Sentencia AP4082-2014 de julio 23 de 2014

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

SALA DE CASACIÓN PENAL

AP4082-2014

Radicación: 43689

(Aprobado acta 235)

Magistrada Ponente:

María del Rosario González Muñoz

Bogotá, D.C., veintitrés de julio de dos mil catorce.

EXTRACTOS: «Para resolver se considera

El estatuto procesal penal expedido mediante la Ley 906 de 2004, conforme ocurre con el previsto en la Ley 600 de 2000, también exige, como condición para la admisión de la demanda de casación, la satisfacción de exigencias de lógica y adecuada argumentación, cuyo fin es permitirle a la Corte, a partir de la coherencia y precisión conceptual del libelo, establecer sin dificultad cuál es el error atribuido al sentenciador, causante de la violación de la Constitución o la ley o la afectación de las garantías fundamentales de las partes.

Esos presupuestos de sustentación, acorde con lo establecido en los artículos 183 y 184, inciso segundo de la precitada Ley 906 de 2004, giran en torno a la correcta selección de la causal invocada y al adecuado desarrollo de los cargos formulados a la sentencia atacada, para lo cual se requiere que cada reproche se sustente de manera separada y que las razones aducidas se correspondan con el yerro denunciado, sin que sea dable entonces incluir en una misma censura conceptos que se opongan entre sí ni incurrir en inconsistencias de argumentación, pues ello atentaría contra los principios de no contradicción y autonomía que son inherentes al recurso extraordinario de casación.

Además, en la estructuración de las censuras al demandante le es imperioso respetar el principio de corrección material, conforme al cual las razones, fundamentos y contenido del ataque deben corresponder en un todo con la realidad procesal (Cfr. CSJ AP, 2 de mayo de 2012, Rad. 26846).

Pues bien, la Sala examinará a continuación si la demanda instaurada por el defensor de Freddy Trujillo Borrero reúne o no los presupuestos de lógica y debida sustentación, empezando por los dos primeros cargos, que se analizarán conjuntamente, atendiendo la identidad de sus fundamentos fácticos.

Cargos primero y segundo. Violación indirecta:

En estos reproches el actor acusa al tribunal de incurrir en error de derecho por falsos juicios de convicción y legalidad, por cuanto tuvo como prueba la totalidad de la entrevista rendida por Adriana Victoria Perafán Sánchez, pese a que solamente una parte mínima de la misma se introdujo al juicio oral al ser leída por la aludida durante el testimonio que rindió en esa fase procesal.

Como lo tiene precisado la jurisprudencia de esta corporación, el falso juicio de convicción se presenta cuando el sentenciador niega a la prueba el valor que la ley le atribuye, o le asigna uno distinto al que el mismo legislador le otorga.

Para su demostración al impugnante le compete acreditar que el juez sustentó la sentencia con desconocimiento de las normas que tasan el valor y eficacia de los elementos de prueba, identificar los preceptos desatendidos y demostrar las implicaciones del yerro en el sentido de la decisión.

Por su parte, el falso juicio de legalidad se estructura cuando el fallador asigna validez a un medio de prueba, a pesar de que en su producción y aducción se desconocen las reglas establecidas en la ley para el efecto, y también cuando el juzgador deja de apreciar algún elemento de convicción, por considerar erróneamente que en su recaudo se desatendieron dichas reglas.

Para su demostración, al libelista le corresponde identificar claramente la prueba indebidamente apreciada, señalar las normas medio que regulan su formación, acreditar que la prueba fue excluida debiendo ser apreciada o que fue apreciada debiendo ser excluida, y demostrar las implicaciones del error en las conclusiones probatorias.

La controversia planteada por el demandante consiste en señalar que el actor consideró como prueba directa la totalidad de la entrevista rendida por la señora Adriana Victoria Perafán, a pesar de que gran parte de lo dicho por ella en esa diligencia corresponde a prueba de referencia.

En esas condiciones, es claro que el sendero correcto para postular la discusión casacional lo era a través del falso juicio de convicción, como se hizo en el primer cargo, pues se habría dado a la entrevista un valor distinto al que por ley le corresponde, según así lo establece el inciso segundo del artículo 381 de la Ley 906 de 2004 (Cfr. CSJ AP, 15 de may. de 2013, rad. 40619). Siendo así la situación, la vía escogida en la segunda censura se muestra per se incorrecta.

Sea como fuere, tampoco hay lugar a admitir ese primer reproche, pues el libelista no satisfizo la totalidad de la carga argumentativa arriba mencionada. Ello, por cuanto dejó de acreditar la trascendencia del yerro aducido, si se tiene en cuenta que omitió rebatir, a través de la técnica casacional, los demás elementos de prueba con los cuales el ad quem sustentó la condena.

Lo anterior porque si bien sostiene que los testigos Juan David Riascos y José Ricardo Moreno Perafán no ofrecen credibilidad cuando señalan al procesado de ser el autor de los disparos, en virtud de las dudas y contradicciones que se evidencian en sus manifestaciones, lo cierto es que se trata de la particular opinión expresada por el censor, que opone al mérito persuasivo asignado por el juzgador a dichos medios de convicción.

De esa manera, sin duda, pretende el actor hacer prevalecer su personal criterio, con lo cual olvida que ese tipo de controversias probatorias no resultan pertinentes en sede de casación, dada la doble presunción de acierto y legalidad de que está revestida la sentencia impugnada, en cuya virtud las conclusiones de ese orden del fallador predominan sobre las de los sujetos procesales, salvo la demostración de un yerro casacional, exigencia omitida en este caso en lo relativo a los testimonios de Juan David Riascos y José Ricardo Moreno Perafán, que por sí solos sostienen el fallo condenatorio.

Baste lo dicho para inadmitir, como lo hará la Sala, los cargos primero y segundo.

Cargo tercero. Nulidad por falta de motivación:

La irregularidad, según el casacionista, ocurrió respecto de la circunstancia de agravación prevista en el numeral 7º del artículo 104 del Código Penal, referida a la comisión del homicidio bajo el aprovechamiento del estado de indefensión, en cuanto para su deducción el tribunal no ofreció las razones de orden jurídico y probatorio en que se sustenta la misma.

A este respecto, pertinente es recordar el criterio de la Sala acorde con el cual las censuras sustentadas en el mencionado motivo de casación deben contener, como mínimo, la identificación de la irregularidad, la expresión clara de sus fundamentos, el señalamiento de si se trata de un vicio de estructura o garantía, la indicación de la norma o normas violadas, la mención del momento procesal en donde se presentó la anomalía y de las actuaciones afectadas con la misma, así como motivar su trascendencia y demostrar a la Corte que la nulidad se erige como el remedio único y extremo para enmendar la incorrección procesal, surgiendo así indispensable el fallo de casación.

La Corte, igualmente, ha sido reiterativa en referir que cuando se aduce la existencia de nulidad por falta de motivación, al demandante le corresponde demostrar la presencia de uno cualquiera de los siguientes vicios: (i) que el fallo carece totalmente de motivación; (ii) que siendo motivado, es dilógico o ambivalente; (iii) que su motivación es incompleta; o (iv) que la motivación es aparente o sofística(1).

En este caso el censor atribuye al fallador de segundo grado incurrir en falta absoluta o total de motivación. Sin embargo, en la postulación casacional advierte la Sala la violación del principio de corrección material, pues no es cierto que el tribunal no haya ofrecido ningún tipo de fundamento para deducir la circunstancia de agravación en mención.

Para efectuar tal afirmación el actor se limita a transcribir un corto fragmento del fallo, pasando por alto que la motivación de una decisión está conformada por la parte considerativa de la misma, y que las razones por las cuales se asume una u otra posición bien pueden encontrarse esparcidas a lo largo de dicho segmento motivacional. Y en ese sentido, se advierte que el ad quem en varias ocasiones se refirió, tomando como base los testimonios recaudados en el proceso, entre ellos, los ofrecidos por los hermanos Juan David Riascos y José Ricardo Moreno Perafán, acerca de las circunstancias en que el procesado disparó sobre la humanidad del hoy occiso, y es así como inicialmente señaló:

“… la persona a la que vieron merodear esa noche antes de la muerte de Koala, fue el mellizo quien se transportaba en una motocicleta RX 115 carnauba y que fue éste luego de un momento el que se subió al andén de la vivienda en donde se encontraba conversando con su novia y su suegra y disparó un arma de fuego contra la humanidad de aquel…”(2) (resalta la Corte).

Y después razonó en los siguientes términos sobre el mismo punto:

“De las pruebas antes reseñadas se puede llegar a concluir que la muerte de José Alejandro Callejas Yuste, alias “Koala”, tuvo lugar siendo aproximadamente las 8:00 de la noche del 13 de enero de 2011, cuando éste se encontraba en la parte externa de la vivienda ubicada en la diagonal 16 Nº 71 A-186 del barrio Siete de Agosto, conversando tras una ventana con Valeria Riascos Perafán —futura madre de su hijo— y la señora Adriana Victoria Perafán Sánchez, momentos en los que, luego de merodear por el lugar, se aproxima Freddy Trujillo Borrero, alias “El Mellizo” en la motocicleta RX 115 color carnauba, la sube al andén y empieza a disparar contra la humanidad de “Koala”, quien recibe en total 4 impactos de proyectil de arma de fuego que le ocasionaron su deceso, tal como se desprende de la necropsia médico legal que fuera objeto de estipulación”(3) (resaltados son también de la Corte).

Ese análisis probatorio fue el que le permitió al tribunal concluir en lo siguiente:

“Es decir la muerte del señor Luis Alejandro Callejas Yuste, efectivamente se vislumbra bajo la circunstancia de indefensión, pues el acusado Freddy Trujillo Borrero, alias “El Mellizo”, aprovechó que éste se encontraba de espaldas conversando con la futura madre de su hijo y su suegra para emprender su acción homicida y además que para la misma se valió de un arma de fuego…”(4).

Vista así la situación, encuentra la Corte que, en realidad, la inconformidad del actor con el fallo surge no por presentar defecto de motivación, sino porque no comparte los razonamientos probatorios con los cuales se sustentó la condena.

Al respecto, es necesario traer a colación el criterio de esta corporación acorde con el cual no es lo mismo que una providencia judicial adolezca de defectos de motivación, por ausencia absoluta o parcial de las razones de orden probatorio y jurídico que soportan la decisión, a que la argumentación traída por el fallador no cumpla con las expectativas del sujeto procesal, quien la tilda de inadecuada, desacertada o insuficiente en su fundamentación fáctica, jurídica o probatoria.

Sólo en la primera hipótesis el error será susceptible de ser atacado dentro del marco de la causal tercera, mientras que en el segundo el error es de juicio, caso en el cual debe ser ventilado en el ámbito de las causales primera y tercera, demostrando los errores de fundamentación fáctica, jurídica o probatoria que llevan a tildarla de inadecuada, desacertada o insuficiente(5).

Es claro así, se insiste, que el desacuerdo del impugnante recae sobre la apreciación probatoria del juzgador, en cuanto rebate la concurrencia de la circunstancia de agravación sobre la base de afirmar que el homicida llamó previamente a la víctima por su apodo y, en todo caso, porque ésta sabía de la presencia maliciosa y sospechosa de sujetos motorizados por el sector, por lo cual estaba advertido del peligro. Un ataque casacional de esa naturaleza, ciertamente, le correspondía postularlo por vía diferente, según se precisó en precedencia.

Es de anotar que el actor también insinúa que durante la tramitación del juzgamiento la fiscalía tampoco, con excepción del alegato final, ofreció las razones fácticas y jurídicas que sustentaban la atribución de la circunstancia de agravación. Sin embargo, se limitó a enunciar la anomalía sin acreditarla y sin fundamentar su trascendencia, explicando la forma como esa situación impidió el adecuado ejercicio del derecho de contradicción durante las etapas previas a la sentencia.

El tercer cargo, por tanto, también se inadmitirá.

Cargo cuarto. Violación directa:

Esta censura, por satisfacer los requisitos de adecuada y lógica sustentación exigidos por la ley y desarrollados por la jurisprudencia, la Sala la admitirá.

Se precisará, finalmente, que contra la decisión inadmisoria del recurso de casación sólo cabe el mecanismo de insistencia, conforme lo tiene establecido el artículo 184 de la Ley 906 de 2004, cuya interposición procede bajo las reglas fijadas en jurisprudencia reiterada de la Sala(6).

En lo referente al cargo que se admitirá, se ordenará que una vez se surta el trámite relacionado con el mecanismo de insistencia, se fijará fecha para la realización de la respectiva audiencia de sustentación oral.

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal,

RESUELVE:

1. INADMITIR los tres primeros cargos de la demanda de casación interpuesta por el defensor de Freddy Trujillo Borrero, de acuerdo con las razones expuestas en la anterior motivación.

Según lo establecido en el artículo 184 de la Ley 906 de 2004, es facultad de la demandante elevar petición de insistencia.

2. ADMITIR el cuarto cargo del mencionado libelo de casación.

Una vez se surta el trámite relacionado con el mecanismo de insistencia, se fijará fecha para la realización de la respectiva audiencia de sustentación oral.

Notifíquese y cúmplase.»

(1) Sentencia del 18 de julio de 2007, radicación 26255.

(2) Páginas 45 y 46 del fallo de segundo grado.

(3) Páginas 50 y 51 ídem.

(4) Página 51 ídem.

(5) Cfr. Auto del 28 de febrero de 2006, radicación 24783.

(6) Providencia del 12 de diciembre de 2005, radicación 24322.