Auto AP4150-2016/47401 de junio 29 de 2016

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA DE CASACIÓN PENAL

Rad.: 47401

Magistrado Ponente:

Dr. Luis Antonio Hernández Barbosa

Aprobado Acta 194

Bogotá D.C., veintinueve de junio de dos mil dieciséis.

NOTA: Legis considera conveniente que los nombres y apellidos de las partes y los terceros sean reemplazados por sus iniciales y los datos por xxx, con el fin de proteger los derechos contemplados en el artículo 15 de la Constitución Política de Colombia.

EXTRACTOS: «Consideraciones de la Corte:

De conformidad con el artículo 32-3 de la Ley 906 de 2004, corresponde a la Corte resolver los recursos de apelación interpuestos contra los autos y sentencias que profieran en primera instancia los tribunales superiores.

1. Precisiones iniciales.

La defensa solicitó que se declare desierta la alzada propuesta por la Fiscalía pues, a su juicio, no controvirtió la providencia del tribunal.

Contrario a ello, la Sala advierte que el Fiscal sí presentó argumentos que atacan directamente los aspectos esenciales en que se basó la decisión de primera instancia, pues en su concepto, en el presente asunto se cumplen las exigencias para decretar la prueba solicitada.

Por tanto, es necesario pronunciarse sobre el particular, para determinar si dichos razonamientos tienen o no vocación de prosperidad.

2. La prueba sobreviniente.

El descubrimiento probatorio constituye parte esencial del sistema acusatorio y está ligado a los principios de publicidad, lealtad procesal y contradicción de los medios de prueba, en tanto su finalidad es asegurar que las partes los conozcan con la debida antelación para preparar adecuadamente su estrategia en el juicio. Por tal razón, esta institución está directamente vinculada con los derechos al debido proceso y a la defensa (Cfr. CSJ AP, 21 Nov 2012, Rad. 39948).

Los artículos 344, 346, 356 y 374 de la Ley 906 de 2004 regulan la oportunidad para que la Fiscalía y la defensa efectúen el descubrimiento probatorio y establecen como sanción por el incumplimiento de esta obligación, el rechazo de la evidencia que pretenda aducirse.

Pese a lo anterior, el artículo 344 del Código de Procedimiento Penal del 2004 prevé la posibilidad excepcional de decretar una prueba sobreviniente. Ello solo es posible en virtud del hallazgo de un elemento de convicción de vital trascendencia, que solamente pudo conocerse con posterioridad a la audiencia preparatoria y cuya ausencia puede perjudicar de manera grave el derecho a la defensa o la integridad del juicio.

Siendo ello así, la parte que pretende su decreto tiene la carga de demostrar la existencia de esos elementos y de explicar su pertinencia y admisibilidad, en los términos de los artículos 357, 359, 375 y 376 de la Ley 906 de 2004.

La prueba sobreviniente no está diseñada para habilitar un nuevo periodo de descubrimiento probatorio ni remediar las omisiones de las partes en el trabajo investigativo. Por tanto, este concepto no incluye los medios de convicción que racionalmente pudieron ser conocidos y obtenidos de manera oportuna por la partes con el despliegue de mediana diligencia en la ejecución de los deberes que su rol les impone.

3. Caso concreto.

La Fiscalía sostuvo que el reglamento de reparto de procesos a los jueces de garantías del Centro de Servicios Judiciales de Bogotá es una prueba sobreviniente, por cuanto se enteró de su existencia solamente después de concluida la audiencia preparatoria.

No obstante, tal como se indicó, el carácter sobreviniente de un elemento de convicción no está dado solamente por el hecho de que no se conociera con anterioridad, pues además se requiere que objetivamente no haya sido posible advertir su existencia y recolectarlo.

En el presente asunto, según la teoría del caso del Fiscal, la funcionaria procesada desconoció las reglas relativas a la declaración de impedimentos aplicables a ese tipo de despachos.

Por tanto, es razonable concluir que dentro de las pesquisas desplegadas para determinar si ello ocurrió o no, era esencial establecer el instrumento en el que están contenidas las directrices supuestamente quebrantadas, para cotejarlo con la conducta desplegada por la doctora S. M. De haberse conducido adecuadamente la investigación, era perfectamente posible acceder al reglamento, pues se trata de un documento público que data del año 2011 y está disponible en el centro de servicios judiciales.

Es manifiesto, entonces, que el referido elemento de convicción no es una prueba sobreviniente, sino que la Fiscalía invocó esta figura con la única finalidad de corregir su falta de diligencia durante la instrucción y habilitar un extemporáneo período de descubrimiento probatorio. Esa pretensión, por supuesto, no puede ser avalada por la Corte.

Tal como lo señaló el tribunal de primera instancia, es irrelevante que quien alega no haber tenido antes tal conocimiento sea un funcionario al que recientemente se designó determinado caso, o uno que lo ha adelantado desde el principio. En ambos eventos el rasero es el mismo, pues además de la alegada ignorancia sobre el medio cognoscitivo, es necesario acreditar la imposibilidad de encontrarlo previamente, la cual se predica de cada parte como entidad y no como persona: la Fiscalía, no el fiscal; la defensa, no el defensor.

Adicionalmente, al argumentar la trascendencia que tiene el documento para la integridad del juicio, el impugnante adujo que haría innecesario escuchar a los testigos de la defensa.

Con ello no demostró el cumplimiento de los requisitos de pertinencia y admisibilidad, pues no indicó la forma en que la prueba contribuye a demostrar su teoría del caso, sino que con ella pretende impedir la práctica de las pruebas de su contraparte. Tampoco explicó por qué razón, si se decretara la prueba, la defensa perdería la potestad de presentar en juicio a sus testigos.

Es claro que un discurso como el señalado no colma las exigencias argumentativas requeridas para obtener la aducción de un elemento de convicción sobreviniente. Por tanto, la Sala confirmará integralmente el auto de primera instancia.

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal,

RESUELVE:

1. CONFIRMAR el auto del 4 de diciembre de 2015, mediante el cual el Tribunal Superior de Bogotá negó a la Fiscalía la práctica de una prueba sobreviniente.

2. DEVOLVER el diligenciamiento a la corporación judicial de origen.

Esta determinación queda notificada en estrados y contra ella no proceden recursos.

Notifíquese y cúmplase».