Auto AP4218- 2015/46237 de julio 29 de 2015

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

SALA DE CASACIÓN PENAL

AP4218- 2015

Rad.: 46237

Magistrado Ponente

Dr. Eugenio Fernández Carlier

(Aprobado Acta 259)

Bogotá, D. C., veintinueve de julio de dos mil quince.

EXTRACTOS: «Consideraciones de la Corte

La premisa del libelista puede sintetizarse en que al haber sido adoptada la sentencia de condena en contra de su defendido por parte del ad quem, cuando conoció de la apelación del fallo absolutorio que le favorecía, al ser aquella decisión susceptible únicamente del recurso de casación, se le privó de su derecho de impugnación, por ello, solicita la anulación desde el auto que admitió la alzada.

La corporación advierte que en este caso el ataque no está encaminado al fallo de segundo grado por actuaciones o consideraciones del tribunal. El desafuero procesal o de garantía se presentaría como consecuencia de un vacío normativo, respecto del recurso ordinario contra la sentencia adoptada en segundo grado, propio de un análisis constitucional.

Y si bien el derecho a la impugnación, previsto en el artículo 29 de la Constitución Política, se ha dicho que se predica de los condenados en un juicio penal, en tanto que la garantía de la doble instancia, contemplada en el artículo 31 del mismo ordenamiento, hace parte del debido proceso y se atribuye a cualquier parte o sujeto procesal, en este caso el derecho que estima vulnerado el censor no surgió cuando fue concedida la apelación, sino al proferirse la condena por primera vez en segunda instancia.

Ciertamente, frente a ese acto sancionatorio es que nace el derecho a la impugnación, no tendría sentido en una fase anterior en la que había una decisión absolutoria que lo exoneraba de responsabilidad y con la cual naturalmente estaba conforme, de ahí que se muestre inconsistente la petición de nulidad desde el auto que admitió el recurso de apelación de la sentencia absolutoria.

La falta de una norma que consagre el derecho a impugnar el fallo de condena adoptado por primera vez en segunda instancia, con la aludida declaración de nulidad deprecada por el censor, aparejaría que al cobrar plena vigencia el fallo absolutorio se reduciría o dejaría trunco el trámite judicial al quedar en una única instancia.

Su pretensión pasa por el mecanismo de sustraer del ordenamiento los artículos 191 de la Ley 600 de 2000(1) relativo a la procedencia de la apelación, así como los artículos 176(2) y 177 de la Ley 906 de 2004, el primero referente a los recursos ordinarios y el segundo respecto de los efectos en los cuales se surte la apelación.

Para ello pide que a través del ejercicio del control jurisdiccional de constitucionalidad difuso, por el valor normativo del texto superior en el cual, en virtud del bloque de constitucionalidad, se integran los tratados y convenios internacionales de derechos humanos (art. 93 de la Constitución Política), se otorgue preeminencia a las disposiciones internacionales que contemplan el derecho a recurrir el fallo condenatorio, toda vez que en el ámbito interno no está prevista legalmente una disposición cuando una decisión de esa especie es adoptada en segunda instancia.

Aunque no se discute que ante el reconocimiento de la supremacía constitucional, en la labor de interpretación y aplicación de la ley el funcionario judicial está facultado para apartarse de las normas internas que contraríen el texto superior, con el caro efecto inter partes, tal potestad no es predicable cuando la Corte Constitucional, como institución encargada de la guarda de la integridad y supremacía de la Carta Fundamental, ha definido previamente la exequibilidad de la norma en cuestión, ya que tal decisión hace tránsito a cosa juzgada constitucional y surte efectos erga omnes.

En efecto, en la Sentencia C-792/14 la Corte Constitucional al analizar algunas disposiciones de la Ley 906 de 2004 relacionados con la doble instancia (arts. 20, 32, 161, 176, 179, 179B, 194 y 481), luego de reconocer que los artículos 29 de la Carta Política, así como el 8.2.h de la Convención americana sobre derechos humanos y el 14.5 del Pacto internacional de derechos civiles y políticos consagran el derecho a controvertir las sentencias condenatorias que se dictan dentro de un juicio penal, sin que en ellas se distinga la fase procesal en la cual se dictan tales decisiones, lo que impone que aun si se adopta la sanción en segunda instancia se tenga la facultad de recurrirla, concluyó que: “las personas condenadas tienen derecho a que la sentencia que determina su responsabilidad sea revisada por una instancia judicial distinta a quien impuso la condena, y a que, en este marco, todos los elementos normativos, fácticos y probatorios en que se suporta la correspondiente decisión judicial, sean sometidos a un nuevo escrutinio”.

Aclaró esa corporación que ese derecho de impugnar la sentencia condenatoria no se satisface con el recurso de casación, entre otras razones, al diferir el juicio que se hace en sede extraordinaria, del ordinario, “porque no recae sobre la controversia que da lugar al proceso judicial sino sobre la providencia recurrida, y porque el juez no tiene plenas potestades para revisar integralmente el fallo sino sólo a partir de las causales establecidas de manera taxativa en el derecho positivo”.

Así, tras evidenciar la omisión legislativa sobre posibilidad de apelación de sentencias condenatorias proferidas por primera vez en segunda instancia, pues sólo estaba concebida para impugnar los fallos de primer grado ante el superior jerárquico de quien dictó la providencia, determinó que, “El legislador tiene el deber constitucional de diseñar e implementar un recurso que materialice el derecho a controvertir los primeros fallos condenatorios que se dictan en un juicio penal, el cual debe otorgar amplias potestades al juez de revisión para analizar y evaluar las cuestiones fácticas, probatorias y normativas que inciden en el contenido de la decisión judicial objeto del recurso”.

Con esta perspectiva, declaró inexequibles las “expresiones demandadas contenidas en los artículos en cuanto omiten la posibilidad de impugnar todas las sentencias condenatorias, y exequible el contenido positivo de estas disposiciones”, pero moduló temporalmente los efectos con un carácter ultractivo, con el fin de no generar mayores traumatismos, porque extraerlas del ordenamiento unan vez notificada la decisión de inconstitucionalidad generaría un vacío normativo(3).

Para dar solución al asunto, estimó que correspondía al legislador suplir tal laguna, por eso exhortó al Congreso para que en un año contado a partir de la notificación de la sentencia de constitucionalidad, regulara integralmente el derecho a impugnar todas las sentencias condenatorias, previendo que si ello no ocurría, a partir del vencimiento de este término, se entendería que dicha impugnación se surte ante el superior jerárquico o funcional de quien impuso la condena.

Así las cosas, deviene evidente que las normas y el tema de la imposibilidad de impugnar el fallo de condena adoptado por primera vez en segunda instancia aún mantiene vigencia, dado los efectos diferidos de la sentencia de constitucionalidad lo que impide cuestionarla en sede del control difuso, pues la decisión penal hoy cuestionada fue adoptada dentro de ese panorama.

En efecto, la Corte Constitucional en Sentencia C-335 de 16 de abril de 2008 acerca del efecto vinculante de la jurisprudencia constitucional destacó que:

En caso de tratarse de un fallo de exequibilidad, no le sería dable al juez recurrir a la excepción de inconstitucionalidad, en tanto que si se está ante una declaratoria de constitucionalidad condicionada, igualmente le está vedado a cualquier juez acordarle una interpretación distinta a la norma legal que ha sido sometida al control de la Corte, siendo vinculante en estos casos tanto el decisum como la ratio decidendi.

Por lo tanto, la demanda carece de la aptitud sustancial necesaria para su admisión, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 213 de la Ley 600 de 2000, dado que el defensor no puso en evidencia un yerro judicial corregible a través del recurso de casación.

Finalmente es oportuno resaltar que la Sala no observa con ocasión del trámite procesal o en el fallo impugnado violación de derechos o garantías de los sujetos procesales, como para que se hiciera necesario el ejercicio de la facultad legal oficiosa que le asiste a fin de asegurar su protección en los términos del artículo 216 del citado ordenamiento adjetivo.

En mérito de lo expuesto, la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia,

RESUELVE:

No admitir la demanda de casación interpuesta por el defensor del procesado Hugo Hernán Garzón Garzón, por las razones expuestas en la anterior motivación.

Contra esta decisión no procede recurso alguno.

Notifíquese y cúmplase».

(1) ART. 191.—“Procedencia de la apelación: Salvo disposición en contrario, el recurso de apelación procede contra la sentencia y las providencias interlocutorias de primera instancia”.

(2) ART. 176.—Recursos ordinarios. Son recursos ordinarios la reposición y la apelación.

Salvo la sentencia la reposición procede para todas las decisiones y se sustenta y resuelve de manera oral e inmediata en la respectiva audiencia.

La apelación procede, salvo los casos previstos en este código, contra los autos adoptados durante el desarrollo de las audiencias, y contra la sentencia condenatoria o absolutoria.

(3) C-221 de 1997 “una ponderación de los principios anteriormente mencionados, puede llevar al juez constitucional a la convicción de que la expulsión pura y simple de esa disposición del ordenamiento puede conducir a una situación legal que es peor, desde el punto de vista de los valores constitucionales, ya sea por los vacíos que se pueden generar, ya sea porque la propia decisión del juez constitucional vulnera la libertad de configuración del Congreso. Se explica así la aparente paradoja de que la Corte constate la inconstitucionalidad material de una norma pero decida mantener su vigencia, ya que en estos casos resulta todavía más inconstitucional la expulsión de la disposición acusada del ordenamiento por los graves efectos que ella acarrea sobre otros principios constitucionales”.