Auto AP3805-2017/50411 de junio 14 de 2017

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA DE CASACIÓN PENAL

Magistrado Ponente:

Dr. Gustavo Enrique Malo Fernández

AP3805-2017

Rad.: 50411

Aprobado Acta 193

Bogotá, D.C., catorce de junio de dos mil diecisiete.

Vistos

La Corte define la competencia para conocer del recurso de apelación interpuesto contra la providencia del 4 de mayo de 2017, proferida por el Juzgado 3º de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Manizales, por medio de la cual le negó la libertad transitoria condicionada y anticipada (L. 1820/2016) al sentenciado C. A. S. G.

Actuación procesal relevante

1. El 5 de septiembre de 2011, el Juzgado 11 Penal del Circuito Especializado Proyecto OIT de Bogotá, mediante sentencia de primera instancia, declaró penalmente responsable a C. A. S. G., como coautor del delito de homicidio agravado en concurso con concierto para delinquir y fabricación, tráfico y porte de armas de fuego o municiones, imponiéndole la pena principal de 445 meses de prisión y la accesoria de interdicción de derechos y funciones públicas por el término de 20 años.

Así mismo ordenó que “en firme la presente decisión envíese la actuación a los juzgados penales del circuito especializados —reparto— del distrito respectivo y/o al juez de penas y medida de seguridad, por competencia y por tratarse de un programa de descongestión”.

2. El 24 de noviembre de 2011, la Sala Penal del Tribunal Superior de Distrito Judicial de Bogotá, resolvió confirmar la condena, tras estudiar el recurso de apelación interpuesto por el defensor del enjuiciado.

3. Ejecutoriada la sentencia, el Juzgado 3º de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Manizales asumió la vigilancia del cumplimiento de las sanciones penales impuestas a C. A. S. G.

Mediante escrito de fecha 24 de febrero de 2017, el procesado solicitó ante el juzgado ejecutor la libertad transitoria condicionada y anticipada de que trata el artículo 51 de la Ley 1820 de 2016, la cual fue negada a través de auto del 4 de mayo siguiente. Contra dicho proveído el defensor del sentenciado interpuso recurso de reposición y en subsidio de apelación.

4. En la misma fecha, el Juzgado 3º de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Manizales, resolvió (i) no reponer el auto que negó la petición del condenado; y (ii) conceder la alzada ante el juez de conocimiento respectivo para su desatamiento.

5. Recibido el expediente, el Juzgado Penal del Circuito Especializado de Manizales, mediante auto del 22 de mayo pasado, rehusó la competencia para atender el recurso de apelación presentado contra la decisión que le negó al sentenciado su petición de libertad, argumentando que tal atribución radica en el Juzgado 11 Penal del Circuito Especializado Proyecto OIT de Bogotá, habida cuenta que fue este el que profirió el fallo de primera instancia en su calidad de juez natural del proceso que le otorgaron las medidas de descongestión implementadas por el Consejo Superior de la Judicatura en relación con asuntos penales por homicidios y actos de violencia contra dirigentes sindicales y sindicalistas. De modo que dicho estrado judicial “tuvo el conocimiento del proceso desde su recepción que fuere presentada por la Fiscalía 85 Especializada UNDH/DIH proyecto OIT, hasta la ejecutoria de la sentencia”.

En virtud de lo anterior, el titular del despacho remitió la actuación a esta Corporación para que se definiera el tema competencial planteado.

Consideraciones

1. Corresponde a la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, conforme a los lineamientos contenidos en el numeral 4º del artículo 32 de la Ley 906 de 2004, pronunciarse sobre la competencia cuando se trate de aforados constitucionales y legales, o de tribunales, o de juzgados de diferentes distritos judiciales.

Por ello, es de su resorte definir la manifestación de incompetencia proveniente del Juzgado Penal del Circuito Especializado de Manizales basada en el desatinado argumento de que es al Juzgado 11 Penal del Circuito Especializado Proyecto OIT de Bogotá, a quien le corresponde conocer de este diligenciamiento en segunda instancia, por haber sido el juez de conocimiento del proceso.

2. Para resolver el debate, parte la Sala de señalar que el artículo 478 de la Ley 906 de 2004 establece: “[L]as decisiones que adopte el juez de ejecución de penas y medidas de seguridad en relación con mecanismos sustitutivos de la pena privativa de la libertad y la rehabilitación, son apelables ante el juez que profirió la condena en primera o única instancia”.

La aparente contradicción que en principio se observa entre el artículo 34, numeral 6 ibídem, que determina que los tribunales conocen del recurso de apelación interpuesto contra decisiones de los jueces de ejecución de penas, y el 478 ya citado, que adjudica la misma competencia funcional al juez que profirió la sentencia en primera o única instancia, ya fue ampliamente dilucidada prohijándose una interpretación sistemática de acuerdo a la naturaleza de las decisiones que son objeto de impugnación.

Así, el canon 478, especial y posterior, resulta aplicable cuando se trate de providencias relacionadas exclusivamente con los mecanismos sustitutivos de la pena privativa de la libertad y la rehabilitación, cuya apelación debe ser resuelta por el juez que emitió el fallo. Por lo mismo, tratándose de otro tipo de autos, se aplica el artículo 34-6, que le otorga competencia al tribunal para decidir los recursos de apelación contra las decisiones proferidas por el juez de ejecución de penas.

En efecto, la Corte(1) precisó que el precepto transcrito no reñía con lo establecido en el numeral 6º del artículo 34 ejusdem, el cual señala que las salas penales de los tribunales superiores de distrito judicial conocen “del recurso de apelación interpuesto contra la decisión de ejecución de penas”, en tanto que, la “controversia se dirime por el principio de especialidad de la norma procesal, a la que auxilia el criterio del precepto posterior, porque el artículo 478 ejusdem que se revisa hace parte del Libro IV, que desarrolla única y específicamente la temática de la ejecución de la sentencia”.

Adicionalmente, se dijo que “la norma examinada en concreto escinde de la multiplicidad de materias de las que conocen los jueces de ejecución de penas —redención de penas, acumulación jurídica de penas, aplicación de penas accesorias, libertad vigilada, extinción de la condena, entre otros— aquellas que deciden sobre los mecanismos sustitutivos privativos de la libertad; lo que devela que por excepción y especialidad, estos temas son del conocimiento del juez que profirió la condena”.

Ahora bien, los mecanismos sustitutivos de la pena de prisión son los previstos en el capítulo tercero del título IV, artículos 63 y siguientes, de la parte general del Código Penal —suspensión de la ejecución de la pena y libertad condicional—, pero igual connotación tiene el reglado en el artículo 38, subrogado por el inciso 2º de la Ley 1142 del 2007 —prisión domiciliaria—, como lo estableció la Corte en el citado precedente.

Por su parte, la libertad transitoria condicionada y anticipada, sobre la cual versó la petición del sentenciado atendida por el Juzgado 3º de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Manizales, es un beneficio que el Congreso de la República introdujo en la Ley 1820 del 30 de diciembre de 2016, expedida en desarrollo del procedimiento legislativo especial para la paz establecido en el artículo 1º transitorio del Acto Legislativo 1 de 2016, dentro del régimen de libertades que se implementó para los agentes del estado que hayan sido condenados, procesados o señalados de cometer conductas punibles por causa, con ocasión o en relación directa o indirecta con el conflicto armado.

El artículo 51 de la citada normatividad definió dicha figura jurídica como “beneficio propio del sistema integral expresión del tratamiento penal especial diferenciado, necesario para la construcción de confianza y facilitar la terminación del conflicto armado interno, debiendo ser aplicado de manera preferente en el sistema penal colombiano, como contribución al logro de la paz estable y duradera”.

A los agentes del estado les será concedida la libertad transitoria condicionada y anticipada, siempre que al momento de entrar en vigencia la Ley 1820 de 2016 estén detenidos o condenados y acepten su sometimiento a la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas de la Jurisdicción Especial para la Paz, con el fin de acogerse a la “renuncia de la persecución penal”. De acuerdo con el artículo 51 ya mencionado, dicha manifestación o aceptación deben formularla ante el Secretario Ejecutivo de la Jurisdicción Especial para la Paz mientras entra en funcionamiento la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas, quien de cumplirse los requisitos legales contemplados en el artículo 52 ibídem, así lo comunicará al respectivo funcionario judicial, conforme lo establece el artículo 53 ejusdem.

Acerca de la competencia para decidir sobre la libertad transitoria condicionada y anticipada, el mismo artículo 53 la radicó en el “funcionario que esté conociendo la causa penal”, expresión de la cual se deriva que la asignación depende de la fase procesal en que se encuentre el proceso al momento de recibirse la comunicación del Secretario Ejecutivo de la Jurisdicción Especial para la Paz, de manera que si está surtiéndose la fase de juzgamiento le corresponderá al juez de primera instancia, si es en trámite de apelación al de segundo grado y si es en sede de casación a la Corte Suprema de Justicia. Por lo mismo, si la sentencia ha cobrado ejecutoria, su conocimiento será de los jueces de ejecución de penas.

Luego, entonces, como se ha observado, se trata de un mecanismo liberatorio transitorio, condicionado, anticipado, especial diferenciado y preferente, creado en el marco de la implementación de la Jurisdicción Especial para la Paz, que por sus características y particulares exigencias no logra asimilarse a uno de los sustitutos de la pena de prisión previstos en el Código Penal —suspensión de la ejecución de la pena, libertad condicional y prisión domiciliaria—.

En ese sentido, frente a las apelaciones de las decisiones que llegaren a adoptarse por parte del juez de ejecución de penas en ejercicio de la competencia que le otorga el artículo 53 de la Ley 1820 de 2016 en relación a dicho beneficio liberatorio, no será aplicable el artículo 478 del Código de Procedimiento Penal, sino la regla general contenida en el numeral 6º del artículo 34 ibídem que preceptúa que los tribunales conocen de la alzada impetrada contra proveídos de los jueces que controlan el cumplimiento de las sentencias condenatorias, ya que aquélla determinación no se refiere a los mecanismos sustitutivos de la pena privativa de la libertad y la rehabilitación previstos en el Código Penal.

En virtud de lo anterior, los argumentos expuestos por el Juez Penal del Circuito Especializado de Manizales para rechazar el conocimiento del recurso de apelación interpuesto por la defensa del sentenciado en este caso, ninguna relevancia tienen para la resolución de este asunto.

3. En suma, como lo que está pidiendo el procesado es la libertad transitoria condicionada y anticipada y este es un beneficio que no corresponde a un mecanismo de sustitución de la pena ni a rehabilitación, la competencia para conocer de la apelación que ha interpuesto contra la decisión del 4 de mayo pasado proferida por el Juzgado 3º de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad Manizales, es de la Sala Penal del Tribunal Superior de Distrito Judicial de esa misma ciudad, en su condición de superior funcional de dicho estrado judicial, y no del Juzgado 11 Penal del Circuito Especializado de Bogotá que profirió el fallo de primer grado en cumplimiento de un programa de descongestión.

Por consiguiente, será a esa corporación a donde se enviará lo actuado para que se emita la decisión que en derecho corresponda.

En mérito de lo expuesto la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal,

RESUELVE:

DECLARAR que la competencia para conocer del recurso de apelación que ha interpuesto la defensa contra la decisión del 4 de mayo pasado proferida por el Juzgado 3º de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad Manizales, le corresponde a la Sala Penal del Tribunal Superior de Distrito Judicial de Manizales, a donde se enviarán de inmediato las diligencias.

De lo decidido se informará al juzgado ejecutor mencionado, remitiéndole copia de la presente providencia.

Contra esta decisión no procede recurso alguno.

Comuníquese y cúmplase.

Magistrados: Eugenio Fernández CarlierJosé Francisco Acuña Vizcaya—José Luis Barceló Camacho—Fernando Alberto Castro Caballero—Luis Antonio Hernández Barbosa—Gustavo Enrique Malo Fernández—Eyder Patiño Cabrera—Patricia Salazar Cuéllar—Luis Guillermo Salazar Otero.

Nubia Yolanda Nova García, secretaria.

1 Auto del 2 de diciembre de 2008, Radicado 30.763, confirmado, entre otros, en el del 28 de febrero de 2013, rad. 40804.