Sentencia AP4436-2014 de julio 30 de 2014

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

SALA DE CASACIÓN PENAL

Rad.: 41817 (Aprobado Acta 243)

Exp.: 23289

Demandante: Luis Alfonso López Saldarriaga

Demandado: Municipio de Pereira

Naturaleza: Acción de reparación directa

Magistrada Ponente:

dra. María del Rosario González Muñoz

Bogotá, D.C., treinta de julio de dos mil catorce.

Extractos: «Consideraciones de la Sala.

1. Conforme los artículos 270 y ss. de la Ley 600 de 2000, el dictamen pericial puede ser objetado por los sujetos procesales, «hasta antes de que finalice la audiencia pública» debiéndose en todo caso, precisar el error en el cual se incurre y solicitar las pruebas para demostrar.

Cumplidos esos presupuestos se tramita como incidente y del escrito donde se postula, se corre .traslado a los demás sujetos procesales por el término común de cinco días5 para que hagan las manifestaciones pertinentes.

2. Ello significa que el legislador consagró precisas exigencias para su postulación, las cuales no se satisfacen con la sola mención del interés por objetar la pericia par.a que, per se, el funcionario judicial disponga el trámite .incidental establecido, pues como ha venido señalando la Sala de tiempo atrás y de manera pacífica, resulta forzoso.

«Precisar el error, entendido éste, en términos generales como el conocimiento equivocado de una cosa y que, en el campo de la prueba técnica, se traduciría en el falso concepto que se tenga sobre el objeto de los fenómenos científicos, técnicos o artísticos materia de la pericia». (CSJ AP, jun. 9/98).

O lo que es lo mismo, el solicitante tiene la carga de fijar la incorrección con estricto acatamiento a los presupuestos acabados de reseñar, los cuales no se traducen en oponerse a las conclusiones de la experticia cuando éstas, eventualmente, se ofrezcan desfavorables a sus intereses, sino indicar de manera precisa «en qué consistió el yerro, en qué parte del dictamen se presentó, y de qué manera dio lugar a variar las conclusiones». (CSJ AP, mar. 4/2003, Rad. 9230).

3. En .el presente caso y para empezar, se advierte totalmente infundada la tesis central del procesado según la cual la designación del perito encaminada a tasar los eventuales perjuicios materiales, vulnera el principio de presunción de inocencia, en tanto, la normatividad procesal autoriza hacerla: eh eventos ··donde ·sea aconsejable la intervención de expertos en la materia con el fin de ofrecer mayores garantías a las partes (artículo 249 del CPP).

Luego el supuesto yerro que podría orientar el trámite incidental deprecado, quedó en el mero enunciado, en tanto el acusado no enseña en qué consistió y cómo determinó una ·conclusión falsa en el perito. Así, quedó confinado .a los intentos del procesado por restarle mérito o. cuestionar el alcance suasorio de la prueba, pues si acaso sería válido como tesis defensiva para ser planteada en la oportunidad procesal adecuada.

4. Lo dicho no, obsta para señalar, que las cifras globales que ofrece el dictamen sobre daño emergente y lucro cesante, tasadas por el experto tienen carácter ilustrativo, por cuanto será en la sentencia, consultando las distintas pruebas aportadas a la luz de la sana crítica, donde si el procesado es declarado penalmente responsable se fijará su monto definitivo.

5. Entonces, tan sólo en eso resulta válida la solicitud del objetante de diferir «para el momento de dictar sentencia la valoración y contradicción del dictamen en cuanto al tema de los presuntos perjuicios»6.

En esas circunstancias no se dispondrá la apertura del incidente.

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casación Penal,

RESUELVE

No disponer la apertura del incidente de objeción al dictamen pericial.

Contra esta decisión procede el recurso de reposición.

Notifíquese y cúmplase».

(5) Artículo 139 de la Ley 600 de 2000.

(6) Cfr. Folio 234 c.o. 1 Corte.