Auto AP3992-2015/45318 de julio 15 de 2015

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA DE CASACIÓN PENAL

Rad.:45318

(Aprobado acta Nº 239)

Magistrada ponente:

Dra. Patricia Salazar Cuéllar

Bogotá D.C., quince de julio de dos mil quince.

EXTRACTOS: «VI. Consideraciones

De conformidad con lo establecido en el parágrafo 1º del artículo 26 de la Ley 975 de 2005, modificado por el canon 27 de la Ley 1592 de 2012, en concordancia con el artículo 68 ibídem y con el numeral 3º del artículo 32 de la Ley 906 de 2004, esta Colegiatura es competente para desatar el recurso de apelación interpuesto contra la providencia proferida por una Magistrada de Control de Garantías de la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Bogotá, por cuyo medio denegó el levantamiento de los gravámenes hipotecarios que recaen sobre tres bienes inmuebles.

La Sala realizará el examen de los argumentos en forma conjunta, pues las razones presentadas por la recurrente para logar el levantamiento de los gravámenes hipotecarios son comunes para los tres inmuebles.

La situación actual de los bienes afectados con gravámenes hipotecarios.

De la escasa información suministrada por la fiscal delegada durante la sustentación de la pretensión, se conoció que en audiencia preliminar realizada el 21 de mayo del año 2009 dentro del radicado 2006-80006, un Magistrado con Función de Control de Garantías de la ciudad de Medellín ordenó el embargo, suspensión del poder dispositivo y secuestro de los siguientes bienes inmuebles ofrecidos —entre otros— por los desmovilizados Cxxx Mxxx Jxxx Nxxx, Rxxx y Gxxx Pxxx Axxx:

•‘El Amparo’ con matrícula inmobiliaria Nº 068-0005875, registrado a nombre de la Cooperativa Promotora Agraria para la Sustitución de Cultivos Ilícitos en el sur de Bolívar, Coproagrosur.

•‘Vista hermosa 1’ con matrícula inmobiliaria Nº 068-00005874, con registro de propiedad a nombre de la misma cooperativa, y,

•‘Rancho San Judas’ con matrícula inmobiliaria Nº 068-0006716, igualmente de propiedad de Coproagrosur.

Bienes inmuebles rurales ubicados en el corregimiento de Monterrey, municipio de Simití (Bolívar) y entregados por los mencionados desmovilizados del Bloque Central Bolívar de las AUC, para la reparación de las víctimas del accionar ilegal de esta organización, y que, en común, tienen hipotecas en cuantía ilimitada a favor del Banco Agrario de Colombia, respaldando un crédito por valor de mil seiscientos (1.600.000.000) millones de pesos.

Dada la fecha en que se solicitó la imposición de las medidas cautelares, el trámite se adelantó acorde con el procedimiento ordenado por la Ley 975 de 2005, que en el artículo 18 disponía:

Formulación de imputación. Cuando de los elementos materiales probatorios, evidencia física, información legalmente obtenida, o de la versión libre pueda inferirse. (sic) razonablemente que el desmovilizado es autor o partícipe de uno o varios delitos que se investigan, el fiscal delegado para el caso solicitará al magistrado que ejerza la función de control de garantías la programación de una audiencia preliminar para formulación de imputación.

En esta audiencia, el fiscal hará la imputación fáctica de los cargos investigados y solicitará al magistrado disponer la detención preventiva del imputado en el centro de reclusión que corresponda, según lo dispuesto en la presente ley. Igualmente solicitará la adopción de las medidas cautelar (sic) es sobre los bienes de procedencia ilícita que hayan sido entregados para efectos de la reparación a las víctimas(7)

Medidas adoptadas con miras a la reparación moral y económica de las víctimas, a través de la extinción del derecho de dominio que deberá disponerse en la sentencia, como lo ha sostenido la jurisprudencia de la Sala:

Así las cosas, de conformidad con el sistema de justicia transicional regulado por la Ley 975 de 2005 donde se adopta una pena alternativa, es claro que cuando en el artículo 14 del Decreto 3391 de 2006 se alude a que “la autoridad judicial procederá a compulsar copias para que se inicien los procesos penales a que haya lugar” con fundamento en que los desmovilizados no cumplieron con la obligación descrita en los artículos 10.2, 11.5 y 17 de la Ley 975 de 2005, es decir, “que entreguen los bienes producto de la actividad ilícita” y, a su vez, “se decretará la extinción del dominio con destino a la reparación de las correspondientes víctimas; se alude a que ésta extinción se hará en la sentencia.

Ello también se desprende de lo preceptuado en el artículo 18 del Decreto 3391 de 2006, donde son mencionados los bienes que integran el Fondo para la Reparación de las Víctimas, pues allí se establece que es posible la entrega provisional de un bien a la víctima “hasta que se resuelva sobre el mismo en la sentencia, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 15 del Decreto 4760 de 2.005 en aras de garantizar el derecho de restitución”, toda vez que a su vez en esta última norma se prevé que “los bienes sobre los que se adopten medidas cautelares quedarán de inmediato a disposición de acción social – Fondo para la Reparación de la Víctimas el cual tendrá la administración de los mismos que será provisional hasta tanto se profiera la sentencia de extinción de dominio a su favor. Sin embargo, en aras de garantizar el derecho a la restitución, el magistrado que ejerza el control de garantías, a solicitud de la Fiscalía, del Ministerio Público o de la víctima, podrá entregar en provisionalidad el bien a la víctima hasta que se resuelva sobre el mismo en la sentencia”.

Para abundar en razones, no debe perderse de vista que en el acápite anterior, al identificar los bienes pasibles de extinción del dominio y la normatividad que ha de servir de regulación al interior del proceso de justicia transicional, se mencionó que dejando a salvo la naturaleza, particularidades y fines de la Ley de Justicia y Paz, era posible acudir, con fundamento en el artículo 8º de la Ley 153 de 1887, a la Ley 793 de 2002, en la cual se observa que la extinción sólo se decretará en el fallo, conforme lo regula el artículo 18, donde se consagra que “la sentencia declarará la extinción de todos los derechos reales, principales o accesorios, desmembraciones, gravámenes o cualquiera otra limitación a la disponibilidad o el uso del bien y ordenará su tradición a favor de la Nación a través del fondo para la rehabilitación, inversión social y lucha contra el crimen organizado”.

Conclúyese de lo anotado en precedencia, que únicamente en la sentencia es posible decretar la extinción del dominio en el marco del proceso de justicia transicional regulado por la Ley 975 de 2005 y, por ende, es de competencia de la Sala de Conocimiento de Justicia y Paz del Tribunal Superior adoptar una decisión al respecto en tal oportunidad, distinto a como lo pregona el fiscal delegado impugnante.

Como viene de verse, la situación de estos predios, recuérdese, ‘El Amparo’, ‘Vista hermosa 1’ y ‘Rancho San Judas’ debió resolverse en forma definitiva en el fallo de primera instancia proferido dentro del rad. 110016000253200680012 fechado el 30 de agosto de 2013, por corresponder a la actuación dentro de la cual se adoptaron las medidas cautelares con el fin antes indicado(8); no obstante, durante la presentación de los alegatos conclusivos, la Fiscalía se limitó a relacionarlos en un cuadro titulado “bienes sobre los cuales no se puede extinguir su dominio”, sin mediar argumentación alguna, por lo que en la sentencia no fueron objeto de pronunciamiento, quedando en la indefinición.

La anterior omisión no puede convertirse en obstáculo para que la judicatura se pronuncie, dado que se trata de inmuebles entregados desde hace más de siete años por el comandante representante del bloque central Bolívar para la reparación de las víctimas de este y se encuentran afectados con medidas cautelares —jurídicas y materiales— por decisión de un magistrado de justicia y paz, a solicitud de la Fiscalía.

Desde luego que lo deseable sería que la unidad de bienes de la entidad investigadora hubiere impulsado dentro del proceso en el cual se cautelaron los predios (110016000253200680012), la realización de las audiencias preliminares necesarias para lograr que en la correspondiente sentencia se adoptara la decisión de fondo, toda vez que la extinción del derecho de dominio regida por la Ley 975 de 2005, depende del proceso de justicia transicional, a diferencia de la acción de extinción de dominio orientada por la Ley 1708 de 2014, que derogó la 793 de 2002; sin embargo, ante las imputaciones parciales formuladas en contra de Cxxx Mxxx Jxxx Nxxx, Rxxx y Gxxx Pxxx Axxx, por hechos cometidos durante su permanencia en el grupo armado ilegal y relacionados con el conflicto armado, se generaron rupturas de unidad procesal, dando lugar a que en cualquiera de esas investigaciones que cursan bajo el procedimiento de justicia y paz, se emita el respectivo pronunciamiento.

Es así como la primera carga que debe cumplir quien solicite el inicio de un incidente, ya sea de levantamiento de medidas cautelares o, como en este caso, de cancelación de gravámenes y limitaciones sobre bienes sujetos a registro, consiste en identificar los bienes y el proceso dentro del cual se impulsa la decisión de la cuestión accesoria, por cuanto, indudablemente, ésta depende de aquél.

Acerca de la naturaleza jurídica del trámite incidental, ha precisado la Corte que (CSJ AP 13 jun. 2011. Rad. 36653):

Si bien el incidente es un trámite similar al proceso en la medida que se inicia con una petición, se recaudan pruebas y se emite una decisión, siempre está ligado a otra actuación, de la que se deriva. En esa medida, no es independiente del proceso del cual surge, aún si resuelve asuntos de gran influencia en la controversia planteada.(9)

Y aunque se adujo como razón para remitir el trámite incidental a la Sala de Justicia y Paz del Tribunal de Medellín que el bien inmueble objeto del incidente de levantamiento de medida cautelar se encuentra ubicado en la ciudad de Montería, tal situación no tiene la posibilidad de modificar la naturaleza jurídica del trámite incidental, imponiéndose adelantarlo como anexo del concreto proceso que lo originó.

En otras palabras, la decisión sobre el levantamiento de la medida cautelar de embargo impuesta por la judicatura al inmueble “El Cortijo” no puede adoptarse con independencia de la actuación dentro de la cual se emitió la cautela, pues ello comportaría soslayar la estructura propia del proceso y del trámite incidental, así como el contexto dentro del que se emitió la determinación cuya modificación se pretende.

Ante el silencio de la Fiscal acerca del proceso del cual depende este trámite incidental, la Sala hubo de acudir a los números únicos de radicación que se relacionaron en el formato de solicitud de audiencia preliminar, encontrando que:

El proceso con número 110016000253200680012, se adelantó en contra de Rxxx Pxxx Axxx y en él se dispusieron las medidas cautelares sobre los bienes ‘El Amparo’, ‘Vista hermosa 1’ y ‘Rancho San Judas’. Terminó con sentencia (30 de agosto de 2013) proferida por el Tribunal Superior de Bogotá —Sala de Justicia y Paz—, confirmada por esta corporación (30 de abril de 2014). Por lo tanto, no es factible que de él dependa este incidente, por tratarse de una actuación culminada.

El Nº 110016000253200680006, cursó en contra de Gxxx Pxxx Axxx, Axxx Jxxx Gxxx Dxxx, Jxxx Exxx Rxxx Cxxx, Lxxx Cxxx Rxxx Rxxx, Nxxx Mxxx Gxxx Dxxx, Nxxx Exxx Mxxx Cxxx y Yxxx Axxx Zxxx. Se profirió sentencia de primera instancia el 29 de septiembre de 2014, en la que, entre otras decisiones, se extinguió el derecho de dominio sobre bienes (lanchas, vehículos automotores, semovientes y dinero), dentro de los cuales no figura ningún predio, decisión que actualmente se encuentra en esta corporación pendiente de desatar los recursos de apelación interpuestos por diferentes sujetos intervinientes. Ninguno relacionado con el tema de extinción de dominio.

Para concluir, aunque el proceso matriz dentro del cual se impusieron las medidas cautelares a los bienes ‘El Amparo’, ‘Vista hermosa 1’ y ‘Rancho San Judas’ culminó, no debe perderse de vista que éstos fueron entregados con el fin de reparar a las víctimas del accionar ilegal del bloque central Bolívar, estructura que delinquió en diez(10) departamentos del país y contra cuyos miembros se adelantan diversos procesos.

En ese orden, corresponde a la Fiscalía determinar a cuál de los procesos que cursa en razón a imputaciones parciales, vinculará los inmuebles, para que no continúen gestionándose trámites incidentales al margen de una actuación principal.

Por ahora y con miras a resolver en segunda instancia la controversia planteada, basta saber que los predios referidos fueron ofrecidos por los postulados Cxxx Mxxx Jxxx Nxxx, Gxxx y Rxxx Pxxx Axxx dentro de un proceso de justicia y paz, para la reparación de las víctimas y se encuentran afectados desde el año 2009 con medidas cautelares impuestas por un magistrado con función de control de garantías, con miras a la extinción del derecho de dominio, lo cual habilita a la justicia transicional para pronunciarse sobre la pretensión de la Fiscalía, de levantar los gravámenes hipotecarios que recaen en los inmueble rurales ‘El Amparo’, ‘Vista hermosa 1’ y Rancho San Judas’.

De la naturaleza de la audiencia de cancelación de gravámenes sobre bienes sujetos a registro.

Esta audiencia se desarrolla dentro del marco de regulación de las Leyes 975 de 2005, 1448 de 2011 y 1592 de 2012, a través del Decreto 3011 de 2013, que en el artículo 65, dispone:

Cancelación de gravámenes y limitaciones sobre bienes sujetos a registro. En caso de que los bienes entregados se encuentren afectados con algún tipo de gravamen o limitación constituido para la obtención de créditos con el sector financiero, el Magistrado con funciones de control de garantías competente oficiará al registrador de instrumentos públicos respectivo, para que proceda al levantamiento de tales cargas, previa verificación de los derechos de los terceros de buena fe exenta de culpa.

Si la anotación registral corresponde a una medida preventiva de protección de patrimonio de carácter colectiva, de que trata el artículo 19 de la Ley 387 de 1997 y el Decreto 2007 de 2001, el Magistrado ordenará oficiar al Comité de Justicia Transicional Departamental o Municipal, según corresponda, para que proceda a revisar la solicitud de autorización de enajenación. En caso de que la anotación registral corresponda a una medida preventiva de protección de patrimonio de carácter individual, el magistrado ordenará poner en conocimiento a la unidad administrativa especial de gestión de restitución de tierras despojadas, para que se adelante oficiosamente el procedimiento de estudio de inscripción en el registro de tierras despojadas o forzosamente abandonadas.

Si la unidad administrativa especial de gestión de restitución de tierras despojadas no incluye el bien en el registro de tierras despojadas o forzosamente abandonadas cuando este tuviere medida de protección por ruta individual, la decisión será puesta en conocimiento de la autoridad competente para que decida sobre el levantamiento de la medida.

Acorde con el precepto trascrito, corresponde al magistrado con función de control de garantías disponer el levantamiento de la limitación constituida para la obtención de créditos con el sector financiero, lo cual procederá después de verificar los derechos de los terceros de buena fe exenta de culpa.

Y aunque la norma no señala el procedimiento a seguir con miras a garantizar los derechos de los terceros de buena fe exenta de culpa, la a quo acertadamente lo equiparó al previsto en el artículo 17C de la Ley 975 de 2012, por tratarse de una situación incidental relacionada con bienes afectados con medidas cautelares para la reparación de las víctimas.

Con tal propósito, la magistrada de garantías, practicó pruebas durante la audiencia, a partir de las cuales concluyó que la Fiscalía no logró quebrar la presunción de buena fe con la que operó el Banco Agrario al conceder el crédito a la cooperativa Coproagrosur por valor de mil seiscientos millones de pesos ($ 1.600.000.000), para la sustitución de cultivos ilícitos de coca, por palma africana.

Sobre el primero de los presupuestos señalado en la norma mencionada, no hubo discusión entre los intervinientes, por cuanto el Banco Agrario de Colombia S.A. es una entidad financiera estatal, que tiene como objeto social desarrollar, en forma principal pero no exclusiva, las actividades rurales, agrícolas, pecuarias, pesqueras, forestales y agroindustriales, por lo tanto, los gravámenes hipotecarios cuyo levantamiento se pretende, se constituyeron en respaldo de un crédito con el sector financiero.

La segunda exigencia, referida al levantamiento de la limitación (hipoteca) sobre los bienes sujetos a registro, requiere de la verificación del magistrado de garantías de los derechos de los terceros de buena fe exenta de culpa, los cuales, ha dicho la Fiscalía, no se encuentran afectados, por cuanto el Banco Agrario al otorgar el crédito a Coproagrosur, obvió trámites que, de haberse realizado, le hubieran permitido el verdadero conocimiento del cliente y de esa manera saber que la cooperativa era manejada por los paramilitares, quienes realmente suministraron el dinero para la adquisición de los predios. Así, concluye que el Banco Agrario no puede ser tenido como tercero de buena fe que actuó exento de culpa.

El principio de buena fe se encuentra plasmado en el artículo 83 de la Constitución Política, así:

Las actuaciones de los particulares y de las autoridades públicas deberán ceñirse a los postulados de la buena fe, la cual se presumirá en todas las gestiones que aquellos adelanten ante éstas. 

Presunción que consagra la obligación de actuar de buena fe y que se predica por igual de los particulares y de las autoridades públicas. Así, no resulta suficiente que quien pretende el levantamiento de los gravámenes, llanamente acuda a razones de conveniencia para las víctimas, desconociendo el derecho a las garantías y al debido proceso de los terceros de buena fe.

Como quiera que en el caso concreto quien inició el trámite incidental no es el tercero de buena fe dentro de la relación comercial (banco), sino la Fiscalía, le correspondía a ésta demostrar que aquél no circunscribió su accionar en el principio general de buena fe calificada, como lo exige el artículo 65 del Decreto 3011 de 2013.

Resulta entonces necesario conocer a qué se refiere el requerimiento generador de derechos: “buena fe exenta de culpa”, por cuanto ésta es la demandada por la ley de cara a proteger derechos que emerjan de una actuación desplegada bajo las concurrente condiciones: (i) buena fe y (ii) exenta de culpa, no siendo idónea para tales fines la simple buena fe.

Sobre la diferenciación entre una y otra, señaló la Corte Constitucional en la Sentencia C-740 de 2003:

La buena fe simple, que equivale a obrar con lealtad, rectitud y honestidad, es la que se exige normalmente a las personas en todas sus actuaciones. El Código Civil, al referirse a la adquisición de la propiedad, la define en el artículo 768 como la conciencia de haberse adquirido el dominio de la cosa por medios legítimos, exentos de fraude y de todo otro vicio. Esta buena fe se denomina simple, por cuanto, si bien surte efectos en el ordenamiento jurídico, estos sólo consisten en cierta protección que se otorga a quien así obra. Es así que, si alguien de buena fe adquiere el derecho de dominio sobre un bien cuyo titular no era el verdadero propietario, la ley le otorga ciertas garantías o beneficios, que si bien no alcanzan a impedir la pérdida del derecho si aminoran sus efectos. Tal es el caso del poseedor de buena fe condenado a la restitución del bien, quien no será condenado al pago de los frutos producidos por la cosa (C.C. art. 964 párr. 3º); o del poseedor de buena fe que adquiere la facultad de hacer suya la cosa poseída (C.C. arts. 2528 y 2529).

Además de la buena fe simple, existe una buena fe con efectos superiores y por ello denominada cualificada, creadora de derecho o exenta de culpa. Esta buena fe cualificada, tiene la virtud de crear una realidad jurídica o dar por existente un derecho o situación que realmente no existía.

La buena fe creadora o buena fe cualificada, interpreta adecuadamente una máxima legada por el antiguo derecho al moderno: “error communis facit jus”, y que ha sido desarrollada en nuestro país por la doctrina desde hace más de cuarenta años, precisando que “tal máxima indica que si alguien en la adquisición de un derecho o de una situación comete un error o equivocación, y creyendo adquirir un derecho o colocarse en una situación jurídica protegida por la ley, resulta que tal derecho o situación no existen por ser meramente aparentes, normalmente y de acuerdo con lo que se dijo al exponer el concepto de la buena fe simple, tal derecho no resultará adquirido. Pero si el error o equivocación es de tal naturaleza que cualquier persona prudente y diligente también lo hubiera cometido, por tratarse de un derecho o situación aparentes, pero en donde es imposible descubrir la falsedad o no existencia, nos encontramos forzosamente, ante la llamada buena fe cualificada o buena fe exenta de toda culpa”. 

En el caso bajo análisis la Fiscalía no probó que el Banco Agrario de Colombia incurriera durante el estudio del crédito, en algún error, omisión, imprudencia o negligencia a partir de los cuales afirmar que su actuar de otra manera le hubiera permitido descubrir que la cooperativa Coproagrosur estaba siendo utilizada por las AUC para realizar un proyecto del que se creía pertenecía a campesinos de la región.

Para ello es necesario volver al contexto que la misma Fiscal expuso en audiencia y recordar que ninguna entidad pública, persona jurídica o natural, sabía para los años 2002 y 2003 que Coproagrosur fue creada por los paramilitares para desarrollar un proyecto de sustitución de cultivos de coca, y no, como formalmente figuraba en la constitución de la cooperativa, de propiedad de cien campesinos asociados con este fin.

Conclusión a la que se arriba luego de escuchar la versión libre rendida por Ixxx Rxxx Dxxx Gxxx, durante los días 10 y 11 de febrero de 2014, ocasión en la cual la Fiscalía le preguntó por primera vez sobre la constitución de la cooperativa Coproagrosur y la compra de los terrenos ‘El Amparo’, ‘Vista hermosa 1’ y ‘Rancho San Judas’, tema sobre el cual previamente señaló que el conflicto armado se vivió en esa amplia región del país intensamente porque allí “mandaban las guerrillas, mandaban los paramilitares y donde no estaba el Estado por ninguna parte(11)”.

Precisamente esa situación lo llevó a pensar en un proyecto que aminorara las consecuencias de las acciones militares que afectaban a la población civil que, en su gran mayoría, se dedicaba al cultivo de la coca; por tanto, no resulta exacto afirmar, como lo hizo la Fiscal, que el sur de Bolívar era una zona de dominio exclusivo de los paramilitares.

Ciertamente Ixxx Rxxx Dxxx Gxxx señaló que Coproagrosur fue un proyecto ideado por él y financiado con dineros de las autodefensas, concretamente del Bloque Central Bolívar comandado por Rxxx Pxxx Axxx; sin embargo, ese no es el punto medular en discusión, pues, evidentemente, desde el año 2007 con las versiones libres de los desmovilizados de ese bloque se conoció tal situación, es decir, no existe controversia en torno a que la cooperativa para la sustitución de cultivos en el sur de Bolívar —Coproagrosur—, fue creada, financiada y dirigida por Rxxx Pxxx Axxx.

A cambio, ya frente al medular punto del conocimiento que pudiera tener el Banco Agrario sobre los verdaderos promotores de Coproagrosur, señaló Dxxx Gxxx:

Con el tiempo, señora Fiscal, fui cayendo en la cuenta de que no debía ser una sociedad anónima sino una especie de cooperativa. ¿Por qué pensé en ese modelo? porque existen muchos más incentivos por aporte institucional para el esquema cooperativista que para una sociedad anónima, de hecho, ya tenía dentro de mis planes adelantar unas gestiones para que nos prestaran un dinero, concretamente el Banco Agrario con el fin de poner en marcha este proyecto, digo nos prestara pero el Banco Agrario no le iba a prestar dinero a paramilitares, de ahí que pensáramos en hacer una cooperativa y vincular a personas campesinas de la zona y demás, esto atraería mucho como quiera que no solo se trataba de campesinos cocaleros, sino, además, de campesinos que estaban dispuestos a abandonar su actividad ilícita para incorporarse a una empresa productiva lícita con perspectivas promisorias, se trataba de una empresa de palma africana para la cual nosotros conocíamos que algunos terrenos del sur de Bolívar eran supremamente buenos…

(…).

Nosotros hicimos figurar en las actas de constitución como si cada socio estuviera aportando tres millones de pesos para poder justificar el capital de trescientos millones; sin embargo, quiero hacer notar que de esos cien socios máximo diez harían algún aporte que no alcanzó a tres millones de pesos… o sea que por vía de aportes personales fue mínimo el ingreso a Coproagrosur…(12)

(…).

Inclusive, yo no sé si las autoridades judiciales habrán ahondado en el tema de la representación que existe sobre Coproagrosur porque cuando se hizo el trámite del préstamo con el Banco Agrario que eso demoró por ahí un año, fueron muchos los documentos que el doctor Mxxx, cuyo apellido no recuerdo, fueron muchos los documentos que se aportaron para demostrar que era una empresa de la economía solidaria ajena a cualquier intromisión de dinero que proviniese de una fuente ilegal. Pienso que dentro de esa documentación, señora fiscal, se debieron aportar muchas actas, las actas de las asambleas… (ininteligible) sería interesante que se hiciera una inspección sobre los documentos de esa empresa. En las actas deben aparecer las firmas de quienes con pleno conocimiento sabían que eso era de Cxxx Mxxx, luego era de los paramilitares, en las actas deben aparecer algunas decisiones y esas decisiones eran de don Cxxx Mxxx, no eran de la asamblea.

Versión que sirvió de sustento a la Fiscalía para aseverar que en el sur de Bolívar “todo el mundo” sabía que Coproagrosur pertenecía a los paramilitares; no obstante, obsérvese que lo dicho por Ixxx Rxxx Dxxx no corresponde con tal conclusión; por el contrario, indicó éste que la cooperativa realizó esfuerzos para recaudar y aportar al Banco Agrario toda la documentación que reflejara la ajenidad del proyecto con actividades ilegales, pues solo de esa manera lograrían la aprobación del crédito.

Y también expresó alias ‘Exxx Bxxx’, que quienes sabían que la cooperativa pertenecía y estaba manejada por los paramilitares, eran las personas que intervenían en la administración y gerencia de ella, lo que no significa que la totalidad de la población de Simití y Santa Rosa tuvieran la misma información solo por el hecho de residir en la región, pues precisamente, como lo señala ‘Bxxx’, se trataba de proyectar la imagen de un prospecto ambicioso en el que los campesinos de la región por iniciativa propia abandonaban su actividad cocalera para emprender un sostenimiento económico derivado de cultivos lícitos.

Justamente con tal fin, el comandante del bloque central Bolívar buscó a personas expertas en las áreas relacionadas, inicialmente con la creación de la cooperativa, después, con el manejo agrícola y administrativo y por último, con los trámites ante el banco para lograr el préstamo de mil seiscientos millones de pesos.

Este argumento de la Fiscalía —conocimiento público— se debilita aún más al conocer que Coproagrosur contó con el apoyo de diferentes entidades públicas y privadas, por cuanto el proyecto se identificaba con las pretensiones del gobierno nacional, el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural y el Banco Agrario de Colombia, que buscaban la recuperación del sector agropecuario y la sustitución de cultivos ilícitos por lícitos, sin que se presentara manto de duda sobre los verdaderos propietarios y origen del dinero para su conformación.

Fue así como el SENA envió a la región capacitadores para dictar el curso de cooperativismo necesario para la creación de la asociación y también se desplazó hasta el corregimiento de Monterrey un funcionario de la Superintendencia de Economía Solidaria a proporcionar información a los cooperados sobre los beneficios de estar congregados bajo esta modalidad.

Adicionalmente, durante la etapa de recaudo de documentación e información para ser aportada por Coproagrosur al Banco Agrario, el gobernador de Bolívar expidió una certificación mediante la cual da cuenta que conoce el proyecto y lo acompaña institucionalmente.

Apariencia de legalidad que continuó conservando la cooperativa durante el año 2004, logrando que la organización no gubernamental estadounidense “ARD/CAP Colombia Agribusiness Partnership Program” le otorgara un auxilio económico destinado a la parte administrativa, dineros cuya utilización se vigilaba a través de visitas e informes periódicos.

Circunstancia a la cual le resta incidencia la Fiscalía, por cuanto expone que a estas entidades no les correspondía la obligación de conocer al cliente; no obstante, necesario resulta deducir que corresponde al reflejo del medio dentro del cual se creó y empezó a funcionar Coproagrosur, desvirtuando el argumento según el cual todos los habitantes del sur de Bolívar conocían de la ilegalidad de la cooperativa, por tanto, el Banco Agrario no podía ser ajeno a esta realidad.

De tal manera que la documentación allegada al Banco Agrario como soporte de la solicitud del crédito, le permitió obtener la información relevante para cumplir con la política de conocimiento del cliente exigida por el artículo 102 del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero, cuya normatividad vigente para la época obligaba a adoptar medidas de control apropiadas y suficientes, “para evitar que sus operaciones sean utilizadas como instrumento para el ocultamiento, manejo, inversión o aprovechamiento en cualquier forma de dinero u otros bienes provenientes de actividades delictivas, o para dar apariencia de legalidad a las actividades delictivas o a las transacciones y fondos vinculados con las mismas”.

Así, durante el estudio de la solicitud, el comité directivo nacional de créditos del Banco Agrario identificó completamente a la cooperativa solicitante:

Coproagrosur es una cooperativa conformada por 100 pequeños productores agrícolas, que desean iniciar un proceso productivo lícito, comprometiéndose a erradicar voluntariamente los cultivos de coca que solo les ha generado violencia y desplazamiento. La Cooperativa se constituyó (sic) mediante acta 02 de septiembre de 2002, otorgada en asamblea de constitución, e inscrita en Cámara de Comercio de Aguachica, el 10 de septiembre de 2002 bajo el Nº 3166 del libro I de las personas jurídicas sin animo (sic) de lucro. La entidad que ejerce la función de inspección, vigilancia y control es la Superintendencia de Economía Solidaria. La cooperativa ha sido reformada en una ocasión. El término de duración de la Personería Jurídica es indefinida. La dirección para notificaciones es el Corregimiento San Blas del Municipio de Simití - Santander.(13)

De la misma manera, el banco conoció los nombres de los integrantes del consejo de administración(14), de la junta de vigilancia(15) y su representante legal(16), subgerente(17), tesorero(18) y revisora fiscal(19), constatando que ninguno de ellos tenía antecedentes penales o requerimientos de autoridades judiciales, lo cual confirma lo versionado por Ixxx Rxxx Dxxx, en el sentido de haber conformado la cooperativa con campesinos de la región,

Y también la actividad económica y procedencia de los fondos:

Generar empleo e ingresos a través de la prestación de servicios mediante el trabajo asociado. Fomentar la siembra, producción de bienes, ejecución de obras mediante el trabajo personal de los asociados, de acuerdo con sus capacidades y las especificaciones laborales a desarrollar y sin sujeción a la legislación laboral ordinaria.

(…).

El objeto principal del presente proyecto, es sustituir los cultivos ilícitos mediante la siembra inicial de 400 has de palma de aceite, para lo cual se creó (sic) la cooperativa, la cual cuenta actualmente con 62.000 plántulas de palma de aceite, todos los asociados son cultivadores de coca (cocaleros) o cosechadores (raspachines), dispuestos a abandonar los cultivos ilícitos que le han generado violencia a la región. Para lo anterior compraron 3 predios que conforman dos globos de terreno con un total de 911 hectáreas, localizados en la vereda Monterrey del Municipio de Simití - Bolívar…

De otra parte, y ya frente al origen de los dineros con los cuales Coproagrosur adquirió los predios, indicó la Fiscal que su valor asciende a más de quinientos millones de pesos, situación que le hubiera permitido al Banco Agrario, por lo menos sospechar que los aportes de los cooperados no alcanzaban a sufragar el monto de las adquisiciones de terrenos. No obstante, ello tampoco corresponde a lo probado durante el incidente.

En efecto, del estudio de títulos realizado por el banco, soportado en las escrituras públicas de los inmuebles, se establece que el valor de los predios adquiridos por Coproagrosur asciende a ciento noventa y cinco millones de pesos, y que la entidad bancaria en ningún momento conoció de la propiedad de otros terrenos, luego, de manera alguna podría reprochársele por omitir tal valoración, que ahora realiza la Fiscalía ante las revelaciones efectuadas años después por los desmovilizados del Bloque Central Bolívar.

Es más, cuando la Fiscalía le preguntó a Ixxx Rxxx Dxxx sobre otros predios para desarrollar el proyecto, este respondió que estaba casi seguro de que los únicos terrenos vinculados a Coproagrosur y ofrecidos en garantía al Banco Agrario, fueron los tres negociados por él: ‘El Amparo’, ‘Vista hermosa’ y ‘Rancho San Judas’. Así lo corroboran los documentos que reposan en el Banco Agrario y que fueron aportados durante el trámite incidental; las declaraciones rendidas por la revisora fiscal Lxxx Txxx Gxxx; Hxxx Oxxx, gerente de la cooperativa para la época en la que se tramitó el préstamo y Dxxx Txxx Sxxx, presidente del consejo de administración.

Por otro lado, el Banco Agrario también confrontó sobre el terreno la información contenida en la documentación presentada por la cooperativa solicitante del préstamo y admitió la recomendación que en ese sentido realizara la gobernación del departamento de Bolívar al certificar que conocía y acompañaba en forma institucional el plan que soportaba la aspiración crediticia.

En conclusión, la entidad bancaria cumplió con todas las exigencias que el “manual de procesos de crédito” contempla para este fin y la Fiscalía no dio a conocer de qué manera el banco fue negligente durante el estudio del crédito o cuál fue el paso que obvió, y que, de haberse cumplido, le hubiera permitido tomar la decisión contraria, es decir, negar el préstamo a Coproagrosur.

Tampoco probó la apelante que la entidad bancaria hubiera tenido a su alcance información de la cooperativa que al ser desechada —dolosa o culposamente— la convirtiera en un tercero de mala fe, o por lo menos, que siendo de buena fe, ésta no estuvo exenta de culpa.

Por estas razones, se impone la confirmación de la decisión de primera instancia de negar el levantamiento de los gravámenes hipotecarios que recaen sobre los bienes rurales ‘El Amparo’, ‘Vista hermosa 1’ y ‘Rancho San Judas’, a favor del Banco Agrario de Colombia.

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal,

RESUELVE:

1. CONFIRMAR la decisión mediante la cual se negó la cancelación de gravámenes que recaen sobre los inmuebles ‘El Amparo’, ‘Vista hermosa 1’ y ‘Rancho San Judas’, a favor del Banco Agrario de Colombia, conforme a los argumentos expuestos en precedencia.

2. DEVOLVER la actuación al Tribunal de origen.

Contra esta decisión no procede recurso alguno»

(7) El texto subrayado fue declarado inexequible por la Corte Constitucional en la Sentencia C-370 de 2006.

(8) Ver el folio 187 del fallo de primera instancia proferido dentro del rad. 110016000253200680012.

(9) Las negrillas no se encuentran en el texto original, corresponden a resaltado que realiza la Sala.

(10) Información suministrada por la Fiscal a partir del minuto 25:00 de la sesión celebrada el 4 de junio de 2014.

(11) Ver el primer registro en video de la sesión de versión libre del 10 de febrero del 2014.

(12) Ver el registro número 3 del video de la continuación de versión libre realizada el 11 de febrero de 2014.

(13) Ver folio 60 del cuaderno 2 del incidente.

(14) Dxxx Txxx Sxxx, Jxxx Axxx Gxxx, Nxxx Gxxx Sxxx, Axxx Mxxx Bxxx, Txxx Uxxx Vxxx y Hxxx Gxxx Fxxx.

(15) Lxxx Bxxx, Mxxx Axxx Pxxx, y Wxxx Dxxx Gxxx.

(16) Hxxx Oxxx Exxx.

(17) Jxxx Mxxx Sxxx Txxx.

(18) Mxxx Exxx Bxxx Dxxx.

(19) Lxxx Txxxx Gxxx.