Sentencia AP3834-2015 de julio 8 de 2015

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

SALA DE CASACIÓN PENAL

Magistrado Ponente:

Dr. Eugenio Fernández Carlier

AP3834-2015

Radicación 46.158.

Aprobado mediante Acta 234

Bogotá, D.C., ocho de julio de dos mil quince.

EXTRACTOS: «Consideraciones

Competencia

De conformidad con lo previsto en los artículos 26 y 69 de la Ley 975 de 2005, y 32, numeral 3º, de la Ley 906 de 2004, esta Sala es competente para decidir sobre el recurso de apelación interpuesto; competencia que, en virtud del principio de limitación, está restringida al objeto del disenso y a aquéllos aspectos de la decisión recurrida que le estén vinculados inescindiblemente.

Sobre las medidas de secuestro, embargo y disposición del poder dispositivo.

La Sala ha sostenido que el objeto del trámite establecido en la Ley 975 de 2005, como se consigna en el artículo 1º de esa codificación, es “facilitar los procesos de paz y la reincorporación individual o colectiva a la vida civil de miembros de grupos armados al margen de la ley, garantizando los derechos de las víctimas a la verdad, la justicia y la reparación”.

En ese sentido, el artículo 5º ibídem dispone que “el proceso de reconciliación nacional al que dé lugar la presente ley, deberá promover, en todo caso, el derecho de las víctimas a la verdad, la justicia y la reparación y respetar el derecho al debido proceso y las garantías judiciales de los procesado”.

A efectos de que las disposiciones transcritas estén revestidas de contenido de realidad, máxime si se tiene en cuenta que, como lo ha discernido la Corte Constitucional, el derecho a la reparación que asiste a los perjudicados las conductas de los grupos armados ilegales tiene rango constitucional y supraconstitucional(1), el artículo 17A de la Ley 975 de 2005, adicionado por el artículo 15 de la Ley 1592 de 2012, prevé la posibilidad de extinguir el dominio de los bienes “entregados, ofrecidos o denunciados por los postulados para contribuir a la reparación integral de las víctimas”, así como de aquellos “identificados por la Fiscalía General de la Nación en el curso de las investigaciones”.

De igual manera, el artículo 17B, adicionado por el artículo 16 de la Ley 1592 de 2012 precitada, establece la viabilidad de afectar con medidas cautelares dichos bienes en los siguientes términos:

“Cuando de los elementos materiales probatorios recaudados o de la información legalmente obtenida por la Fiscalía, sea posible inferir la titularidad real o aparente del postulado o del grupo armado organizado al margen de la ley, respecto de los bienes objeto de persecución, el fiscal delegado solicitará al magistrado con funciones de control de garantías la programación de una audiencia preliminar para la solicitud y decisión de medidas cautelares, a la cual deberá convocarse a la Unidad Administrativa Especial para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas Fondo para la Reparación de las Víctimas. En esta audiencia reservada, el fiscal delegado solicitará sin dilación al magistrado adopción de medidas cautelares de embargo, secuestro o suspensión del poder dispositivo sobre los bienes”.

Así las cosas, a partir de las disposiciones reseñadas, se concluye que la imposición de medidas cautelares procede respecto de los bienes entregados, ofrecidos o denunciados por los postulados para contribuir a la reparación integral de las víctimas, como también sobre aquellos identificados por la Fiscalía General de la Nación en el curso de las investigaciones correspondientes, siempre que sea posible inferir que su titularidad, real o aparente, corresponde al postulado o al grupo armado al margen de la ley al cual pertenecía.

Lo anterior, desde luego, en el entendido de que dichas propiedades no carezcan de vocación reparadora, esto es, de acuerdo con el artículo 11C de la Ley 975 de 2005, “la aptitud… para reparar de manera efectiva a las víctimas”.

Esta última condición, sin embargo y de acuerdo con lo previsto en el parágrafo del artículo 62 del Decreto 3100 de 2013, no debe examinarse respecto de “los bienes inmuebles rurales” ni de aquéllos “solicitados en restitución por la vía prevista en la Ley 1448 de 2011”, pues, como lo precisó la Sala en pronunciamiento anterior, “por razones de política legislativa que corresponden al ámbito de libertad de configuración del legislador… se presume su vocación reparadora”(2).

De acuerdo con el anterior marco normativo, la Sala examinará el recurso de apelación impetrado.

El caso concreto

La Fiscalía pide que se impongan medidas cautelares de embargo, secuestro y poder dispositivo sobre el derecho de dominio respecto de tres bienes —Puerto Limón I, Puerto Limón II y Piamonte—, así como sobre el “derecho de ocupación” en relación con otros cuatro predios —Promisión, dos lotes innominados y Argelia—, pues estos, según consta en oficio de 13 de mayo de 2015 expedido por la Superintendencia de Notariado y Registro, “no han salido del dominio de la Nación y por ende pueden llegar a ser considerados predios baldíos” (fl. 35, cdno. ppal.).

En aras de la claridad y como quiera que la situación jurídica de los inmuebles tiene una diferencia relevante, la corporación examinará separadamente los dos pedidos.

Puerto Limón I, Puerto Limón II y Piamonte.

La Sala anticipa que revocará la decisión recurrida y, en su lugar, accederá a imponer las medidas cautelares reclamadas, pues asiste razón a la Fiscalía al sostener que existen elementos de juicio suficientes para inferir que la las fincas Puerto Limón I y II y Piamonte pertenecen en realidad a C.M.J.N.

Según fue aducido por la recurrente, los feudos integran la hacienda El Silencio y todos ellos fueron enajenados por D.T.M. a J.N. en enero de 2001.

Una vez adquiridos por el comandante paramilitar, dichos terrenos se convirtieron en un centro para las operaciones criminales de la organización, lo cual revela, en criterio de la peticionaria, que aquél es el verdadero propietario de las mismas, máxime porque aunque T.M. afirmó que le fueron devueltos en el año 2008, lo cierto es que los inmuebles no los ha ocupado ni ha ejercido actos de señor y dueño que permitan afirmar de él tal condición.

Como sustento de las anteriores aseveraciones allegó, además de los respectivos informes de campo que contienen la identificación física de los terrenos y la valoración económica, los siguientes medios cognoscitivos:

A) Declaraciones de versión libre rendidas por J.G.S.P. en mayo 29 y octubre 16 de 2012, en las que precisó la ubicación de las fincas y aseveró que las mismas fueron adquiridas por J.N., en enero de 2001, de una persona cuyo apellido es López. Relató que el negocio nunca fue inscrito en la correspondiente oficina de registro de instrumentos públicos y que allí se almacenaban armas, dinero y precursores para la elaboración de estupefacientes (cdno. 1, récord 35:00 y siguientes).

B) Declaración jurada de G.L.S.M. Narró que él enajenó a D.T.M. los predios cuya afectación se reclama ahora. De igual modo, que en cierta ocasión aquél le pidió que le ayudara a organizar un encuentro con C.M.J.N. porque “los trabajadores y la gente hablaba mal de él”. Por razón de ello, concurrieron juntos a donde el postulado quien “le propuso a D. que le vendiera la finca” (fls. 49 a 54, cdno. 3).

Relató igualmente que “entonces cuadraron un precio de dos mil millones…y para pisar el negocio M. sacó de un closep (sic) como 100 o 200 millones y se los dio…y le entregó un carro…y le dijo…que el resto se lo pagaba ligero…y D.T. le entregó la finca como a los 4 o 5 días…” (fls. 47 y siguientes, cdno. 2).

C) Declaración jurada que rindió D.T.M. el 25 de septiembre de 2014. El nombrado manifestó que entre 1995 y 1996 compró de G.L.S.M. las fincas Puerto Limón I, Puerto Limón II y Piamonte, entre otras, que puso a nombre de sus hijos y su esposa “por cuestiones tributarias y manejos contables”.

De igual manera, que en alguna ocasión, por razón de rumores según los cuales “le pagaba mal a los trabajadores” sostuvo, en presencia de S.M., un encuentro con J.N., quien le “propuso que le vendiera la finca”. Precisó que si bien “no hubo amenaza, ni maltrato ni (lo) obligaron a vender”, sintió temor y accedió a enajenar sus propiedades porque “sabía cómo era la situación y…no (se) podía poner a contradecirlo”.

Explicó que el postulado le ofreció $800.000 por hectárea, aun cuando el valor comercial de la tierra en la zona era de $4.000.000 por cada unidad de esa medida; que le entregó una camioneta Toyota y $100.000.000 y posteriormente quiso pagarle con “unas propiedades pero que a (él) no (le) servían, por el precio tan alto” que prefirió no recibir.

Agregó que no suscribió ningún documento contentivo del negocio y que en el año 2008 el hermano del postulado, R.J.N., con quien coincidía frecuentemente en ventas de ganado, le manifestó que podía reocupar las fincas.

Concluyó que regresó a sus terrenos pero tuvo que abandonarlos nuevamente porque “llegaron otros grupos de delincuentes” (fls. 50 y ss., cdno. 2).

D) Declaración jurada rendida por D.T.M. el 18 de marzo de 2015, en la que reiteró la versión de los hechos reseñada en precedencia y manifestó que el único acto de posesión que ejerce actualmente sobre los predios es el de pagar el sueldo de un mayordomo que lo ocupa. Admitió que no cancela los impuestos hace aproximadamente 3 años porque está “completamente desmotivado”.

E) Certificados de libertad y tradición de los predios (fl. 8, cdno. 1; fl. 8, cdno. 2; fl. 8, cdno. 3; fl. 8). Allí se constata que la finca Piamonte está registrada a nombre de L.S.M.V., esposa de D.T.M. De igual manera, que Puerto Limón I y II pertenecen formalmente a J.T.M. S.A.S., sociedad de la cual es accionista J.M.A.T., hijo de D.T.M., y de la que este último funge como gerente, según consta en certificado de existencia y representación legal que aportó la Fiscalía (fl. 42, cdno. 2).

F) Declaración jurada rendida el 14 de mayo de 2015 por L.S.M.V., quien ratificó ser cónyuge de T.M. y confirmó que “todas las negociaciones sobre las tierras las hace (su) esposo…tiene (tiene) que firmar, (la) lleva a la Notaría y (firma) y ya…”. Agregó que algunos bienes están a su nombre “por cuestiones tributarias” (fls. 153 y ss., cdno. 3).

Pues bien, de los aludidos elementos de prueba se desprende inequívocamente que la titularidad aparente o formal de los predios respecto de los cuales se pretende la imposición de medidas cautelares no pertenece a J.N., sino a miembros del núcleo familiar de T.M.

Respecto de esas personas no existe ninguna prueba sobre su posible vinculación o pertenencia a la organización criminal aludida.

Pero a partir de esos medios cognoscitivos sí es posible inferir que la propiedad material o real de los bienes o mejoras pertenece a dicho postulado, por ende, que están satisfechas las exigencias previstas en el artículo 975 de 2005 para despachar favorablemente las pretensiones de la Fiscalía.

En efecto, nótese que la información aportada por la peticionaria concurre a acreditar que el máximo líder del B.C.B. adquirió el dominio de las fincas Puerto Limón I, Puerto Limón II y Piamonte alrededor de enero de 2001, tal como se sigue de lo dicho por S.M. y por T.M., incluso, por S.P., aun cuando éste evidentemente se equivocó al afirmar que el propietario original era un individuo de apellido López.

Esa compraventa, aunque inexistente en el plano simplemente formal o aparente por no haberse elevado a escritura pública y no haber sido objeto de registro, sí determinó la cesión del dominio real o material sobre las fincas, al punto que, se insiste, está demostrado que los miembros de la estructura criminal las utilizaron como centro de operaciones durante varios años, respecto de lo cual no existe controversia.

Tanto el a quo como quienes intervienen en el presente asunto como no recurrentes consideran que ello no permite tener por satisfechas las exigencias legales establecidas para la imposición de las medidas cautelares, de una parte, porque la supuesta compraventa constituyó en realidad un acto de despojo y, de otra, porque de acuerdo con lo declarado por T.M., las fincas le fueron devueltas en el año 2008.

Aunque el nombrado efectivamente adujo que accedió a vender sus terrenos porque se sintió constreñido a ello, lo cierto es que los medios suasorios no permiten forjar un convencimiento suficiente para afirmar acreditada esa circunstancia.

En efecto, G.L.S.M., quien presenció la negociación, desvirtuó expresamente tal aserto y relató las condiciones en que se llevó a cabo de la siguiente manera:

“…y de una vez M. le propuso a D. que le vendiera la finca, yo le dije que le vendiera, hasta que D. le dijo que se la vendía, que le diera la mitad en plata y la otra mitad en cosas, M. le dijo que sí, entonces cuadraron un precio como dos mil y pico de millones de pesos…” (fl. 50, cdno. 3).

Esa descripción de lo ocurrido no muestra a una persona sometida a transar por temor, al punto que J.N. debió insistirle repetidamente para que accediera a la venta, sino a una que en igualdad de condiciones concurre con su voluntad a la compraventa, al punto que fue él quien fijó las condiciones del pago y pidió que la mitad del mismo fuera efectuado en especie.

Más adelante, S.M. evocó:

“…en términos amigables fue cuando M. le propuso a D. T. comprar la finca, no hubo constreñimiento ni nada, todo fue muy de confianza, entre los dos se pusieron de acuerdo en los términos de la negociación, en lo que yo vi D. no se sintió presionado…” (fl. 54, cdno. 3).

Nótese, pues, que a partir de lo declarado bajo juramento por el nombrado, de quien no es posible suponer interés alguno en faltar a la verdad, no se sigue que el original propietario haya sido en realidad despojado de sus terrenos, sino que los vendió en pleno goce de sus facultades intelectivas y volitivas.

A lo anterior se suma que, como él mismo lo reconoce, T.M. no ha ejercido acción legal alguna para recuperar el dominio de sus fincas, no presentó ningún tipo de denuncia por razón del despojo ni ha reclamado a través de los mecanismos jurídicos su restitución (fl. 61, cdno. 3); omisión particularmente llamativa si se tiene en cuenta el elevado valor de los bienes, calculado por aquél en $9.000.000.000.

Tampoco se ofrece verosímil lo dicho por T.M. en el sentido de que no recibió las propiedades que J.N. le ofreció como pago por los terrenos porque éste pretendió atribuirles un valor muy superior al que en realidad tenían:

“…la casa por qué la iba a recibir si eso no valía los 200 millones, me la daban por 700 millones, si yo tengo orgullo, carácter y les dije si no la quiere pagar la finca, que no la paguen (sic), por eso no la recibí, porque no valía lo que me decían, yo prefería que no pagaran…” (fl. 60, cdno. 3).

No se compadece dicha actitud de resistencia y rebeldía con la de quien se dice intimidado por el comprador, ni parece lógico que el vendedor haya preferido perder el valor total de sus tierras a recibir una propiedad como parte de pago por las mismas, aun si su valor no correspondía al real.

Esos elementos de juicio permiten sostener, al menos a modo de inferencia, que es el estándar de conocimiento correspondiente a estos asuntos, que T.M. no fue en realidad despojado de sus propiedades, sino que concurrió con plena libertad y autonomía a la negociación en razón de la cual el postulado las adquirió materialmente.

Ahora, la Sala considera que la afirmación de aquél según la cual los predios le fueron devueltos por R.J.N. tampoco es suficiente para descartar que la propiedad material de los mismos siga en cabeza del postulado o de otros miembros de las AUC.

Esa explicación no es verosímil, menos si se tiene en cuenta que después de la supuesta devolución D.T.M. no ha ejercido ningún acto de señor y dueño sobre los terrenos.

El propietario inscrito de las fincas quiso justificar tal omisión aduciendo que una vez regresó, fue asaltado y desplazado por miembros de otras organizaciones delictivas; pero a dicha aseveración no puede otorgársele credibilidad, pues ese hecho tampoco fue objeto de denuncia por el supuesto perjudicado.

Lo que es más, éste admitió que no ha realizado ninguna gestión legal para lograr la desocupación de los feudos por parte de quienes los han ocupado para ejercer actividades de minería, ni ha pagado impuestos sobre los mismos (fl. 62A, cdno. 3).

El total desinterés del nombrado por recuperar la posesión de los bienes, por poner en conocimiento de las autoridades el supuesto despojo del que dice haber sido víctima en dos ocasiones y por lograr la expulsión de los ocupantes ilegítimos, constituye un indicio importante para inferir que los mismos en realidad nunca le fueron devueltos por el hermano de C.M.J.N.

En ese orden, de las pruebas allegadas por la peticionaria es posible extraer las siguientes conclusiones:

A) C.M.J.N. adquirió de D.T.M. la propiedad real o material, aun cuando no la aparente, sobre los bienes objeto de la presente diligencia. En razón de ello, tanto el postulado como la organización delincuencial que comandaba ejercieron ampliamente actos de dominio sobre las fincas, al punto de convertirlas en un centro de sus operaciones criminales.

B) No es posible afirmar en grado de conocimiento suficiente para desvirtuar las afirmaciones de la Fiscalía que dicha negociación haya sido producto del constreñimiento ejercido sobre el vendedor, o que éste haya sido víctima de despojo.

C) Tampoco se puede sostener en esta sede que los terrenos hayan sido devueltos por J.N. a su original propietario, o lo que es igual, que la propiedad material que aquél ejercía sobre los mismo, directamente y a través de los hombres a su cargo, haya cesado o desaparecido.

Así las cosas, la Sala encuentra satisfechos los requisitos previstos en el artículo 17B de la Ley 975 de 2005 para acceder a la solicitud de la Fiscalía, sin que sea necesario examinar la vocación reparadora de los predios cuya afectación se solicita, pues se trata de inmuebles rurales respecto de los cuales se presume tal condición.

Asiste razón a la peticionaria al afirmar que T.M., de estimarlo necesario, puede ejercer el incidente de oposición de que trata el artículo 17C ibídem a efectos de demostrar que ejerce la propiedad material sobre los inmuebles objeto de cautela y, por lo mismo, para obtener el levantamiento de las medidas cautelares ordenadas, presentando prueba que desvirtúe lo acreditado en este proceso, que los derechos adquiridos por C.M.J.N. de aquél no se han extinguido jurídicamente.

En consecuencia, se revocará el auto de primer grado en cuanto negó la imposición de medidas cautelares sobre los bienes denominados Puerto Limón I, Puerto Limón II, Piamonte. En su lugar, se accederá a la solicitado y se afectará el derecho de dominio de dichos predios con las de embargo, secuestro suspensión del poder dispositivo.

Los inmuebles Promisión, Argelia y dos lotes innominados.

Estas fincas, que también integran la hacienda El Silencio, comparten idéntica situación de hecho respecto de los feudos Puerto Limón I y II y Piamonte en lo que tiene que ver con su relación con C.M.J.N. y las A.U.C., pues también fueron objeto de la negociación celebrada entre aquél y T.M. en el año 2000 y fueron utilizados como centro operativo del grupo criminal.

Sobre el particular, por ende, nada se hace necesario agregar.

No obstante, de acuerdo con la información aportada por la Fiscalía, estos bienes, a diferencia de los demás, tienen la connotación de baldíos, tal y como consta en oficio de 13 de mayo de 2015 expedido por la Superintendencia de Notariado y Registro, que fue allegado a las diligencias.

Por razón de ello, en punto a dichos inmuebles la peticionaria pide que se impongan las medidas cautelares deprecadas no sobre el derecho de dominio, sino sobre el de “ocupación”, que sería el adquirido por J.N. en razón de la compraventa celebrada con T.M.

Lo anterior impone a la Sala recordar inicialmente que, según lo ha sostenido en asuntos similares al presente(3), la afectación con medidas cautelares en el contexto del proceso de justicia y paz no procede sólo respecto del dominio o la propiedad, sino sobre todo derecho susceptible de cautela por esa vía, entre otros, los derechos sucesorales, pues estos tienen, de conformidad con el artículo 653 del Código Civil, la condición de bienes inmateriales.

No obstante, en contravía de la comprensión de la Fiscalía, la ocupación de predios baldíos, en los términos de la Ley 160 de 1994, no genera ningún derecho para quien la ejerce y no puede atribuírsele la calidad de bien inmaterial. Se trata de una situación de hecho que no es pasible de ser gravada.

En efecto, el artículo 65 de esa normatividad dispone que “los ocupantes de tierras baldías, por ese solo hecho, no tienen la calidad de poseedores conforme al Código Civil, y frente a la adjudicación por el Estado sólo existe una mera expectativa”. En ese orden, la Corte Constitucional ha dicho que “frente a la adjudicación por parte del Estado, el adjudicatario sólo tiene una expectativa, (lo cual) se explica porque mientras el ocupante del terreno baldío no cumpla con la totalidad de los requisitos estatuidos por el legislador, a los cuales se hizo referencia anteriormente, no ha adquirido ningún derecho a la adjudicación y, en consecuencia, sólo tiene una mera expectativa de derecho, es decir, una esperanza de que al reunir tales exigencias será beneficiario de la adjudicación”(4).

Por su parte, el artículo 69 ibídem señala que, a efectos de solicitar la adjudicación de un terreno baldío, “deberá acreditarse una ocupación y explotación previa no inferior a cinco (5) años para tener derecho a la adjudicación. La ocupación anterior de persona distinta del peticionario, no es transferible a terceros, para los efectos contemplados en este inciso”.

En relación con ese precepto, la corporación en cita sostuvo que “si la adjudicación de baldíos tiene como objetivo primordial satisfacer, en el caso de personas naturales, las necesidades del ocupante y posterior adjudicatario, permitir el acceso a la propiedad a quienes carecen de ella y contribuir a mejorar las condiciones económicas y sociales de los adjudicatarios; y en el caso de personas jurídicas, satisfacer necesidades colectivas y de servicio público en favor de la comunidad, nada se opone a que se prohíba la transferencia a otras personas de la ocupación para efectos de la adjudicación, a diferencia de la suma de posesiones, legalmente autorizada cuando se trata de bienes prescriptibles”(5).

Si la ocupación de un predio baldío no crea por sí misma ningún derecho sino simples expectativas, es claro que se trata de una situación fáctica con la potencialidad de configurar, eventualmente y ante la concurrencia de varios supuestos, una relación jurídica de dominio, pero únicamente previo acto de adjudicación por parte de la autoridad competente.

Además, si la ocupación no es transferible a terceros y no puede acumularse con la ejercida por otra persona sobre un mismo terreno —es decir, si no es disponible—, mal podría afectarse con medidas cautelares que tienen como propósito, precisamente, limitar su disposición o enajenación.

Pero ello no es óbice para gravar las mejoras que existen sobre los predios, desde luego, de estar satisfechas las exigencias previstas en el artículo 17B de la Ley 975 de 2005 para dicho efecto, como quiera que sobre ellas, con independencia de la naturaleza baldía de los terrenos, sí es posible ejercer derecho de dominio.

El artículo 74 de la precitada Ley 160 de 1994 señala:

“En caso de ocupación indebida de tierras baldías o que no puedan ser adjudicables, el Instituto ordenará la restitución de las extensiones indebidamente ocupadas, previa citación personal del ocupante o de quien se pretenda dueño, o en la forma prevista en el artículo 318 del Código de Procedimiento Civil. Al efecto, el decreto reglamentario establecerá el procedimiento que habrá de seguirse con audiencia del ocupante o de quien se pretenda dueño. Las autoridades de policía están en la obligación de prestar su concurso para que la restitución se haga efectiva.

PAR. 1º—En la providencia que ordena la restitución se tomarán las determinaciones que correspondan en relación con las mejoras. Si el ocupante o quien se pretenda dueño puede considerarse como poseedor de buena fe conforme a la presunción de la ley civil, se procederá a la negociación o expropiación de las mejoras”.

Se observa entonces que la restitución de los bienes ocupados a favor de la autoridad encargada de administrarlos supone una evaluación del derecho que tiene el ocupante a que las mejoras le sean o no reconocidas, por ende, sobre ellas sí resulta posible imponer las medidas cautelares deprecadas.

Y es que de acuerdo con la información aportada por la peticionaria, sobre los predios Promisión, Argelia y los dos lotes innominados existen algunas construcciones, una piscina y cultivos de distinta naturaleza (fls. 72 y ss, cdno. 7; fls. 177 y siguientes, cdno. 6; fls. 76 y ss., cdno. 5), que constituyen mejoras sobre las cuales es posible ejercer el derecho de dominio y son susceptibles de valoración económica.

Así las cosas, es posible concluir que entre J.N. medió un contrato cuya validez, consecuencias y demás efectos corresponden en este momento a derechos en litigio sobre las mejoras, a las cuales no puede negarse su representatividad económica y reparadora.

En ese orden y en lo que tiene que ver con los terrenos Promisión, Argelia y dos lotes innominados, la Sala revocará el auto de primer grado. En consecuencia, impondrá las medidas cautelares de embargo, secuestro y suspensión del poder dispositivo, no sobre el derecho de dominio de los terrenos, como quiera que ello no es posible, sino sobre las mejoras, en concreto, una casa, una piscina y las plantaciones existentes, de conformidad con lo contenido en los respectivos informes de alistamiento.

Para el efecto de materializar los gravámenes impuestos, se comisionará a los Fiscales de la Subunidad Élite de Persecución de Bienes para la Reparación de las Víctimas para la práctica del secuestro, con facultades para sub comisionar en los Fiscales de Apoyo.

En mérito de lo expuesto, La Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia,

RESUELVE:

1. REVOCAR el auto recurrido, en lo que fue objeto de impugnación. En su lugar, DECRETAR las medidas cautelares de embargo, secuestro y suspensión del poder dispositivo sobre el derecho de dominio de los predios denominados Puerto Limón I, Puerto Limón II y Piamonte, identificados con matrículas inmobiliarias 015 – 22634, 015 – 22637 y 015 – 22633.

De igual modo, DECRETAR las medidas cautelares de embargo, secuestro y suspensión del poder dispositivo sobre las mejoras existentes en los terrenos denominados Promisión y Argelia y en dos lotes innominados, identificados con matrículas inmobiliarias 015 – 22635, 015 – 22636, 015 – 22638 y 015 – 1120.

2. COMISIONAR a los Fiscales de la Subunidad Élite de Persecución de Bienes para la Reparación de las Víctimas para la práctica del secuestro, con facultades para sub comisionar en los Fiscales de Apoyo.

3. Contra esta decisión no procede ningún recurso.

Notifíquese y cúmplase».

1 En ese sentido, sentencia C-912 de 2013, M.P. María Victoria Calle Correa.

2 CSJ AP, junio 18 de 2014, Rad. 43660.

3 CSJ AP, 16 abr. 2015, rad. 44.557.

4 Sentencia C – 595 de 1995.

5 Ibídem.