficios penales. Además, este artículo del Protocolo II tampoco ordena al Estado a amnistiar todos los delitos cometidos durante la confrontación armada, puesto que simplemente señala que la amnistía será “lo más amplia posible”. Y, finalmente, teniendo en cuenta las consideraciones hechas en el punto anterior, es obvio que esas amnistías se refieren precisamente a los delitos políticos o conexos, puesto que ésos son los que naturalmente derivan de “motivos relacionados con el conflicto”.

En tal virtud, carece de fundamento la tesis propuesta por el recurrente.

2.2. Sumado a lo anterior, si bien es cierto que el postulado hizo parte del conflicto armado colombiano como integrante del Ejército de Liberación Nacional, también lo es que esta agrupación a la fecha no ha suscrito un acuerdo de paz con el gobierno, lo cual impide a sus miembros ser destinatarios de la Ley 1820 de 2016, como se desprende del artículo 5º transitorio, adicionado por el artículo 1º del Acto Legislativo 1 de 2017, de la Constitución Política de Colombia, en el cual tiene su génesis.

Así lo refiere la norma:

La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) estará sujeta a un régimen legal propio, con autonomía administrativa, presupuestal y técnica; administrará justicia de manera transitoria y autónoma y conocerá de manera preferente sobre todas las demás jurisdicciones y de forma exclusiva de las conductas cometidas con anterioridad al 1º de diciembre de 2016, por causa, con ocasión o en relación directa o indirecta con el conflicto armado, por quienes participaron en el mismo, en especial respecto a conductas consideradas graves infracciones al Derecho Internacional Humanitario o graves violaciones de los derechos humanos. Sus objetivos son satisfacer el derecho de las víctimas a la justicia; ofrecer verdad a la sociedad colombiana; proteger los derechos de las víctimas; contribuir al logro de una paz estable y duradera; y adoptar decisiones que otorguen plena seguridad jurídica a quienes participaron de manera directa o indirecta en el conflicto armado interno mediante la comisión de las mencionadas conductas. Respecto de los combatientes de los grupos armados al margen de la ley, el componente de justicia del sistema solo se aplicará a quienes suscriban un acuerdo final de paz con el Gobierno Nacional (…) (resaltado fuera del texto).

Siendo consecuente con lo anterior, lo indicado en decisión AP2445-2017 acerca de quiénes son los destinatarios de la ley en referencia tratándose de miembros de organizaciones rebeldes:

Su ámbito de aplicación, de acuerdo con el artículo 3º, se contrae a “todos quienes, habiendo participado de manera directa o indirecta en el conflicto armado, hayan sido condenados, procesados o señalados de cometer conductas punibles por causa, con ocasión o en relación directa o indirecta con el conflicto armado cometidas con anterioridad a la entrada en vigor del acuerdo final. También cobijará conductas amnistiables estrechamente vinculadas al proceso de dejación de armas.

Adicionalmente, se aplicará a “las conductas cometidas en el marco de disturbios públicos o el ejercicio de la protesta social en los términos que en esta ley se indica”. Y en cuanto a los miembros de un grupo armado en rebelión “sólo se aplicará a los integrantes del grupo que haya firmado un acuerdo de paz con el gobierno, en los términos que en esta ley se indica”.

Según ese precepto, entonces, son varios los destinatarios de la amnistía, indulto, tratamientos penales especiales diferenciados y de la consecuente libertad condicionada: i) los que participaron de manera directa o indirecta dentro del conflicto armado y fueron condenados, procesados o señalados de cometer conductas punibles por causa, con ocasión o en relación directa o indirecta con el conflicto armado cometidas con anterioridad a la entrada en vigor del acuerdo final, ii) quienes cometieron conductas punibles amnistiables estrechamente vinculadas con el proceso de dejación de armas, iii) las personas que incurrieron en conductas cometidas en el marco de disturbios públicos o el ejercicio de la protesta social y, iv) los miembros del grupo armado en rebelión que hayan firmado un acuerdo de paz con el Gobierno Nacional.

Y aunque el primer grupo de beneficiarios de la Ley 1820 de 2016 pareciera indefinido al mencionar a todos quienes participaron en el conflicto armado, no es así porque en su desarrollo la ley precisa a qué personas se refiere. Así, en primer lugar, a los agentes del Estado, pues obsérvese que el inciso 1º del artículo 3º reproduce el apartado del artículo 2º que se refiere a dichos servidores estatales. En segundo orden, a quienes han sido condenados, procesados o investigados por su pertenencia o colaboración con las FARC-EP, según se extrae de los artículos 17, numerales 1º y 3º y 22 numerales 1º y 3º (resaltado fuera del texto).

Así las cosas, A. V. S., como postulado del ELN, no tiene derecho a la libertad condicionada de que trata la Ley 1820 de 2016.

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal,

RESUELVE:

1. Confirmar la decisión del 8 de mayo de 2017 de la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Bogotá.

2. Devolver la actuación al Tribunal de origen e informar que contra esta decisión no proceden recursos.

Notifíquese y cúmplase».

Magistrados: Eugenio Fernández Carlier.—José Francisco Acuña Vizcaya.—José Luis Barceló Camacho.—Fernando Alberto Castro Caballero.—Luis Antonio Hernández Barbosa.—Gustavo Enrique Malo Fernández.—Eyder Patiño Cabrera.—Patricia Salazar Cuellar.—Luis Guillermo Salazar Otero.

Nubia Yolanda Nova García, secretaria.