Auto AP4152-2016/46909 de junio 29 de 2016

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA DE CASACIÓN PENAL

Rad.: 46909

Magistrado Ponente:

Dr. Fernando Alberto Castro Caballero

Aprobado acta 194

Bogotá, D.C., veintinueve de junio de dos mil dieciséis.

NOTA: Legis considera conveniente que los nombres y apellidos de las partes y los terceros sean reemplazados por sus iniciales y los datos por xxx, con el fin de proteger los derechos contemplados en el artículo 15 de la Constitución Política de Colombia.

EXTRACTOS: «Consideraciones

1. Es competente la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia para decidir el recurso de alzada precedente, de conformidad con lo regulado en el artículo 26 de la Ley 975 de 2005, modificado por el artículo 27 de la Ley 1592 de 2012, en consonancia con el numeral 3º del artículo 32 de la Ley 906 de 2004.

2. La resolución de la cuestión planteada por la Fiscalía 18 Delegada de justicia y paz Seccional Cali, inconforme con la decisión judicial, impone precisar los instrumentos legales que regulan el procedimiento de terminación anticipada o sentencia anticipada en el proceso especial de justicia transicional; enseguida el criterio de esta Corporación sobre la aplicabilidad en un caso dado de ese marco normativo.

Por último, dirimir la controversia con fundamento en la limitación que deriva de las atribuciones de la autoridad judiciales en segunda instancia, acorde con los cuestionamientos que soportan la opugnación, salvo que se llegue a advertir la ocurrencia de algún yerro trascendente a la legalidad de la actuación examinada que imponga, por tanto, la necesidad de proveer a su subsanación.

3. En el orden propuesto, sea lo primero precisar que las pautas legales del instituto de la terminación anticipada están consignadas específicamente en el parágrafo del artículo 18 de la Ley 975 de 2005, modificado por el artículo 18 de la Ley 1592 de 2012, en los siguientes términos:

“Parágrafo.—Cuando los hechos por los que se impute al postulado hagan parte de un patrón de macrocriminalidad que ya haya sido esclarecido por alguna sentencia de justicia y paz de conformidad con los criterios de priorización, y siempre que ya se hayan identificado las afectaciones causadas a las víctimas por tal patrón de macrocriminalidad en la respectiva sentencia, el postulado podrá aceptar su responsabilidad por las conductas imputadas y solicitar la terminación anticipada del proceso. En tales casos el magistrado de control de garantías remitirá el expediente a la Sala de conocimiento, para que esta proceda a proferir sentencia de conformidad con el artículo 24 de la presente ley, en un término que no podrá exceder los quince (15) días contados a partir de la audiencia de formulación de la imputación. La terminación anticipada del proceso no supondrá, en ningún caso, el acceso a beneficios penales adicionales a la pena alternativa”.

Precepto ampliamente reglamentado por el artículo 36 del Decreto 3011 de 2013, en la actualidad integrado en el artículo 2.2.5.1.2.3.2. del Decreto 1069 de 2015, compilado Decreto Único Reglamentario del Sector Justicia y del Derecho, que para adecuada ilustración y comprensión se trascribe en extensión:

“Terminación anticipada del proceso. De acuerdo con el parágrafo del artículo 18 de la Ley 975 de 2005, modificado por el artículo 18 de la Ley 1592 de 2012, el postulado podrá aceptar su responsabilidad por las conductas imputadas y solicitar la terminación anticipada del proceso cuando los hechos que se le imputen hagan parte de un patrón de macrocriminalidad que ya haya sido esclarecido en alguna sentencia dictada en el marco del proceso penal especial de justicia y paz y hayan sido identificadas los daños causados a las víctimas correspondientes.

El Ministerio Público y las autoridades judiciales deberán informar al postulado sobre su derecho a solicitar la terminación anticipada del proceso cuando se presenten las circunstancias descritas en el presente artículo.

Una vez formulada la imputación, en cualquier etapa del proceso el postulado o su defensor podrán solicitar a la Fiscalía General de la Nación su intención de acogerse a la terminación anticipada del proceso. Con fundamento en lo dispuesto en el Plan integral de investigación priorizada, el fiscal delegado apoyará o no la solicitud de terminación anticipada del proceso del postulado. El fiscal delegado sustentará su posición teniendo en cuenta el análisis sobre los patrones de macrocriminalidad atribuidos a cada una de las estructuras y subestructuras.

Cuando el fiscal delegado considere que la solicitud de terminación anticipada del proceso procede, solicitará audiencia ante la Sala de Conocimiento, para sustentar su posición. La Sala de Conocimiento verificará que el postulado solicitante hizo parte de un patrón de macrocriminalidad ya esclarecido en una sentencia de justicia y paz y que se hayan identificado los daños causados a las víctimas de dicho patrón. En caso afirmativo, la decisión de terminación anticipada se incorporará en la sentencia y se procederá a la lectura de la misma.

Cuando la Sala de Conocimiento constate que no se han identificado los daños causados a las víctimas acreditadas en el proceso, ordenará la realización del incidente de Reparación Integral de carácter excepcional, según lo dispuesto en el parágrafo 4º del presente artículo. Culminado este incidente, la Sala de Conocimiento procederá a resolver la solicitud de terminación anticipada.

En caso de que no proceda la terminación anticipada del proceso, este continuará en la etapa procesal en la que se encontraba.

Si la solicitud de terminación anticipada del proceso sucede durante la formulación de la imputación, el magistrado con funciones de control de garantías deberá remitir el expediente a la Sala de Conocimiento para que esta proceda a proferir sentencia. Si la solicitud de terminación anticipada del proceso, ocurre con posterioridad a la formulación de la imputación, la Sala de Conocimiento procederá a decidir al respecto, sin que sea necesario que la actuación sea previamente remitida al magistrado con funciones de control de garantías.

Parágrafo 1º—Cuando se haya esclarecido en alguna sentencia dictada en el marco de la Ley 975 de 2005 un patrón de macrocriminalidad, y varios postulados soliciten la terminación anticipada con fundamento en una misma sentencia, dicho procedimiento de terminación anticipada podrá llevarse a cabo mediante la celebración de una audiencia colectiva.

Parágrafo 2º—La Fiscalía General de la Nación procederá a revisar las sentencias que a la fecha ya hayan sido proferidas en el marco de procesos penales especiales de justicia y paz con el fin de determinar si alguna de estas responde a un patrón de macrocriminalidad identificado, y si procede la terminación anticipada de otros procesos, de acuerdo a lo dispuesto en el presente artículo.

Parágrafo 3º—Excepcionalmente, cuando la Fiscalía General de la Nación considere que la solicitud de terminación anticipada del proceso no procede, el postulado podrá solicitarla ante la autoridad judicial correspondiente según la etapa en que se encuentre el proceso. En tal circunstancia la magistratura oirá los fundamentos de la Fiscalía General de la Nación para no apoyar la solicitud, y procederá a decidir sobre la misma.

Parágrafo 4º—En los casos en los que se pretenda aplicar la terminación anticipada del proceso, pero se identifiquen víctimas que no hubiesen sido incluidas en la sentencia que previamente hubiese esclarecido un contexto o un patrón de macrocriminalidad, la Fiscalía General de la Nación solicitará ante la Sala de Conocimiento la apertura de un incidente de reparación integral de carácter excepcional.

Para solicitar este incidente la Fiscalía General de la Nación deberá allegar la información necesaria que permita demostrar que las víctimas han sido acreditadas y que en efecto los hechos de los que fueron víctimas hacen parte del patrón de macrocriminalidad o contexto previamente establecido.

Este incidente se desarrollará de conformidad con las reglas establecidas en el artículo 2.2.5.1.2.2.15., del presente capítulo, para lo cual se citará al postulado previamente condenado en la sentencia en que se esclareció el patrón de macrocriminalidad o contexto.

Una vez culminado el incidente de reparación integral de carácter excepcional, la Sala procederá a adicionar la sentencia en la que hubiese esclarecido el patrón de macrocriminalidad o contexto para incluir dentro de esta el listado de las víctimas que sean reconocidas como resultado de este incidente de carácter excepcional”.

4. Esta Sala con anterioridad se ha ocupado del estudio del instituto de la terminación anticipada del proceso en el marco del proceso especial de justicia y paz, (ver CSJ AP5748-2015, 30 sep. 2015, rad. 46721), explicando que para lograr mayor eficiencia y celeridad en la definición de los procesos seguidos en el marco de la Ley 975 de 2005, evitar desgastes innecesarios en la administración de justicia y ajustar el trámite previsto en esa normativa acorde con el enfoque investigativo basado en patrones de macrocriminalidad y priorización de casos, el legislador nacional, al expedir la Ley 1592 de 2012, contempló dicha forma de culminación antelada de la actuación especial.

Conclusiones derivadas del estudio de los anales legislativos, como el informe de ponencia para primer debate del proyecto de Ley 96 de 2011 de la Cámara de Representantes y el informe de ponencia para segundo debate en el Senado de la República, antecedentes de la fórmula consignada en la Ley 1592 de 2012 que por medio de su artículo 18 modificó el precepto de igual nomenclatura de la Ley 975 de 2005, en que se consagró la posibilidad de dar por terminado anticipadamente el proceso seguido contra determinado(s) postulado(s) en los términos antes trascritos, incluida la reglamentación posterior anunciada.

Siguiendo la aludida providencia, esas disposiciones prevén los requisitos para que proceda la culminación del proceso de justicia y paz por la vía anticipada, a saber:

i) Que al(los) postulado(s) se le(s) haya formulado imputación.

ii) Que los hechos imputados se enmarquen en un patrón de macrocriminalidad, precisado y esclarecido previamente en fallo proferido en la jurisdicción especial de justicia y paz.

Sobre esto último, es criterio de la Corte que la providencia en la que se identifica el patrón de macrocriminalidad que sirve de sustento a la terminación anticipada, debe estar en firme; de no ser así, mal podría considerarse que el asunto ha sido resuelto de manera definitiva ni sería posible afirmar la imperatividad y obligatoriedad de la decisión.

iii) Que en la sentencia referente hayan sido identificados los daños y perjuicios ocasionados a las víctimas de las conductas delictivas cometidas en el marco del patrón de macrocriminalidad, sin perjuicio que el incumplimiento de este presupuesto impida surtir el procedimiento ya que consagra el inciso quinto del artículo 36 del Decreto 3011 de 2013, artículo 2.2.5.1.2.3.2. del Decreto 1069 de 2015, que si la Sala de Conocimiento constata que no han sido identificadas las afectaciones causadas a las víctimas acreditadas en el proceso, podrá ordenar la realización del incidente de identificación de afectaciones causadas de carácter excepcional consagrado en el parágrafo cuarto de ese mismo artículo.

Lo anterior en el entendido que esta preceptiva debe armonizar con lo decidido por la Corte Constitucional en Sentencia C-284 de 2014 que declaró inexequible el artículo 25 de la Ley 1592 de 2012, norma que regulaba el incidente de identificación de las afectaciones causadas a las víctimas, considerando además que debían reincorporarse al ordenamiento legal las previsiones de la Ley 975 de 2005 que regulan el incidente de reparación integral, dígase los artículos 23 y 24 de esta última.

iv) Que en cualquier momento del proceso subsiguiente a la formulación de la imputación, el(los) postulado(s), por sí mismo o a través de su defensor, solicite(n) la terminación anticipada del proceso.

A este respecto, se agrega ahora que es necesario precisar cómo la iniciativa para acogerse al instituto radica en el postulado, quien debidamente informado y asesorado sobre las implicaciones y consecuencias del sometimiento temprano, podrá manifestarlo directamente o por conducto de su defensa, en cualquiera de las siguientes eventualidades:

a. Ante la Fiscalía General de la Nación, el Fiscal del caso, quien podrá apoyar o no la solicitud.

a.1. Si lo primero, es decir, si considera procedente la terminación anticipada, el Fiscal deberá solicitar audiencia a la Sala de Conocimiento respectiva para sustentar allí el pedimento.

En este escenario procesal a la autoridad judicial, una vez enterada del procedimiento invocado y con audiencia de las posturas de todas las partes e intervinientes, le compete hacer dos verificaciones sustanciales:

— Si el(los) postulado(s) solicitante(s) hizo o hicieron parte de un patrón de macrocriminalidad ya esclarecido en una sentencia de justicia y paz;

— Si se han identificado los daños causados a las víctimas de dicho patrón. De ser necesario, se surtirá previamente el ya mencionado incidente de reparación.

En caso que la evaluación realizada por la judicatura arroje resultados afirmativos, se decidirá que hay lugar a la terminación anticipada, determinación que, reza la norma, “(…) se incorporará en la sentencia y se procederá a la lectura de la misma” (enfatiza la Corte).

De no suceder así, se sigue obvio que notificadas las partes e intervinientes de lo resuelto desfavorablemente, por tratarse de decisión de fondo pero de índole eminentemente interlocutoria, les habilita para interponer los recursos ordinarios de reposición y apelación, si es de su interés, en consonancia con lo previsto en los artículos 26 de la Ley 975 de 2005, modificado por el 27 de la Ley 1592 de 2012, y 178 y siguientes de la Ley 906 de 2004.

a.2. Desde otra perspectiva, la normatividad en examen prevé el camino a seguir en la hipótesis que la Fiscalía no acoja o coadyuve la pretensión del(os) postulado(s), habilitándosele para acudir de manera directa ante “(…) la autoridad judicial correspondiente según la etapa en que se encuentre el proceso”; será de cargo de la magistratura oír los planteamientos de la Fiscalía General de la Nación y, con audiencia de las partes e intervinientes, decidir lo que haya a lugar, conforme dicta el parágrafo 3º del segundo de los artículos arriba trascritos.

Deviene, con idéntica lógica expuesta, que la decisión en tratándose de dirimir un asunto sustantivo en el proceso especial de justicia y paz, podrá ser impugnada por quien esté inconforme con ella; así, acogida la pretensión bien podría la Fiscalía persistir en su oposición, o el interesado perseverar en pos de la aplicación del trámite expedito en caso de ser negada.

b. El diseño procesal consagrado para la terminación anticipada del proceso, también se orienta diverso según los diferentes estadios en que puede ser impetrada su aplicación.

b.1. Si acontece durante la formulación de imputación ante el magistrado con función de control de garantías, será deber suyo remitir el expediente a la Sala de Conocimiento para que se profiera allí la sentencia, por supuesto siempre y cuando se den las condiciones para que así proceda una vez agotado el procedimiento atrás explicado.

b.2. Presentada la solicitud con posterioridad a la imputación, la decisión la asumirá sin más dilación o trámite adicional la Sala de Conocimiento, huelga decir, siguiendo las precisadas pautas.

Con todo, regla común a cualquiera de esas situaciones, es que de no proceder la figura, es decir, en firme la negativa judicial de dar terminación anticipada al proceso, este continuará en la etapa que se encontraba, acorde con el inciso sexto del artículo 36 del Decreto 3011 de 2013, actualmente artículo 2.2.5.1.2.3.2. del Decreto 1069 de 2015.

5. La descripción pormenorizada del trámite de terminación anticipada conduce a concluir que en la actuación surtida por la Sala de Conocimiento de justicia y paz del Tribunal Superior de Bogotá, se ha incurrido en yerro lesivo de la estructura del debido proceso.

Se deriva este aserto de la simple constatación material de la dinámica que imprimió al procedimiento la primera instancia, en contraposición evidente a la estructura formal que en líneas previas ha explicado la Sala siguiendo tesis antecedentes, y la interpretación del estatuto legal especial que regula la terminación anticipada en esta jurisdicción.

Conforme quedó plasmado en el apartado de los antecedentes del decurso procesal, son incuestionables por palmarias las falencias de la autoridad judicial de primer nivel como pasa a mostrar el siguiente repaso de lo acontecido en las audiencias surtidas.

Inicial referencia debe hacerse a la de imputación de cargos contra los diez postulados enlistados al inicio de este proveído, en cuyo discurrir el apoderado de nueve de ellos, exceptuado J. M. A. R., manifestó que a partir de lo expuesto por la Fiscalía 18 Delegada se abría espacio para que sus asistidos fueran beneficiarios de la terminación anticipada del proceso especial de justicia y paz seguido a ellos, porque vislumbraba satisfechos los requerimientos consagrados legalmente.

El magistrado que ejercía la función de control de garantías y presidía la diligencia, con una visión personalísima de los alcances del instituto, consideró que primero debía agotarse el objeto de la convocatoria del ente acusador, esto es, completar lo atinente al acto de imputación en sí y la subsiguiente solicitud y eventual imposición del gravamen restrictivo de la libertad de locomoción, antes que proceder a interrogar y escuchar a los postulados acerca de su decisión de aceptar los cargos recién imputados y someterse a la figura de la terminación abreviada del proceso, sin más deliberación.

Con todo, una vez culminadas las audiencias peticionadas por el Fiscal del caso —sin que se haga menester debatir la subsistencia de competencia en el funcionario judicial para continuar conociendo del acto procesal— es lo cierto que se dio cabida a la pretensión defensiva de los nueve postulados que, valga precisarlo, se convirtió en uniforme reclamación porque se sumó el querer del restante integrante del grupo de incriminados, para que en total los diez dieran a conocer su conformidad con la mentada imposición de cargos y, por tanto, se pasara a la evaluación de la legalidad y procedencia del proferimiento de la correlativa sentencia por la Sala de Conocimiento.

Allegado el proceso a esa instancia judicial, citó a audiencia el 3 de febrero de 2015, en cuyo inicio fue concedido el uso de la palabra al representante de la Fiscalía que se pronunció exponiendo los argumentos que, en su sentir, daban cabida a la terminación anticipada pretendida por la defensa de los postulados, es decir, que coadyuvó la Fiscalía General de la Nación la solicitud.

En ese ámbito, fue reiterativo en las justificaciones expuestas en la diligencia de imputación y las razones que llevaron a catalogar la sentencia de 4 de septiembre de 2012 como contentiva de patrones de macrocriminalidad y, por ende, considerar cumplidos los requisitos para finiquitar abreviadamente el proceso.

Después de la intervención del delegado instructor, la presidencia del acto procesal le interrogó acerca de algunas inquietudes que tenía la Sala para proceder en la forma reclamada, denotándose que para ello hubo de cumplir con el estudio previo del expediente y la sentencia invocada, según puede colegirse de la forma en que se surtió el cuestionario, porque indagó a la Fiscalía a fin que absolviera preguntas en aspectos tales como la delimitación de la imputación por el delito de concierto para delinquir solamente a uno y no a todos los postulados; la razón de la exclusión del hecho indicado en el numeral 6º de la relación de acontecimientos incriminados; y si se habían identificado nuevas víctimas de esos sucesos no incluidas en la sentencia tomada como marco referencial.

El Fiscal delegado respondió el cuestionario con remisión a la información de que disponía, aceptando la dirección de la audiencia sus explicaciones tanto así que advirtió necesario agotar el procedimiento incidental de reparación en razón del surgimiento de dos víctimas que no fueron reconocidas ni consideradas en el fallo “matriz”; fue por eso por lo que convocó audiencia en la cual ciertamente la apoderada designada por la Defensoría Pública expuso las pretensiones indemnizatorias anheladas para ellas y los mecanismos de comprobación y demás pertinentes.

Enseguida se trasladó el uso de la palabra a los participantes en la diligencia: la Fiscalía insistió dar terminación anticipada al proceso; el Ministerio Público pidió acoger las pretensiones presentadas a favor de las víctimas; la apoderada de estas insistió en sus pedimentos; los defensores de los postulados reiteraron la petición de sentencia anticipada, extendiéndose el vocero de H. V. G. a aspectos relativos a la situación jurídica afrontada por él; y, finalmente, la apoderada de la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas, que se hizo presente en esa ocasión por primera vez, no presentó solicitud alguna.

Culminadas las intervenciones nada se decidió sobre el incidente, mas sí fue explícita la ponente que dirigía la audiencia en decir que “(…) efectivamente, por responder a las exigencias que nos trae la Ley 1592 y el Decreto 3011 de 2013, esta Sala procederá a dictar sentencia cuya lectura se llevará a cabo el día 22 de abril a partir de las dos la tarde (…)”, y fijó fecha y hora para ese propósito.

Llegados los señalados, dígase la mañana del 26 de agosto de 2015, tras la instalación de la vista explicó la magistratura que por motivos de agenda de la corporación judicial no sería leída la sentencia anticipada anunciada sino que apenas se darían a conocer aspectos generales de la decisión.

Abocándose a ese objeto aclaró, primeramente, que por mayoría la Sala no proferiría fallo consonante con la pretensión de la Fiscalía pero sí fundado en el artículo 24 de la Ley 975 de 2005, esto es, que se decidía de forma negativa la petición de dar aplicación al artículo 18 de la Ley 1592 de 2012, pronunciándose en los términos ya precisados en los antecedentes del presente pronunciamiento, con sentencia complementaria a la otrora dictada contra G. C. G. S. por ese mismo tribunal.

Finalizó de esa manera la diligencia y señaló la judicatura el día siguiente para notificar en nueva audiencia lo resuelto; el acto en efecto se realizó el 27 de agosto de 2015 y, como ya se sabe, la Fiscalía hizo uso del recurso de apelación al igual que el postulado A. R. y su defensa, que luego desistió; ninguno de los demás sujetos procesales opugnó pero la apoderada de la Unidad de Reparación y Atención Integral para las Víctimas planteó su interés en la aclaración, sin que se le permitiera explicar en qué sentido reclamaría.

6. De esa actuación judicial surgen irregularidades sustanciales que se precisan, a saber:

6.1. En la audiencia de 23 de febrero de 2015, la autoridad de primera instancia una vez agotado el motivo de citación, la tramitación del incidente de reparación a las víctimas no incluidas en el fallo previo de 4 de septiembre de 2012, con precaria argumentación dio por satisfechos los presupuestos para la terminación anticipada del proceso y anunció que se proferiría sentencia acorde con las previsiones que “(…) nos trae la Ley 1592 y el Decreto 3011 de 2013 (…)”, sin la motivación de rigor acerca de si en efecto estarían cumplidas las exigencias que dicen de la verificación que los postulados solicitantes hicieron parte de uno o más patrones de macrocriminalidad ya esclarecidos en una sentencia de justicia y paz; y la identificación de los daños causados a las víctimas del(os) patrón(es) identificado(s).

Se esperaba, sin duda, cuidada y ponderada deliberación judicial para explicar la aceptación o negativa de reconocer la estructuración y demostración de patrones de macrocriminalidad por la Fiscalía General de la Nación, en seguimiento a la argumentación de ese ente en el sentido que habían quedado recogidos en sentencia anterior emitida en un proceso penal especial de justicia y paz; y por supuesto, acerca de cómo podría establecerse y comprobarse que estarían inmersos los postulados en esos patrones, quiénes las víctimas de los definidos, cuáles sus afectaciones y cómo se corroborarían estas, entre otras cosas.

Y luego del ejercicio argumentativo, correspondía notificar a las partes, en consonancia con lo explicado en el apartado 4. ut supra, habida cuenta que la reglamentación de la terminación anticipada, consagra que la decisión favorable proferida en un evento determinado por la Sala de Conocimiento, si bien resuelve un aspecto sustancial del proceso no deja de ser interlocutoria, tanto así que deberá más adelante ser incorporada a la sentencia formalmente, no adquiriendo por si misma ese estatus.

Por eso es por lo que la decisión sobre el particular emitida por la Sala de Conocimiento en un determinado asunto, admite los recursos ordinarios de reposición y/o apelación y solamente en firme podrá servir de fundamento para el fallo antelado.

Esa naturaleza que identifica la decisión escrutada se ve mejor reflejada en la variante contraria, dígase la denegación de la solicitud, por cuanto en la eventualidad que la judicatura niegue la aplicación del instituto de terminación abreviada no se agota el procedimiento sino que al alcance de las partes quedan los medios de impugnación para controvertir y, por qué no, alcanzar ante la misma autoridad o en segunda instancia el éxito de la pretensión, si se satisfacen las exigencias ya definidas.

He ahí la importancia de ajustar a los parámetros legales la toma de decisión, denotándose que en el caso de la especie procedió la magistratura de primera instancia en contravía de todo lo antes explicado.

6.2. En la sui generis audiencia de presentación del fallo, contra toda lógica y a pesar de lo que expuso al finalizar la vista pública del incidente de reparación, la magistratura ponente no emitió el anticipado esperado sino que se refirió a los argumentos que la mayoría de la Sala había acogido en sentido opuesto, esto es, denegando la terminación anticipada; igualmente, las razones para predicar una sentencia complementaria a la emanada de esa colegiatura el 4 de septiembre de 2012 en contra de G. C. G. S..

Resultado de esa forma de proveer es que no solamente fueron sorprendidos los sujetos procesales con el inusitado cambio de parecer de la Sala de Conocimiento que en un primer momento, por medio de la ponente asignada para conocer del proceso, anunció cumplidos los presupuestos legales para finiquitar de forma prematura la actuación; también se atentó contra la seguridad jurídica de los postulados y las víctimas que asintieron en su oportunidad el uso del instituto legal en provecho de sus intereses pues los primeros aspiraban, legítimamente, a finalizar la causa en que se les imputaron diversos delitos y ser destinatarios de la pena alternativa prevista en materia de justicia transicional, sin más prolongación de actividades judiciales.

Las segundas, el reconocimiento efectivo de sus derechos en especial la verdad pues sobre la base de la declaración de la existencia de patrones de macrocriminalidad, emergería la real dinámica y trasfondo de las conductas que la organización criminal al margen de ley dispuso en diferentes ámbitos, siguiendo lo que ha explicado la Corte, en cuanto se trata de un método de construcción de la verdad; en ese sentido se tiene que:

“a) El patrón de criminalidad es un método esencialmente inductivo de construcción de verdad porque determina las políticas, los planes y el modus operandi de la organización criminal, a partir del análisis de algunos casos particulares. Una vez se determina esa línea de conducta criminal, ésta adquiere la condición de premisa mayor frente a los eventos no priorizados cuya verdad, entonces, se entenderá definida a partir de un juicio deductivo.

b) El patrón se construye no a partir de la totalidad de los crímenes cometidos por el grupo ilegal, sino de aquéllos que por su representatividad fueron priorizados por la Fiscalía, conforme a los criterios fijados a ese respecto.

c) La metodología de los patrones no se interesa tanto por las circunstancias particulares que rodearon cada delito, sino por la develación de la tipología del comportamiento criminal del grupo armado en un tiempo y espacios determinados. De esa manera, apunta más a la satisfacción de la verdad en su dimensión colectiva.

d) En cuanto hace a la verdad en su dimensión individual, el nuevo método produce un efecto diferenciado: frente a los casos priorizados se incrementa el saber porque, a más de las especificidades del hecho victimizante, se revelará el plan y la política en que éste se enmarca, mientras que frente a delitos no seleccionados sólo se conocerá una explicación general de la criminalidad a la que, con mucha probabilidad, puedan responder sus casos.

e) Es indiscutible que la identificación de patrones busca garantizar en el mayor nivel posible el derecho a la verdad. Sin embargo, ello no implica que un grado menor de satisfacción del derecho sea ilegal, claro está siempre que se respete el núcleo mínimo intangible, es decir, que se haya esclarecido (i) la ocurrencia del hecho criminal, sus motivos y circunstancias, (ii) su comisión por los miembros del grupo armado ilegal durante y con ocasión a su pertenencia al mismo, y (iii) la identificación de todos los responsables. (CSJ, SP17467-2015).

Cítese, en adición, el artículo 16 del Decreto 3011 de 2013, ahora contenido en el artículo 2.2.5.1.2.2.3. del Decreto 1069 de 2015, que define los patrones de macrocriminalidad como “(…) el conjunto de actividades criminales, prácticas y modos de actuación criminal que se desarrollan de manera repetida en un determinado territorio y durante un periodo de tiempo determinado, de los cuales se pueden deducir los elementos esenciales de las políticas y planes implementados por el grupo armado organizado al margen de la ley responsable de los mismos”.

En ese orden, se encuentra comprensible que la normatividad vigente exija que la reclamación y resolución sobre la terminación anticipada de la actuación se dirija a acreditar la coincidencia de los hechos imputados con las uniformes y repetitivas actividades y prácticas criminales, el espacio geográfico común en unos y otras, y el acatamiento de los postulados de las políticas del grupo armado ilegal, primordialmente.

Nada de lo anterior fue objeto de examen por la primera instancia que en el escenario procesal idóneo indicó someramente que había cabida para el deprecado fallo anticipada, variando tiempo después esa postura inicial.

Pretermitió toda previsión legal so pretexto que servían de habilitantes para sentenciar los artículos 24 y 25 de la Ley 975 de 2005, con las modificaciones introducidas por la Ley 1592 de 2012, los cuales a pesar de ser citados no se dice de qué manera permiten la vía escogida ni explican adecuadamente el tópico, pues se desconoce, adicionalmente, que de ordinario después de cumplida la audiencia de imputación seguiría la concebida en el artículo 19 de la Ley 975 de 2005, modificado por el artículo 21 de la Ley 1592 de 2012, denominada “audiencia de formulación y aceptación de cargos” que se instituye previa al incidente de reparación y, por supuesto, al proferimiento de la sentencia en que se plasmen las notas consustanciales del veredicto final en el proceso penal especial.

7. Postura uniforme de la Sala ha sido que en materia de justicia y paz, es aceptable flexibilizar la aplicación de la garantía de legalidad del proceso y permitir la prevalencia de otras de igual importancia y jerarquía, como la satisfacción de los intereses de las víctimas, la eficiencia y eficacia del proceso de justicia transicional y la celeridad, (ver por ejemplo AP3428-2015, 17 jun 2015, rad 44525).

Sin embargo, las irregularidades en que incurrió la primera instancia no permiten a la Corte dirimir el recurso interpuesto porque ha sido minada de manera insalvable la estructura procedimental con incidencia irradiada al derecho de defensa que asiste a los sujetos pasivos de la acción penal e, incluso, a las víctimas.

Explicar este razonamiento obliga acudir a los principios que informan el decreto de las nulidades, cuya aplicación en el procedimiento de justicia y paz deriva del principio de complementariedad regulado en el artículo 62 de la Ley 975 de 2005, según el cual para todo lo no dispuesto en ella se aplicará la Ley 782 de 2002 y el Código de Procedimiento Penal, entendido este como el que contiene la Ley 906 de 2004, en particular su artículo 457.

En esa línea de análisis, con remisión a lo explicado por esta Sala en CSJ SP, 3 mar. 2004, rad. 21580, entre otros proveídos, esos principios si bien no fueron enlistados expresamente en el cuerpo legal que instaura el modelo de proceso penal oral de tendencia acusatoria, están ínsitos en la figura procesal, se definen y, correlativamente, se manifiestan en el caso de la especie, así:

— Taxatividad, referido a que la declaratoria de invalidez de la actuación debe corresponder a los motivos establecidos en la ley, que se materializa en el artículo 457 del estatuto procesal penal de 2004 y trata de la nulidad por violación de garantías fundamentales cuando se viola el derecho de defensa o el debido proceso en aspectos sustanciales.

Ambas de estas hipótesis concurren, conforme se ha explicado, sin perjuicio que los postulados o sus defensores hayan considerado, al fin y al cabo, no impugnar la decisión, y aún más aceptar tácitamente la forma en que se llevó a cabo la actuación, porque son de entidad superior las garantías consagradas en el artículo 29 de la Constitución Política a todos los individuos, sin espacio para que el ejercicio de aquella —la defensa de los derechos propios— admita relativización.

Por ende, la sorpresiva variación del instrumento de definición que sobre el tema en discusión expuso la judicatura de primer grado, no puede superponerse a la posibilidad de hacer efectivo el mandato de la Carta cuando quiera que compromete la esencia misma de la garantía defensiva.

En cuanto a la afectación del debido proceso, se ha constatado que en su perspectiva formal, de diseño de pasos sucesivos para desarrollar el procedimiento de terminación anticipada, fue pretermitido y se impuso a cambio uno no pertinente a la situación procesal, desconociéndose por esa vía que aquél es un conjunto de garantías previstas en el ordenamiento jurídico, que busca la protección de la persona incursa en una actuación judicial o administrativa, para que se respeten sus derechos y se logre la aplicación correcta de la justicia, acorde con la definición que la Corte Constitucional ha dado en Sentencia C-341de 2014.

— Protección, que consiste en que el sujeto o parte procesal que ha dado lugar al motivo de anulación no puede plantearlo en su beneficio, salvo cuando se trate del quebranto del derecho de defensa técnica, nada de lo cual se aviene en la medida que fue la instancia judicial la que erró en la dirección del trámite a su cargo y propició el criticado resultado.

— Convalidación, relacionado con que la irregularidad que engendra el vicio pueda ser validada de manera expresa o tácita por el sujeto procesal perjudicado, siempre que no se violen sus garantías fundamentales, temática que no tiene acogida por el desistimiento de la impugnación a nombre de J. M. A. R. o el silencio de todas las partes sobre el anómalo procedimiento, precisamente por la incidencia que ha tenido en perspectiva de garantías superiores, en concreto el desconocimiento de la ritualidad que rige la terminación rápida del proceso penal especial y las potestades otorgadas a las partes para controvertir decisiones sobre la negativa de su tramitación en aras de obtener el reconocimiento de sus derechos.

— Trascendencia, consistente en que la declaratoria de nulidad requiere además de la demostración de la ocurrencia de la incorrección, la afectación real y cierta de las garantías de los sujetos procesales, o que se socaven las bases fundamentales del proceso; aspectos que refulgen en perjuicio de los postulados que afrontan una sentencia producida en contravía de sus intereses y derechos, acomodada al rito procesal común a las investigaciones en justicia y paz, mientras que su interés manifiesto y expreso había sido obtener una sentencia anticipada, que si bien pudiera ser de similar configuración a la que a la postre se emitió, no constituye respuesta idónea al procedimiento expedito invocado y a cuyo vigor se sometieron en un principio, de especialísima connotación por asirse en la declaración de comprobada existencia de patrones de macrocriminalidad.

Y las expectativas de las víctimas de alcanzar justicia y verdad, primordialmente esta última, acorde con la detección y definición de tales patrones de macrocriminalidad, a los que se vieron sujetas y a causa de los cuales padecieron agravios a variados derechos, que por causa de la sentencia emitida no aparecen declarados como la verdad judicial que adujo en su oportunidad la Fiscalía delegada estaría configurada con ocasión del proferimiento de la sentencia “matriz” de 4 de septiembre de 2012, en la cual se centraron las pretensiones y alegaciones en pos de hacer valer sus intereses.

— Instrumentalidad de las formas, referido a que no procede la invalidación cuando el acto tachado de irregular ha cumplido el propósito para el cual está destinado, siempre que no se viole el derecho de defensa, supuesto de manifiesto en el sub examine en atención a que la decisión proferida de ninguna manera es la apropiada para dar fin al proceso seguido a los postulados, pues, se itera, lo pretendido y respaldado por los defensores, la Fiscalía, el Ministerio Público y la apoderada de víctimas era que se terminara anticipadamente el proceso mediante una sentencia de esa entidad, no una común y complementaria.

Pretensión fundada, se enfatiza y repite, en la estructuración de patrones de macrocriminalidad previamente definidos en un fallo de la jurisdicción de justicia y paz, conforme con la nueva orientación investigativa prospectada en las reformas a la Ley 975 de 2005 implementadas por la Ley 1592 de 2012, que líneas atrás se han definido junto con la precisión sobre su importancia para el alcance de los objetivos del modelo de proceso penal especial.

— Acreditación, atinente a que la configuración del motivo nugatorio se propicie especificando la causal que lo soporta, acorde con los fundamentos de hecho y de derecho pertinentes a la cuestión, que en el presente se cumple siguiendo las precedentes exposiciones acerca de la afectación de los derechos al debido proceso y la defensa, artículo 457 de la Ley 906 de 2004.

— Residualidad, que dice de la necesidad de acreditar que la única forma de enmendar el agravio es la declaratoria de nulidad, premisa determinante para que se llegue al extremo de reorientar el cauce de la actuación porque no se puede aceptar que lo acontecido en la forma indicada sea ejemplo de la labor que debe asumir la judicatura para la rápida resolución de los asuntos sometidos al proceso penal especial, que ciertamente reclaman célere definición, cuando ese proveer entraña desconocer claras pautas legales y desatender los propios fines que quiere consolidar la jurisdicción transicional, en particular lo que atañe a la verdad que reclaman y aspiran las víctimas del conflicto armado interno como la sociedad en su integridad por la develación de patrones de macrocriminalidad dada la valiosa utilidad que entrañan conforme se ha decantado.

8. En suma, lo ocurrido en el asunto que se escruta amerita como única salida la invalidación de lo actuado a partir, inclusive, de la diligencia llevada a cabo el 3 de febrero de 2015 por la Sala de Conocimiento de justicia y paz del Tribunal Superior de Distrito Judicial de Bogotá, con el fin que se adecúe la actuación conforme con lo discernido en esta providencia, en lo atañedero al control judicial sobre la aplicación de la terminación anticipada del proceso pretendida por los postulados y sus defensores, con la coadyuvancia de la Fiscalía y la anuencia del Ministerio Público y la representación de las víctimas.

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal,

RESUELVE

1. Declarar la nulidad de lo actuado a partir de la audiencia de 3 de febrero de 2015 adelantada por la Sala de Conocimiento de justicia y paz del Tribunal Superior de Bogotá, para que reponga la actuación en los términos relacionados en la parte motiva.

2. Contra esta decisión no procede recurso alguno.

Notifíquese, cúmplase y devuélvase al despacho de origen».