Auto AP4421-2015 de agosto 5 de 2015

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

SALA DE CASACIÓN PENAL

Rad.: 40712

Magistrado Ponente:

Dr. José Leónidas Bustos Martínez

(Legis considera conveniente que los datos de las partes y terceros sean eliminados, con el propósito de proteger los derechos contemplados en el artículo 15 de la Constitución Política.)

AP4421-2015

(Aprobado acta 271)

Bogotá, D. C., cinco de agosto de dos mil quince.

EXTRACTOS: «Se considera

La Sala inadmitirá la demanda de casación que se estudia por no cumplir los requisitos mínimos de orden formal exigidos para su estudio de fondo, ni satisfacer los presupuestos básicos de idoneidad sustancial necesarios para la realización de los fines del recurso. Por separado la Sala analizará cada uno de los cargos propuestos.

Violación directa por inaplicación del principio pro homine 

El desarrollo que sirve de fundamento a este cargo ninguna correspondencia guarda con el principio pro homine que la casacionista invoca como fundamento de la violación planteada.

Dicho principio, denominado también cláusula de favorabilidad en la interpretación de los derechos humanos, es una regla de interpretación del derecho internacional de los derechos humanos, que exige al intérprete optar siempre por la hermenéutica que sea más favorable o menos restrictiva para su efectivo ejercicio.

La Corte Constitucional, al precisar su contenido y alcance, ha dicho que es un “criterio de interpretación que informa todo el derecho de los derechos humanos, así como a los derechos fundamentales, en virtud del cual se debe acudir a la norma más amplia, o a la interpretación más extensiva, cuando se trata de reconocer derechos protegidos, e inversamente, a la norma o a la interpretación más restringida, cuando se trata de establecer restricciones permanentes al ejercicio de los derechos o a su suspensión extraordinaria”(1).

Presupuesto necesario, por tanto, para que pueda presentarse la violación de este principio, es que exista una norma que consagre o desarrolle esta clase de derechos, respecto de la cual se presentan interpretaciones disímiles, o varias normas que lo regulan de manera distinta, y que el intérprete, al aplicarlas, no privilegie la hermenéutica o la disposición más favorable al goce de la prerrogativa protegida.

En el caso que ocupa la atención de la Sala, ninguno de estos supuestos es denunciado ni acreditado por la impugnante, pues, en parte alguna, demuestra que el tribunal haya interpretado desfavorablemente una norma sustantiva protectora de los derechos humanos, o de un derecho fundamental, o que entre dos normas en conflicto de la misma naturaleza hubiese preferido la más restrictiva al definir el asunto, con afectación de las prerrogativas del procesado.

Lo que en su lugar plantea, con total abandono de las exigencias demostrativas que le imponían el enunciado del cargo, es que el coprocesado XXX XXXX, contra quien se adelantó un proceso distinto, fue absuelto de los cargos que le fueron imputados por los mismos hechos, y por tanto, que su defendido YYY YYYY debe seguir la misma suerte, lo cual no se ha cumplido, cuestionamiento que para nada se relaciona con el principio invocado.

El principio pro homine, como ya se dejó visto, es una directriz hermenéutica que sirve para resolver tensiones que puedan surgir en la interpretación de normas que regulan derechos humanos, o garantías fundamentales, no para solucionar discrepancias de carácter probatorio, o de orden fáctico procesal, como en últimas lo plantea la recurrente, al sostener que la decisión de absolución que cobijó al teniente XXX XXXX debe también favorecer al capitán YYY YYYY, por tratarse de los mismos hechos y haber sido enjuiciados con fundamento en las mismas pruebas.

Tampoco se presenta desconocimiento del principio de igualdad de trato judicial por este hecho, como igualmente lo insinúa la impugnante, porque la valoración probatoria realizada en el primer proceso, que condujo, según lo afirma la casacionista, a la absolución de XXXX, no vinculaba ni condicionaba las decisiones que sobre el mismo aspecto debía adoptar el juez en el asunto que se estudia, en virtud del carácter autónomo de sus decisiones(2) y el principio de responsabilidad individual que informa el derecho penal.

Además de esto, la casacionista no prueba que la dinámica probatoria en los dos juicios hubiese sido exactamente la misma, condición que resulta necesaria para poder alegar diferencia de trato, porque si los testigos no fueron los mismos, o no dijeron lo mismo, o no lo expresaron de la misma manera, o no hicieron las mismas imputaciones, no puede invocarse desigualdad en el trato, porque frente a supuestos fácticos o probatorios diferentes no pueden exigirse soluciones iguales.

La Sala, en sede de juez constitucional, ha dicho que para el amparo del derecho a la igualdad de trato judicial es demás necesario que la decisión que se invoca como parámetro de referencia para su protección no sea contraria a la constitución nacional, las leyes, ni a la jurisprudencia vinculante sobre la materia, y que los fundamentos normativos empleados en ellas sean aplicables al caso con el cual se hace la comparación(3), condiciones que la casacionista tampoco demuestra.

Violación directa por inaplicación de los principios de presunción de inocencia e in dubio pro reo 

La Corte ha sido insistente en sostener que un ataque de esta naturaleza, por violación directa de los referidos principios, impone demostrar que el sentenciador en el cuerpo de la sentencia aceptó expresa o implícitamente que existían dudas insalvables sobre la existencia del delito o la responsabilidad del procesado, y no obstante ello condena.

Esta no es, sin embargo, la demostración que el cargo contiene, pues la demandante lo que afirma, sin ningún rigor lógico jurídico, es que la prueba debatida en el juicio no ofrece el grado de convicción requerido para llegar a una decisión de condena, y que la sentencia viola por deficiencia argumental y premisas erradas los referidos principios.

Tales alegaciones, además de no tener relación con la demostración del ataque propuesto, inobservan los principios de claridad, concreción y sustentación suficiente que deben presidir la argumentación casacional, comoquiera que involucran al tiempo reparos por errores de valoración probatoria y por defectos de motivación, unos de carácter in iudicando y otros de índole in procedendo, que la recurrente tampoco demuestra.

Pretender acreditar el cargo con la transcripción de los argumentos que sustentan la absolución de primer grado, por considerarlos correctos, carece de sentido, porque las presunciones de acierto y legalidad no se predican de dicho fallo, sino de la sentencia de segunda instancia, y porque es en virtud de esta doble presunción que los desaciertos que se postulan de ella deben ser probados por el demandante, en la forma exigida por la lógica del recurso, para poder tener acceso a la casación.

Si la demandante consideraba que la prueba allegada al proceso no causaba la conclusión de certeza racional requerida para dictar fallo de condena, o que se sustentaba en premisas fácticas erradas, debió orientar el ataque por la vía de la violación indirecta y probar la existencia de un error de hecho en la apreciación de la prueba, al amparo de la causal tercera. Y si lo pretendido era plantear un defecto de motivación, debió acudir a la causal segunda. Pero no hace ni una ni otra cosa.

Errores de existencia por suposición de pruebas

La Sala tiene dicho que el error de hecho por falso juicio de existencia por suposición de prueba se presenta cuando el juzgador da por existente una prueba que materialmente no hace parte del proceso, o un hecho del cual ninguna prueba informa.

Condición indeclinable, por tanto, para que esta clase de error se materialice, es que la prueba que sustenta la afirmación o conclusión del juzgador, que es objeto de cuestionamiento, no exista, porque si existe, y lo que se discute es que su contenido no acredita lo que el juzgador dice que prueba, el error ya no será de existencia.

La demandante, al sustentar este cargo, afirma que el tribunal incurrió en un error por suposición de prueba al declarar probada la existencia de los delitos de concierto para delinquir y hurto agravado con el solo testimonio de ZZZ ZZZZ, al cual le otorgó credibilidad no obstante erigirse su dicho “como una veleta aislada del conjunto probatorio”.

Este planteamiento descarta ab initio la existencia del error que se denuncia, porque si la conclusión que la demandante cuestiona se sustentó en el testimonio de ZZZ ZZZZ, y esta prueba hizo parte del juicio, resulta totalmente contradictorio afirmar que el tribunal la supuso, o se la inventó, que es en lo que consiste el error que se denuncia.

Cuestión distinta es que la inconformidad derive de la credibilidad otorgada por el tribunal al testigo, que es donde pareciera radicar la razón de ser del ataque, pero un cuestionamiento de esta naturaleza exigía acreditar la existencia de un error de hecho por falso raciocinio en la apreciación de la prueba, por manifiesto desconocimiento de las reglas de la sana crítica, que la demandante ni plantea, ni demuestra.

Errores de existencia por omisión de pruebas

Sostiene finalmente la casacionista que el tribunal incurrió en un error de existencia por omisión, por cuanto ignoró los testimonios del agente AAA AAAA, el subteniente BBB BBBB y el teniente CCC CCCC.

Examinada la sentencia impugnada se establece que lo afirmado por la recurrente es cierto, puesto que el tribunal no hizo mención alguna a estos testimonios. Pero cuando se plantea un error de esta especie no basta afirmar que la prueba fue ignorada, sino que es necesario precisar qué hecho demuestra, y por qué el hecho que prueba, de haber sido tenido en cuenta, habría cambiado el sentido del fallo o variado sus consecuencias jurídicas.

La demandante no agota esta carga demostrativa, pues al desarrollar el cargo solo analiza el contenido del testimonio del agente AAA AAAA, para sostener que entregó información sobre la existencia de la banda criminal “FFF” y la captura de su jefe DDD DDDD, la noche del 4 y 5 de diciembre de 2005, al igual que sobre la forma como el capitán YYY YYYY arremetía en su contra, sin explicar por qué sus afirmaciones tenían la virtualidad de erosionar la prueba incriminatoria.

Examinado el contenido de esta prueba se advierte, además, que el testigo no dice todo lo que la casacionista sostiene que afirma, y que su declaración gira básicamente sobre las circunstancias que rodearon la captura de DDD DDDD alias DD la noche del 4 y 5 de diciembre de 2005, en la cual dijo haber tenido intervención directa, hecho que el tribunal no desconoce.

Lo que el Tribunal no admite es la afirmación del procesado YYY YYYY en el sentido de que la referida captura se produjo gracias a la colaboración prestada por el testigo ZZZ ZZZZ, quien era su informante y colaboraba con la policía, no su compinche en acciones delictivas, aspecto sobre el cual el testigo AAA AAAA nada dice.

Los otros dos testimonios tampoco informan sobre este aspecto en concreto, pues el subintendente de la policía BBB BBBB nada recuerda, y el teniente CCC CCCC afirma que cooperó en varios procedimientos a petición del capitán YYYY, entre ellos en la captura de alias DD, donde su función fue cerrar las vías, y aunque sostiene que el Capitán lo enteró esa noche de la existencia de un informante que iba en la parte de atrás de la camioneta, es claro en señalar que no lo vio ni supo quién era.

En las anotadas condiciones, no se advierte qué papel trascendente podrían haber cumplido las referidas pruebas en la decisión final, de haber sido tenidas en cuenta por el Tribunal, pues como ya se dijo, el hecho principal sobre el cual los testigos declaran (captura de DDD DDDD, alias DD, la noche del 4 y 5 de diciembre de 2005) no lo discute el Tribunal, y las afirmaciones que los testigos agregan para insinuar que el capitán YYY YYYY estuvo al frente del operativo de captura, acompañado de un informante que nadie vio ni identificó, no tienen la virtualidad de descalificar las conclusiones del ad quem sobre el carácter delincuencial de su relación con ZZZ ZZZZ.

Oportuno es precisar que este vínculo se declaró probado no solo a partir de los contundentes señalamientos que ZZZ ZZZZ hizo en sus entrevistas y en el juicio en el sentido de que el capitán YYYY cooperaba con la organización criminal a cambio de dinero, sino de otros hechos debidamente acreditados, que el procesado no logró explicar satisfactoriamente, como las múltiples llamadas telefónica que se cruzaron entre ellos durante la época de los hurtos, la utilización de los teléfonos personales y no institucionales para tales efectos, el desconocimiento de los superiores de la existencia del supuesto informante, y la decisión no explicada de dejar en libertad tres integrantes de la banda, capturados la misma noche de la aprehensión de alias DD, elementos de juicio todos que articulados permitieron al tribunal arribar al grado de certeza racional requerido para dictar fallo de condena.

Decisión

Visto, entonces, que la demanda estudiada no cumple las condiciones mínimas de orden formal ni sustancial exigidas para su selección a estudio, se la inadmitirá a trámite, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 184 de la Ley 906 de 2004, y se ordenará devolver el proceso a la oficina de origen, no advirtiendo violaciones a garantías fundamentales que la Corte esté en el deber de proteger de manera oficiosa.

Insistencia

Contra esta decisión procede el mecanismo de insistencia por parte de la casacionista, de conformidad con lo establecido en el artículo 184 inciso segundo ejusdem, en la oportunidad, forma y términos precisados por la Corte en jurisprudencia reiterada (CSJ, SP, 12 de diciembre de 2005, radicado 24322; CSJ, SP, 28 de septiembre 2011, radicado 33181; CSJ, SP, 17 de octubre 2012, radicado número 34946).

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal,

Resuelve

INADMITIR la demanda de casación presentada por la defensora de YYY YYYY.

Contra esta decisión procede la insistencia.

Notifíquese y cúmplase».

1 Sentencia de la Corte Constitucional T-319 de 2012. En el mismo sentido, Sentencias C-148/2005 y Sentencia C-313/2014, entre otras.

2 Artículo 228 de la Constitución Nacional y 5º del estatuto de la Administración de Justicia.

3 CSJ SP Tutela 68507 de 13 de agosto de 2013; Tutela 74030, primero de julio de 2014; Tutela 75696, 30 de septiembre de 2014, entre otras.