Auto AP4116-2017/50220 de junio 28 de 2017

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA DE CASACIÓN PENAL

Magistrado Ponente:

Dr. Luis Antonio Hernández Barbosa

AP4116-2017

Rad.: 50220

Aprobado Acta 204

Bogotá, D.C., veintiocho de junio de dos mil diecisiete

“(Legis considera conveniente que los nombres y apellidos de las partes sean remplazados por sus iniciales por xxx, con el fin de proteger los derechos contemplados en el artículo 15 de la Constitución Política de Colombia)”.

Vistos:

Resuelve la Corte la petición probatoria presentada por el defensor del solicitado en extradición Jxxxx Exxxxxx Lxxx Mxxxxx.

Antecedentes:

1. Mediante Nota Verbal 0697 del 27 de marzo de 2009 la Embajada de los Estados Unidos solicitó la detención provisional con fines de extradición del ciudadano colombiano Jxxxx Exxxxxx Lxxx Mxxxxx, requerido para comparecer a juicio por el delito de secuestro, de acuerdo con la acusación sustitutiva S3 09-CR 109, dictada el 19 de marzo de 2009, en la Corte Distrital de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York.

2. Con fundamento en esa petición la Fiscalía General de la Nación decretó, mediante Resolución de 30 de marzo de ese año, ordenó la captura de Jxxxx Exxxxxx Lxxx Mxxxxx.

3. A través de la Nota Verbal 2803 del 18 de noviembre de 2009 la Embajada de los Estados Unidos complementó la anterior comunicación diplomática en el sentido de que Lxxx Mxxxxx “también es requerido para comparecer por delitos relacionados con terrorismo”, según Acusación Nº 08-CR-1290 dictada el 18 de diciembre de 2008 por la Corte Distrital de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York.

4. En atención a lo anterior, el 18 de diciembre de 2009, la Fiscalía General de la Nación adicionó la resolución de captura con fines de extradición del 30 de marzo de 2009 librada contra Jxxxx Exxxxxx Lxxx Mxxxxx para incluir el delito de terrorismo.

5. El 23 de febrero de 2017 Jxxxx Exxxxxx Lxxx Mxxxxx fue capturado por la Policía Nacional en la ciudad de Medellín.

4(sic). Por medio de la Nota Verbal 0483 de abril 20 de 2017 la Representación Diplomática de los Estados Unidos formalizó la solicitud de extradición.

A su vez, el Ministerio de Relaciones Exteriores, con Oficio DIAJI 0882 del 21 de abril de 2017, dirigido a la Cartera de Justicia y del derecho, señaló:

“En atención a lo establecido en nuestra legislación procesal penal interna, se informa que, en el caso en mención, es procedente obrar de conformidad con el ordenamiento procesal colombiano”.

Por su parte, el Jefe de la Oficina de Asuntos Internacionales del Ministerio de Justicia y del Derecho, con Oficio OFI17-0012281-OAI-1100 del 27 de abril de 2017, remitió a esta Corte el requerimiento con la documentación reunida.

La Sala, en decisión del 4 de mayo último, pidió al solicitado que nombrara defensor y el 15 de mayo reconoció al abogado designado y dispuso surtir el traslado previsto en el artículo 500 de la Ley 906 de 2004.

Posteriormente, el 31 de mayo de 2017, en aplicación del artículo transitorio 19 de la Constitución Nacional, incorporado mediante el Acto Legislativo 01 de 2017, la Sala ordenó al Fiscal General de la Nación poner en libertad al solicitado.

Peticiones probatorias:

En el término conferido, la defensa pidió tener como pruebas los siguientes documentos con el propósito de evidenciar la improcedencia de conceptuar favorablemente, dado que Jxxxx Exxxxxx Lxxx Mxxxxx es integrante de las FARC-EP y el Acto Legislativo 01 de 2017 prohibió la extradición de los miembros de esa organización:

1. Copia del Oficio OFI17-00020771/JMSC, suscrito por el Alto Comisionado para la Paz, donde se reconoce a Jxxxx Exxxxxx Lxxx Mxxxxx como integrante de las FARC-EP.

2. Copia del Acta de Compromiso Nº 100.071 suscrita ante delegados de la Secretaría Ejecutiva Transitoria de la Jurisdicción Especial para la Paz.

3. Copia del certificado de aprobación de movimientos del Mecanismo de Monitoreo y Verificación.

4. Copia de valoración médica.

5. Copia de la certificación expedida por el general Javier Pérez Aquino, Jefe de Observadores de la Misión de la ONU en Colombia, según la cual Lxxx Mxxxxx es integrante de las FARC-EP y se encontraba en la zona veredal, de la cual salió por razones de urgencia debido a problemas de salud.

6. CD que contiene copia de la comunicación del presidente de la República de Colombia dirigida al Secretario General de las Naciones Unidas en la que hace declaración de buena fe del Estado colombiano y envía copia del Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de la Paz Estable y Duradera.

7. Copia magnetofónica del Diario Oficial del 4 de abril y del 11 de mayo de 2017 donde se publicaron los Actos Legislativos 01 y 02 de 2017.

8. Noticia en medio digital de diferentes diarios de circulación nacional sobre el caso “Nader”.

Solicitó, adicionalmente, recaudar los siguientes medios de convicción:

1. La historia médica que reposa en la Clínica La María de Medellín.

2. La acusación del Distrito Judicial de Nueva York.

3. Introducir “los delitos por los cuales se esté investigando o haya sido condenado como persona ausente en Colombia”.

4. Solicitar al Secretario Ejecutivo de la JEP “tomar el compromiso mediante acta de acogimiento a la Jurisdicción Especial para la Paz” del requerido.

5. Oficiar a la Presidencia de la República y al Diario Oficial con el fin de establecer la vigencia del Acto Legislativo 01 de 2017.

Consideraciones de la Corte:

1. Las Pruebas en el Trámite de Extradición.

Tratándose de un concepto sobre la viabilidad de una extradición, conforme al artículo 502 de la Ley 906 de 2004, la Corte debe concentrarse en corroborar la demostración de la plena identidad del solicitado, la validez formal de la documentación presentada como soporte de la solicitud, la observancia del principio de doble incriminación, la equivalencia de la providencia extranjera con la resolución de acusación colombiana, el cumplimiento de los tratados, si fuere el caso, y si el requerido se encuentra en la situación contemplada en el artículo transitorio 19 del Acto Legislativo 01 del 4 de abril de 2017.

Igualmente, la Sala tiene establecido que se debe constatar si en Colombia se profirió decisión con fuerza de cosa juzgada por los mismos hechos que sustentan la petición de extradición.

La aducción y práctica de pruebas al interior del trámite de extradición se rige por las pautas generales que regulan el recaudo probatorio en el procedimiento penal, imponiéndose el análisis de la conducencia, pertinencia y utilidad de los medios de convicción solicitados(1), de cara a los puntuales aspectos que la Corte debe abordar al emitir su concepto.

Por ende, si las pruebas solicitadas no guardan relación con esos temas, versan sobre hechos claramente impertinentes o carecen de utilidad, deben ser desestimadas.

2. De la solicitud de pruebas.

El Acto Legislativo 01 del 4 de abril de 2017, incorporado a la Constitución Nacional a partir de esa fecha, estableció:

Artículo transitorio 19. Sobre la extradición. No se podrá conceder la extradición ni tomar medidas de aseguramiento con fines de extradición respecto de hechos o conductas objeto de este Sistema y en particular de la Jurisdicción Especial para la Paz, ocasionados u ocurridos durante el conflicto armado interno o con ocasión de este hasta la finalización del mismo, trátese de delitos amnistiables o de delitos no amnistiables, y en especial por ningún delito político, de rebelión o conexo con los anteriores, ya hubieran sido cometidos dentro o fuera de Colombia.

Dicha garantía de no extradición alcanza a todos los integrantes de las FARC-EP y a personas acusadas de formar parte de dicha organización, por cualquier conducta realizada con anterioridad a la firma del acuerdo final, para aquellas personas que se sometan al SIVJRNR (…)”.

Siendo ello así, resultan pertinentes las solicitudes probatorias del apoderado del requerido orientadas a acreditar que Jxxxx Exxxxxx Lxxx Mxxxxx pertenece al grupo armado de las FARC–EP, porque se relaciona con un aspecto que la Corte deberá verificar al momento de emitir su concepto.

En consecuencia, se tendrán como pruebas los documentos aportados por el defensor enlistados en los numerales 1º, 2º, 3º y 5º de su solicitud, los cuales son suficientes para establecer el tema pretendido por la defensa.

Los medios de convicción referidos en los numerales 6º, 7º y 8º son innecesarios y, por ello, se denegará su recaudo, con mayor razón cuando la existencia y vigencia del Acuerdo Final constituye un hecho notorio y los Actos Legislativos 01 y 02 de 2017 no requieren probarse en virtud del mandato del artículo 177 del Código General del Proceso.

De otra parte, los documentos aportados por la defensa de Jxxxx Exxxxxx Lxxx Mxxxxx, relacionados con su estado de salud resultan pertinentes, llegado el caso, a efectos de establecer condicionamientos especiales al momento de emitir concepto, sin que se observe necesario recaudar su historia clínica (CSJ AP5111-2015, AP1355-2016 y AP3457-2016).

En cuanto a los oficios que el defensor solicita librar, la Sala los encuentra improcedentes por cuanto la acusación base del requerimiento y el acta de compromiso suscrita ante el Secretario Ejecutivo de la JEP ya se encuentran incorporadas al expediente y no hay dato concreto que permita vislumbrar que Lxxx Mxxxxx esté siendo procesado por las autoridades nacionales.

3. Cuestión final.

El defensor también solicitó que se conceda la “amnistía de derecho al prisionero político Jxxxx Exxxxxx Lxxx Mxxxxx conforme a lo establecido en la Ley 1820 de 2016 y el Decreto 277 de 2017”, petición que resulta improcedente porque la figura de la amnistía de iure, establecida en la Ley 1820 de 2016 como desarrollo del Acuerdo Final suscrito entre el Gobierno Nacional y las FARC-EP, sólo aplica a los delitos investigados o juzgados por las autoridades judiciales de Colombia y no a los sometidos a la jurisdicción de otros países.

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal,

RESUELVE:

1.Tener como pruebas los documentos enlistados en los numerales 1º, 2º, 3º, 4º y 5º de la solicitud probatoria de la defensa.

2. Negar por improcedentes las restantes peticiones probatorias.

3. Negar la amnistía de iure invocada por la defensa.

Contra esta decisión procede el recurso de reposición.

Notifíquese y cúmplase.

Magistrados: Eugenio Fernández Carlier—José Francisco Acuña Vizcaya—José Luis Barceló Camacho—Fernando Alberto Castro Caballero—Luis Antonio Hernández Barbosa—Gustavo Enrique Malo Fernández—Eyder Patiño Cabrera—Patricia Salazar Cuéllar—Luis Guillermo Salazar Otero. 

Nubia Yolanda Nova García, secretaria. 

(1) Recuérdese cómo la Corporación tiene dicho que la prueba es conducente cuando ostenta la aptitud legal para forjar certeza en el juzgador, lo cual presupone que el medio de convicción esté autorizado en el procedimiento; es pertinente cuando guarda relación con los hechos, objeto y fines de la investigación o el juzgamiento; es racional cuando es realizable dentro de los parámetros de la razón y, por último, es útil cuando reporta algún beneficio, por oposición a lo superfluo o innecesario.