Auto AP4433-2014 de julio 30 de 2014

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

SALA DE CASACIÓN PENAL

AP4433-2014

Rad.: 43919

Magistrada Ponente

Dra. Patricia Salazar Cuéllar

(Aprobado Acta Nº 243)

Bogotá, D. C., treinta de julio de dos mil catorce.

EXTRACTOS: «V. Consideraciones

De conformidad con lo establecido en el parágrafo 1º del artículo 26 de la Ley 975 de 2005, modificado por el canon 27 de la Ley 1592 de 2012, en concordancia con el artículo 68 ibídem y con el numeral 3º del artículo 32 de la Ley 906 de 2004, esta colegiatura es competente para desatar el recurso de apelación interpuesto contra la providencia proferida por la magistrada de control de garantías de la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Bucaramanga, por cuyo medio denegó la sustitución de la medida de aseguramiento, solicitada por Fabio Soto Torrado y su defensor.

El tema del que se ocupará la Sala, es si el postulado se hace merecedor a la sustitución de la medida de aseguramiento privativa de la libertad, por una que no afecte su locomoción personal, atendiendo los presupuestos de la Ley 1592 de 2012 y el Decreto 3011 de 2013.

Para ello la Corte abordará previamente la figura de la sustitución de medida de aseguramiento en el proceso de justicia y paz, que inicialmente, en la Ley 975 de 2005, no se contempla hasta antes de que se profiriera la sentencia condenatoria, siendo la figura más próxima la libertad a prueba de que trata el artículo 29 ibídem, que exige para su concesión la imposición previa de la pena alternativa, restricción que se explica al constatarse que esa penalidad presupone una significativa reducción de la sanción privativa de la libertad, que ordinariamente correspondería por los punibles confesados por los postulados.

Solo a partir del 3 de diciembre de 2012, con la entrada en vigencia de la Ley 1592, se adicionó el artículo 18A a la Ley 975 de 2005, que prevé la posibilidad de reconocer a los postulados la sustitución de la medida de aseguramiento, continuando vinculados al proceso y bajo la expectativa de cumplir con los presupuestos para ser beneficiados con la pena alternativa.

El inciso 1º de la mencionada norma tiene como presupuesto que la sustitución de la medida se otorgue al postulado bajo otras exigencias que se estudiarán más adelante, debiéndose recordar que tal calidad no se adquiere con la desmovilización individual o colectiva y tampoco con la manifestación que el desmovilizado realice de su intención de acogerse al proceso de justicia y paz reglado por la Ley 975 de 2005, reformada por la Ley 1592 de 2012, sino que corresponde al Gobierno Nacional la inclusión en la lista de los elegibles al procedimiento y beneficios establecidos.

El artículo 18A se ocupa de dos posibilidades frente a las personas que solicitan sustitución de medida de aseguramiento privativa de la libertad en el marco del proceso transicional, i) quienes se desmovilizaron de los grupos armados ilegales, mientras gozaban de libertad y cuya situación fue descrita por el numeral 1º y ii) los que se desmovilizan estando privados de la libertad, regulados por el parágrafo que fue declarado exequible por la Corte Constitucional en la Sentencia C-015 de 2014.

Del caso concreto

Aunque el defensor adujo conocer la postura de la Corte Suprema de Justicia sobre el momento a partir del cual empieza a correr el término de ocho años a que se refiere el numeral 1º del artículo 18A y el parágrafo del mismo, controvirtió la decisión por cuanto la postulación ocurrió cuatro años después de haber empezado su defendido a hacer las gestiones necesarias para tal reconocimiento.

Para el caso concreto Fabio Soto Torrado ingresó a un establecimiento carcelario en el año 2002 cuando fue capturado por el delito de extorsión, es decir, tres años antes de la expedición de la Ley 975 de 2005, por lo que no hay duda que su privación de libertad ocurrió por cuenta de la justicia ordinaria.

Cuatro años después, desde su lugar de reclusión empezó los trámites tendientes a ser postulado por el Gobierno Nacional a los beneficios de la Ley de Justicia y Paz, lo que implica que su desmovilización obedeció a una decisión individual y estando privado de la libertad para acogerse al trámite de justicia transicional y optar por el beneficio de la pena alternativa, lo cual sucedió a través de la comunicación que hiciera llegar Fabio Soto a la Oficina del Alto Comisionado para la Paz en el mes de abril de 2010, recibiendo como respuesta(1) que debía aportar copia de la providencia judicial en la que constara su pertenencia al grupo armado.

Así, a ocho años —contados desde el momento de su captura—, el desmovilizado todavía no cumplía con las exigencias legales para que el Gobierno Nacional lo incluyera en la lista de postulados.

Cumplidos los requisitos, el 9 de octubre de 2010 el Gobierno Nacional postuló a Fabio Soto Torrado a través del Ministerio del Interior y de Justicia, acto que constituye condición esencial para ingresar al proceso de justicia transicional, pues sin él no hay posibilidad de acceder a dicha jurisdicción, como lo verificó el desmovilizado quien argumentó que tardó varios años en congregar los requerimientos para ser incluido en el listado remitido a la Fiscalía General de la Nación.

Con lo anterior, no hay lugar a discusión acerca de que la situación de Soto Torrado está regulada por el parágrafo del artículo 18A de la Ley 1592 de 2012, por ser una persona “privada de la libertad al momento de la desmovilización del grupo al que pertenece”, ya que conformó el Bloque Catatumbo de las AUCC, cuya desmovilización ocurrió en el mes de diciembre de 2004, siendo la consecuencia jurídica que el tiempo de ocho años en establecimiento carcelario se cuenta a partir de la postulación a los beneficios de la Ley 975 de 2005, en este evento, 9 de octubre de 2010(2), sin que sea dable tener en cuenta la totalidad del periodo que el peticionario hubiera estado privado de la libertad antes de esa fecha.

En tal sentido se pronunció la Corte Constitucional en Sentencia C-015 de 23 de enero de 2014:

4.5.7. En el caso sub examine se cuestiona de manera específica el hito temporal a partir del cual se debe contar los ocho años de reclusión en el establecimiento carcelario. Se argumenta en la demanda que para este cálculo debe tenerse en cuenta todo el tiempo que la persona haya pasado recluida en un establecimiento carcelario. Este argumento es inadmisible en tanto y en cuanto pasa por alto uno de los elementos comunes anotados, el de haber sido miembro de un grupo armado al margen de la ley que se ha desmovilizado. Y es que si no hay desmovilización, no existe fundamento fáctico para aplicar la Ley 975 de 2005 y, por ende, para solicitar la audiencia prevista en el artículo 18 A de esta ley, agregado por el artículo 19 de la Ley 1592 de 2012. El tiempo que una persona haya pasado recluida en un establecimiento carcelario antes de la desmovilización, es irrelevante para efectos de la Ley 975 de 2005. Y lo es, porque obedecía a la aplicación de la ley ordinaria y no implicaba nada distinto a lo que las demás personas, fuesen o no miembros de tales grupos, experimentaban. En ningún evento es posible, pues, que el hito temporal en comento sea anterior a la fecha de la desmovilización.

(…) No es, pues, la mera circunstancia de estar recluido en un establecimiento carcelario la determinante para fijar el hito temporal, sino que, por el contrario, lo verdaderamente relevante es la confluencia de esta circunstancia con las de postulación y la desmovilización… (negrillas fuera del texto original).

El artículo 38 del Decreto 3011 de 2013 que reglamentó las leyes 975 de 2005, 1448 de 2011 y 1592 de 2012, en los numerales 4º y 5º previó el momento a partir del cual se contaría el término de ocho años para las personas que se desmovilizaron estando en establecimiento de reclusión, siendo en los dos casos (desmovilización colectiva o individual), desde la postulación, acto con el que se adquiere la expectativa de hacerse beneficiario a la pena alternativa.

Bajo este parámetro, Soto Torrado aún no ha cumplido el término exigido de privación de la libertad para que se le otorgue la sustitución de la medida, por lo que le asiste razón al a quo al concluir que el postulado no reúne la exigencia señalada en el numeral 1º del artículo 18A de la Ley 975 de 2005.

Aunada a esa exigencia temporal, está dispuesta otra que alude a que la reclusión sea consecuencia de “… delitos cometidos durante y con ocasión de su pertenencia al grupo armado organizado al margen de la ley…”.

Esta imposición que hace parte del numeral 1º del artículo 19 de la Ley 1592 de 2012 debe examinarse con especial rigor por ser uno de los pilares en los que se sostiene el sistema transicional, por cuanto está estrechamente ligado a la directa vinculación del desmovilizado con el grupo de autodefensas, con el que compartió sus idearios y finalidades.

Tal requisito encaminado a evitar que personas que en verdad no pertenecieron al grupo puedan acceder a los beneficios del proceso transicional, tampoco se superó debido a que nada expusieron el postulado y su defensor acerca de si la conducta punible por la cual fue capturado en el año 2002 y se encuentra actualmente privado de la libertad Fabio Soto Torrado, fue cometida con ocasión de su pertenencia al grupo armado organizado al margen de la ley, por tanto, no es posible comprobar que este presupuesto se halla cumplido.

La única información es la registrada en la cartilla biográfica del interno y el certificado de calificación de conducta número 4801777 suscrito por la coordinadora jurídica del Complejo Carcelario y Penitenciario de Cúcuta, en el que aparece que el postulado está a órdenes del Juzgado 5 de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Tunja (Boyacá), por los delitos de “fabricación tráfico y porte de armas de fuego O Mu-Homicidio-Violencia Contra Servidor Público-Disparo de Arma de Fuego Contra Vehículo(sic)”(3), pese a que en la motivación de la solicitud, postulado y abogado expusieron que la captura ocurrió en flagrancia en el año 2002 por el delito de extorsión.

De otra parte, el numeral 2º cuyo cumplimiento también está en discusión, abarca dos exigencias vinculadas con la privación de la libertad: i) la atinente a la participación en las actividades de resocialización que el Inpec ofrece en el establecimiento carcelario, y, ii) la relacionada con la conducta observada durante el periodo de reclusión.

El primer componente no fue objeto de oposición ni por la fiscalía ni por el representante del Ministerio Público, quienes reconocieron que el postulado desde el establecimiento donde se encuentra privado de la libertad ha aprovechado las actividades ofrecidas y contribuido con su resocialización, al estar convencido que su cambio servirá para un nuevo proyecto de vida para él, su familia y el resto de compañeros de claustro a quienes ha tenido la oportunidad de evangelizar a través de su enseñanza como pastor de una comunidad cristiana y encaminar sus esfuerzos a la superación de esa etapa durante la cual hizo parte del grupo al margen de la ley.

De esa readaptación dan cuenta las certificaciones de las capacitaciones que Fabio Soto exhibió en audiencia y que le han permitido validar el bachillerato; cursar una tecnología agropecuaria; tomar cursos en derechos humanos y derecho internacional humanitario y enseñar a compañeros desmovilizados y privados de la libertad en el mismo lugar de reclusión, lo cual se refleja en los certificados de conducta.

El concepto de readaptación cobra relevancia con el artículo 29 de la Ley de Justicia y Paz que lo contempla como presupuesto para que el condenado acceda al beneficio de la pena alternativa, de cara a proteger la garantía de no repetición: “se comprometa a contribuir con su resocialización a través del trabajo, estudio o enseñanza durante el tiempo que permanezca privado de la libertad” y que se encuentra satisfecha con el aprovechamiento ejercido de las actividades que se posibilitan al interior del establecimiento carcelario.

Frente a la exigencia prevista en el mismo numeral 2º del artículo en mención concerniente con la buena conducta que debe acreditar el postulado para acceder a la sustitución de la medida, sostuvo la magistrada de garantías de justicia y paz, que Fabio Soto ingresó a la cárcel en el año 2002 pero el certificado que se adjuntó solo refleja evaluación desde septiembre del 2007, por lo que no se reúne el presupuesto.

Al respecto argumentó el defensor que acorde con la decisión de la Corte Suprema de Justicia dentro del proceso contra Jhon Mario Salazar Sánchez, concierne a la Fiscalía ayudar a probar los requisitos para la concesión de la sustitución de la medida de aseguramiento. Es cierto que conforme con las consideraciones que la Sala hiciera en auto del nueve de abril de 2014, dentro del Radicado 43178, se realizó una crítica a las exigencias del Decreto 3011 de 2013, referidas exclusivamente a: i) las certificaciones que debe expedir la Fiscalía en relación con la colaboración del postulado, ii) la entrega de bienes y iii) la referente a que el desmovilizado no haya cometido delito doloso con posterioridad a la desmovilización.

Sin embargo, en este caso lo que se extraña es la certificación de conducta del tiempo que el postulado Soto Torrado ha estado privado de la libertad en establecimiento carcelario, en cuya elaboración no tiene ninguna injerencia la Fiscalía, por lo que no podría exigírsele su concurso para la pronta expedición de ella o su aporte en audiencia de cara al cumplimiento de este requerimiento, siendo carga del peticionario probar que cumple con los presupuestos normativos para hacerse merecedor a la sustitución de la medida privativa de la libertad. Así lo consideró la Corte en la misma decisión que se citara en forma descontextualizada por el defensor: “Estas consideraciones, en todo caso, no relevan al desmovilizado de su obligación de probar los presupuestos de hecho de la norma que invoca, y en ese orden deben acreditar la satisfacción del cumplimiento de sus obligaciones de verdad, justicia y reparación ante el magistrado de justicia y paz, en los términos ya aclarados por esta corporación, en AP de 29 de mayo de 2013, Radicado 4056” (CSJ AP. 9 abr. 2014, Rad. 43178).

El postulado aportó un certificado que corresponde al periodo comprendido entre el 19 de marzo y el 15 de mayo de 2014 y fotocopia de la cartilla biográfica en la que aparecen reportadas calificaciones desde el 18 de septiembre de 2007 hasta el 18 de diciembre de 2013, y aunque faltan periodos por evaluar y solo corresponde al tiempo que el desmovilizado ha estado privado de la libertad en la Cárcel de Cúcuta, fue la información que se expidió por el Inpec como respuesta a la petición elaborada por el defensor. De ella se conoce que en algunos lapsos se valoró su comportamiento como bueno, y la mayoría, como ejemplar.

Sobre este aspecto a tener en cuenta al momento de estudiar la sustitución de la medida de aseguramiento, la Sala ha venido considerando que esa exigencia que se cumple con la valoración administrativa que hace el Inpec al expedir las certificaciones periódicas de la conducta del interno, no puede analizarse con la misma estrictez con que se estudian las afines con los fundamentos del proceso de justicia y paz, al punto de anteponerla a los derechos de verdad, justicia y reparación de que son titulares las víctimas (CSJ, AP, 2 de jul. 2014 3589. Rad. 43696):

“Esto por cuanto no puede medirse con el mismo rasero el acatamiento de obligaciones relacionadas con la exitosa satisfacción de la verdad, la justicia y la reparación efectiva, con faltas que pueden no revestir una trascendencia tal que con fundamento en su existencia se cierren las puertas de la cárcel, sin existir una vía jurídica expresa mediante la cual se pueda tasar en tiempo, la trascendencia de dicha sanción”.

Si quedó expuesto que Soto Torrado ha cumplido con la obligación prioritaria que le impone la Ley 975 de 2005 de comparecer a las diligencias programadas con el objetivo de desentrañar la verdad del accionar del grupo al que pertenecía, al punto que de los 18 hechos confesados 16 ya fueron imputados; que no ha entregado bienes porque no los tiene debido a que su trasegar por el grupo armado ilegal no le dejó esa posibilidad económica, y que no ha vuelto a delinquir con posterioridad a su desmovilización, corresponde al funcionario judicial, en su momento, hacer el estudio tendiente a ponderar si la ausencia de periodos cortos sin calificación o incluso la existencia de faltas disciplinarias, debe rebasar el estudio del cumplimiento de las obligaciones principales del desmovilizado.

Así los sostuvo recientemente la Corte (CSJ, AP, 2 de jul. 2014 3589. Rad. 43696):

Vale la pena advertir que al momento de evaluarse la concesión de la sustitución de la medida de aseguramiento, se debe ponderar con cuidado y consultando la teleología general del instituto, la especie, intensidad y dimensión de la posible falta disciplinaria que haya impedido la obtención del certificado de buena conducta, la cual, para poder utilizarse como motivo para negar la medida liberatoria, habrá de estar íntimamente ligada con el incumplimiento de las obligaciones principales del desmovilizado; así como la forma en que habría de superarse. Esto por cuanto no puede medirse con el mismo rasero el acatamiento de obligaciones relacionadas con la exitosa satisfacción de la verdad, la justicia y la reparación efectiva, con faltas que pueden no revestir una trascendencia tal que con fundamento en su existencia se cierren las puertas de la cárcel, sin existir una vía jurídica expresa mediante la cual se pueda tasar en tiempo, la trascendencia de dicha sanción.

Porque, de otro modo, la existencia de una falta disciplinaria menor, tendría la virtualidad de producir consecuencias desproporcionadas frente a la libertad, la cual se negaría en su presencia, sin importar que las principales obligaciones del desmovilizado fueron cumplidas cabalmente.

Sin embargo, como en este caso no se cumple el requisito principal previsto en el numeral 1º del artículo 19 de la Ley 1592 de 2012, se impone la confirmación de la decisión impugnada.

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal,

RESUELVE:

1. CONFIRMAR la decisión del 29 de mayo de 2014 emitida por la Magistrada de Control de Garantías de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Bucaramanga, conforme a los argumentos expuestos.

2. DEVOLVER la actuación al tribunal de origen.

Contra esta decisión no procede recurso alguno.

Notifíquese y cúmplase».

(1) Folio 19 de la carpeta.

(2) Folios 13 a 18 de la carpeta. Oficio 10-37078 - DJT-0330 del Ministerio del Interior y de Justicia.

(3) Folio 12 de la carpeta.