Auto 43016 de julio 30 de 2014

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

SALA DE CASACIÓN PENAL

Magistrado Ponente:

Dr. Eugenio Fernández Carlier

AP4426-2014

Rad.: 43016

Aprobado Acta 243

Bogotá, D.C., treinta de julio de dos mil catorce.

EXTRACTOS: «Consideraciones

Esta colegiatura, de acuerdo con lo dispuesto en el parágrafo 1º del artículo 26 de la Ley 975 de 2005, modificado por el artículo 27 de la Ley 1592 de 2012, en concordancia con el artículo 68 del mismo ordenamiento y el numeral 3º del artículo 32 de la Ley 906 de 2004, es competente para resolver el recurso de apelación interpuesto contra la providencia proferida por la magistrada con funciones de control de garantías de la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla, mediante la cual resolvió acerca de la oposición presentada contra la medida cautelar de restitución anticipada de tierras.

1. Como cuestión previa, antes de entrar a decidir el recurso interpuesto, indispensable es puntualizar que la Sala CSJ AP 19 abr. 2013, rad. 40617, indicó que las Salas de Justicia y Paz de los Tribunales Superiores continuarán conociendo del incidente de restitución iniciado antes de entrar en vigencia la Ley 1592 de 2012, respecto de los bienes sobre los cuales pesa medida cautelar decretada dentro del proceso de justicia y paz.

La Sala señaló en esa oportunidad:

La regla general consagrada en la Ley 975 de 2005 indica que las solicitudes de restitución de bienes despojados o abandonados a causa de la violencia generada por los grupos armados organizados al margen de la ley deben tramitarse en el marco de la Ley 1448 de 2011 conocida también como Ley de Víctimas o Ley de Restitución de Tierras.

Con todo, el artículo 38 de la Ley 1592 de 2012 estableció una excepción, a saber: cuando al entrar a regir esa normativa se encontraba en curso un incidente de restitución de bienes, el mismo debe continuar su trámite en la jurisdicción de Justicia y Paz, siempre y cuando exista medida cautelar sobre el bien.

“ART. 38.—Trámite excepcional de restitución de tierras en el marco de la Ley 975 de 2005. Si a la entrada en vigencia de la presente ley, existiere medida cautelar sobre un bien con ocasión de una solicitud u ofrecimiento de restitución en el marco del procedimiento de la Ley 975 de 2005, la autoridad judicial competente continuará el trámite en el marco de dicho procedimiento. En los demás casos, se observará lo dispuesto en la Ley 1448 de 2011” (resaltado fuera de texto).

En ese orden, los incidentes para la restitución de tierras que se encontraban en curso al 3 de diciembre de 2012(1) deben continuarse tramitando dentro del marco de la Ley de Justicia y Paz, siempre y cuando, para esa fecha existiere medida cautelar sobre el bien objeto del mismo. En tal hipótesis, el trámite se seguirá bajo las pautas del procedimiento diseñado en el canon 39 de la Ley 1592 de 2012, que incluyen la aplicación de las presunciones de despojo previstas en el artículo 77 de la Ley 1448 de 2011, así como las figuras de compensación en especie y reubicación en los casos que no sea posible restituir a la víctima en el predio despojado, entre otras.

Dicha excepción explica, además, que se mantenga la atribución de competencia a los magistrados de control de garantías para conocer de la solicitud de restitución y/o cancelación de títulos fraudulentos contenida en el numeral 5 del artículo 13 de la Ley 975 de 2005, modificado por el artículo 9 de la Ley 1592 de 2012.

En sentido opuesto, si al entrar a regir la Ley 1592 de 2012 se adelantaba algún trámite de restitución en donde no se hubiesen gravado los bienes involucrados con medidas cautelares, el Magistrado de Control de Garantías no puede continuar con la actuación y debe remitirla al Fondo de la Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución de Tierras Despojadas, en tanto no se satisface el presupuesto que habilita la competencia de la jurisdicción de Justicia y Paz para mantener el conocimiento del asunto.

Esta regla exceptiva encuentra su razón de ser en la necesidad de implementar un régimen de transición que respete el tiempo y los recursos invertidos por la magistratura, las partes e intervinientes en las actuaciones en curso y que garantice la continuidad del esfuerzo desplegado...

2. El delegado de la Fiscalía en este asunto, al descorrer el traslado de los no recurrentes, manifestó que la sustentación del recurso interpuesto no satisface las exigencias señaladas reiteradamente por la jurisprudencia en cuanto, afirma, los argumentos expuestos por el censor no controvierten las razones jurídicas que la magistrada de Justicia y Paz tuvo en cuenta para fundamentar la decisión cuestionada, la cual se encuentra amparada por la presunción de acierto y legalidad, postura avalada por los demás intervinientes que hacen parte del grupo de los no recurrentes.

Frente a lo anterior se precisa que si bien es cierto la fundamentación de la apelación interpuesta por el abogado de los opositores en este asunto, con similares argumentos que expuso a la largo del trámite procesal, tal circunstancia no es suficiente para desestimarla por falta de sustentación, pues de esa forma controvierte en lo fundamental la decisión de instancia con la finalidad de convencer, como es natural, de su particular punto de vista frente a los hechos objeto de debate.

En este sentido, la Sala en CSJ AP 3445, 25 jun. 2014, rad. 43746, acotó que «a diferencia de lo que ocurre con el recurso de casación, el de apelación no tiene más formalidades legales que la expresión de los motivos de disenso con el fallo impugnado, sin que sea necesario acudir a una estricta técnica para que el superior jerárquico de quien emitió la decisión pueda pronunciarse”.

En el caso bajo examen, independiente de la razón que asista al censor, se observa que fundamentó el recurso relievando los siguientes puntos, los cuales constituyen el motivo de su inconformidad, con la que reclama una solución diferente a la proferida en primera instancia: (i) sus asistidos para el momento de la diligencia de entrega detentaban la posesión de las fincas San Carlos y la Paz, que venían ocupando años atrás; (ii) ejercían la posesión de forma pacífica, pública y no fraudulenta, con el propósito de obtener la propiedad y abastecer de agua otras fincas de propiedad de la comunidad gnóstica, aledañas a los inmuebles en mención; (iii) Los beneficiados con la medida cautelar de restitución de tierras no son desplazados de las AUC y, por lo tanto, no tienen calidad de víctimas.

En consecuencia, bajo tales parámetros presentó una argumentación orientada a demostrar que la Magistrada de instancia no valoró de manera integral la prueba recaudada, tanto de orden testimonial como documental, de modo que la sustentación presentada, aunque con argumentos repetidos, satisface los requisitos mínimos para que la Corte se pronuncie de fondo sobre el recurso interpuesto.

3. Así las cosas, la Corte resolverá los siguientes problemas jurídicos: (i) Si acorde con el artículo 338 del Código de Procedimiento Civil, la posesión con fundamento en la cual se sustenta la oposición debe ser de buena fe o puede ser irregular; (ii) si la posesión ejercida por las señoras Leonor Rodríguez de Walteros y Gloria Marina Cuellar Salamanca sobre el predio La Paz y por Juan De Jesús Sanabria respecto de la Finca San Carlos, tiene virtud para generar efectos jurídicos; y, (iii) si los presuntos vicios en la adquisición de los aludidos inmuebles por parte de Cooagrosac Ltda pueden ser alegados por los poseedores.

4. La posesión regular o de buena fe y la posesión irregular.

Frente a este tema, por tratarse de un aspecto especializado del derecho privado, es oportuno traer a colación lo que tiene precisado la jurisprudencia de la Sala de Casación Civil de esta corporación en CSJ SC, 19 nov.2011, rad. 41001 3103 002 2002 00329 01, donde reiteró:

La posesión regular, como es sabido, es “la que procede de justo título y ha sido adquirida de buena fe, aunque ésta no subsista después de adquirida la posesión” (C.C. art. 764); es decir, que en ella concurren dos elementos: el justo título y la buena fe, cada uno con contenido propio, no obstante estar relacionados entre sí al punto de que el título puede servir para explicar la buena fe del poseedor, cuando no exista circunstancia alguna contraindicante (G.J. t.CVII, pág.365).

La jurisprudencia ha entendido por justo título “todo hecho o acto jurídico que, por su naturaleza y por su carácter de verdadero y válido, sería apto para atribuir en abstracto el dominio. Esto último, porque se toma en cuenta el título en sí, con prescindencia de circunstancias ajenas al mismo, que, en concreto, podrían determinar que, a pesar de su calidad de justo, no obrase [sic] la adquisición del dominio” (G.J.t. CVII, pág.365; en similar sentido, G.J.t.CXLII, pág.68 y CLIX, pág.347, sentencia de 23 de septiembre de 2004, entre otras). En otras palabras, será justo título aquel que daría lugar a la adquisición del dominio de no mediar el vicio o el defecto que la prescripción está llamada a subsanar.

En otra oportunidad, la Corte también precisó que el justo título, en lo que viene al caso, “es aquel constituido conforme a la ley y susceptible de originar la posesión para el cual nace, lo que supone tres requisitos, a saber: a) existencia real y jurídica del título o disposición voluntaria pertinente, pues de lo contrario mal puede hablarse de justeza de un título que no existe. Luego, no habrá justo título cuando no ha habido acto alguno o éste se estima jurídicamente inexistente. b) naturaleza traslativa (v. gr. venta, permuta, donación, remate, etc.) o declarativa (v. gr. sentencia aprobatoria de partición o división, actos divisorios, etc.) de dominio, porque solo en virtud de estos actos o negocios aparece de manera inequívoca la voluntad de transferir o declarar el derecho en cuya virtud el adquirente adquiere la posesión, aun cuando no adquiera el derecho de propiedad (C.C. art. 753). c) Justeza del título, esto es, legitimidad, la que presupone, salvo que se trate de título injusto conforme al artículo 766 C.C.” (Sent. Cas. Civil, mar. 9/1989).

Aquel, además, puede ser constitutivo o traslaticio de dominio (art. 765 Ibídem). Este último, que es el que para el presente caso interesa, lo ha definido la Corte como “aquel mediante el cual quien ejerce señorío sobre la cosa, actualmente no es propietario de la misma, no por un defecto de su título, sino por alguna falla jurídica, bien porque se descubre que su causante, pese a toda la apariencia, no era dueño de lo que pretendía transmitir, dado que nadie puede recibir lo que no tenía su autor, como ocurre con la venta de cosa ajena; ya por alguna falencia de la tradición, inclusive sobreviniente, cuestión que tiene lugar cuando, por ejemplo, sin perjuicio de la buena fe del adquirente, se aniquilan los títulos y registros del derecho de dominio de los antecesores” (Sent. Cas. Civil, dic. 4/2009, exp. 2002 00003 01).

Un título deja de ser justo cuando adolece de algún vicio o defecto o no tiene valor respecto de la persona a quien se confiere, conforme puede inferirse del artículo 766 del Código Civil que descalifica como tal los títulos que allí relaciona en forma taxativa, entre ellos, “el que adolece de un vicio de nulidad” (num. 3º), respecto del cual dicha norma cita por vía de ejemplo “la enajenación que debiendo ser autorizada como un representante legal o por decreto judicial, no lo ha sido”. Esa nulidad puede ser absoluta o relativa, pues la ley no distingue, ni hay razones que justifiquen una diferenciación al respecto.

El otro elemento de la posesión regular, esto es, la buena fe es de carácter subjetivo, por cuanto concierne con el fuero interno, dado que se predica del poseedor que obtiene la cosa bajo la creencia de que la persona de quien la recibió era su dueño y podía transmitirle su dominio. Esta buena fe apenas se requiere que exista al momento de entrar en posesión del bien, ya que no es indispensable su permanencia durante el tiempo que se requiere para la usucapión, pues así emerge de los incisos 2º y 3º del precitado artículo 764, lo cual comporta que se puede ser poseedor regular y de mala fe, o viceversa, el poseedor de buena fe puede detentar una posesión regular.

Se adiciona a lo anterior que en tratándose de asuntos relacionados con temas propios de justicia transicional, contemplados en la Ley 975 de 2005, modificada por la Ley 1592 de 2012, en cuyo ámbito se decide sobre los inmuebles ofrecidos por los postulados o los denunciados por la Fiscalía con fines de reparación, la buena fe debe ser cualificada, pues, para que tenga efectos jurídicos es indispensable que esté exenta de culpa, es decir, que además del justo título, quien pretendió adquirir el bien a través del negocio jurídico que no fue perfeccionado, obró con la debida diligencia en orden a determinar la procedencia del bien, esto es, que el obligado a traditarlos no lo adquirió como consecuencia de la comisión de hechos delictivos o con dinero proveniente de actividades ilegales.

Sobre este tema, el Tribunal Constitucional al decidir acerca de la exequibilidad de la Ley 793 de 2002, en Sentencia C-740 de 2003, precisó:

La buena fe simple, que equivale a obrar con lealtad, rectitud y honestidad, es la que se exige normalmente a las personas en todas sus actuaciones. El Código Civil, al referirse a la adquisición de la propiedad, la define en el artículo 768 como la conciencia de haberse adquirido el dominio de la cosa por medios legítimos, exentos de fraude y de todo otro vicio. Esta buena fe se denomina simple, por cuanto, si bien surte efectos en el ordenamiento jurídico, estos sólo consisten en cierta protección que se otorga a quien así obra. Es así que, si alguien de buena fe adquiere el derecho de dominio sobre un bien cuyo titular no era el verdadero propietario, la ley le otorga ciertas garantías o beneficios, que si bien no alcanzan a impedir la pérdida del derecho si aminoran sus efectos. Tal es el caso del poseedor de buena fe condenado a la restitución del bien, quien no será condenado al pago de los frutos producidos por la cosa (C.C. art. 964 párr. 3º); o del poseedor de buena fe que adquiere la facultad de hacer suya la cosa poseída (C.C. arts. 2528 y 2529).

Además de la buena fe simple, existe una buena fe con efectos superiores y por ello denominada cualificada, creadora de derecho o exenta de culpa. Esta buena fe cualificada, tiene la virtud de crear una realidad jurídica o dar por existente un derecho o situación que realmente no existía.

La buena fe creadora o buena fe cualificada, interpreta adecuadamente una máxima legada por el antiguo derecho al moderno: “Error communis facit jus”, y que ha sido desarrollada en nuestro país por la doctrina desde hace más de cuarenta años, precisando que “Tal máxima indica que si alguien en la adquisición de un derecho o de una situación comete un error o equivocación, y creyendo adquirir un derecho o colocarse en una situación jurídica protegida por la ley, resulta que tal derecho o situación no existen por ser meramente aparentes, normalmente y de acuerdo con lo que se dijo al exponer el concepto de la buena fe simple, tal derecho no resultará adquirido. Pero si el error o equivocación es de tal naturaleza que cualquier persona prudente y diligente también lo hubiera cometido, por tratarse de un derecho o situación aparentes, pero en donde es imposible descubrir la falsedad o no existencia, nos encontramos forzosamente, ante la llamada buena fe cualificada o buena fe exenta de toda culpa.

“Se pregunta: ¿quién ha cometido un error semejante debe ser tratado en la misma forma en que es tratado quien obra con una buena fe o buena fe no cualificada, o si por el contrario, habrá necesidad de dotar de efectos jurídicos superiores la buena fe exenta de culpa?

“El derecho antiguo al decir que un error común creaba derecho, pretendió gobernar con otro criterio la buena fe exenta de culpa. Para ello se llegó al extremo de expropiar el derecho al titular verdadero para adjudicarlo a quien había obrado con una fe exenta de culpa, vale decir, convirtió lo que resulto aparente, en realidad, o lo que es lo mismo, el propio orden jurídico creaba por sus propias energías el derecho o situación que realmente no existía”(2).

Entonces se concluye que, a diferencia de la buena fe simple que exige sólo una conciencia recta y honesta, la buena fe cualificada o creadora de derecho exige dos elementos a saber: uno subjetivo y otro objetivo. El primero hace referencia a la conciencia de obrar con lealtad, y el segundo exige tener la seguridad de que el tradente es realmente el propietario, lo cual exige averiguaciones adicionales que comprueben tal situación. Es así que, la buena fe simple exige sólo conciencia, mientras que la buena fe cualificada exige conciencia y certeza...

La anterior postura jurisprudencial no es ajena a los temas de justicia transicional, en donde los bienes ofrecidos por los desmovilizados o denunciados por la Fiscalía para la reparación de las víctimas han sido objeto de negocios jurídicos que no se allanan a la exigencia de la buena fe cualificada. Por tal razón esta corporación, como lo resaltó la funcionaria de instancia, en decisiones precedentes en donde estudió la posibilidad de los terceros de oponerse a la orden de restitución o cancelación de títulos fraudulentos, consideró que al decidir el incidente el magistrado deberá tener en cuenta que los derechos a garantizar son los radicados en terceros de buena fe exenta de culpa, como lo explicó la Corte Constitucional en la sentencias C-1007 de 2002 y C-740 de 2003(3).

En consecuencia, solamente pueden generar efectos los actos y hechos jurídicos acompañados de buena fe exenta de culpa. Luego bajo tal parámetro no atender el contenido estricto de las disposiciones a las cuales se acude por vía del principio de complementariedad o integración normativa, para resolver las cuestiones no previstas en la Ley 975 de 2005, modificada por la Ley 1592 de 2012, no implica per se una desnaturalización del contexto de la justicia transicional para limitar su alcance, pues recuérdese que la integración normativa se aplica en cuanto la disposiciones a las cuales se acude para suplir los vacíos legislativos, no sean contrarias a la naturaleza y finalidades del trámite especial.

Por lo tanto, la queja del censor de que la funcionaria de instancia debió atender el contenido estricto del artículo 338 del Código de Procedimiento Civil, porque su aplicación admite que tanto los poseedores de buena fe exenta de culpa como lo simples puedan oponerse a la diligencia entrega, no se aviene con la naturaleza y finalidad del proceso de justicia y paz, el cual, por tratarse de un trámite especial, exige demostrar la buena fe cualificada.

5. Efectos jurídicos de la posesión ejercida por los opositores en los predios San Carlos y la Paz.

Acorde con lo precisado en el punto anterior, en el caso que se examina no puede considerarse que la presunta posesión ejercida por Leonor Rodríguez de Walteros, Gloria Cuellar Salamanca y Juan de Jesús Díaz Sanabria sobre los aludidos predios, reúna las exigencias legales para considerarla de buena fe exenta de culpa.

La prueba practicada advierte todo lo contrario, que ingresaron a las fincas San Carlos y La Paz al amparo de paramilitares del Bloque Resistencia Tayrona, dirigido por Hernán Giraldo Serna, estructura militar que hacía presencia en la región de San Pedro de la Sierra a través de José Daniel Mora López y Norberto Quiroga Poveda, quienes autorizaron el ingreso de miembros de la comunidad gnóstica dirigida por Édgar Arenas a los fundos aludidos con el fin de aprovecharlos económicamente, pero no para apropiárselos.

En ese sentido Hernán Giraldo Serna manifestó en la versión libre que rindió el 20 de febrero de 2008, que no conoce mayor cosa acerca de lo sucedido en el corregimiento de San Pedro de la Sierra con los predios San Carlos y la Paz, aunque el primero no es desconocido para él, pues sabe que anteriormente fue administrado por un señor Arenas Sánchez; asimismo, que si los gnósticos están allá no fue por el aval de la agrupación ilegal y deben entender que las tierras no son de ellos y tienen que devolverlas(4).

En todo caso, dijo que José Daniel Mora López y Norberto Quiroga Poveda deben aclarar lo sucedido con esas fincas, porque ellos fueron los comandantes que hicieron presencia en la zona(5), quienes actuaban bajo las directrices del Samuel, también conocido como “5-7”. No obstante lo anterior, sin precisar nombres, manifestó que ha escuchado de otros postulados que hombres bajo su mando sacaron a las personas que estaban en esos fundos y llevaron otras allí(6).

Por su parte, José Daniel Mora López, manifestó que dio autorización a los miembros de la comunidad gnóstica de ingresar a la finca “La Pelton”(7), porque cuando el grupo de autodefensa comandado por él llegó a San Pedro de la Sierra, los gnósticos estaban en las fincas y a través de un señor de apellido Rincón le pidieron autorización para trabajarlas, quien además le mostró documentos en orden a acreditar que tenían la posesión. Concesión que les otorgó bajo la condición de pagar impuesto al grupo armado ilegal, que se materializó con la entrega de 35 millones de pesos al año.

En efecto, en la aludida versión ante la Fiscalía, puntualizó: “Yo no tengo comunicación con los señores que hablamos [miembros de la comunidad gnóstica]. El arreglo que yo hice con ellos fue... ya yo esclarecí el hecho que cuando yo entro a la zona eso estaba abandonado, los señores llegaron a donde mí, me dijeron que ellos necesitaban trabajar ahí, que si los autorizaba, yo les digo yo si les doy autorización... me pagan un impuesto y trabajen, ese fue el arreglo que yo hice con los señores hasta el entonces, que hacía yo parte del grupo de las AUC de la región”(8).

Y en la declaración que rindió dentro de este trámite, dijo que llegó a la región de San Pedro de la Sierra en diciembre del 2003, con datos del área, entre ellos el listado de unas fincas, como La Peltro [sic] que era la más famosa y más polémica, también cargaba un listado de personas. Una vez ingresó al área asumió la responsabilidad respecto de las personas que están allí, porque la orden que tenía era que no quedara nadie, de matarlos, asesinar mucha gente que eran guerrilleros. No obstante, seguidamente aclaró que su misión no consistió en matar a todo el mundo, sino hablar con la gente para establecer quiénes tenían problemas con el fin de hacer compromisos con ellos y organizar la población civil que ya había tenido conflictos, con la guerrilla, el Ejército y, finalmente, con los paramilitares(9).

Seguidamente, luego de señalar que las fincas San Carlos y la Paz estaban solas, advirtió que cuando él se encontraba en el sector de El Mico se le presentó Eduardo Rincón, miembro de la comunidad gnóstica, y le dijo que “La Pelton” estaba sola y que esos predios tenían muchos problemas, a pesar de lo cual le solicitó permiso para ingresar a trabajar allí, porque se trataba de una finca grande y con cafetales que generaban mucho dinero; en consecuencia, consintió que laborara allí bajo la condición de que pagaran impuesto al grupo armado, porque la finca tenía el problema de pertenecer a la guerrilla(10).

Y más adelante adujo que la Pelton [San Carlos y la Paz] fue parcelada en una época, luego llegó las FARC, mataron a algunos campesinos y desplazaron el resto y dejaron otras personas ahí, quienes tenían banderas blancas en sus casas para indicar que ahí habían civiles.

Al respecto debe tenerse en cuenta que si bien es cierto José Daniel Mora López manifestó que ante él se presentó uno de los integrantes del grupo gnóstico a demostrarle que antes de la llegada de las autodefensas a San Pedro de la Sierra tenían la posesión de los fundos, dicha afirmación sólo se corresponde con la versión de Pedro Padilla Montero, quien manifestó fue a hablar con aquél y le mostró los documentos que acreditaban que Cooagrosac Ltda(11), es la propietaria de las fincas, pues teniendo en cuenta los hechos acontecidos en el inmueble, ninguna otra persona estaba en condiciones de hacer esa demostración documental, pues los incidentantes como los demás miembros del grupo gnóstico, a pesar de tener propiedades en el sector, apenas intentaban ingresar a las fincas San Carlos y La Paz.

En efecto, Pedro Padilla Montero contó que después que los integrantes de Cooagrosac compraron los terrenos, en el año 2000 llegó la guerrilla de las FARC y los desplazó asentándose en los fundos con algunos cooperados(12), quienes posteriormente, en el año 2003, se fueron cuando el Ejército Nacional reconquistó la región, momento a partir del cual él y los demás socios desplazados por la guerrilla transitoriamente retornaron a las fincas, pues con la llegada de los paramilitares fueron forzados a abandonarlos.

Las anteriores circunstancias también fueron referidas por José Daniel Mora López quien narró que conoció que los inmuebles aludidos tenían problemas y por esa razón cobró a los gnósticos un impuesto para la organización armada ilegal(13).

Por ende, si el ingreso de la comunidad gnóstica, liderada por el señor Eduardo Rincón Mendoza, a las fincas San Carlos y la Paz estuvo precedido de las circunstancias de tiempo, modo y lugar mencionadas, no tuvo origen en justo título, como tampoco en el ánimo de poseerlas como propietarios, pues, visto está, en aquella región los grupos armados ilegales ejercieron influencia hegemónica que condicionaba la actuación de sus pobladores y el uso de la tierra.

Bajo esas circunstancias la tenencia de la tierra por el grupo gnóstico con el cual, se dice, ingresaron los incidentantes, de acuerdo con lo dispuesto en el inciso final del artículo 2530 del Código Civil, no genera consecuencia adversa para sus propietarios, o dicho de otra forma, ningún derecho a favor de ellos puede derivar de la posesión, pues la norma en cita señala expresamente: “[n]o se contará el tiempo de prescripción en contra de quien se encuentre en imposibilidad absoluta de hacer valer su derecho, mientras dicha imposibilidad subsista”, supuesto que cobija toda imposibilidad física, así como la generada por hechos de violencia, entre ellas, el desplazamiento o al abandono forzado de tierras. (negrilla de la Sala).

Por lo tanto, la ocupación de los predios San Carlos y la Paz por parte de los opositores de la medida cautelar de restitución, no alcanza ningún efecto jurídico hasta la fecha de la desmovilización del grupo de autodefensa que operaba en la Sierra Nevada de Santa Marta ni después de tal hecho, porque su permanencia en esos predios derivó del ‘permiso’ que les otorgó el cabecilla de la organización armada ilegal que estaba a cargo de la zona del corregimiento de San Pedro de la Sierra.

Es que José Daniel Mora López con los aludidos predios no podía hacer nada diferente que facilitar la entrada de quienes trabajaron en ellos. En la declaración que rindió en este trámite, al ser interrogado acerca de los pormenores de la entrada de Eduardo Rincón Mendoza y los demás miembros de la gnosis, dijo que esos fundos tenían renombre porque se aseguraba pertenecían a las FARC, que a la llegada de las autodefensas quedaron en manos de estas, por lo que, aseguró, cuando los entregó a Eduardo Rincón Mendoza estaban solos(14).

En relación con el anterior tópico, téngase en cuenta que el Bloque Resistencia Tayrona de las autodefensas se desmovilizó el 3 de febrero de 2006 y el 17 de marzo siguiente fue constituida la Asociación Agrícola Asosierra Nevada e inscrita en la Cámara de Comercio de Santa Marta el 21 de abril del mismo año, cuya junta directiva está integrada por Eduardo Rincón Mendoza, Édgar Arenas Márquez, Adriana González Salazar, Iván Guerra Mieles [representante judicial de los opositores en este caso] y Nelly Castillo Fernández, fungiendo como representante legal el primero de los mencionados(15), persona jurídica que Cooagrosac Ltda demandó en proceso reivindicatorio para recuperar las fincas San Carlos y La Paz.

Y en inspección judicial practicada en la finca San Carlos a través de funcionario comisionado dentro del proceso reivindicatorio aludido, Édgar Arenas Márquez, cuestionado acerca de si ejercía la posesión de la finca San Carlos como persona natural o a nombre de la Asociación Agrícola Asosierra Nevada, manifestó: “Como ya lo dije anteriormente ejerso [sic] la posesion [sic[ libre del predio, y al decirle libre es a nombre propio, no a nombre de entidad publica [sic] ni jurídica”; pues iniciando la declaración precisó que la asociación aludida, de la cual él forma parte, no fue constituida para administrar ni poseer predio alguno, sino para adelantar proyectos productivos de cacao ante el Banco Agrario; sin embargo, atendiendo la fecha de constitución de la asociación, otra no podía ser la respuesta.

Por otra parte, las declaraciones rendidas por los opositores y demás miembros de la comunidad gnóstica, esto es, las de Édgar Arenas Márquez, Gustavo Baracaldo Méndez, José Henry Hernández Calderón, Olimpo Cardona Trujillo no introducen ninguna circunstancia adicional en relación con la entrada de los opositores a las fincas San Carlos y la Paz, solamente que tal hecho sucedió en el año 2002, antes de la llegada de los paramilitares a la zona, sin embargo, se trata de un aspecto rebatido suficientemente con la declaración de José Daniel Mora López, quien aseguró que cuando el grupo ilegal hizo presencia en la zona, no había nadie en los fundos en cuestión.

De la misma forma, las declaraciones de Emilce Rueda Zamora y Bresnidia Paternina González, como lo destacó la funcionaria a quo a pesar de controvertir la calidad de desplazados de Pedro Padilla Montero y Gustavo Sanabria, reafirman lo narrado por estos. En efecto la primera de asegura que los predios estuvieron ocupados por socios de Cooagrosac Ltda hasta finales del año 2003 cuando ocurrió el homicidio de Víctor Carrillo [su esposo], además, posteriormente, la señora Ana Charris le dijo que se salió de la finca porque habían llegado los paramilitares y que eso estaba solo(16).

También refirió, confirmando lo que manifestó José Daniel Mora López, que las autodefensas llegaron con lista en mano y comenzaron cometer homicidios en distintos lugares(17) de San Pedro de la Sierra.

Por su parte, la señora Bresnidia Paternina aseguró que después de la muerte de su esposo, fue la última que salió de la finca San Carlos en febrero de 2003, determinada por el miedo que le causaba estar ahí porque todos eran tratados como guerrilleros, época para la cual comenzaron los enfrentamientos entre la guerrilla y el Ejército(18).

6. Los vicios en el negocio jurídico por medio del cual Coagrosac Ltda adquirió las fincas San Carlos y la Paz.

Uno de los argumentos más repetidos por los opositores y los demás miembros de la comunidad gnóstica que declararon dentro del presente trámite, lo constituye el presunto hecho de que la adquisición de los predios por parte de la Cooagrosac Ltda, estuvo precedida de la influencia del Frente 19 de las FARC que otrora hizo presencia en la región y presuntamente ejerció presión sobre los propietarios de la sociedad Inversiones Fernández de Castro Díaz Granados & Cía. Ltda para obligarlos a vender las fincas San Carlos y la Paz a Cooagrosac Ltda; asimismo, al uso que posteriormente dieron a los inmuebles, al punto de afirmar fueron utilizados como campamento del frente 19 de las FARC.

La presentación de dicha razones tuvo como finalidad convencer acerca de legitimidad de su aspiración de usucapir los inmuebles, por la vía de la prescripción ordinaria extintiva del derecho de dominio, fundamentados en una presunta buena fe que no tiene correspondencia con los exigencias legales, tal como se precisó en el numeral 4 de las presentes consideraciones.

Al respecto se precisa que en este caso los opositores jurídicamente no están legitimados para alegar a su favor los vicios del consentimiento que según ellos determinaron a Inversiones Fernández de Castro Díaz Granados & Cía. Ltda a vender los predios San Carlos y La Paz a Cooagrosac Ltda, porque no fueron parte de ese negocio jurídico. Además, las copias del expediente de adquisición de esos inmuebles con la asignación de subsidios otorgados por el Incora (actualmente Inconder) a los integrantes de Cooagrosac Ltda(19), descubren que la vendedora adoptó una función protagónica en la ejecución del negocio jurídico, en el cual intervinieron líderes campesinos de Asocaina y Asocomunal, asesorados por la ANUC, Asodepemag, la Umata el Consejo Municipal de Desarrollo Rural y el Comité de Reforma Agraria, luego cualquier injerencia ilegal hubiese sido detectada.

7. En conclusión, la Sala encuentra que la decisión adoptada por la magistrada con funciones de control de Garantías de la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla se ajusta a lo debatido y demostrado dentro del presente trámite incidental, por lo que le impartirá confirmación.

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal,

RESUELVE:

CONFIRMAR la decisión impugnada.

Contra esta decisión no proceden recursos.

Notifíquese y cúmplase».

(1) Fecha de entrada en vigencia de la Ley 1592 de 2012.

(2) Sentencia del 23 de junio de 1958. Corte Suprema de Justicia.

(3) Cfr. CSJ AP, 6 oct. 2010, rad. 34549, CSJ AP, 30 mar. 2011, rad. 34415.

(4) Cuaderno 9, audio 4, minuto 07:00 a 32:35.

(5) Ib. audio 6 minuto 20:00.

(6) Ib. minuto 27:25.

(7) En la zona las fincas La Paz y San Carlos, también son conocidas como “La Pelton” en alusión a una planta de energía eléctrica de esa marca que funciona en la finca San Carlos y surte de energía el lugar. Razón por la cual algunos declarantes cuando aluden a la finca La Pelton, se refieren a los dos predios, como es el caso de José Daniel Mora López.

(8) Ib. audio 10, minuto 17:00.

(9) Ib. minuto 44:33.

(10) Ib. minuto 59:13.

(11) Cuaderno 6, audio 7 minuto 18:09 “... cogí la escritura, cogí la representación legal, con miedo sí, me despedí de los hijos porque de pronto puede ser que vuelva o no vuelva porque eso era lo que pasaba cuando tú reclamabas tu derecho; me fui a la región del Kennedy cuando llegué al Kennedy estaba el señor 101 y le dije señor yo vengo por acá y le dije quién era (...) eso fue en enero de 2004, ellos se fueron de la zona, duraron como un mes ahí en la zona.

(12) Ib. minuto 00:16:47. “Allí quedaron de las familias que yo voy a dar los nombres, allí quedó el que encabezaba, digamos cooperado, el señor Ciro Galván, Fernando Acosta, Horacio Aguilera, Vicente Arenas, Hernán Betancuort, Víctor Carrillo, José Guardo y Luis Alberto Pizarro, quedaron el día que la guerrilla tomo la determinación, quedaron ahí”.

(13) Cuaderno 8, audio 10, minuto 00:05:37, aparte del clip de la versión libre que rindió ante la Fiscalía. “...Ellos me mostraron unas escrituras, que las posesiones de La Palomera y de estos otros. Yo les dije yo no tengo que ver con eso porque yo no soy de gente del Incoder (...), si lo que necesitan es que trabajen las tierras, bueno trabajen las tierras pero paguen aquí porque esa es la condición, que el que esté aquí, mientras esté hay que pagar, no fue otra afirmación, eso es lo único que yo tuve que ver, que fueron ellos a donde mí, de resto no más”.

(14) Cuaderno 8, audio 10, minuto 01:39:58 “La fincas ya las tenía la organización porque, ya como bien sabe y se ha explicado, las fincas tenían un renombre, que eran de las FARC y que, por lo tanto, a la llegada nuestra las fincas quedaban en manos de la organización, entonces las fincas estaban solas. Yo era la persona que me había encargado de averiguar con algunos pobladores de la región cuáles eran los linderos, que por dónde pasaba, esta dónde llegaba y dónde llegaba la otra, pero a mí nadie me fue a mostrar fincas. A la llegada de nosotros, y sabiendo la problemática, era imposible que alguien fuera a decir que él era miembro de ahí, porque ya no había nadie ya las personas las había desplazado el Ejército”.

(15) Folios 74-76 del cuaderno anexo 2, formado con las copias del proceso reivindicatorio de Cooagrosac Ltda contra la Asociación Agrícola Asosierra Nevada, que adelantó el Juzgado Segundo Civil del Circuito de Ciénaga, Magdalena, el cual culminó con sentencia de 18 de diciembre de 2009, mediante la cual negó las pretensiones de la demanda porque no se acreditó que la demandada fuera la actual poseedora de los predios San Carlos y la Paz.

(16) Cuaderno 7, Audio 1, minuto 1:43:05 “Los paramilitares porque con la última persona que yo me entrevisté de allá fue con la señora Ana Charris, ella me dijo me vine de allá porque los paramilitares entraron a la finca, la finca está sola, no hay nadie allá, entonces ya nos tocó salir de allá”.

(17) Ib. minuto 1:41:05 “Pasaba que llegaron las autodefensas, se apoderaron de lo que fue, se puede decir parte de la Sierra Nevada, y se oía decir que llevaban un listado, que iban muchas personas en la lista. Comenzaron ellos con su actuar de mataban por aquí, mataban por allá, que es de conocimiento de ustedes. Iban persiguiendo a la guerrilla, entonces ellos mataban. Eso es lo único que sé, lo sé porque mi esposo se quedó allá”.

(18) Cuaderno 7, audio 2, minuto 43:09.

(19) Cuaderno anexo 3.