Auto AP4038-2015/46402 de julio 21 de 2015

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

SALA DE CASACIÓN PENAL

Rad. 46402

Aprobado en Acta 243

Magistrado Ponente:

Dr. Eugenio Fernández Carlier

(Legis, considera conveniente que los datos de las partes y terceros, sean suprimidos por las iniciales de los nombres y apellidos, con el propósito de proteger los derechos contemplados en el artículo 15 de la Constitución Política).

Bogotá. D.C, veintiuno de julio de dos mil quince.

EXTRACTOS: «Consideraciones

La Sala anticipa que se abstendrá de resolver materialmente o de fondo sobre la recusación, por las razones que se expresan seguidamente.

En el contexto de la Ley 600 de 2000, esta Corporación se ha ocupado de decidir de fondo sobre las recusaciones promovidas contra la totalidad de los integrantes de una Sala de Decisión de Tribunal Superior de Distrito Judicial(1).

Por el contrario, tratándose de idéntica situación acaecida en el marco de la Ley 906 de 2004 y con ocasión de las modificaciones introducidas por la Ley 1395 de 2010, se ha abstenido de resolverlas, considerando que la decisión sobre el particular corresponde a la Sala de Decisión que le siga en orden, así:

«El artículo 60 de la Ley 906 de 2004, modificado por el artículo 84 de la Ley 1395 de 2010, dispone, en cuanto interesa resaltar para los actuales fines, que “si el funcionario judicial recusado aceptare como ciertos los hechos en que la recusación se funda, se continuará el trámite previsto cuando se admite causal de impedimento. En caso de no aceptarse, se enviará a quien le corresponde resolver para que decida de plano. Si la recusación versa sobre magistrado decidirán los restantes magistrados de la Sala”.

Como se advierte sin dificultad, la disposición transcrita no regula el supuesto de hecho en el que la recusación se promueve —como en el presente asunto— contra la totalidad de los Magistrados que integran la Sala de decisión.

Esa conclusión se desprende del tenor literal de la norma, que refiere a «los restantes magistrados de la Sala»; supuesto que obviamente carece de sentido si lo pretendido es apartar a todos los funcionarios que la componen del conocimiento de un determinado asunto.

Ante dicho vacío y en virtud del principio de integración normativa previsto en el artículo 25 de la ley 906 de 2004, es aplicable al caso en examen lo dispuesto en el artículo 152 del Código de Procedimiento Civil —replicado, en lo pertinente, en el artículo 143 del Código General del Proceso— que de manera expresa regula esa situación en los siguientes términos:

“La recusación de un magistrado o conjuez la resolverá el que le siga en turno en la respectiva sala, con observancia de lo dispuesto en el inciso anterior, en lo pertinente.

Si se recusa simultáneamente a dos o más magistrados de una sala, cada uno de ellos deberá actuar como se indica en el inciso 3º, en cuanto fuere procedente. Corresponderá al magistrado que no fue recusado tramitar y decidir la recusación.

Si se recusa a todos los magistrados de una sala de decisión, cada uno de ellos deberá proceder como se indica en el inciso 3º, siguiendo el orden alfabético de apellidos. Cumplido esto corresponderá al magistrado de la siguiente sala de decisión, por orden alfabético de apellidos, tramitar y decidir la recusación”.

Aplicadas las consideraciones precedentes al caso que se examina, debe concluirse que, al haber estimado que no concurre la causal de impedimento o recusación invocada por el defensor de los acusados, correspondía a los Magistrados remitir el asunto al funcionario que preside la siguiente Sala de Decisión Penal del Tribunal Superior de Cundinamarca, para que los integrantes de ésta decidieran, de manera definitiva, sobre el particular.

Tal ha sido, por demás, el criterio pacífico de esta Corporación, que en asuntos como el presente ha sostenido que “si la recusación se dirige contra la totalidad de quienes componen una de las Salas de Decisión Penal del respectivo Tribunal, resolverá la que le siga en turno”(2)»(3).

En esta ocasión, la Corte observa que no existen razones para aplicar distinto criterio a las recusaciones promovidas en procesos seguidos bajo el rito previsto en la Ley 600 de 2000 pues, como se observa a continuación, el trámite previsto en esa codificación para tal efecto es idéntico al establecido en la Ley 906 de 2004, modificada por la Ley 1395 de 2010.

Véase:

Ley 600 de 2000Ley 906 de 2004
ART. 105.—Si el funcionario judicial en quien concurra alguna de las causales de impedimento no lo declarare, cualquiera de los sujetos procesales podrá recusarlo.
(…)
ART. 106.—Si el funcionario judicial recusado aceptare como ciertos los hechos en que la recusación se funda, se continuará el trámite previsto cuando se admite causal de impedimento. En caso de no aceptarse, se enviará a quien le corresponde resolver para que decida de plano, si la recusación versa sobre magistrado decidirán los restantes magistrados de la sala.
Presentada la recusación, el funcionario resolverá inmediatamente mediante providencia motivada.
ART. 60.—Si el funcionario en quien se dé una causal de impedimento no la declarare, cualquiera de las partes podrá recusarlo.
Si el funcionario judicial recusado aceptare como ciertos los hechos en que la recusación se funda, se continuará el trámite previsto cuando se admite causal de impedimento. En caso de no aceptarse, se enviará a quien le corresponde resolver para que decida de plano. Si la recusación versa sobre magistrado decidirán los restantes magistrados de la Sala.
La recusación se propondrá y decidirá en los términos de este Código, pero presentada la recusación, el funcionario resolveráinmediatamente mediante providencia motivada.
ART. 103.—Del impedimento manifestado por un magistrado conocen los demás que conforman la sala respectiva. Aceptado el impedimento del magistrado, se complementará la Sala con quien le siga en turno y si hubiere necesidad, se sorteará un conjuez. Si no se aceptare el impedimento, tratándose de magistrado de tribunal superior, se pasará el proceso a la Corte Suprema de Justicia para que dirima de plano la cuestión.
Si el magistrado fuere de la Corte Suprema de Justicia y la sala rechazare el impedimento, la decisión de ésta lo obligará.
ART. 58.—Del impedimento manifestado por un magistrado conocen los demás que conforman la sala respectiva, quienes se pronunciarán en un término improrrogable de tres días. Aceptado el impedimento del magistrado, se complementará la Sala con quien le siga en turno y si hubiere necesidad, se sorteará un conjuez. Si no se aceptare el impedimento, tratándose de Magistrado de Tribunal Superior, la actuación pasará a la Corte Suprema de Justicia para que dirima de plano la cuestión.
Si el magistrado fuere de la Corte Suprema de Justicia y la Sala rechazare el impedimento, la decisión de esta lo obligará. En caso de aceptarlo se sorteará un conjuez, si a ello hubiere necesidad.

Sin dificultad se advierte, a partir de la confrontación de las disposiciones pertinentes, que la Ley 1395 de 2010, en cuanto modificó el trámite de las recusaciones previsto en el texto original de la Ley 906 de 2004, comportó en últimas la adopción, en iguales términos, del procedimiento establecido para dicho efecto en la Ley 600 de 2000.

En ese orden, es claro que tampoco en el Código de Procedimiento Penal de tendencia inquisitiva aparece regulada la manera en la que debe tramitarse y decidirse la recusación formulada contra la totalidad de los Magistrados que integran una Sala de Decisión de Tribunal Superior.

Por tal razón y conforme el criterio de la Sala citado en precedencia, lo viable es acudir, con fundamento en el principio de remisión establecido en el artículo 23 de esa codificación, a lo dispuesto en el artículo 152 del Código de Procedimiento Civil, cuyo contenido es esencialmente idéntico al del artículo 143 del Código General del Proceso, que sí regula dicha situación:

«La recusación de un magistrado o conjuez la resolverá el que le siga en turno en la respectiva sala, con observancia de lo dispuesto en el inciso anterior, en lo pertinente.

Si se recusa simultáneamente a dos o más magistrados de una sala, cada uno de ellos deberá actuar como se indica en el inciso 3º, en cuanto fuere procedente. Corresponderá al magistrado que no fue recusado tramitar y decidir la recusación.

Si se recusa a todos los magistrados de una sala de decisión, cada uno de ellos deberá proceder como se indica en el inciso 3º, siguiendo el orden alfabético de apellidos. Cumplido esto corresponderá al magistrado de la siguiente sala de decisión, por orden alfabético de apellidos, tramitar y decidir la recusación».

Así las cosas, la Corporación se abstendrá de resolver sobre la recusación promovida por el defensor de JLAD; en su lugar, remitirá la actuación al Tribunal Superior de Bogotá para la decisión que corresponda.

Resta precisar que si bien la Sala de Extinción de Dominio de la que hacen parte los Magistrados recusados tiene la condición de Sala Única, lo cierto es que, según lo prevé el Acuerdo PSAA12 – 9165 de 2012, expedido por el Consejo Superior de la Judicatura, aquélla «hace parte de la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá» y, además, comparte con ésta la lista de Conjueces.

Lo anterior significa que corresponderá a la primera Sala de Decisión Penal de esa Corporación, que le sigue en turno, decidir sobre la recusación presentada contra los Magistrados.

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal,

RESUELVE:

1. ABSTENERSE de resolver sobre la recusación elevada por el defensor de JLAD contra los Magistrados de la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá, Pedro Oriol Avella Franco, María Idalí Molina Guerrero y William Salamanca Daza.

2. DEVOLVER las diligencias a esa Corporación para que se proceda de acuerdo con lo previsto en la parte motiva de esta providencia.

Contra el presente auto no procede ningún recurso.

Cúmplase».

1 Verbigracia, CSJ AP, 1º feb. 2012, rad. 38.195.

2 CSJ AP, mayo 30 de 2012, Rad. 39.102. En igual sentido, CSJ AP, 31 de agosto de 2012, Rad. 39.724; CSJ AP, 6 de marzo de 2013, Rad. 40.817.

3 CSJ AP, 9 mar. 2015, rad. 45.537.