AUTO AP4414-2014 DE JULIO 30 DE 2014

 

Auto AP4414-2014 de julio 30 de 2014

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA DE CASACIÓN PENAL

AP4414-2014

Rad.: 43857

Magistrado Ponente:

Dr. Fernando Alberto Castro Caballero

(Aprobado Acta Nº 243)

(Legis considera conveniente que los datos de las partes y testigos, sean suprimidos por las iniciales de nombres y apellidos y en los números de cédulas reemplazados por XXX, con el propósito de proteger los derechos contemplados en el artículo 15 de la Constitución Política)

Bogotá, D. C., treinta de julio de dos mil catorce.

EXTRACTOS: «Consideraciones de la Corte:

La Sala es competente para resolver el recurso de apelación presentado contra la decisión adoptada en este asunto por el Tribunal Superior de Popayán, de conformidad con lo dispuesto en el numeral 3º del artículo 32 de la Ley 906 de 2004.

Comoquiera que el asunto medular de la impugnación se contrae al descubrimiento probatorio, resulta oportuno precisar que éste es un acto en virtud del cual Fiscalía y defensa se ven apremiados a dar a conocer, exhibir y mostrar a la contraparte aquellos elementos de juicio sobre los cuales soportarán su teoría del caso, en desarrollo de los principios de lealtad, equilibrio e igualdad de armas.

Conforme lo estipula el numeral 5º del artículo 337 de la Ley 906 de 2004, la carga que impone el descubrimiento se inicia para la Fiscalía con la enunciación en el escrito de acusación de los hechos que no requieren prueba, la transcripción de las pruebas anticipadas, los testigos y sus datos correspondientes, los documentos y testigos de acreditación, si éstos son necesarios al caso; y si tuviere en su poder o conociere testigos o peritos de descargo deberá referirlos, así como los demás elementos favorables al procesado.

El siguiente paso del descubrimiento, se materializa en la obligación que adquiere la Fiscalía de mostrar, exhibir o entregar copias del material probatorio anunciado (artículo 344 ibídem), lo cual puede tener lugar dentro de la misma audiencia o dentro del plazo señalado en la norma, el cual no puede exceder de tres días.

Sin embargo ese deber de suministrar o informar a la defensa con plena lealtad y con sujeción al principio de objetividad sobre la existencia, naturaleza y ubicación de todas y cada una de las evidencias recolectadas durante sus labores investigativas, no culmina para la Fiscalía con la formulación de acusación, pues una interpretación sistemática de los artículos 344, 346, 356, 357 y 358 de la Ley 906 de 2004 nos indica que el descubrimiento probatorio continua en la audiencia preparatoria e, inclusive, que el mismo puede extenderse al juicio oral, de acontecer alguna de las eventualidades previstas en el artículo 346 e inciso final del artículo 344 del referido compendio normativo.

Respecto a ese tópico la Corte de forma reiterada y pacífica ha considerado:

“El descubrimiento probatorio ha sido considerado como tópico esencial del sistema acusatorio colombiano y aspecto sustancial de la actuación, que se enraiza en el debido proceso y toca en sus cimientos el derecho a la defensa… Se trata de un deber de estirpe constitucional, que para la Fiscalía conlleva la obligación de suministrar todos los elementos probatorios, incluidos los favorables al procesado.

En cuanto a los momentos procesales básicos, aclarándose que no son los únicos, se señalan: i) cuando el Fiscal remite al Juez el escrito de acusación con sus anexos, al cual pueden acceder los intervinientes (artículo 337 del Código Procesal Penal de 2004); ii) dentro de audiencia de formulación de acusación (artículo 344 ibídem); y iii) en desarrollo de la audiencia preparatoria (artículos 356 y 357 ejusdem).

Se aclara que no son los únicos, puesto que el juez, excepcionalmente, tiene la facultad de autorizar un descubrimiento posterior, preservando siempre la garantía de contradicción y con el tiempo que razonablemente estime necesario.

(…)

Al igual que el acto público de formulación de acusación, la audiencia preparatoria, regulada en los artículos 356 y ss. de la Ley 906 de 2004, es otro de los momentos esenciales para el descubrimiento probatorio, que había iniciado propiamente en el primero”(8).

La Sala ha expresado igualmente:

“La audiencia preparatoria es otro de los momentos esenciales para el descubrimiento probatorio, que se había iniciado propiamente en la audiencia de acusación.

En la audiencia preparatoria (artículos 356, 357, 358 ibídem), el juez vuelve a cumplir un papel trascendental frente al proceso de descubrimiento probatorio, pues el funcionario judicial debe intervenir proactivamente para garantizar un adecuado descubrimiento; y en particular: i) concederá a las partes la oportunidad de manifestar sus observaciones al respecto, “en especial, si el efectuado fuera de la sede de la audiencia de formulación de acusación ha quedado incompleto”; ii) ordenará a la defensa descubrir sus elementos materiales probatorios y evidencia física; iii) dispondrá que la Fiscalía y la defensa enuncien la totalidad de las pruebas que harán valer en la audiencia del juicio oral; iv) concederá un término para que la Fiscalía y la defensa expresen si harán estipulaciones probatorias; v) a solicitud de la partes, podrá disponer que se exhiban los elementos materiales probatorios y la evidencia física durante la audiencia preparatoria, con el único fin de ser conocidos y estudiados; y, vi) en todo caso, rechazará los descubrimientos incompletos”(9).

En el caso sub judice, al auscultar esta Sala la actuación se verifica que desde la confección del escrito de acusación por parte del Fiscal 2 Delegado ante el Tribunal Superior de Popayán, en el “ANEXO” de los elementos materiales probatorios a descubrir se consignó: “Copia Proceso Radicado al Nº XXX (XXX) seguido en la Fiscalía 001 Seccional de Caloto (Cauca) en contra de los procesados C... A... T... L..., B... T... S... y M… M… M… D… por la presunta comisión de los delitos de PECULADO POR APROPIACIÓN y CONTRATO SIN CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS LEGALES”(10); así mismo, observa la Corte que en la audiencia de formulación de acusación, con precisión, al momento de anunciar el ente instructor los elementos materiales probatorios que pretende hacer valer en el juicio oral y público (minuto 1:40:42 y s.s.), hizo referencia a aquella evidencia en esos mismos términos; lo cual no solo permitió a la defensa informarse de su existencia sino que al habérsele entregado copias integrales del referido expediente, posibilitó que la conociera y la estudiara tan suficientemente, que al momento de realizarse la audiencia preparatoria la solicitó para sí(11), como prueba de descargos, en orden a demostrar su tesis defensiva.

Luego, entonces, contrario a lo considerado por el a quo, con la referida solicitud probatoria de la Fiscalía no resulta “sorprendida” la defensa, pues, se reitera, tal elemento material probatorio fue debidamente descubierto durante las audiencia de formulación de acusación y la preparatoria, en tanto debe entenderse que era en esta fase y no en aquella en la que resulta exigible la “precisión” demanda por el tribunal al ente instructor respecto de las piezas procesales que del Expediente XXX (radicado interno XXX) desea hacer valer como prueba documental en el juicio oral, lo que en efecto aconteció durante la fase que le es propia, esto es al momento de la enunciación y de las solicitudes probatorias.

Ello es así, en razón a que en un sistema adversarial el descubrimiento tiene como fin informar a la contraparte de todos y cada uno de los elementos materiales probatorios que se lograron recolectar en las labores investigativas, en orden a facilitar su acceso, ya sea mediante su exhibición o su entrega física; mientras que la enunciación que se adelanta en audiencia preparatoria tiene como propósito dar a conocer cuáles de esas evidencias previamente descubiertas fueron seleccionadas por la Fiscalía o la defensa para demostrar su teoría del caso; lo que a su vez da paso al siguiente momento procesal, esto es a las estipulaciones probatorias, cuyo cometido es evitar juicios farragosos con una práctica probatoria inane o reiterativa que atenta contra los principios de eficiencia y celeridad; para, seguidamente, adelantarse las solicitudes probatorias, etapa en la que el solicitante manifiesta nuevamente su pretensión, pero esta vez, con la carga de argumentar su admisibilidad, conducencia y pertinencia.

Ahora bien, el tribunal también consideró “inadmisible” decretar como prueba las copias del proceso penal Nº XXX (Rad. XXX), al estimar que se trataba de una prueba documental voluminosa a la que le resultaba aplicable los criterios establecidos por esta Sala el 17 de septiembre de 2012 en el proceso de única instancia adelantado bajo el Radicado XXX, resaltando el siguiente párrafo de tal decisión:

“Así las cosas, de los múltiples documentos que integran tales carpetas, el fiscal tendrá que seleccionar sólo aquellos orientados a demostrar los tópicos relacionados con el tema de la prueba y prescindir de la lectura textual de toda información que sea impertinente o inútil, en cuanto su contenido no reporte ningún interés para la demostración de su teoría del caso. De lo contrario, esas pruebas resultarían inadmisibles al tenor de lo dispuesto en el artículo 376 de la Ley 906 de 2004, toda vez que, como ya lo señaló la Sala, la pertinencia de la prueba, no sólo es presupuesto para su decreto, sino también para su práctica, lo cual tiene lugar en la audiencia de juicio oral; por manera que mal podría afirmarse que como la probanza ya fue decretada al juez le queda vedado verificar que su práctica se ciña a los motivos de pertinencia y utilidad que justificaron su admisión”.

En efecto, no obstante que para el a quo en el aparte precitado se estableció una nueva condición de admisibilidad de la prueba, con base en el cual no resultaría posible ingresar el referido expediente en su plenitud sino, solamente, las fracciones que del mismo hubiera seleccionado la Fiscalía al momento de realizar el descubrimiento de esa evidencia física y respecto de las cuales se hubiera cumplido con la carga de argumentar su pertinencia; lo cierto es que el tema tratado en el precitado proveído estaba centrado en establecer criterios para “la introducción de abundante prueba documental”(12) al juicio oral o, si se lo prefiere, establecer una “metodología … para el acopio de documentos con el fin de imprimirle celeridad al juicio”(13), es decir, temáticas relativas a la entidad demostrativa o el poder de convicción de la prueba documental voluminosa y no, como lo interpretó la corporación de instancia, con la legalidad que condiciona su admisión, decreto o práctica.

No en vano la Ley 906 de 2004 en sus artículos 433 y 434 establece el siguiente criterio referido a la entidad demostrativa:

“ARTÍCULO 433. Criterio general. Cuando se exhiba un documento con el propósito de ser valorado como prueba y resulte admisible, conforme con lo previsto en capítulo anterior deberá presentarse el original del mismo como mejor evidencia de su contenido.

ARTÍCULO 434. Excepciones a la regla de la mejor evidencia. Se exceptúa de lo anterior los documentos públicos, o los duplicados auténticos, o aquellos cuyo original se hubiere extraviado o que se encuentran en poder de uno de los intervinientes, o se trata de documentos voluminosos y sólo se requiere una parte o fracción del mismo, o, finalmente, se estipule la innecesariedad de la presentación del original…”.

En síntesis, por lo general, en un sistema adversarial, cuando ha mediado un descubrimiento probatorio normal, como acontece en el caso sub judice, en el que la parte contra la cual se aduce el documento de gran volumen lo conoce con suficiente antelación, es procedente el decreto de tal elemento material probatorio en su plenitud, siempre y cuando el solicitante haya cumplido con la carga de acreditar su pertinencia y utilidad; ítems que una vez más en el juicio oral orientarán la elección que debe proceder hacer la Fiscalía o la defensa –o como en este caso ambas por tratarse de una prueba común– de las piezas o fracciones que le reporten algún interés para la demostración de su teoría del caso, evitando la injustificada dilación del trámite que se genera con la lectura textual y absoluta de la totalidad de las piezas documentales.

Consecuente con lo plasmado, se revocará parcialmente la decisión revisada, para admitir dicha prueba.

De otra parte, en cuanto a la decisión del tribunal de aplicar la sanción de rechazo prevista en el artículo 346 de la Ley 906 de 2004 a los siguientes elementos materiales probatorios solicitados por la Fiscalía: “Derecho de petición presentado el 29 de mayo de 2013 por la fiscal Hidalgo Poveda ante la Dirección Seccional de Fiscalías de Popayán, junto con las correspondientes respuestas del Nivel Central y Seccional, esto es los Oficios 50000-10-2368 del 5 de julio de 2013 y D-NF 20135000139281 del 12 de junio de 2013.”(14), basta con señalar que la Corte de manera reiterada y pacífica ha considerado:

“Tres son los momentos procesales básicos –pero no los únicos– que se relacionan primordialmente con el descubrimiento probatorio: i) cuando el fiscal remite al juez el escrito de acusación con sus anexos, al cual pueden acceder los intervinientes (artículo 337 ibídem); ii) dentro de la audiencia de formulación de acusación (artículo 344 ibídem); iii) en desarrollo de la audiencia preparatoria (artículos 356 y 357 ibídem.

Y se dice que las anteriores fases procesales no son las únicas aptas para el descubrimiento probatorio, toda vez que, por excepción, el juez tiene la facultad de autorizar un descubrimiento posterior, preservando siempre la garantía de contradicción y con el tiempo que razonablemente estime necesario. Tal eventualidad se presente, por ejemplo, en los siguientes casos:

i) Cuando se acredita que la falta de descubrimiento obedeció a causas no imputables a la parte que quiere hacer valer la prueba (artículo 346 ibídem).

ii) En el evento en que una persona o entidad diferente a la Fiscalía es la que tiene físicamente o dispone de la evidencia o elemento probatorio; tal el caso de los organismos que cumplen funciones de policía judicial (entre ellos: Procuraduría General de la Nación, Superintendencias y Contraloría General de la República, el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses y oficinas de peritos).

iii) Si ocurre que durante el juicio alguna de las partes encuentra un elemento material probatorio y evidencia física “muy significativo que debiera ser descubierto”, tiene el deber de ponerlo en conocimiento del juez, quien “oídas las partes y considerando el perjuicio podría producirse al derecho de defensa y la integridad del juicio, decidirá si es excepcionalmente admisible o si debe excluirse esa prueba” (inciso final del artículo 344 ibídem)”.

La anterior reseña lleva a concluir, que los referidos elementos materiales probatorio solicitados por la Fiscalía son admisibles como prueba en el juicio oral, en la medida en que el Fiscal 2 Delegado ante el Tribunal Superior de Popayán acreditó con suficiencia que descubrió tales evidencias en un momento posterior a la presentación del escrito de acusación por causas que no le son imputables; así como, que actuó con lealtad procesal haciendo entrega física de los mismos a la defensa mediante Oficio 462 del 28 de octubre del 2013(15), esto es en un momento inmediato al instante en el que lograra su recaudo, encontrándose inmerso, por esa potísima razón, en la hipótesis prevista en el artículo 346 de la Ley 906 de 2004(16).

Dígase finalmente, sobre este aspecto, que la consecuencia que se derivaría en este asunto de posibilitar que tales evidencias se practiquen o se conviertan en prueba en el juicio oral, se refuerza al constatar que la defensa como resultado de sus pesquisas recolectó los referidos documentos y los descubrió, enunció y solicitó como pruebas de descargos en la audiencia preparatoria, razón por la que puede colegirse que aquel material probatorio se sometió al filtro de la contraparte, garantizándose en el sub judice la lealtad, la igualdad de armas y el control en su producción antes del juicio.

En otras palabras, no existe un único momento para realizar en forma correcta el descubrimiento, ni existe una sola manera de suministrar a la contraparte las evidencias, elementos y medios probatorios. Por el contrario, el procedimiento penal colombiano es relativamente flexible en esa temática, siempre que se garantice la indemnidad del principio de contradicción, que las partes se desempeñen con lealtad y que las decisiones que al respecto adopte el juez, se dirijan a la efectividad del derecho sustancial y al logro de los fines constitucionales del proceso penal(17).

De esta manera, fue desacertada la conclusión del tribunal al imponer la sanción de rechazo a la referida solicitud probatoria de la Fiscalía al considerar que la eventualidad planteada por el solicitante no se encontraba amparada por la hipótesis del inciso final del artículo 344 de la Ley 906 de 2004, sin observar que si el medio de convicción se desconocía con anterioridad o no resultaba evidente y obvio, su admisión resulta obligada cuando la omisión de su descubrimiento no sea imputable a quien lo solicite, en tanto el artículo 346 del Código Procesal Penal también estipuló ese excepcional evento, tal como lo consideró la Corte en la precitada decisión (CSJ, SP del 21 de febrero de 2007, Rad. 25920.) y lo ha reiterado de manera pacífica en Sentencia 30645 del 4 de marzo de 2009, entre otras decisiones(18).

Ahora bien, como la prueba documental en la sistemática de la Ley 906 de 2004 está necesariamente ligada al testigo de acreditación, pues a través de éste es que aquella se incorpora al juicio, se ordenará ingresar las referidas pruebas documentales(19) mediante el testimonio del señor J… C… V… G…, Investigador Criminalístico I de la Unidad Investigativa Seccional de Popayán, en los términos y condiciones que lo solicitó la Fiscalía.

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal,

RESUELVE:

1. Revocar parcialmente el auto proferido por el Tribunal Superior de Popayán el 14 de mayo de 2014, en el sentido de admitir la práctica de los medios de conocimiento que se precisan en el siguiente numeral.

2. Ordenar la incorporación al juicio de las siguientes pruebas documentales: (i) copia auténtica del proceso penal adelantado en la Fiscalía 1 Seccional de Caloto - Cauca, bajo el Radicado XXX (SIJUF), en contra de los procesados C… A… T… L…, B… T… S… y M… M… M… D… por la presunta comisión de los delitos de peculado por apropiación y contrato sin cumplimiento de requisitos legales; (ii) derecho de petición del 24 de mayo de 2013, elevado ante la Dirección Seccional de Fiscalías de Popayán por parte de la acusada M… C… E… H… P…; (iii) Oficio Nº 50000-10-2368 del 5 de julio de 2013; (iv) Oficio Nº DNF 20135000139281 del 12 de junio de 2013, suscrito por la doctora Ángela Lucía Mora Noguera, del Grupo Jurídico de la Dirección Nacional de Fiscalías.

3. Comuníquese la presente decisión y contra ella no procede recurso alguno.

Cúmplase».

8 CSJ, SP del 22 de julio de 2009, Radicación 31614.

9 CSJ, SP del 21 de febrero de 2007, Radicación 25920.

10 Se observa a folio 50 lo siguiente: “Los elementos materiales probatorios, evidencia física e información legalmente obtenida, y por medio de este Escrito de Acusación se descubre como ANEXO, acorde con lo dispuesto en el Nral. 5º del artículo 337 de la Ley 906/04 y con el fin que sean posteriormente admitidos, producidos y aducidos en Audiencia de Juicio Oral y Público, y finalmente valorados como medios de conocimiento, son los siguientes:
I. Documentos.
(…)
06. Copia Proceso Radicado al Nº 151.457 (2629) seguido en la Fiscalía 001 Seccional de Caloto (Cauca) en contra de los procesados C… A… T… L…, B… T… S… y M… M… M… D… por la presunta comisión de los delitos de PECULADO POR APROPIACIÓN y CONTRATO SIN CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS LEGALES”.

11 Al minuto 1:36:10 y s.s. de la audiencia preparatoria, el defensor solicitó se decretara como prueba: “copia integral de todo el expediente adelantado bajo el Radicado XXX, numero interno XXX…”.

12 CSJ, SP del 17 de septiembre de 2012, Radicado XXX.

13 Ibídem.

14 Minutos 30:39 de la audiencia preparatoria.

15 Minuto 41:13 y s.s. de la audiencia preparatoria.

16 “Y se dice que las anteriores fases procesales no son las únicas aptas para el descubrimiento probatorio, toda vez que, por excepción, el juez tiene la facultad de autorizar un descubrimiento posterior, preservando siempre la garantía de contradicción y con el tiempo que razonablemente estime necesario. Tal eventualidad se presente, por ejemplo, en los siguientes casos:
(i) Cuando se acredita que la falta de descubrimiento obedeció a causas no imputables a la parte que quiere hacer valer la prueba (artículo 346 ibídem)…”. CSJ, SP del 21 de febrero de 2007, Radicación 25920.

17 CSJ, SP del 12 de mayo de 2008, Radicado 28847; ver también, SP del 21 de febrero de 2007, Radicado Casación N° 25920; SP del 13 de septiembre de 2006, Radicado 25007; SP del 11 de marzo de 2007, Radicado 26128; SP del 10 de octubre de 2007, Radicado 28212; SP del 28 de noviembre de 2007, Radicado y 28656.

18 CSJ SP del 13 de septiembre de 2006, Radicado 25007. Igualmente, en Sentencia Penal del 11 de abril de 2007, Radicado 26128; SP del 6 de septiembre de 2007, Radicado 27536; SP del 12 de mayo de 2008, Radicado 28847; SP del 22 de julio de 2009, Radicado 31614.

19 Minuto 42:09 a 43:05 de la audiencia preparatoria.