Auto 43005 de julio 23 de 2014

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

SALA DE CASACIÓN PENAL

Rad.: 43005

AP4085-2014

Magistrada Ponente:

Dra. María del Rosario González Muñoz

Aprobado Acta 235

Bogotá D.C., veintitrés de julio de dos mil catorce.

EXTRACTOS: «Consideraciones de la Corte

De conformidad con lo establecido en el parágrafo 1º del artículo 26 de la Ley 975 de 2005,(27) en concordancia con el artículo 68 ibídem y con el numeral 3º del artículo 32 de la Ley 906 de 2004, esta colegiatura es competente para desatar los recursos de apelación interpuestos contra la providencia proferida por la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Medellín, por cuyo medio excluyó de manera oficiosa del trámite transicional a los postulados Edilberto de Jesús Cañas Chavarriaga, Néstor Eduardo Cardona Cardona, Juan Fernando Chica Atehortúa, Edgar Alexander Erazo Guzmán, Mauro Alexander Mejía Ocampo, Juan Mauricio Ospina Bolívar y Wander Ley Viasus Torres.

En orden a definir las impugnaciones presentadas, la Sala abordará en forma prioritaria el estudio de la nulidad propuesta por los representantes de la Fiscalía y el Ministerio Público, pues en caso de prosperar tornaría nugatorio cualquier pronunciamiento sobre los demás motivos de inconformidad. Si es del caso, posteriormente se ocupará de los otros planteamientos de disenso.

Nulidad propuesta

La Sala de Justicia y Paz excedió su competencia al excluir oficiosamente a los postulados

La Fiscalía y el Ministerio Público propugnan por la nulidad de la decisión apelada porque en su sentir vulnera el debido proceso propio de las actuaciones de justicia transicional por cuanto el tribunal a quo excedió sus funciones al excluir motu proprio a los postulados.

Así mismo, la Fiscalía pregona la afectación del rito procesal por el decreto oficioso de pruebas a partir de las cuales la colegiatura de primera instancia construyó un contexto del accionar de Bloque Cacique Nutibara diferente al presentado por el ente acusador.

Pues bien, la Corte en diversas oportunidades(28) ha señalado cómo el procedimiento a través del cual la Ley de Justicia y Paz busca facilitar los procesos de reincorporación individual y colectiva a la vida civil de los miembros de grupos armados al margen de la ley, garantizando los derechos de las víctimas a la verdad, la justicia y la reparación, ostenta una naturaleza especial y diversa que difiere de la de los estatutos procesales actualmente vigentes.

En ese contexto, los operadores jurídicos del sistema previsto en la Ley 975 de 2005 deben tener presente que los principios y reglas allí consagrados constituyen el marco legal dentro del cual deben desarrollar su actividad procesal, pues las normas sustanciales y de forma establecidas en otros estatutos solo operan subsidiariamente o, como lo establece el artículo 62 ibídem, de manera complementaria para regular aspectos oscuros o confusos no dispuestos en esa normatividad.

Entonces, la actuación transicional ostenta características propias que deben ser atendidas por todos los intervinientes sin que resulte viable acudir a estatutos complementarios cuando las preceptivas de Justicia y Paz consagran pautas y procedimientos a seguir.

La condición sui generis del proceso de Justicia y Paz se origina en que la actuación inicia a instancias del desmovilizado cuando libre y voluntariamente solicita su postulación al trámite. Una vez verificadas por el Gobierno Nacional las exigencias legales, comienza la etapa judicial, la cual se funda en la confesión de sus crímenes por parte de los postulados, situación que necesariamente conlleva la emisión de sentencia de carácter condenatorio.

Lo anterior significa que los operadores jurídicos y las partes deben atender las características propias del sistema procesal transicional, dentro de las que se encuentra la oralidad, acorde con la cual las decisiones se adoptan en audiencia (L. 975/2005, art. 13, modificado L. 1592/2012), la separación de las labores de investigación y juzgamiento (art. 16 y ss. ibídem) y la diferenciación en la magistratura de la funciones de control de garantías y de conocimiento (art. 13 ibídem).

La separación de la función investigativa de la de juzgamiento en justicia transicional armoniza con el mandato constitucional del artículo 250(29) superior que atribuye a la Fiscalía General de la Nación la obligación de adelantar “el ejercicio de la acción penal y realizar la investigación de los hechos que revistan las características de un delito”, de forma que es la llamada a procurar el esclarecimiento de la verdad (L. 975/2005, art. 15 modificado por L. 1592/2012, art. 10), previa aplicación de criterios de priorización, para lo cual deberá establecer el patrón de macro criminalidad en el accionar de los grupos armados organizados al margen de la ley a fin de develar sus contextos y causas.

En ese orden, no le compete a la magistratura ejercer funciones netamente instructivas como ocurrió en el evento bajo examen donde se invadió el campo de acción de la Fiscalía y la Sala de Conocimiento se convirtió en instructor adicional, en tanto i) acumuló motu proprio diversos procesos y ii) excluyó oficiosamente a los postulados.

Adicionalmente, el magistrado ponente en el tribunal, en autos proferidos fuera de audiencia, rubricados exclusivamente por él, decretó numerosas pruebas de oficio(30) para lo cual invocó facultades conferidas en la Ley 600 de 2000 y en el Decreto 2700 de 1991, normativa esta derogada y sin ninguna vigencia desde el 24 de julio de 2001. Incluso, decretó inspección judicial sobre las quejas de víctimas del punible de desplazamiento, instauradas en la Procuraduría Regional de Antioquia, diligencia que concretó sin que los compañeros de Sala suscribieran esa decisión y sin que las partes conocieran con anticipación su realización(31).

Ese proceder no se ajusta a la estructura propia de la Ley de Justicia y Paz, pues si bien la jurisprudencia de la Sala ha establecido la posibilidad de que la magistratura decrete pruebas de oficio(32) en aras de garantizar la construcción de la verdad, tal facultad se entiende orientada a complementar la información suministrada, aclarar temas controversiales o precisar aspectos específicos, pero no como la prerrogativa de realizar una nueva instrucción a partir de la cual construir un contexto contrario al planteado por la Fiscalía General de la Nación o para adoptar decisiones oficiosas que no han sido demandadas por las partes e intervinientes.

El proceder del magistrado sustanciador de acumular motu proprio procesos de diversos postulados y decretar pruebas de oficio por fuera de la audiencia pública en autos rubricados exclusivamente por él, contraviene el mandato contenido en el canon 13 de la Ley 975 de 2005, modificado por la Ley 1592 de 2012, dado el claro mandato de emitir las decisiones en el curso de la vista pública.

Así mismo, resulta irregular que esas decisiones fueran decretadas exclusivamente por el magistrado ponente, dada la naturaleza interlocutoria que impone su adopción por la Sala, sin que sea posible su convalidación con la posterior firma de los otros miembros de la colegiatura porque no tomaron parte en la discusión y aprobación de la cuestionada determinación, pues si así hubiese sido habrían suscrito el auto respectivo.

Ahora, si en desarrollo de la formulación y aceptación de cargos se concluyera, luego de debatirse el tema en la audiencia, que el contexto presentado por el fiscal del caso se aparta de la realidad, lo procedente es concordarlo y ajustarlo con las pruebas decretadas y practicadas en esa vista pública a instancias de las partes, intervinientes y complementariamente con la ordenadas de oficio, pues recuérdese que todos los intervinientes en el trámite transicional están habilitados para intervenir en la construcción de la verdad.

En efecto, el establecimiento de lo acontecido inicia con la confesión del postulado, prosigue con la necesaria actividad de verificación e investigación de la Fiscalía y continúa en la audiencia de legalización de cargos donde las víctimas e, incluso la magistratura, pueden complementar y/o cuestionar el contexto presentado, evento en el cual surgirá la necesidad del decreto probatorio a efectos de construir entre todos la verdad que se incluirá en la sentencia, la cual debe tener presente los aspectos decantados por la Sala:

En este evento, debe hacerse una interpretación flexible sobre el concepto de verdad, a partir de lo aportado por el desmovilizado en su versión libre, dado que, como lo sostuvo la Corte Constitucional en la citada Sentencia C-370 de 2006 (apartado 6.2.2.1.7.20), no puede perderse de vista que la Ley 975 está diseñada para ser aplicada a personas que han cometido múltiples y graves delitos, en desarrollo de los cuales apelaron a toda clase de maniobras para esconder su real dimensión y las pruebas de los mismos, lo cual necesariamente dificulta la labor investigativa.

Por esta razón, señaló dicha corporación en esa oportunidad, que “se debe confiar en la voluntad de buena fe de quienes deciden entrar a la legalidad”.

También la Sala, en el auto antes citado, reconoció que la complejidad de la reconstrucción de los hechos por virtud de la degradación del conflicto y la barbarie de los métodos utilizados en la ejecución de las conductas (descuartizamiento, fosas comunes), sumado a las dificultades de huella histórica de muchos hechos, por deficiencias en el registro civil (nacimientos, defunciones), en los registros notariales y mercantiles, por los permanentes movimientos de las comunidades desplazadas, entre otras y tantas dificultades, obliga a exámenes de contexto y a la flexibilización de los umbrales probatorios, no solo respecto de la comprobación del relato del postulado, sino, sobre todo, del daño causado, el que deberá acreditarse con medios propios de la justicia transicional.

En este orden de ideas, resulta desproporcionado, como aquí se pretende, que se exija del desmovilizado, quien ha relatado genéricamente unos hechos ocurridos hace varios años y confesado la comisión de múltiples conductas punibles, que especifique todas las circunstancias de tiempo, modo y lugar que rodearon la ejecución de cada una de ellas. (CSJ AP, 21 sep. 2009, rad. 32022).

En otras palabras, la audiencia concentrada de formulación de cargos (L. 1591/2012, art. 21, modificatorio del 19 de la L. 975/2005), constituye el escenario para confrontar y ajustar el contexto de la actividad del grupo armado al margen de la ley, sus causas y motivos, construido a partir de la confesión de los postulados y de los actos de investigación realizados por la Fiscalía General de la Nación.

En ese escenario, la magistratura debe velar porque la verdad consignada en la sentencia se ajuste a las causas, motivos, consecuencias y tipología de la especie de violencia perpetrada por el grupo armado al margen de la ley examinado en cada caso en particular; sin embargo, ello no implica que esté facultada para asumir funciones netamente investigativas no conferidas por la ley, pues tal proceder no se aviene a la estructura transicional, caracterizada por la separación de la instrucción y el juzgamiento. Por ende, la facultad oficiosa debe utilizarse con el objeto de complementar la información suministrada y/o para garantizar los derechos de las partes e intervinientes en la actuación, en particular los de las víctimas.

En punto de las acumulaciones oficiosas la Sala ha señalado cómo son improcedentes por contrariar la arquitectura procesal transicional:

2. El primer asunto objeto de controversia es el que se centra en dilucidar si la decisión mediante la cual se ordena la acumulación de procesos, corresponde a una decisión que puede adoptarse por escrito, como lo dispuso inicialmente y lo ratificó el Tribunal Superior de Medellín en la decisión que es objeto de revisión; o si por el contrario la decisión debió ser adoptada en el marco de una audiencia de manera oral, como lo reclamó la procuradora.

La respuesta supone destacar que si bien el procedimiento previsto en la Ley 975 de 2005, no corresponde a un proceso adversarial o de partes, como se ha sostenido en diversas oportunidades, su desarrollo sí responde al de una actuación regida por el principio de oralidad, como claramente se desprende de lo dispuesto en los artículos 12, 13 y 26, entre otros, de la citada ley. Esto supone que todas las decisiones deban ser adoptadas en el curso de una audiencia oral y pública, con la concurrencia de todos los interesados.

Consecuente con lo anterior, se impone concluir que la aludida decisión, mediante la cual se ordena la acumulación, debe tomarse en el marco de una audiencia. Razón le asiste en tal sentido a la procuradora apelante, cuando reclama que la decisión de acumulación debió adoptarse en audiencia con citación de todas las partes, porque allí se garantiza de mejor forma, los derechos fundamentales de los sujetos procesales.

Adoptar la decisión como lo hizo el tribunal, sin la previa convocatoria a audiencia pública, socava el debido proceso, en tanto se contravienen las formas propias del juicio que es la garantía preestablecida de las reglas de juego sobre la manera como se desarrollará la actuación. Para el caso, se desconoció el principio de oralidad.

Es igualmente irregular el hecho de que la acumulación procesal la hubiese decretado solo el magistrado sustanciador, no obstante que se trata de una decisión interlocutoria que debe ser adoptada por la respectiva Sala, con lo cual se desconocen las formas propias del juicio, sin que sea posible su convalidación con la posterior firma de los otros miembros del cuerpo colegiado, como lo ordena el tribunal, toda vez que en su momento estos no tomaron parte en la discusión y aprobación de la cuestionada determinación.

Adicionalmente, la no adopción de la decisión en audiencia, socava los derechos de las partes intervinientes y principalmente de las víctimas, quienes debieron ser citadas a efecto de que se pronunciasen sobre la acumulación ordenada (CSJ AP, 18 abr. 2012, Rad. 38526) (negrillas fuera de texto).

Entonces, no resulta acorde con el esquema diseñado en el ordenamiento transicional que las Salas de Conocimiento asuman funciones propias del ente investigador como construir contextos, priorizar investigaciones, acumular trámites, excluir postulados y terminar el proceso de Justicia y Paz sin previa solicitud del fiscal del caso, entre otras, pues estas funciones están deferidas en la normativa transicional a la Fiscalía General de la Nación.

La Ley 975 de 2005 inicialmente no consideraba ni regulaba la posibilidad de solicitar la exclusión de los postulados del proceso de Justicia y Paz, razón por la cual la jurisprudencia de la Sala trazó las pautas para proceder cuando se presentaba un evento que ameritaba finiquitar el proceso transicional e, incluso, distinguió entre archivo de las diligencias, preclusión, desistimiento tácito y expreso y exclusión propiamente dicha (CSJ AP, 23 ago. 2001, Rad. 34423; 11 mar. 2009, Rad. 31162).

Dicha situación varió con la expedición de la Ley 1592 de 2012 que modificó y adicionó la Ley 975 de 2005, pues introdujo el artículo 11 A por cuyo medio se reguló el instituto de la exclusión, atribuyendo competencias específicas para su trámite, así:

“ART. 11A.—Causales de terminación del Proceso de Justicia y Paz y exclusión de la lista de postulados. Los desmovilizados de grupos armados organizados al margen de la ley que hayan sido postulados por el Gobierno Nacional para acceder a los beneficios previstos en la presente ley serán excluidos de la lista de postulados previa decisión motivada, proferida en audiencia pública por la correspondiente Sala de Conocimiento de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Distrito Judicial, en cualquiera de los siguientes casos, sin perjuicio de las demás que determine la autoridad judicial competente:

1. Cuando el postulado sea renuente a comparecer al proceso o incumpla los compromisos propios de la presente ley.

2. Cuando se verifique que el postulado ha incumplido alguno de los requisitos de elegibilidad establecidos en la presente ley.

3. Cuando se verifique que el postulado no haya entregado, ofrecido o denunciado bienes adquiridos por él o por el grupo armado organizado al margen de la ley durante y con ocasión de su pertenencia al mismo, de forma directa o por interpuesta persona.

4. Cuando ninguno de los hechos confesados por el postulado haya sido cometido durante y con ocasión de su pertenencia a un grupo armado organizado al margen de la ley.

5. Cuando el postulado haya sido condenado por delitos dolosos cometidos con posterioridad a su desmovilización, o cuando habiendo sido postulado estando privado de la libertad, se compruebe que ha delinquido desde el centro de reclusión.

6. Cuando el postulado incumpla las condiciones impuestas en la audiencia de sustitución de la medida de aseguramiento de que trata el artículo 18A de la presente ley.

La solicitud de audiencia de terminación procede en cualquier etapa del proceso y debe ser presentada por el fiscal del caso. En una misma audiencia podrá decidirse sobre la terminación del proceso de varios postulados, según lo considere pertinente el fiscal del caso y así lo manifieste en su solicitud.

Una vez en firme la decisión de terminación del proceso penal especial de Justicia y Paz, la Sala de Conocimiento ordenará compulsar copias de lo actuado a la autoridad judicial competente para que esta adelante las respectivas investigaciones, de acuerdo con las leyes vigentes al momento de la comisión de los hechos atribuibles al postulado, o adopte las decisiones a que haya lugar (...) (negrillas propias).

En ese orden, la potestad de solicitar la exclusión quedó taxativamente atribuida a la Fiscalía General de la Nación y la decisión de la misma se le asignó a la Sala de Conocimiento de los tribunales de Justicia y Paz, razón por la cual estos operadores jurídicos no pueden expulsar oficiosamente a los postulados, pues siempre deberá mediar petición del ente acusador. Proceder de forma contraria, como lo hizo el tribunal a quo, comporta afectar de manera trascendente la estructura procesal diseñada por el legislador en punto del trámite transicional.

La decisión de la Sala de Justicia y Paz del Tribunal de Medellín se profirió el 4 de septiembre de 2013, esto es, en vigencia de la Ley 1592 de 2012, por manera que resultaba imperativo dar aplicación a ese precepto.

Lo anterior con mayor razón cuando la Corte, antes de proferirse la determinación examinada, había requerido a esa colegiatura para que adecuara los trámites en curso a los lineamientos establecidos en la nueva normatividad procesal en vista del expreso mandato contenido en el canon 41 ibídem, por cuyo medio se precisó que ese compendio procesal empezaba a regir desde su promulgación, la cual acaeció el 3 de diciembre de 2012(33).

1. Frente al trámite procesal surtido en este caso, esta colegiatura estima necesario requerir a la corporación de primera instancia para que lo continúe en los precisos términos y de conformidad con los mandatos contenidos en la Ley 1592 de 2012, modificatoria de la 975 de 2005.

(...)

2. La aplicación de la Ley 1592 de 2012 a esta actuación, la cual se encuentra en la celebración de la audiencia de control de legalidad de la aceptación de cargos (L. 975/2005, inc. 3º, art. 18, y art. 19 originales) no ofrece dudas, pues así lo dispuso el legislador, de suerte que el trámite previsto en la nueva ley habrá de aplicarse a este proceso desde la actuación descrita en el artículo 19, inciso 2º, de la norma modificatoria.

Ahora bien, en lo que tiene que ver con la implementación de la mencionada Ley 1592 de 2012 a las actuaciones que, como esta, actualmente están en trámite, es necesario decir que la misma, en su artículo 41, estableció que regiría a partir de la fecha de su promulgación (Diario Oficial 48633 de fecha dic. 3/2012) “y deroga todas las disposiciones que le sean contrarias, en particular los artículos 7º, 8º, 42, 43, 45, 47, 48, 49, 55 y 69 de la Ley 975 de 2005”.

En similar sentido, el artículo 36, sobre vigencia, derogatoria y aplicación temporal de la Ley 1592, dispone lo siguiente:

“La presente ley deroga todas las disposiciones que le sean contrarias y rige a partir de su promulgación. Para el caso de desmovilizados colectivos en el marco de acuerdos de paz con el Gobierno Nacional, la presente ley se aplicará únicamente a hechos ocurridos con anterioridad a la fecha de su desmovilización”.

“En relación con los desmovilizados individuales, es decir, aquellos cuyo acto de desmovilización sea certificado por el Comité Operativo para la Dejación de las Armas (CODA), el procedimiento y los beneficios consagrados en esta ley se aplicarán únicamente a hechos ocurridos con anterioridad a su desmovilización y en todo caso con anterioridad al 31 de diciembre de 2012”.

Por otra parte, su artículo 40 reitera la aplicación inmediata a los casos en trámite, pues estipula que el incidente de reparación integral (art. 23 original de la L. 975/2005) ya iniciado habrá de continuar su desarrollo en los términos de la modificación que le introduce el artículo 23 de la ley modificatoria. Así dice la norma en comento: “Los incidentes de reparación integral del proceso penal especial de justicia y paz que hubiesen sido abiertos con anterioridad a la entrada en vigencia de la presente ley, continuarán su desarrollo conforme al procedimiento, alcance y objetivos de lo dispuesto en el incidente de identificación de las afectaciones causadas que contempla el artículo 23 de esta ley, el cual modifica el artículo 23 de la Ley 975 de 2005”.

Por lo tanto, insiste la Corte, es bajo los precisos lineamientos de la Ley 1592 de 2012, cuyos efectos rigen a partir del 3 de diciembre de 2012, y no bajo el esquema procesal originalmente dispuesto en la Ley 975 de 2005, que la presente actuación habrá de continuar su curso, pues no de otra manera se hará efectiva la intención del legislador de avanzar de manera eficaz en la obtención de los fines del proceso de Justicia y Paz. (CSJ AP, 29 mayo 2013, Rad. 41035).

En el anterior contexto resulta válida la crítica del Ministerio Público y la Fiscalía al señalar que el tribunal de primera instancia vulneró la garantía fundamental del debido proceso al mutar la naturaleza jurídica de la audiencia de legalización de cargos por una de exclusión de postulados sin que estuviese facultado para ello, dada la distinción introducida por la Ley 1592 de 2012 entre esas dos figuras jurídicas y las competencias allí establecidas para suscitar el trámite de cada una de ellas.

Si la colegiatura a quo consideraba ausentes los requisitos para legalizar los cargos, podía devolver la actuación a la Fiscalía para que procediera a reexaminar la situación, ajustar las imputaciones a las observaciones de la Sala o, si era del caso, solicitar la exclusión en una audiencia precisa y específicamente convocada para el efecto en la que las partes, intervinientes y la judicatura pudieran analizar la causal o causales aducidas. Lo anterior teniendo en cuenta las graves implicaciones que tal determinación conlleva para los desmovilizados, las víctimas e incluso para la sociedad.

Excluir oficiosamente a los postulados sin adelantar debate previo al respecto, también vulnera las garantías de defensa y contradicción de las partes e intervinientes porque no se les brinda la oportunidad de pronunciarse sobre un tema que afecta profundamente sus pretensiones, como se manifestó en las impugnaciones propuestas.

Así, los postulados fueron excluidos del proceso de Justicia y Paz sin que previamente pudieran pronunciarse frente a las causales previstas en el artículo 11 A de la Ley 1592 de 2012 dentro de las cuales se incluye el incumplimiento de los requisitos de elegibilidad, la renuencia a cumplir los compromisos adquiridos, la omisión de entregar o denunciar bienes del grupo armado al margen de la ley, la existencia de condena por delito doloso cometido con posterioridad a la desmovilización, tópicos argüidos por el tribunal a quo.

Por tanto, se les expulsó del trámite transicional sin otorgárseles la oportunidad de defenderse y controvertir cada uno de los citados aspectos.

La exclusión también conculcó los derechos de las víctimas, individuales y colectivas, porque no contaron con la posibilidad de debatir y controvertir tan gravosa decisión para sus pretensiones de verdad, justicia y reparación ni pudieron expresar su visión de los hechos ni demostrar y tasar las afectaciones sufridas con los delitos confesados, quedando sin la posibilidad de obtener indemnización integral de los perjuicios padecidos(34).

Las irregularidades de carácter sustancial advertidas imponen a la Corte decretar la nulidad del proceso desde el auto del 4 de septiembre de 2013 a efectos de que el tribunal a quo ajuste la actuación a los lineamientos de la Ley 1592 de 2012 y se pronuncie sobre los cargos formulados por la Fiscalía a los postulados, no solo sobre los delitos confesados.

Tal consecuencia surge necesaria por cuanto el derecho de defensa y el debido proceso constituyen pilares fundamentales de la actuación judicial, según lo establece el artículo 29 superior, y su incumplimiento torna el proceso en irregular obligando al juez que advierta dichos defectos a declarar la nulidad en procura de restablecer los derechos conculcados, tal como lo ordena esta preceptiva al señalar: “Es causal de nulidad la violación del derecho de defensa y del debido proceso en aspectos sustanciales”.

Finalmente, la Sala reitera el llamado de atención a la colegiatura a quo para que procure llevar el proceso a su cargo dentro de los cauces de mesura, seriedad y respecto entre la judicatura y las partes e intervinientes a efectos de evitar confrontaciones innecesarias que, a la postre, dilatan la actuación y dificultan la función de administrar justicia. Además, para que respete los procedimientos de la Sala, conforme se definió en la Sentencia de la Corte Constitucional C-836 de 2001.

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal,

RESUELVE:

Declarar la nulidad de la decisión del 4 de septiembre de 2013 emitida por la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Medellín, conforme a los argumentos expuestos. En consecuencia, el tribunal a quo deberá ajustar su actuación a las pautas de la Ley 1592 de 2012 y a lo dispuesto en esta determinación.

2. Devolver la actuación al tribunal de origen.

Contra esta decisión no procede el recurso alguno.

Notifíquese y cúmplase».

(27) Modificado por el canon 27 de la Ley 1592 de 2012.

(28) Ver, entre otros, proveídos del 12 febrero de 2009, Radicado 30998, 31 de agosto de 2011, Radicado 36125.

(29) Modificado por el artículo 2º del Acto Legislativo 3 de 2002.

(30) Cfr. folio 110 del cuaderno 1 de la audiencia de legalización de cargos. Auto del 12 de diciembre de 2011.

(31) Cfr. folios 193 y 295 del cuaderno 2 de la audiencia de legalización de cargos. La diligencia se practicó el 10 de octubre de 2012.

(32) Cfr. providencia del 12 de mayo de 2009, Radicado 31150.

(33) Diario Oficial 48633 de fecha 3 de diciembre de 2012.

(34) Mediante Sentencia C-286 del 20 de mayo de 2014 la Corte Constitucional declaró inexequibles los artículos 23, 24, 25, 33, 40 y 41 de la Ley 1592 de 2012, así como la expresión “y contra el fallo del incidente de identificación de las afectaciones causadas” del artículo 27 ibídem. Previamente, en fallo C-180 del 27 de marzo de 2014, la misma corporación había declarado inexequibles algunos apartes de los artículos 23 y 24 del mismo plexo normativo. De esta manera, se excluyó del ordenamiento jurídico el incidente de identificación de afectaciones y se retornó a la indemnización integral prevista en la Ley 975 de 2005.