Auto AP3991-2017 de junio 21 de 2017

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA DE CASACIÓN PENAL

AP3991-2017

Radicación: 50318

Aprobado acta 198

Magistrado Ponente:

Dr. Fernando Alberto Castro Caballero

Bogotá, D.C., veintiuno de junio de dos mil diecisiete.

EXTRACTOS: «Consideraciones de la Corte

1. De conformidad con los artículos 26 y 68 de la Ley 975 de 2005, modificado el primero por el 27 de la Ley 1592 de 2012, y el numeral 3º del artículo 32 de la Ley 906 de 2004, la Corte es competente para resolver el recurso de apelación interpuesto contra la providencia proferida por la Sala de Conocimiento de Justicia y Paz del Tribunal Superior de XXX que negó la libertad condicionada al postulado Y.G.C.

2. Previamente a resolver las impugnaciones, la Sala considera de importancia recabar que sobre la competencia para conocer de peticiones como la que es motivo del pronunciamiento en cuestión, en repetidas oportunidades se ha analizado(4) a qué autoridad compete resolver la solicitud de libertad condicionada que regulan los artículos 35 a 38 de la Ley 1820 de 2016, y 10 y 11 del Decreto 277 de 2017, presentada a favor de un postulado procesado bajo el rigor de la Ley 975 de 2005.

En ese sentido, se ha concluido que es competente el magistrado de conocimiento de la correspondiente Sala de Justicia y Paz, cuando en contra del peticionario se haya presentado escrito de acusación para que ante funcionario de esa categoría se surtan las audiencias concentradas de formulación y aceptación de cargos.

Más aún, en este específico caso la Corte ya había emitido el proveído AP2024-2017, 27 de marzo de 2017, radicación 49972, asignando la competencia para resolver la solicitud del postulado G.C., denotándose, cuando menos, ligereza para asumir el estudio por el cognoscente que no evaluó en integridad la actuación y se adentró a discurrir sobre aspectos que para nada ameritaban ser debatidos como lo puso de presente el agente del Ministerio Público al interponer el recurso de reposición a que se aludió en los antecedentes procesales relevantes.

Tópico que no admite deliberaciones adicionales si en cuenta se tiene el contenido del inciso segundo del parágrafo 3º del artículo 11 del Decreto 277 de 2017, vigente para el momento de presentación de la solicitud de libertad condicionada a favor del postulado, que a la letra reza:

…En el evento de que contra el peticionario se adelanten simultáneamente actuaciones o registre además condena o condenas en firme, independientemente del régimen procesal y del estado de la actuación respectiva en que se encuentre, la competencia para tramitar y decidir sobre la conexidad y resolver sobre la libertad condicionada, será la autoridad que tenga asignado un asunto en el cual esté afectado con una medida de aseguramiento privativa de la libertad o privación de la libertad; en caso de ser varias las que hayan ordenado la privación de la libertad del peticionario, será competente aquella ante quien primero se haga la solicitud.

En ese orden, las inequívocas reglas procedimentales especiales previstas en la norma trascrita, de imperativo cumplimiento por demás, no podían dejar de ser aplicadas por la primera instancia o por siquiera carecer de ponderación en tan relevante asunto.

Las inexcusables pretermisiones advertidas, conllevan a censurar severamente la persistencia en exponer sofísticos argumentos acerca de una supuesta contradicción normativa sobre la competencia para decidir en el sub lite.

3. La Ley 1820 de 2016(5), fruto del procedimiento legislativo especial para la paz consagrado en el artículo 1º del Acto Legislativo 1 de 2016, deviene del texto mismo del “Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera”, suscrito entre los delegados del Gobierno Nacional y de las denominadas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia - Ejército del Pueblo FARC-EP, que fue presentado a consideración del Congreso de la República.

Su ámbito de aplicación y los destinatarios de las regulaciones derivadas de la suscripción del Acuerdo Final para la Paz, AFP, enseña el inciso primero del artículo 3º de dicha ley, abarcan a todas las personas que han participado de manera directa o indirecta en el conflicto armado interno y, como consecuencia, han sido condenadas, procesadas o señaladas de cometer conductas punibles por causa, con ocasión o en relación directa o indirecta con la confrontación armada, siempre y cuando:

i) las conductas ilícitas hayan sido cometidas con anterioridad a la entrada en vigor del acuerdo final;

(ii) esas personas se encuentren dentro del ámbito de aplicación personal que se delimita particularmente en los artículos 15, 16, 17, 22 y 29 de la misma ley;

(iii) o se trate de quienes incurrieron en conductas punibles cometidas en el marco de disturbios públicos o en el ejercicio de la protesta social —artículo 3º inciso segundo ídem—;

(iv) o bien de agentes del Estado que hayan sido condenados, procesados o señalados de cometer conductas punibles por causa, con ocasión o en relación directa o indirecta con el conflicto armado —artículo 2º ídem—.

4. En el artículo 34 de la Ley 1820 de 2016 se prevé como regla general la liberación inmediata y definitiva a consecuencia de la concesión de alguna de las formas de amnistía o indulto que ese compendio legal prevé.

De igual forma, se establece un régimen de libertades, artículos 35 a 38, desarrollado y reglamentado por el Decreto 277 de 2017, artículo 10 y siguientes, que bajo el nombre de “libertad condicionada”, define una especial forma de libertad a quienes se encuentren reclusos en alguna de las siguientes hipótesis:

a. Por los delitos políticos o conexos con estos, de que tratan los artículos 15 y 16 de la misma ley;

b. Que estén dentro del ámbito de aplicación personal definido por el artículo 17 o de los preceptos 22 y 29 del corpus legal, que son prácticamente de igual contenido al primero citado excepto que el último incluye a personas procesadas por ciertos delitos cometidos en contextos de protesta social o disturbios internos, o condenadas por diferentes reatos como consecuencia de su participación en actividades de protesta;

c. Que hayan sido condenados o procesados por alguno(s) de los delitos previstos en los artículos 23 y 24 del catálogo legal;

d. Que no estén condenados o procesados por delitos no susceptibles de la amnistía de iure, excepto que se acredite que llevan no menos de cinco (5) años en privación de la libertad, eventualidad que permite se les conceda la libertad condicionada quedando la determinación sobre su situación jurídica definitiva supeditada a lo que resuelva la Jurisdicción Especial para la Paz, JEP; en igual forma procede respecto de quienes haya sido negado el reconocimiento de dicha amnistía.

e. En todo caso, el interesado deberá suscribir el “Acta formal de compromiso”, artículo 36, ante el secretario ejecutivo de la Jurisdicción Especial para la Paz, por medio de la cual manifiesta el sometimiento y puesta a disposición de esa jurisdicción, lo que de suyo implica renunciar a cualquier otro régimen, con las obligaciones allí señaladas.

5. El artículo 11.a) del Decreto 277 de 2017 reglamenta el trámite que debe cumplirse para obtener la libertad condicionada cuando se trata personas sometidas a actuaciones seguidas bajo los regímenes de las leyes 906 de 2004 o 1098 de 2006, o como en este evento sucede la Ley 975 de 2005(6), y que se encuentran con acusación o en etapa de juzgamiento.

En la audiencia pública convocada para decidir la solicitud respectiva, el fiscal, el interesado o su defensa previamente deberán reclamar la declaratoria de conexidad, y luego se sustentará la petición de libertad con los soportes de prueba pertinentes.

Sobre la declaratoria de conexidad, la Sala en AP2789-2017, 3 de mayo de 2017, radicación 49891, indicó que procederá a partir de la constatación que está obligado a realizar el fiscal delegado, en el sentido de verificar “…si la persona privada de la libertad está imputada o indiciada en varias actuaciones, en cuyo caso establecerá el estado de cada una ellas y la autoridad que las tiene a cargo, en investigación o juzgamiento”, labor que deberá cumplir consultando las bases de datos oficiales o institucionales con el propósito de establecer qué actuaciones se adelantan o han adelantado contra el peticionario, y si se trata de una de las personas concernidas en los supuestos descritos en los numerales I o II del artículo 11 en referencia.

De tal manera que tras verificar todas las actuaciones seguidas en contra del interesado, determinar si se encuentran en fase de investigación o juzgamiento y corresponde a uno de los potenciales beneficiarios de la comentada legislación, procederá a solicitar audiencia al juez de garantías o de conocimiento, según corresponda, para que el funcionario judicial decida en ella sobre la conexidad y la libertad condicionada, en ese orden.

Al respecto, téngase presente que en la providencia en precedencia mencionada, AP2789-2017, se explicó la importancia que tiene determinar la totalidad de los hechos criminales en que se tenga noticia ha incurrido el solicitante… “precisando de qué naturaleza son las posibles conductas ilícitas cometidas, el estado de trámite de las indagaciones, investigaciones o causas adelantadas y las decisiones proferidas, en caso dado…”, con el fin de establecer su conexidad el delito político, esto es, “…si se trata o no de actos cometidos por su participación directa o indirecta en el conflicto armado; por causa, con ocasión o en relación directa o indirecta con el mismo; o dada su pertenencia o colaboración con el grupo armado en rebelión”.

En ese sentido se muestra oportuno decir que el análisis a proveer no entraña la simple constatación de la conexidad formal o procesal, entendida como aquella que se presenta cuando entre diversos delitos no existe un vínculo que los entrelace, pero se acoge por razones o factores como la unidad de sujeto activo, la comunidad del medio probatorio o la unidad de denuncia, por ejemplo; en suma, la que se presenta por razones de conveniencia o economía procesal.

Sino que va más allá en cuanto se requiere establecer la conexidad sustancial, esto es, la que surge cuando los delitos que se reputan conexos están enlazados entre sí, es decir, tienen un vínculo común que los une, como cuando existe unidad de designio, o el delito se lleva a cabo para consumar u ocultar otra infracción, o como consecuencia de otro, etc.

Acerca de la conexidad sustancial tiene dicho la Sala de tiempo atrás(7), que se puede clasificar en: (i) ideológica, cuando existiendo un delito inicial, este se ha previsto como simple medio para la perpetración de otra u otras infracciones; (ii) consecuencial, cuando el nexo radica en que cometido el primer delito, con el o los subsiguientes se persigue la finalidad de ocultarlo, asegurar su producto o procurar la impunidad del autor o los partícipes; y (iii) ocasional, cuando al realizar un reato, sin que medie acuerdo ni programación previa, el agente se aprovecha de las facilidades que le propician su primera acción para ejecutar otra u otras ofensas.

6. Precisado lo anterior, a partir de la confrontación del trámite surtido en primera instancia ha de verificarse si se cumplieron o no las exigencias para reconocer a Y.G.C. la libertad condicional que pregona la defensa.

Se advierte de inicio que en la diligencia llevada a cabo el 21 de abril de 2017, omitieron las partes sustentar en primer lugar y de manera expresa la petición de declaratoria de conexidad en los referidos términos, situación propiciada por la presidencia del acto procesal que dispuso conceder en primer orden el uso de la palabra a la defensa para que expusiera oralmente los fundamentos de la solicitud de libertad.

Valga decir que conforme fuera reseñado en precedencia, la apoderada del postulado había presentado tal solicitud por escrito, anexando los medios de prueba de su interés, directamente ante el Tribunal Superior de XXX - Sala de Justicia y Paz, el 20 de febrero de 2017, dirigida al magistrado con función de control de garantías, que creyó competente para decidir, no ante la Fiscalía General de la Nación o algunos de sus delegados para que por su conducto fuera tramitada.

Sin embargo, concluida la intervención de la peticionaria, el director de la diligencia dispuso interrogarla con el fin de precisar aspectos como las fechas de expedición de la certificación del CODA a nombre G.C., al igual que las de su desmovilización y postulación a la ley de Justicia y Paz; a la par, preguntó por la autoridad a órdenes de la cual está en la actualidad el interesado, las investigaciones judiciales seguidas en su contra, y, se enfatiza, la conexidad de las conductas ilícitas por él cometidas con los delitos políticos de que trata la Ley 1820 de 2016, centrando atención en las sentencias de condena mencionadas.

Las respuestas suministradas por la defensora fueron complementadas por la Fiscalía delegada, sin que se hicieran mayores requerimientos o exigencias argumentativas a la parte solicitante por la magistratura, o en su defecto a la Fiscalía delegada.

Esta, en su turno, inició por llamar la atención a la Sala de Conocimiento sobre el principio de permanencia de la prueba, habida cuenta la entrega que tiempo atrás la misma funcionaria había hecho a ese cuerpo colegiado del escrito correspondiente para adelantar las audiencias concentradas de formulación y aceptación de cargos contra Y.G.C., que acotó en efecto se estaban llevando a cabo ante ese órgano jurisdiccional.

Así mismo, importante resaltar, manifestó que con el escrito fueron aportados los elementos de prueba demostrativos de la satisfacción de los requerimientos de procedibilidad y elegibilidad para continuar el procesamiento especial a G.C.; por tanto, que los datos adicionales que el tribunal requiriera para decidir podrían ser corroborados en el expediente respectivo a cargo de la misma autoridad judicial.

De lo anterior se sigue que, tal como adujo en la impugnación la representante del ente acusador, sin objeción fundada en contrario acreditada objetivamente, el colegiado a quo tenía a su disposición los soportes necesarios para afrontar el escrutinio integral de la eventual declaratoria de conexidad a que se ha hecho mención, y la subsiguiente resolución de la libertad condicionada pretendida para el postulado.

No obstante, omitió la primera instancia el examen directo de la actuación indicada por la delegada del ente persecutor, y se limitó a la valoración de la ritualidad procedimental que concluyó incumplida por las falencias atrás enunciadas.

En ese contexto es pertinente decir que si bien la Fiscalía no asumió con rigor el papel protagónico y determinante que le asigna la reglamentación en estudio, la actividad a que estaba obligada puede entenderse suplida con las explicaciones que la delegada adujo al referirse a la situación jurídica del postulado, visto como ha quedado que en efecto indicó la fuente de la información que en su momento requirió la magistratura sobre puntuales tópicos, de entre los cuales importancia especial la corroboración que la instructora manifestó haber hecho previamente y con destino al proceso de justicia y paz, entre otras cosas, sobre todas las actuaciones o investigaciones penales seguidas contra G.C.

Desde esa perspectiva se evidencia que, en principio, contaba la primera instancia con los soportes para absolver la crucial exigencia de la conexidad, dígase esclarecer si los hechos ilícitos en que ha incurrido el interesado, se tratan o no de actos cometidos por su participación directa o indirecta en el conflicto armado; por causa, con ocasión o en relación directa o indirecta con el mismo; o dada su pertenencia o colaboración con el grupo armado en rebelión.

Por tanto, contravino el a quo la previsión del artículo 11 del Decreto 277 de 2017, que en el acápite reglamentario del procedimiento a seguir para resolver la libertad condicionada de personas sometidas a actuaciones regidas por las leyes 906 de 2004 y 1098 de 2006, aplicable a las que cursan bajo la égida de la Ley 975 de 2005, ya sea que se acuda para ese fin ante el funcionario de control de garantías o el de conocimiento, prevé que la solicitud de libertad deberá ser acompañada de los “…soportes correspondientes, salvo que dichos soportes se encuentren en poder de la oficina judicial”, (énfasis no original).

Esta premisa normativa de suyo es extensiva a la declaración de conexidad en comento, porque resultaría inequitativo tanto como gravoso e inoficioso entender y/o exigir que los soportes a que se refiere el precepto, aun estando en poder de la autoridad judicial a cargo de resolver, deban ser allegados por las partes, imponiéndoles una carga que no es razonable en el marco constitucional que privilegia el derecho sustancial antes que el formal, como tampoco se aviene admisible porque no se vislumbra congruente con alguna finalidad superior o de relevancia constitucional, incluso legal o reglamentaria.

Así las cosas, como quiera que refulge claro que la judicatura de primer nivel tenía a su alcance los soportes para esclarecer si resultaba procedente declarar la conexidad que regula el Decreto 277 de 2017, paso previo a examinar la procedencia de la libertad condicionada, se concluye el desacierto en que incurrió al dejar de decidir de fondo ambas cuestiones, so pretexto del incumplimiento de presupuestos eminentemente formales.

7. De todo lo previamente explicado se sigue que la decisión conocida por vía de apelación, habrá de ser revocada para disponer, en cambio, que la autoridad de primera instancia asuma decidir lo que en derecho corresponda acerca de la conexidad, en los precisos términos indicados, y la libertad condicionada peticionada a favor de Y.G.C.

8. Adicionalmente, en consonancia con todo lo anterior y el principio de limitación de la competencia en segunda instancia, se dispone que la nueva petición de libertad condicionada suscrita por el postulado G.C., presentada ante la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de XXX, autoridad que a su vez la remite a esta Corte(8), sea de inmediato devuelta al despacho de origen para que allí se proceda a darle el trámite legal respectivo.

En mérito de lo expuesto, la CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, SALA DE CASACIÓN PENAL,

RESUELVE:

1. REVOCAR la decisión proferida el 2 de mayo de 2017 por la Sala de Conocimiento de Justicia y Paz del Tribunal Superior de XXX, al denegar la libertad condicionada a Y.G.C.

2. DISPONER que la autoridad de primera instancia proceda a decidir de fondo lo que en derecho corresponda acerca de la conexidad y la libertad condicionada peticionada a favor Y.G.C.

3. ORDENAR la inmediata devolución de la nueva solicitud de libertad condicionada suscrita por el postulado G.C., a la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de XXX para que allí se proceda a darle el trámite legal correspondiente.

4. Contra esta decisión no procede recurso alguno.

Notifíquese y cúmplase.»

4 Ver AP1701-2017, 16 de marzo de 2017, radicación 49912; criterio reiterado en AP1871-2017, 22 de marzo de 2017, radicación 49929; AP1876-2017, 22 de marzo de 2017, radicación 49936; AP2063-2017, 22 de marzo de 2017, entre otros.

5 Publicada en el Diario Oficial 50.102 de 30 de diciembre de 2016, vigente desde el día siguiente a su publicación acorde con el artículo 61, esto es, desde el 31 de diciembre de 2016.

6 Según decantó la Corte desde AP1701-2017, 16 de marzo de 2017, radicación 49912.

7 CSJ SP, 26 de marzo de 1993, radicación 7125.

8 Mediante auto de 7 de junio de 2017, se ordena remitir la petición de Y.G.C. a esta corporación para que haga parte de la actuación en curso, como si se tratara del mismo asunto.