Auto AP3947-2017/49470 de junio 21 de 2017

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA DE CASACIÓN PENAL

AP3947-2017

Rad.: 49470

Magistrado Ponente:

Dr. Fernando Alberto Castro Caballero

(Aprobado Acta Nº 198)

Vistos

(Legis considera conveniente que los datos de las partes y testigos, sean suprimidos por las iniciales de nombres y apellidos y en los números de cédulas reemplazados por XXX, con el propósito de proteger los derechos contemplados en el artículo 15 de la Constitución Política)

Bogotá, D. C., veintiuno de junio de dos mil diecisiete.

Se resuelve lo que en derecho corresponda acerca de la solicitud de “revocatoria de la medida de aseguramiento” elevada por el procesado J... J... P... C..., quien la fundamenta en lo preceptuado en el artículo 7º del Decreto 706 del 3 de mayo de 2017, por cuyo medio “se aplica un tratamiento especial a los miembros de la fuerza pública en desarrollo de los principios de prevalencia e inescindibilidad del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y se dictan otras disposiciones”.

Igualmente, se pronuncia acerca de las solicitudes de los procesados O... A... P... y L... R... M... B..., dirigidas a que se suspenda la actuación y se envíe el proceso al Juez Tercero Penal del Circuito de Bucaramanga para que sea éste quien resuelva sobre su libertad transitoria condicionada y anticipada. Dichas peticiones se sustentan en la Ley 1820 de 2016, “por medio de la cual se dictan disposiciones sobre amnistía, indulto y tratamientos penales especiales”, así como en el Decreto 706 de 2017.

Hechos y actuación procesal relevante:

El 7 de agosto de 2003, en la vereda La Reforma, jurisdicción del municipio de Charta (Santander), una patrulla del batallón de infantería Nº 14 al mando del suboficial J... J... P... C..., de la cual hacían parte los soldados profesionales O... A... P... y L... R... M... B... entre otros, dio muerte a M… J… R… Á…, bajo el argumento de que ello había ocurrido en medio de un enfrentamiento armado con miembros del Ejército de Liberación Nacional –ELN–, no obstante, luego se conoció que en realidad el occiso era un campesino de la región a quien se le vistió con la indumentaria propia de un subversivo.

Por tal motivo, el 16 de abril de 2014, en la Fiscalía Sesenta y Cinco de la Dirección de Fiscalía Nacional Especializada de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario, dentro del Radicado Nº 9452, se profirió resolución acusatoria contra A… P…, M… B…, P… C… y otros(1), por el delito de homicidio en persona protegida consagrado en el artículo 135 del Código Penal, a quienes adicionalmente se les impuso medida de aseguramiento de detención preventiva, la cual se hizo efectiva el 18 y 20 de junio, así como el 23 de septiembre siguientes, respectivamente.

Cabe señalar que apelada esa determinación por el defensor del procesado P… C…, el 9 de octubre de 2014 la Fiscalía Quinta Delegada ante el Tribunal Superior de Bucaramanga la confirmó en su integridad.

En razón de tal determinación y en orden a agotar la etapa de la causa, el proceso se repartió al Juzgado Tercero Penal del Circuito de Bucaramanga, en donde la actuación se identificó bajo el Radicado Nº 68001 3104 003 2014 00197 00, despacho ante el cual los implicados O… A… P…, L... R... M... B..., J… J… P… C… y otros(2) se acogieron a sentencia anticipada, por tanto, el 1º de julio de 2015 fueron condenados por el delito objeto de acusación a la pena de 253 meses y 12 días de prisión, así como a la de multa en el equivalente a 1.667 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Igualmente, a la de inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas, a quienes se les negó la suspensión condicional de la ejecución de la pena y el mecanismo sustitutivo de la prisión domiciliaria.

Es del caso mencionar que esa decisión fue apelada por el defensor de P... C..., la cual, en fallo del 16 de junio de 2016, se confirmó en su integridad por el Tribunal Superior de Bucaramanga.

Inconforme el impugnante con esa determinación, presentó recurso extraordinario de casación y por ello la actuación arribó a esta corporación, la cual se identifica con el Radicado Nº 49470.

Las peticiones:

J... J... P... C... expresa que actualmente se encuentra privado de la libertad en el Centro de Reclusión Militar de la Escuela de Comunicaciones del Ejército Nacional de Facatativá (Cundinamarca), en razón del proceso reseñado anteriormente, en el cual la Fiscalía Sesenta y Cinco de la Dirección de Fiscalía Nacional Especializada de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario le impuso medida de aseguramiento de detención preventiva, así que con fundamento en lo previsto en el artículo 7º del Decreto 706 del 3 de mayo de 2017, solicita su “revocatoria”.

Añade sobre el particular, que de conformidad con el artículo 1º del decreto en cita, se debe brindar a los miembros de la fuerza pública un tratamiento especial en razón de las “conductas cometidas por causa, con ocasión o en relación directa o indirecta con el conflicto armado”.

Así mismo, aduce que el artículo 5º ibídem, indica que “el Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición (SIVJRNR), prevalecerá sobre las demás actuaciones de las diferentes jurisdicciones”.

Finalmente, una vez transcribe el artículo 7º del Decreto 706 de 2017, pide que se le “revoque la medida de aseguramiento”, pues, de un lado, esta Sala es la “competente para decidir sobre la solicitud de libertad impetrada, atendiendo a que... tiene el conocimiento de su proceso y a cargo de quien est[á] la privación de su libertad” y, de otra parte, porque cumple los requisitos previstos en dicha norma.

A su vez, allega solicitud de acogerse voluntariamente a la Jurisdicción Especial para la Paz, formato único de manifestación de intención de sometimiento a la misma y constancia de recibido de dicho formulario por parte de la secretaría ejecutiva transitoria de la referida jurisdicción.

De otra parte, en memoriales separados pero con idéntico alcance, O... A... P... y L… R… M… B…, solicitan “suspender” el trámite del recurso de casación y que se les otorgue la libertad transitoria condicionada y anticipada.

En apoyo de esa pretensión, señalan que la Ley 1820 de 2016 prevé en su artículo 2º, que la misma tiene por objeto “adoptar tratamientos penales especiales diferenciados, en especial para agentes del Estado que hayan sido condenados, procesados o señalados de cometer conductas punibles por causa, con ocasión o en relación directa o indirecta con el conflicto armado”.

Agregan que el delito de homicidio en persona protegida por el cual fueron acusados y a la postre condenados, tiene relación directa con el conflicto armado, el cual, precisan, ocurrió con anterioridad a la promulgación de la Ley 1820 de 2016.

Luego hacen hincapié en que de conformidad con lo preceptuado en el artículo 7º de la Ley 1820, deben prevalecer los tratamientos penales establecidos en la Justicia Especial para la Paz sobre los previstos en otras jurisdicciones.

Así mismo, hacen referencia al principio de favorabilidad señalado en el artículo 11 ídem, postulado que advierten, se reitera en el artículo 45 ibídem, por tanto, solicitan que el proceso que se les adelanta sea suspendido hasta que se implemente la Jurisdicción Especial para la Paz y que se remita la actuación al Juzgado Tercero Penal del Circuito de Bucaramanga para que allí se resuelva acerca de su libertad transitoria condicionada y anticipada.

En apoyo de lo pretendido, aportan solicitud de acogerse voluntariamente a la Jurisdicción Especial para la Paz, formato único de manifestación de intención de sometimiento a la misma, petición de libertad transitoria condicionada y anticipada, así como copia de sus cédulas de ciudadanía. A su vez, O... A... P... allega duplicado de su boleta de detención.

Consideraciones:

Previo a resolver acerca de las peticiones elevadas por los procesados O... A... P..., L... R... M... B... y J... J... P... C..., comoquiera que las mismas se refieren a la revocatoria de la medida de aseguramiento y a la libertad transitoria condicionada y anticipada, la Sala se ocupará de precisar algunos aspectos en relación con estas figuras y su alcance respecto de los agentes del Estado, en particular frente a los miembros de la fuerza pública.

I. Sobre la libertad transitoria condicionada y anticipada:

1. De entrada conviene indicar que esta modalidad de libertad está prevista para los agentes del Estado (art. 51 L. 1820/16), definidos en la Sección 5.1.2, Justicia, numeral 32, inciso 6º del Acuerdo Final para Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera, en concordancia con el artículo 17 transitorio del Acto Legislativo Nº 01 del 4 de abril de 2017, así:

se entiende por agente del Estado, a efectos de la Jurisdicción Especial para la Paz, toda persona que al momento de la comisión de la presunta conducta criminal estuviere ejerciendo como miembro de las corporaciones públicas, como empleado o trabajador del Estado o de sus entidades descentralizadas, territorialmente y por servicios(3), que haya participado en el diseño o ejecución de conductas delictivas cometidas por causa, con ocasión o en relación directa o indirecta con el conflicto armado...

2. La libertad transitoria condicionada y anticipada es un beneficio temporal del Sistema Integral de Verdad Justicia, Reparación y No Repetición, expresión del tratamiento simétrico en algunos aspectos, diferenciado en otros, pero siempre equitativo, equilibrado y simultáneo, propio de la Jurisdicción Especial para la Paz, previsto para los procesados o condenados privados de la libertad señalados de cometer conductas punibles por causa, con ocasión o en relación directa o indirecta con el conflicto armado interno.

Desde ahora se debe mencionar que el trámite de este tipo de libertad es el mismo independientemente de la normatividad procesal bajo la cual se hayan adelantado o se estén surtiendo las actuaciones penales (Ley 600 de 2000 o Ley 906 de 2004) que involucren a los interesados en obtenerla.

3. La oportunidad para solicitar este beneficio estará abierta en cualquier tiempo mientras subsista la privación efectiva de la libertad con base en medida de aseguramiento de detención preventiva o condena, impuestas por delitos ejecutados antes de la entrada en vigor del Acuerdo Final para la Paz y que se hayan cometido con ocasión, por causa, o en relación directa o indirecta con el conflicto armado interno (art. 51 L. 1820/16).

4. Con fundamento en el artículo 51 de la Ley 1820 de 2016, para que proceda la libertad transitoria deben concurrir los siguientes requisitos: (i) que el beneficiario acredite la condición de agente del Estado –miembro de la fuerza pública– para el momento de los hechos, (ii) que efectivamente se encuentre privado de la libertad, bien sea en la condición de procesado o condenado a la fecha de la entrada en vigencia de la ley en cita; (iii) que los delitos atribuidos correspondan a hechos sucedidos antes de la entrada en vigor del “Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera” del 24 de noviembre de 2016; (iv) que los mismos se hayan cometido con ocasión, por causa, o en relación directa o indirecta con el conflicto armado; (v) que la privación de la libertad se haya decretado por delitos distintos a los de lesa humanidad, genocidio, graves crímenes de guerra –es decir, los señalados en el capítulo único del título II del libro segundo del Código Penal, artículos 135 a 164 (art. 23 L. 1820/16)–, toma de rehenes(4) u otras privaciones graves de la libertad, tortura, ejecuciones extrajudiciales, desaparición forzada, acceso carnal violento y otras formas de violencia sexual, sustracción de menores, desplazamiento forzado y reclutamiento de menores, todo lo anterior en los términos del Estatuto de Roma, (vi) o que habiéndose decretado la privación de la libertad por alguna de las conductas punibles antes señaladas, el solicitante acredite haber estado detenido efectivamente por un tiempo igual o superior a 5 años.

A su vez, se requiere que (vii) suscriba acta de compromiso en la que manifieste libre y voluntariamente, ante el Secretario Ejecutivo de la Jurisdicción Especial para la Paz, la intención de acogerse a esta jurisdicción y, a su vez, que no saldrá del país sin previa autorización de la misma, que informará todo cambio de domicilio. En el documento también se identificará la autoridad judicial que conoce del proceso, el estado en que este se encuentra, el delito por el cual se procede y el número del radicado.

Igualmente, se deberá (viii) adquirir el compromiso por escrito, de que una vez entre a funcionar el Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición, el beneficiado con la libertad transitoria condicionada y anticipada contribuirá con la verdad, la no repetición, la reparación inmaterial de las víctimas y que atenderá los requerimientos de los órganos del sistema en cita.

5. En cuanto a la competencia para resolver sobre la libertad transitoria condicionada y anticipada la Sala, con fundamento en el artículo 53 de la Ley 1820 de 2016, concluyó que mientras entra en funcionamiento la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas de la Jurisdicción Especial para la Paz, la misma radica en el funcionario judicial que esté conociendo de la “causa penal”, en el entendido que ello “depende de la fase procesal en que se encuentre el proceso al momento de recibirse la comunicación del secretario ejecutivo de la Jurisdicción Especial para la Paz, de manera que si está surtiéndose la fase de juzgamiento le corresponderá al juez de primera instancia, si en trámite de apelación al de segundo grado y si en sede de casación a la Corte Suprema de Justicia. Por lo mismo, si la sentencia ha cobrado ejecutoria, su conocimiento será de los jueces de ejecución de penas” (CSJ AP3004-2017, 10 may. 2017, rad. 49253). En ese sentido cabe indicar que en las actuaciones tramitadas bajo la Ley 906 de 2004, la competencia en la etapa de la investigación será del juez de control de garantías hasta la presentación de escrito de acusación, oportunidad a partir de la cual será del juez de conocimiento.

6. Con relación al trámite que se debe seguir, el artículo 53 de la Ley 1820 de 2016 señala que inicialmente “el Ministerio de Defensa Nacional consolidará los listados de los miembros de la fuerza pública que prima facie cumplan con los requisitos para la aplicación de la libertad transitoria condicionada y anticipada. Para la elaboración de los listados se solicitará información a las jurisdicciones penal ordinaria y penal militar, las que deberán dar respuesta en un término máximo de 15 días hábiles”.

Así que consolidados los listados, se remiten al secretario ejecutivo de la Jurisdicción Especial para la Paz, el que los verificará pudiéndolos modificar, constatando que se haya suscrito el acta de sometimiento a dicha jurisdicción, en la cual también se comprometa a que una vez entre en funcionamiento el Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición contribuirá a la verdad, a la no repetición, a la reparación inmaterial de las víctimas y que atenderá a los requerimientos de los órganos del sistema.

Con tales documentos el Secretario Ejecutivo de la Jurisdicción Especial para la Paz enviará comunicación al funcionario que esté conociendo del proceso, quien por escrito y de inmediato, a través de decisión motivada, resolverá si otorga la libertad transitoria condicionada y anticipada, la cual se notificará bajo las reglas de la Ley 600 de 2000 por tratarse de un trámite escrito, determinación en contra de la cual proceden los recursos ordinarios.

También, de conformidad con lo pactado el 9 de noviembre de 2016 entre el Gobierno Nacional y las FARC-EP dentro del apartado de “Otros acuerdos y proyecto de ley de amnistía, indulto y tratamientos penales especiales” del Acuerdo Final, se deberá informar al secretario ejecutivo de la Jurisdicción Especial para la Paz de las decisiones adoptadas por las autoridades judiciales.

El anterior procedimiento por igual se aplicará a los demás agentes del Estado, excepto en lo relacionado con el trámite de elaboración e incorporación de miembros de la fuerza pública en los listados del Ministerio de Defensa Nacional y su envío al secretario ejecutivo de la Jurisdicción Especial para la Paz.

II. Otros beneficios para los agentes del Estado:

En desarrollo del Acuerdo Final y con el propósito de ofrecer un tratamiento simétrico en algunos aspectos, diferenciado en otros, pero siempre equitativo, equilibrado y simultáneo a los agentes del Estado dentro de la Jurisdicción Especial para la Paz, en particular a los miembros de la fuerza pública, se consagraron, adicional a la libertad transitoria, los beneficios de la suspensión de la ejecución de las órdenes de captura y la revocatoria o sustitución de la medida de aseguramiento.

Antes de proceder a su desarrollo, es preciso y oportuno señalar que estos dos nuevos beneficios, a diferencia de la libertad transitoria, fueron concebidos para miembros de la fuerza pública que se encuentren en libertad pero en condición de prófugos de la justicia por estar siendo requeridos en una o varias actuaciones penales. Esta conclusión tiene sustento en el considerando noveno del Decreto 706 de 2017 donde se indica que así como los integrantes de las FARC-EP, a pesar de que aún no han hecho tránsito a la legalidad gozan de la libertad, por igual, los agentes del Estado que son objeto de investigación no pueden ser privados de ese derecho, pues ello envolvería un trato asimétrico contrario a los postulados del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No repetición, fruto del Acuerdo Final.

Desde esa perspectiva se observa que el efecto práctico pretendido, esto es, que los miembros de la fuerza pública que estén prófugos no sean privados de la libertad hasta tanto sus casos sean asumidos por la JEP, no se consigue con la revocatoria o sustitución de la medida de aseguramiento de detención preventiva, sino mediante la suspensión de la ejecución de la orden de captura, pues esta última se libra con el fin de hacer efectiva la primera.

En otros términos, como la medida cautelar en cita constituye un recurso procesal para obtener la efectiva comparecencia del inculpado al proceso y para ello se libran las órdenes de captura respectivas, basta la suspensión de la ejecución de estas para lograr el efecto práctico pretendido de no privar de la libertad a los miembros de la fuerza pública que se sometan a la Jurisdicción Especial para la Paz.

Adicionalmente, no debe perderse de vista que como lo decidido hasta que entre en funcionamiento la Jurisdicción Especial para la Paz tiene carácter provisional, pues solo allí se resolverá definitivamente la situación jurídica de los miembros de la fuerza pública que se sometan a esta, en esas condiciones las medidas de aseguramiento de detención preventiva quedarán suspendidas en su ejecución.

A. Sobre la suspensión de la ejecución de las órdenes de captura dictadas contra miembros de la fuerza pública:

1. Se trata de un beneficio de carácter temporal previsto en desarrollo del Sistema Integral de Verdad Justicia, Reparación y No Repetición como expresión del tratamiento simétrico en algunos aspectos, diferenciado en otros, pero siempre equitativo, equilibrado y simultáneo, el cual se aplica dentro de la Jurisdicción Especial para la Paz en cualquier estado de la actuación (investigación, juzgamiento y ejecución de la sentencia) sin que importen la razones que sustenten las órdenes de aprehensión (vinculación al proceso, cumplimiento de la medida de aseguramiento o ejecución de la sentencia), para facilitar el sometimiento de los miembros de la fuerza pública que han decidido acogerse a dicha jurisdicción, siempre y cuando estén en libertad pero señalados de cometer conductas punibles por causa, con ocasión o en relación directa o indirecta con el conflicto armado interno que tienen comprometida su libertad por órdenes de captura vigentes dictadas en su contra.

2. La aplicación del beneficio en cita, como se dijo, procede respecto de todas las fases de la actuación incluida la ejecución de la sentencia, por cuanto si bien el artículo 7º del Decreto 706 de 2017 que lo prevé, alude que las órdenes de captura que se pueden suspender en su ejecución son las dictadas en “investigaciones o procesos adelantados” contra los miembros de la fuerza pública, en los artículos 2º y 3º del mismo decreto se hace referencia a los condenados.

En esa medida, se concluye que la suspensión de la ejecución de las órdenes de captura no se contrae a las dictadas en la etapa de la investigación, sino que va más allá, pues abarca las órdenes dictadas para hacer cumplir la sentencia.

3. Se debe anotar que como sucede con el beneficio de la libertad transitoria condicionada y anticipada, independientemente de la normatividad procesal bajo la cual se hayan adelantado o se estén surtiendo las actuaciones (Ley 600 de 2000 o Ley 906 de 2004), el trámite es básicamente el mismo.

4. Así las cosas, se tiene que la oportunidad para la procedencia de la petición, por parte de los miembros de la fuerza pública, de la suspensión de la ejecución de las órdenes de captura que les fueron dictadas por conductas punibles cometidas antes de la entrada en vigor del Acuerdo Final y que se hubieran ejecutado con ocasión, por causa, o en relación directa o indirecta con el conflicto armado, se mantiene mientras las mismas estén vigentes y no se hayan hecho efectivas (arts. 1º, 2º, 3º y 6º D. 706/ 17).

Para el efecto, en los procesos tramitados con fundamento en la Ley 600 de 2000, la solicitud deberá presentarse a la Fiscalía Delegada que esté conociendo del asunto, antes de que cobre ejecutoria la resolución acusatoria; al juzgador de primera o segunda instancia que esté conociendo en la etapa de la causa, a la Corte Suprema de Justicia si se está surtiendo recurso de casación, o al juez de ejecución de penas si ya existiere fallo de condena en firme (art. 400 y 469 L. 600/00).

En las actuaciones tramitadas bajo la Ley 906 de 2004, la única diferencia radica en que durante la etapa de investigación y hasta antes de la presentación del escrito de acusación, los miembros de la fuerza pública deberán pedir al Fiscal del caso que solicite ante el juez de control de garantías la suspensión de la ejecución de las órdenes de captura (art. 6º D. 706/17).

Cabe precisar que la razón por la cual la Fiscalía, a expensas de los miembros de la fuerza pública, debe pedir ante los jueces de control de garantías la suspensión de la ejecución de las órdenes de captura, radica en que ella ha sido la que previamente las ha solicitado, bien para vincular al indiciado o para hacer efectiva la medida de aseguramiento de detención preventiva cuya imposición ha promovido.

De otra parte, el motivo por el cual en los demás casos la petición de suspensión de la ejecución de las órdenes de captura debe formularse directamente por los miembros de la fuerza pública, radica en que en los mismos la Fiscalía no ha sido quien dio lugar a aquellas, sino que han sido fruto de lo dispuesto oficiosamente por los jueces de conocimiento y de ejecución de penas, respectivamente, con el fin de dar cumplimiento a la condena.

5. Con base en el Decreto 706 de 2017, para viabilizar la concesión de la suspensión de la ejecución de las órdenes de captura, se han de cumplir las siguientes exigencias: (i) que el beneficiario acredite ser miembro de la fuerza pública para el momento de los hechos; y (ii) que las órdenes de captura que pesen en su contra procedan por delitos cometidos con ocasión, por causa, o en relación directa o indirecta con el conflicto armado ejecutados antes de la vigencia del Acuerdo Final para la Paz.

Dada la situación de clandestinidad en que se hallan los destinatarios de este beneficio, la solicitud formal de suspensión de la ejecución de las órdenes de captura sustentada en la aplicación del Decreto 706 de 2017, será aceptada por la autoridad judicial competente como manifestación suficiente de sometimiento a la Jurisdicción Especial de Paz para efectos de entrar a resolver de fondo. La decisión se adoptará sin dilaciones injustificadas, motivadamente y por escrito, se notificará conforme a las reglas de la Ley 600 de 2000 y será susceptible de impugnación a través de los recursos ordinarios.

No obstante, si se accediere a la petición, el beneficiado deberá ratificar dicho compromiso suscribiendo, dentro del plazo razonable que fije la autoridad judicial, el acta respectiva, la cual se elaborará en similares términos a los exigidos cuando se otorga la liberación transitoria, condicionada y anticipada prevista en la Ley 1820 de 2016. Con el fin de mantener la simetría en el tratamiento de todos los actores del conflicto armado interno, debe señalarse que la no suscripción del acta de ratificación mencionada en el presente párrafo, ocasionará la pérdida de eficacia de la decisión proferida y la reactivación de la orden de captura que había sido suspendida.

Adicionalmente, de conformidad con lo pactado el 9 de noviembre de 2016 entre el Gobierno Nacional y las FARC-EP dentro del apartado de “Otros acuerdos y proyecto de ley de amnistía, indulto y tratamientos penales especiales” del Acuerdo Final de Paz, se deberá informar al secretario ejecutivo de la Jurisdicción Especial para la Paz de las decisiones adoptadas por las autoridades judiciales, así como a aquellas a las que se les ha solicitado las capturas.

B. Sobre la revocatoria o sustitución de la medida de aseguramiento de detención preventiva impuesta contra miembros de la fuerza pública:

En el artículo 7º del Decreto 706 del 3 de mayo de 2017, se consagra el citado beneficio, de cuya regulación se extrae que es otra de las alternativas a las cuales puede acudir el miembro de la fuerza pública para mantener su libertad.

Ahora, como el citado beneficio y el de la suspensión de la ejecución de las órdenes de captura parten del supuesto de que los miembros de la fuerza pública, como se dijo, están en libertad aunque fugitivos, bajo esa perspectiva, se reitera que el efecto sustancial pretendido, esto es, que los miembros de la fuerza pública puedan continuar libres transitoriamente hasta tanto la Jurisdicción Especial para la Paz examine sus casos y adopte la decisión que corresponda, no se consigue con la revocatoria o sustitución de la medida de aseguramiento de detención preventiva, sino con la suspensión de las órdenes de captura que pesen en su contra, lo que en la práctica significa la inoperancia del artículo séptimo del Decreto 706 de 2017, frente a la mayor efectividad que para dicho propósito comporta el artículo sexto ibídem.

Adicionalmente, si se aceptara la procedencia de la revocatoria o sustitución de la medida de aseguramiento para los agentes del Estado que se encuentren en libertad, por igual habría que admitirla frente a todo aquel que se someta a la Jurisdicción Especial para la Paz estando detenido, y esa posibilidad claramente no está prevista para los miembros de las FARC-EP, quienes únicamente pueden acudir a la figura de la libertad condicionada.

En consecuencia, los beneficios establecidos en el Decreto 706 de 2017 solo quedan vinculados a la suspensión de las órdenes de captura por ser esta figura la que garantiza el trato equitativo, equilibrado y simultáneo de los agentes del Estado frente a los miembros de las FARC-EP, de conformidad con la regulación que para estos últimos se hizo en la Ley 1820 de 2016 y sus decretos reglamentarios.

III. Del caso concreto:

1. Inicialmente debe señalarse que si bien el procesado J… J… P... C... solicita la revocatoria de la medida de aseguramiento de detención preventiva que le fuera impuesta en el trámite de su proceso penal, tal figura es inaplicable en garantía del principio de simetría que gobierna la Jurisdicción Especial para la Paz y que se traduce en el tratamiento equitativo, equilibrado y simultáneo que debe dársele a los miembros de las FARC-EP y a los agentes del Estado, conforme se dejó sentado en líneas precedentes.

Así las cosas, se negará por improcedente la revocatoria de la medida de aseguramiento solicitada por el procesado P... C...

No obstante, comoquiera la Corte entiende que lo pretendido en últimas por este peticionario es obtener su liberación provisional mientras su caso es analizado por la Jurisdicción Especial de Paz, se procederá enseguida a considerar la viabilidad de otorgarle el beneficio de la libertad transitoria, condicionada y anticipada prevista en la Ley 1820 de 2016.

En ese cometido se advierte de entrada que por ahora resulta improcedente el otorgamiento de dicha modalidad liberatoria, por cuanto no se ha cumplido el trámite administrativo previo a cargo del Secretario Ejecutivo de la Jurisdicción Especial para la Paz, indispensable para acreditar la satisfacción de los requisitos esenciales exigidos para la concesión de este beneficio, según se dejó ampliamente explicado en capítulo anterior de este proveído.

En consecuencia, la Sala se abstendrá de resolver de fondo sobre esta pretensión liberatoria y en su lugar remitirá la petición junto con sus anexos, a la secretaría ejecutiva de la Jurisdicción Especial para la Paz, en orden a que allí se adelante el trámite que se echa de menos.

2. Respecto de lo solicitado por los implicados O... A... P... y L... R... M… B…, no se accederá a la suspensión del trámite del recurso de casación, toda vez que esa decisión habría que considerarla como consecuencia de la libertad solicitada, la cual no se está concediendo.

3. En lo que respecta a la petición formulada por O... A... P... y L... R... M… B… de enviar el proceso al Juzgado Tercero Penal del Circuito de Bucaramanga para que resuelva acerca de la libertad transitoria condicionada y anticipada pretendida por los mismos, no se accederá a ello, por cuanto como se dejó expuesto al examinar el caso del procesado J… J… P... C..., debido a que en CSJ AP, 10 may. 2017, rad. 49253 se indicó que el funcionario judicial encargado de resolver acerca de ese beneficio es el que esté conociendo de la causa penal, que en este caso es la Corte Suprema de Justicia en sede de casación, de esto se sigue que no hay lugar a remitir la actuación a dicho juzgado.

Por lo anterior y con fundamento en las razones arriba expuestas, por igual se remitirá la petición de libertad transitoria condicionada y anticipada formulada por A… P… y M... B... al secretario ejecutivo de la Jurisdicción Especial para la Paz para lo de su competencia.

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal,

RESUELVE:

1. NEGAR por improcedente la revocatoria de la medida de aseguramiento solicitada por el procesado J… J… P... C...

2. ABSTENERSE de resolver las solicitudes de libertad transitoria, condicionada y anticipada, formuladas por O... A... P..., L... R... M... B... y J... J... P... C..., y en su lugar REMITIR en forma inmediata las susodichas peticiones a la Secretaría Ejecutiva de la JEP.

3. NO ACCEDER a la suspensión del trámite del recurso extraordinario de casación.

4. NO REMITIR la actuación al Juzgado Tercero Penal del Circuito de Bucaramanga.

5. INFORMAR sobre la existencia del presente proceso al Ministerio de Defensa Nacional, de conformidad con lo previsto en el artículo 53 de la Ley 1820 de 2016.

Contra esta determinación procede el recurso de reposición.

Notifíquese y cúmplase.

Magistrados: Eugenio Fernández Carlier—José Francisco Acuña Vizcaya—José Luis Barceló Camacho—Fernando Alberto Castro Caballero—Luis Antonio Hernández Barbosa—Gustavo Enrique Malo Fernández—Eyder Patiño Cabrera—Patricia Salazar Cuéllar—Luis Guillermo Salazar Otero.

Nubia Yolanda Nova García, secretaria.

1 R… J… R…, N… T… D… y L… V… S...

2 R… J… R… y N… T… D... En relación con L… V… S… se decretó la ruptura de la unidad procesal en la diligencia de aceptación de cargos.

3 Artículo 123 de la Constitución Política.

4 Este delito se encuentra previsto en el artículo 148 del Código Penal, que integra el capítulo recién citado.